jueves, 31 de marzo de 2016

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LA LEY Wolters Kluwer

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BOLETÍN N.º 35 31 de marzo de 2016

DOCTRINA

Accidentes de circulación por carretera y art. 4.1 Reglamento Roma II: daños indirectos y víctimas indirectas

Javier MASEDA RODRÍGUEZ.

Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Santiago de Compostela

Este trabajo tiene por objeto la determinación del alcance del art. 4.1 Roma II, en orden a la identificación de la ley aplicable a una obligación extracontractual resultante de un accidente de tráfico; en concreto y al hilo de la STJUE de 10 de diciembre de 2015, Florin Lazar v. Allianz SpA, la calificación como «…daño(s)…» o como «…consecuencias indirectas…» de ese accidente, en el sentido de la citada disposición, de los perjuicios patrimoniales y no patrimoniales relacionados con el fallecimiento de una persona en un accidente de circulación ocurrido en el Estado miembro del foro y sufridos por los familiares próximos de la víctima que tienen su domicilio en otro Estado miembro.

This paper analyzes essentially the scope of Art. 4.1 of the Rome II Regulation, in order to determine the law applicable to a non-contractual obligation arising from a road traffic accident, in particular and through the Judgement of European Court of Justice of 10 December 2015, Florin Lazar v. Allianz SpA, whether this provision must be interpreted as meaning that the damage arising from the death of a person in such an accident, which occurred in the Member State of the court seised, sustained by close relatives of the deceased who reside in another Member State, must be regarded as «…damage(s)…» or as «…indirect consequences…» of that accident.

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TRIBUNA

Decálogo de la distribución de seguros en Europa: la nueva Directiva 2016/1997, de 20 de enero de 2016

Alberto J. TAPIA HERMIDA.

Catedrático (acreditado) de Derecho mercantil. Universidad Complutense de Madrid

El DO L 26 de 2 de febrero de 2016 publica la Directiva (UE) 2016/1997 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 que incluye la versión refundida sobre la distribución de seguros, cuyo objetivo es armonizar las disposiciones nacionales relativas a la distribución de seguros y reaseguros en toda la Unión. Dicha Directiva persigue también la coordinación de las disposiciones nacionales que regulan el acceso a las actividades de distribución de seguros y de reaseguros.

The Official Journal of the European Union, L 26, 2 February 2016 published the Directive (EU) 2016/1997 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016. The objective and subject matter of this recast is to harmonise national provisions concerning insurance and reinsurance distribution, and since those activities are carried out across the Union. This Directive should also aim at coordinating national rules concerning access to the activities of insurance and reinsurance distribution.

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SENTENCIA SELECCIONADA

Accidentes de circulación: lugar del daño y consecuencias indirectas (STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-350/2014: Lazar)

Pilar JIMÉNEZ BLANCO.

Profesora titular, acreditada Catedrática, de Derecho internacional privado. Universidad de Oviedo

El asunto Lazar plantea la cuestión de la localización del daño, a los efectos del art. 4.1 del Reglamento Roma II, cuando los demandantes son familiares de la víctima. En este caso, el TJUE sigue la línea de una interpretación estricta que localiza el daño en el lugar donde se produce el daño directo inicial a la víctima principal. Solo para la determinación de la indemnización podrían considerarse las circunstancias de la residencia habitual de los perjudicados. Esta Sentencia también muestra la aplicación de Roma II a las demandas frente a los Fondos de Garantía estatales, cuando el accidente es provocado por un vehículo no identificado, frente a lo que ocurre en el Convenio de La Haya de 1971.

The Lazar case raises the question of the place of the damage, in the sense of the art. 4.1 of Rome II Regulation, when the plaintiffs are family members of the victim. In this case, the ECJ is in line with a strict interpretation to locate the damage in the place where the initial direct damage is the main victim. Only for the determination of compensation could be considered the circumstances of the habitual residence of the injured. This judgment also shows the application of Rome II to claims against the State Guarantee Fund, when the accident is caused by an unidentified vehicle, compared to what happens in the Hague Convention of 1971.

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SENTENCIA SELECCIONADA

Competencia para autorizar un acuerdo de partición de herencia celebrado por un tutor en representación e interés de unos herederos menores de edad (STJUE de 6 de octubre de 2015, Asunto C-404/1k4: Marie Matousková)

Albert FONT i SEGURA.

Profesor titular de Derecho internacional privado. Universitat Pompeu Fabra.

El TJUE delimita el ámbito de aplicación material del Reglamento Bruselas II bis en relación a la responsabilidad parental conjugando este instrumento normativo con el Convenio de La Haya de 1996 sobre protección de los niños y el Reglamento 650/2012 en materia sucesoria.

The ECJ determines the material scope of the Brussels II bis Regulation regarding parental responsibility taking into account the 1996 Hague Convention on the international protection of children and the Regulation 650/2012 on succession matters.

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SENTENCIA SELECCIONADA

Derecho de los sospechosos y acusados en procesos penales a interpretación, a traducción y a la información sobre la acusación (STJUE de 15 de octubre de 2015, C-216/2014: Gavril Covaci)

Manuel OLLÉ SESÉ.

Profesor de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid

Este trabajo analiza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de octubre de 2015. En primer lugar, se examina el objeto, ámbito de aplicación y la delimitación de los derechos de los sospechosos y acusados en un proceso penal a interpretación y a traducción de documentos esenciales en los procesos penales, contenidos en la Directiva 2010/64; y, específicamente, si un acusado que no entiende la lengua del procedimiento judicial penal tiene derecho a la traducción de un recurso. En segundo lugar, se aborda el objeto, contenido y ámbito de aplicación de los derechos procesales de todo sospechoso y acusado de un delito y del derecho a recibir información sobre la acusación, previsto en la Directiva 2012/13, analizando cuál es el momento procesal último para notificar la acusación al afectado y/o a su representante legal y cuál es el dies a quo para computar el plazo de un recurso.

This paper analyses the judgement of the Court of Justice of the European Union (C-216/14) of 15th October 2015. Firstly, its discussed the object, scope of application and the definition on the rights of suspects and accused persons to interpretation and translation of essential documents in criminal proceedings, in accordance with Directive 2010/64. In particular, the right to translation of any appeal for an accused person who do not speak or understand the language of the criminal proceedings. Secondly, its discussed the object, scope of application and the definition of procedural rights of suspects and accused persons having committed a criminal offence and the right to be informed about the accusation, in accordance with Directive 2012/13; examining the ultimate stage of the procedure to be informed of the accusation for the concerned person and/or his legal counsel and which is the dies a quo to calculate the time specified for an appeal.

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SENTENCIA SELECCIONADA

¿Política o procedimiento? La Unión Europea y la jurisdicción consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (STJUE de 5 de octubre de 2015, asunto C-73/14: Consejo/Comisión)

Beatriz VÁZQUEZ RODRÍGUEZ.

Universidad de Oviedo

El Tribunal de Justicia considera que el art. 335 TFUE otorga a la Comisión Europea base jurídica para decidir la posición de la Unión Europea en un procedimiento consultivo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Del mismo modo, entiende que por el hecho de haber presentado observaciones escritas ante ese Tribunal en nombre de la Unión sin haber sometido su contenido al Consejo, aquella institución no infringió los principios de atribución de competencias, equilibrio institucional y cooperación leal.

The Court of Justice considers that article 335 TFEU gives to the European Commission legal basis to decide the position of the European Union in an advisory proceedings before the International Tribunal for the Law of the Sea. In the same way, understands that because of filing written observations of the Court on behalf of the Union without having submitted its contents to the Council, the institution did not infringe the principle of conferral of powers and institutional balance not the principle of sincere cooperation.

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SENTENCIA SELECCIONADA

Los requisitos para certificar una resolución como título ejecutivo europeo y los derechos de defensa del deudor

M.ª Ángeles RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.

Profesora Contratada Doctora (acred. Titular). Universidad de Sevilla

En la Sentencia de 17 de diciembre de 2015, asunto C-300/14, Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta por primera vez los requisitos que deben cumplirse para certificar una resolución como título ejecutivo europeo. En concreto, el relativo al cumplimiento de unas normas procesales mínimas que debe respetar el Derecho procesal de cada Estado miembro en aquellos casos excepcionales en los que el deudor, por causas ajenas a su responsabilidad, no ha podido impugnar el crédito o defenderse (artículo 19 Reglamento (CE) núm. 805/2004). La Sentencia confirma que cuando la resolución sobre un crédito no impugnado se ha dictado en ausencia del deudor en el procedimiento, la supresión de los controles en el Estado miembro de ejecución debe estar inseparablemente vinculada a la existencia de una garantía suficiente de que se observen los derechos de la defensa.

In the Judgment of 17 december 2015, in case C-300/14, Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA, the Court of Justice of the European Union interprets the requirements for certification a judgment as a European Enforcement Order. In particular, the compliance of minimum standards for review in exceptional cases (article 19 Regulation (EC) núm. 805/2004). This Judgment confirms that where a court in a Member State has given judgment on an uncontested claim in the absence of participation of the debtor in the proceedings, the abolition of any checks in the Member State of enforcement is inextricably linked to and dependent upon the existence of a sufficient guarantee of observance of the rights of the defence.

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JURISPRUDENCIA

Ley aplicable a los daños sufridos personalmente por un familiar de una persona fallecida en accidente de tráfico

El art. 4, ap. 1, del Reglamento Roma II debe interpretarse, a efectos de determinar la ley aplicable a una obligación extracontractual resultante de un accidente de tráfico, en el sentido de que los perjuicios relacionados con el fallecimiento de una persona en dicho accidente ocurrido en el Estado miembro del foro y sufridos por los familiares próximos de ésta que residen en otro Estado miembro deben calificarse como «consecuencias indirectas» de ese accidente, en el sentido de dicha disposición.

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Acuerdo de reparto sucesorio entre el cónyuge supérstite y los hijos menores, representados por un tutor

El Reglamento núm. 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que la aprobación de un acuerdo de reparto sucesorio concluido por el tutor de menores por cuenta de éstos constituye una medida relativa al ejercicio de la responsabilidad parental, en el sentido del art. 1, ap. 1, letra b), de dicho Reglamento, por lo que está comprendida en el ámbito de aplicación de éste, y no una medida relativa a las sucesiones, en el sentido del art. 1, ap. 3, letra f), del citado Reglamento, excluida del ámbito de aplicación de éste.

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Derecho a información en los procesos penales y designación obligatoria de un representante legal por el acusado

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, en un procedimiento penal, no permite a la persona contra quien se haya dictado una orden penal formular oposición contra ésta por escrito en una lengua distinta de la lengua de procedimiento, aun cuando dicha persona no domine esta última lengua, siempre que las autoridades competentes no consideren, a la luz del procedimiento en cuestión y de las circunstancias del asunto, que dicha oposición constituye un documento esencial. Dicho Derecho no se opone a una normativa de un Estado miembro que, en un procedimiento penal, impone a la persona acusada que no reside en dicho Estado miembro la obligación de designar un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, siempre que la referida persona disponga efectivamente de todo el plazo im-partido para formular oposición contra dicha orden.

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El principio de cooperación leal impone a la Comisión la obligación de consultar previamente al Consejo, cuando se proponga expresar posiciones en nombre de la Unión ante un Tribunal internacional

El principio de cooperación leal impone a la Comisión la obligación de consultar previamente al Consejo, cuando se proponga expresar posiciones en nombre de la Unión ante un Tribunal internacional. En el presente caso, la Comisión cumplió efectivamente con esta obligación.

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Requisitos para la certificación del título ejecutivo europeo para créditos no impugnados

El Reglamento (CE) núm. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, debe interpretarse en el sentido de que, para proceder a la certificación como título ejecutivo europeo de una resolución dictada en rebeldía, el juez que conoce de tal solicitud debe asegurarse de que su Derecho interno permite efectivamente y en todo caso llevar a cabo una revisión plena, tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, de tal resolución en los dos supuestos contemplados por la referida disposición y que permite prorrogar los plazos para interponer recurso contra una resolución relativa a un crédito no impugnado, no sólo en casos de fuerza mayor, sino también cuando concurren otras circunstancias extraordinarias, independientes de la voluntad del deudor, que le hayan impedido impugnar el crédito controvertido.

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El Derecho de la Unión puede oponerse a que se sancione la intermediación transfronteriza de apuestas deportivas efectuada sin autorización en Alemania

El art. 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades sancionadoras de un Estado miembro sancionen la intermediación, sin autorización, en apuestas deportivas por un operador privado por cuenta de otro operador privado que no dispone de autorización para organizar apuestas deportivas en dicho Estado miembro pero que es titular de una licencia en otro Estado miembro, cuando la obligación de poseer una autorización para organizar apuestas deportivas o intermediar en ellas se inscribe en el marco de un régimen de monopolio público que los tribunales nacionales declararon contrario al Derecho de la Unión. El art. 56 TFUE se opone a tal sanción incluso cuando un operador privado puede obtener, en teoría, una autorización para organizar apuestas deportivas o intermediar en ellas en la medida en que no está garantizado el conocimiento del procedimiento de concesión de tal autorización y que el régimen de monopolio público en materia de apuestas deportivas, que los tribunales nacionales declararon contrario al Derecho de la Unión, ha seguido existiendo pese a la adopción de tal procedimiento.

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El Reglamento por el que se establece un derecho antidumping sobre las importaciones de determinado calzado de cuero procedentes de China y de Vietnam es parcialmente inválido

El Reglamento (CE) núm. 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero procedentes de la República Popular China y de Vietnam, es inválido en cuanto infringe el art. 2, apartado 7, letra b), y el art. 9, ap. 5, del Reglamento (CE) núm. 384/1996 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, según su modificación por el Reglamento (CE) núm. 461/2004 del Consejo, de 8 de marzo de 2004.

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Responsabilidad del transportista aéreo en caso de retraso en un transporte internacional de pasajeros

El Convenio de Montreal, en particular sus arts. 19, 22 y 29, debe interpretarse en el sentido de que un transportista aéreo que haya celebrado un contrato de transporte internacional de personas con el empleador de los pasajeros, como es el caso del litigio principal, está obligado a responder frente a dicho empleador del daño ocasionado por el retraso en los vuelos efectuados por los empleados de éste en virtud del expresado contrato y derivado de los gastos adicionales soportados.

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ACTUALIDAD UE

Un nuevo régimen para el Reino Unido en la Unión Europea

Tras intensas negociaciones, los mandatarios de la UE han alcanzado un acuerdo que refuerza el estatuto especial de Gran Bretaña en la UE. Se trata de una decisión jurídicamente vinculante e irreversible adoptada por los 28 mandatarios. A continuación se publica el extracto de las Conclusiones del Consejo Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016 (2016/C 69 I/01).

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Integración de los desempleados de larga du-ración en el mercado laboral

EL DO C-67 de 20 de enero de 2106 publica la Recomendación del Consejo de 15 de febrero de 2016 sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral (2016/C 67/01). Con ello se pretende solventar uno de los problemas más difíciles y graves que ha causado la crisis económica y afecta a más de doce millones de personas en Europa. Tal desempleo expone a una parte cada vez mayor de la población de la UE al riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social. El desempleo de larga duración afecta a quienes lo sufren, reduce el potencial de crecimiento de las economías de la Unión, aumenta el riesgo de exclusión social, la pobreza y la desigualdad e incrementa los gastos de los servicios sociales y las finanzas públicas; asimismo da lugar a una pérdida de ingresos, al deterioro de las capacidades profesionales, a una mayor incidencia de problemas de salud y al aumento de la pobreza de las familias

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Universidades comprometidas con la configuración de Europa

El DO C-71 de 24 de febrero de 2016 publica el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Universidades comprometidas con la configuración de Europa» (Dictamen de iniciativa) (2016/C 071/03), del que ha sido ponente Joost Van Iersel. Dicho Dictamen fue aprobado en la sesión del 9 de diciembre de 2015) por 143 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.

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EU y Canadá acuerdan nuevo enfoque a la inversión en el CETA

La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá han acordado incluir un nuevo enfoque en la protección de la inversión y la solución de controversias de la inversión en el acuerdo económico y comercial UE-Canadá Integral (CETA). Dicho acuerdo, dado a conocer el 29 de febrero de 2016, supone una clara ruptura con el sistema de arbitraje internacional actual y muestra el compromiso de trabajar juntos para establecer un tribunal de inversiones multilateral.

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La UE y Andorra firman un nuevo Acuerdo de transparencia fiscal

La UE y Andorra han firmado el 12 de febrero de 2016 un nuevo Acuerdo de transparencia fiscal que hará más difícil para los ciudadanos de la Unión ocultar ingresos no declarados en las entidades financieras de Andorra. El acuerdo también introduce un nuevo nivel de apertura y cooperación entre Andorra y la UE en el ámbito de la fiscalidad.

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Derecho a un juicio justo: nuevas normas de garantía de la presunción de inocencia

Los Ministros de los Estados miembros de la UE han adoptado el 12 de febrero de 2016 una serie de normas que garantizarán la presunción de inocencia de cualquier persona acusada o considerada sospechosa de un delito por las autoridades policiales o judiciales.

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La Comisión abre una investigación en profundidad sobre las medidas concedidas al operador postal español, Correos

La Comisión Europea ha abierto el 11 de febrero de 2016 una investigación en profundidad para examinar si las medidas estatales otorgadas desde 2004 a Correos, el operador postal público español, se ajustan a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión examinará, en particular, si la financiación pública que España concedió a Correos ha supuesto una compensación excesiva a la empresa por el desempeño de sus obligaciones de servicio público postal, y si otra serie de medidas ha aportado una ventaja indebida a Correos, vulnerando las normas sobre ayudas estatales de la UE.

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Aplicación de la Agenda Europea de Migración: avances en las acciones prioritarias

Para dar a conocer los avances conseguidos hasta el momento y el trabajo pendiente, la Comisión ha presentado el 19 de febrero de 2016 informes de situación sobre el sistema de puntos críticos y el mecanismo de reubicación en Italia y Grecia y las medidas adoptadas para ejecutar los compromisos de la Declaración acordada en la reunión de los dirigentes de la ruta de los Balcanes Occidentales, celebrada en octubre de 2015. Asimismo, la Comisión va a emitir dictámenes motivados en nueve casos de infracción en el marco del compromiso asumido en la Agenda Europea de Migración para dar prioridad a la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo. Presenta además un informe sobre la aplicación del Plan de Acción UE-Turquía.

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Aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo: la Comisión actúa sobre nueve procedimientos de infracción

La Comisión Europea ha decidido el 10 de febrero de 2016 emitir dictámenes motivados contra Estados miembros en nueve asuntos de infracción por la falta de incorporación a su ordenamiento nacional del Sistema Europeo Común de Asilo. Las decisiones se refieren a Alemania (dos asuntos), Estonia, Eslovenia (dos asuntos), Grecia, Francia, Italia y Letonia.

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La Comisión Europea y los Estados Unidos acuerdan un nuevo marco para los flujos transatlánticos de datos: Escudo de la privacidad UE - EE.UU.

La Comisión de la UE y los Estados Unidos han acordado el 2 de febrero de 2016 un nuevo marco para los flujos transatlánticos de datos: el Escudo de la privacidad UE - EE.UU. Dicho Escudo refleja los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de octubre de 2015, en la que declaraba inválido el antiguo marco de «puerto seguro».

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NOTICIAS

La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no puede implicar siempre la retroacción de las actuaciones judiciales

El Tribunal Constitucional dicta una sentencia en la que se pronuncia sobre una faceta del derecho a la tutela judicial efectiva respecto del que no había doctrina.

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Rafael Catalá inaugurará en Badajoz las Jornadas Mediterráneas de Medicina Legal, que cuentan con unos 400 inscritos

La medicina legal «está cada vez más de actualidad» dado que estudia las personas vivas y permite conocer las causas de la muerte o los modos de vida.

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El porcentaje de mujeres en la carrera judicial subió en once comunidades autónomas en 2015

- El País Vasco, con un 60,2 %, es el territorio con más juezas; seguido por La Rioja y Galicia.

- Las mujeres son mayoría en los órganos unipersonales; los hombres, en Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y órganos centrales.

- La media de edad de los 5.366 jueces y juezas españoles es de 48,5 años y su antigüedad media en la Carrera es de 17,4 años.

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