domingo, 31 de mayo de 2020

Cuestiones de práctica concursal: la tutela judicial de los créditos contra la masa

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LA LEY Wolters Kluwer

1 de junio de 2020

Diario La Ley

PLAN DE CHOQUE DE LA JUSTICIA

Litigación sobre cláusulas abusivas: ¿cómo afrontar el colapso?

A esta pregunta tratarán de dar respuestas nuestros cinco expertos en el segundo “Diálogo para el futuro judicial” que tendrá lugar el próximo martes 2 de junio. ¿Quieres saber quiénes son y qué cuestiones les plantearemos?

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CUESTIONES DE PRÁCTICA CONCURSAL

La tutela judicial de los créditos contra la masa

Alfonso Muñoz Paredes

Magistrado

Análisis de la vía procesal de los créditos contra la masa desde la Ley Concursal vigente hasta la regulación del Texto Refundido de la Ley Concursal que entrará en vigor el 1 de septiembre. Se examinan, entre otras cuestiones: la posibilidad de acumulación de incidentes, la exigencia del previo requerimiento de pago que sí aparece recogida en el Plan de Choque de la Justicia como requisito de procedibilidad, la ejecución de estos créditos; y las novedades de su regulación en el TRLC, destacando, sobre todo, que la nueva norma aclara que el reconocimiento de créditos contra la masa corresponde a la administración concursal.

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ACTUALIDAD COVID-19

Sobre la inconstitucionalidad de la geolocalización de los ciudadanos mediante el uso de aplicaciones de dispositivos móviles al amparo de la Orden SND 297/2020

Manuel Richard González

Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA

El presente trabajo analiza la constitucionalidad de las medidas de geolocalización de los ciudadanos mediante aplicaciones instaladas en dispositivos móviles adoptadas por la Orden 297/2020, atendiendo a ese fin al contenido de los derechos fundamentales a la privacidad y a la libertad de movimientos en el marco de la situación jurídica creada por el estado de alarma, que se considera asimismo inconstitucional. Finalmente se analizan los problemas de privacidad que plantean las nuevas aplicaciones de rastreo que se están implantando con motivo de la emergencia sanitaria.

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De nuevo, sobre los plazos procesales ante el Covid-19: «errare humanum est, sed perseverare diabolicum»

Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla

Catedrático de Derecho Civil. Universidad de Sevilla

De nuevo, el Gobierno ha vuelto a cometer otro grave error, otro atentado contra el buen hacer, el orden público y la seguridad jurídica, además, en un asunto que para la común opinión de juristas parecía haber quedado zanjado hace un tiempo.

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Hacia la nueva normalidad en los puntos de encuentro familiar

Jesús de la Torre Laso

Psicólogo. Coordinador puntos de encuentro Castilla y León

Los puntos de encuentro familiar son unos espacios de atención pública que intervienen con familias en procesos post-ruptura, en aquellos casos en los que las relaciones son altamente conflictivas. Durante el estado de alarma, el funcionamiento de estos servicios ha estado interrumpido y el cumplimiento del régimen de visitas de las familias que acudían a ellos, en muchas ocasiones se ha suspendido. La vuelta a la denominada nueva normalidad va a suponer un reto en la adaptación del modelo de organización y atención de las familias, para compatibilizarlo con las medidas de distanciamiento adoptadas por la sociedad. Para ello, es necesario establecer procedimientos y medidas basadas en la concienciación, respeto y responsabilidad de todos, que cuenten con el apoyo de las instituciones, sobre todo jurídicas

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APRENDIENDO DE LA CRISIS

¿Te perdiste la sesión sobre “La gestión del capital humano: ¿qué cosas cambiarán con la crisis del COVID-19 y cómo lo harán”?

En el tercer encuentro de la serie "Aprendiendo de la crisis: Impacto en la estrategia de gestión de despachos y firmas" se abordó el tema de la gestión de los equipos en las firmas de abogado durante la crisis del covid y cuando ésta termine. Si no pudiste asistir, aquí tienes la sesión completa. Te ofrecemos también un resumen de todo lo que alli se dijo.

(Documento con vídeo)

TRIBUNA

El intrusismo en la implantación de Programas de Compliance

Benjamín Prieto

Socio de Andersen Tax & Legal

Elena Aupí

Abogado de Andersen Tax & Legal

La cualificación profesional de los profesionales que confeccionan un Programa de Compliance va a determinar la eficacia del mismo para servir de elemento exonerador de responsabilidad penal de la persona jurídica porque dicho Programa será adecuado para cumplir los objetivos propios del Programa de Compliance. Carecer de la aptitud profesional adecuada impide estar debidamente cualificado para implantar Programas de Compliance convirtiendo a quien lo hace en verdadero intruso en la disciplina.

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LA SENTENCIA DEL DÍA

Inadmitido el recurso de amparo contra la sentencia que confirmó la prohibición de la manifestación rodada en coches del 1 de mayo en Vigo

No concurre el presupuesto de verosimilitud de la denunciada lesión del derecho de manifestación. En la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia, la medida restrictiva de su ejercicio tiene cobertura constitucional en los derechos a la integridad física de las personas y en la protección de la salud y, además, resulta proporcionada.

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JURISPRUDENCIA

¿Están discriminadas las víctimas de violencia de género que fueron parejas de hecho de su agresor frente a las víctimas casadas?

Una vez que el matrimonio o la pareja de hecho se ha roto, la ley distingue entre una situación y otra para cobrar la pensión de viudedad.

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No vulnera derechos fundamentales el ingreso hospitalario forzoso de una gestante de riesgo para evitar un parto domiciliario

La actuación de la Administración sanitaria fue proporcionada y adecuada a las condiciones de la gestante y la evolución del estado embarazo, que no dejaban otra vía que la intervención forzosa, además de resultar eficaz y beneficiosa para la vida de la madre y la menor, descartando cualquier vulneración de derechos fundamentales.

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ACTUALIDAD LEGISLATIVA

Medidas económicas, laborales y tributarias para paliar los efectos del Covid-19 (RD-ley 19/2020)

La prórroga de las medidas de promoción del empleo en el sector agrario; el reconocimiento como accidente de trabajo de las prestaciones del personal sanitario contagiado por el Covid-19; una segunda declaración del Impuesto sobre Sociedades; la ampliación del plazo de no devengo de intereses de demora por aplazamientos tributarios y el régimen especial de los acuerdos de moratoria entre entidades prestamistas y clientes son algunas de las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, para paliar los efectos del Covid-19.

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MEDIO AMBIENTE

Wolters Kluwer España mantiene su firme compromiso con la calidad y la gestión medioambiental

El proveedor global de información especializada y soluciones tecnológicas para profesionales renueva hasta 2022 sus certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 y reduce significativamente, un año más, el consumo de papel, energía eléctrica y agua.

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NOTICIAS

Las cooperativas de enseñanza piden ayuda a Celaá para afrontar el próximo curso con garantías sanitarias

Las cooperativas han demandado la posibilidad de incrementar sus plantillas, participar en los programas de cooperación territorial y recibir material tecnológico e higiénico-sanitario para el próximo curso, detalla la UECOE en un comunicado.

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El Gobierno trabaja para dar continuidad a los ERTE y que "el ajuste" sea "en horas y no en trabajadores"

La Ministra ve en la agilización de los ERTEs un instrumento de flexibilidad que mejora el funcionamiento del mercado laboral.

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El Tribunal Supremo ha resuelto más de 800 asuntos durante el estado de alarma

La deliberación vía telemática ha permitido a los magistrados mantener en más del 80 % su calendario de señalamientos.

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Bruselas asegura que España recibirá más fondos para abordar la transición climática

La Comisión Europea ha señalado que España se beneficiará del aumento en la dotación del Fondo para la Transición Justa para apoyar a los sectores económicos más dependientes de los combustibles fósiles, aunque ha evitado hablar de las cifras, regiones o sectores que recibirán más inversiones.

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jueves, 28 de mayo de 2020

Especial Diario La Ley Unión Europea nº 81, mayo 2020

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LA LEY Wolters Kluwer

29 de mayo de 2020

Diario La Ley

NOTA DE LA REDACCIÓN

Hoy en nuestra portada lo más destacado del Especial Diario La Ley Unión Europea nº 81, mayo 2020

Finalizado el mes de mayo, el Diario La Ley, como es habitual, cede su espacio al Especial de la Unión Europea, publicado en la revista digital Smarteca. Pueden acceder al sumario completo de la revista del mes.

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TRIBUNA

Medidas de emergencia y contratos internacionales

Pedro Alberto de Miguel Asensio

Catedrático de Derecho internacional privado

La expansión de la pandemia ha ido unida en las últimas semanas a la proliferación de disposiciones normativas de emergencia con repercusión sobre las relaciones contractuales. Se analizan desde la perspectiva europea las principales categorías de medidas, la eventual caracterización de las mismas como normas internacionalmente imperativas y sus implicaciones respecto del régimen jurídico de los contratos internacionales.

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DOCTRINA

La sentencia Bondora o la prueba del algodón del proceso monitorio europeo: novedades en el control de oficio de las cláusulas abusivas y reformas en ciernes

Fernando Esteban de la Rosa

Catedrático de Derecho internacional privado

La sentencia Bondora representa un nuevo hito en el cerco del Tribunal a los procesos monitorios nacionales motivado por la frecuente incompatibilidad de su régimen con la protección europea de los consumidores frente a las cláusulas abusivas. La nueva aportación deja claro que, en el Régimen del Reglamento, el juez que conozca de un proceso monitorio europeo puede solicitar que se aporte documentación complementaria con la finalidad de comprobar que el requerimiento no se basa en cláusulas abusivas. Pero el interés de Bondora radica, de forma destacada, en que el Tribunal de Justicia se ha visto por primera vez obligado a resolver una cuestión que, por su materia, queda sometida a normativas europeas con objetivos dispares, el Reglamento 1896/1996 y la Directiva 93/13. A través de una interpretación conciliadora, que deja abiertas algunas aristas, el Tribunal de Justicia ofrece una respuesta bien fundada que preserva la coherencia con decisiones anteriores y resulta, políticamente hablando, muy correcta. Bondora sitúa el reproche sobre el régimen español del proceso monitorio europeo al no permitir la entrega de esa documentación, lo que apunta hacia una modificación legislativa. El buen entendimiento del régimen doble, europeo y nacional, del proceso monitorio europeo resultan claves para el examen de la necesidad y sentido de esa reforma.

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SENTENCIAS SELECCIONADAS

La extradición de ciudadanos de Estados de la Asociación Europea de Libre de Comercio desde Estados de la Unión Europea

Manuel Ollé Sesé

Profesor de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid. Abogado

Los ciudadanos de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, que son parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo gozan, entre otros, del derecho a la libre circulación y a recibir servicios (turismo) en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea y a no ser discriminados por razón de nacionalidad en el uso de esa libertad. Si un Estado de la Unión Europea recibe una demanda de extradición de un tercer Estado no miembro, se aplicará la doctrina Petruhhin para ofrecer al Estado del que es nacional el extradendus, la posibilidad de otorgarle protección. Los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a comprobar si existe riesgo grave en el Estado requirente de que el extradendus sea expuesto a tratos inhumanos o degradantes. La condición de asilado es relevante en esta comprobación. Y, salvo circunstancias especiales, el Estado miembro denegará la extradición del asilado.

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El pasajero no consumidor en el contrato internacional de transporte aéreo

Vésela Andreeva Andreeva

Profesora ayudante doctora de Derecho Internacional privado. Universitat de Girona

En el contrato internacional de transporte aéreo la protección del pasajero se garantiza en la actualidad por un régimen uniforme que incluye normas tanto de origen internacional, como comunitario. Dichas normas le reconocen la condición de parte económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada en su relación contractual con la compañía aérea, otorgándole una protección especial que tiene como objetivo evitar el comportamiento abusivo del transportista o, al menor, minimizar los efectos negativos del incumplimiento contractual de la compañía. En el marco comunitario, en el ámbito de la competencia judicial internacional, sin embargo, las normas del Reglamento 1215/2012 excluyen expresamente al transporte de pasajeros de la protección de los consumidores prevista en la Sección IV, salvo que sea uno de los servicios previstos en un contrato de viaje combinado. Sin embargo, si el pasajero hace la reserva individualmente, la competencia judicial internacional, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se determina de acuerdo con el art. 7.1º.b) segundo guion. De modo que, en un vuelo con escala compuesto por tres trayectos, serán internacionalmente competentes los órganos judiciales tanto del lugar de salida del primer avión, como del lugar de llegada del último trayecto.

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El derecho a la libertad religiosa en el contexto de las prescripciones alimenticias de las Confesiones religiosas y la normativa europea aplicable

Jorge Salinas Mengual(*)

Doctor en derecho y Juez del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Cartagena

El presente trabajo aborda el estudio de la STJUE C-426/2016 que enjuicia la relación entre prescripciones rituales en materia de sacrificio de animales por parte de la Confesión musulmana, en concreto las comunidades ubicadas en la zona geográfica de la Región de Flandes, y la normativa europea sobre la materia, y en qué medida de su aplicación puede derivarse, o no, una violación del derecho a la libertad religiosa.

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JURISPRUDENCIA

Control por parte del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado una petición de requerimiento europeo de pago de las cláusulas contractuales que se invocan para acreditar la deuda de que se trate

El Tribunal de justicia declara que el art. 7, ap. 2, letras d) y e), del Reglamento no 1896/2006 y los arts. 6, ap. 1, y 7, ap. 1, de la Directiva 93/13, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y a la luz del art. 38 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que permiten que un «órgano jurisdiccional», según la definición de dicho Reglamento, que conoce de un proceso monitorio europeo pida al acreedor información complementaria relativa a las cláusulas contractuales que este invoca para acreditar la deuda de que se trate, con el fin de controlar de oficio el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas, y de que, en consecuencia, se oponen a una normativa nacional que declara inadmisible la documentación complementaria aportada a tal efecto.

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El Tribunal de Justicia confirma que los sacrificios rituales sin aturdimiento sólo pueden efectuarse en un matadero autorizado

Esta obligación no vulnera la libertad de religión, porque tan sólo persigue organizar y encuadrar el libre ejercicio del sacrificio ritual teniendo en cuenta las normas esenciales sobre protección del bienestar animal y de la salud de los consumidores de carne animal.

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Extradición de un nacional islandés, que recibió asilo con arreglo al Derecho nacional antes de adquirir la ciudadanía islandesa, a un tercer Estado

Cuando un Estado miembro se debe pronunciar sobre la solicitud de extradición a un tercer Estado de un nacional de un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), le corresponde comprobar que dicho nacional no vaya a ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Antes de contemplar la posibilidad de ejecutar la solicitud de extradición, el Estado miembro requerido deberá informar a ese Estado de la AELC para permitirle que solicite la entrega de su nacional

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Mercado interior del gas natural: obligación de proporcionar directamente al consumidor la debida información sobre la subida de la tarifa

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que, cuando un suministrador de gas de último recurso realiza modificaciones tarifarias que no notifica personalmente a los clientes, con el único fin de repercutir el aumento del coste de adquisición del gas natural sin ánimo de lucro, el cumplimiento, por parte de ese suministrador, de las obligaciones de transparencia e información establecidas en estas disposiciones no es una condición para la validez de las modificaciones tarifarias de que se trata, siempre que los clientes puedan resolver el contrato en todo momento y dispongan de recursos adecuados para obtener la reparación del perjuicio que hayan podido sufrir por la falta de notificación personal de las modificaciones.

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Obligación de los Estados miembros de comunicar, a intervalos regulares el número de solicitantes de protección internacional que se pueden reubicar rápidamente en su territorio

Al negarse a atenerse al mecanismo temporal de reubicación de solicitantes de protección internacional, Polonia, Hungría y la República Checa han incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Estos Estados miembros no pueden invocar ni sus responsabilidades en materia de mantenimiento del orden público y de salvaguardia de la seguridad interior ni la supuesta disfunción del mecanismo de reubicación para sustraerse a la ejecución de este mecanismo

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Declaraciones públicas que excluyen la contratación de personas homosexuales

Las declaraciones homófobas son constitutivas de discriminación en el empleo y la ocupación cuando las hace una persona que tiene o puede percibirse que tiene una influencia determinante en la política de contratación de personal de un empleador En ese caso, el Derecho nacional podrá disponer que una asociación está legitimada para entablar acciones judiciales que persigan la reparación de los daños aun cuando no sea identificable ninguna persona perjudicada

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ACTUALIDAD UE

Sobre el establecimiento de la European Association of Private International Law (EAPIL)

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Covid-19: Directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento

El DO de 17 de abril de 2010 publica una Comunicación de la Comisión titulada «Covid-19: Directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento» (2020/C 126/02). El virus causante de la Covid-19 se ha propagado por todo el planeta y ha llevado a adoptar distintas medidas para limitar el ritmo de contagio. El 10 de marzo de 2020, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea destacaron la necesidad de un planteamiento europeo común y una coordinación estrecha con la Comisión.

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Declaración del Comité Económico y Social Europeo: «Por un plan europeo de recuperación económica de carácter urgente y global» (abril 2020)

El Comité Económico y Social Europeo formula una respuesta UE al brote de Covid-19 y la necesidad de que los Estados miembros den muestras de una solidaridad sin precedentes. La crisis de la Covid-19 representa, en primer lugar, una emergencia sanitaria que afecta a todas las personas; en segundo lugar, una grave amenaza económica y social y, en tercer lugar, un reto potencial para las instituciones democráticas.

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Ayudas estatales: la Comisión aprueba el segundo régimen marco español para respaldar a la economía en el contexto de la pandemia de coronavirus

La Comisión Europea ha aprobado el segundo régimen marco para respaldar a la economía española en el contexto de la pandemia de coronavirus. El régimen fue aprobado en virtud del Marco Temporal relativo a las ayudas estatales, adoptado por la Comisión el 19 de marzo de 2020, y modificado el 3 de abril de 2020. Este marco permitirá a España prestar más apoyo a la economía durante esta crisis. Incluye apoyo a la investigación y desarrollo, los ensayos y la producción de productos relacionados con el coronavirus. También incluye subsidios salariales y aplazamientos del pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, lo que ayudará a las empresas a mantener los puestos de trabajo.

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Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: la UE lanza una iniciativa de donación

La Unión Europea ha aunado sus fuerzas con socios mundiales para poner en marcha una iniciativa de donación (la respuesta mundial a la crisis del coronavirus) a partir del 4 de mayo de 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las organizaciones sanitarias mundiales han hecho un llamamiento conjunto para desarrollar un acceso rápido y equitativo a unos diagnósticos, terapias y vacunas contra el coronavirus que sean seguros, de calidad, eficaces y asequibles.

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miércoles, 27 de mayo de 2020

Plan de choque de la Justicia: ¿Cómo afrontar el colapso?

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LA LEY Wolters Kluwer

28 de mayo de 2020

Diario La Ley

PLAN DE CHOQUE DE LA JUSTICIA

Litigación sobre cláusulas abusivas: ¿cómo afrontar el colapso?

A esta pregunta tratarán de dar respuestas nuestros cinco expertos en el segundo “Diálogo para el futuro judicial” que tendrá lugar el próximo martes 2 de junio. ¿Quieres saber quiénes son y qué cuestiones les plantearemos?

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ACTUALIDAD COVID-19

El Decreto de Alarma, la llamada legislación de desescalada y el derecho penal

Bartolomé Vargas Cabrera

Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial

Los incumplimientos de la previsión del art. 7 del RD 463/2020 de 14 de marzo que declara el Estado de Alarma RDEA revisten una singular gravedad de injusto dados los riesgos potenciales que son susceptibles de generar en un amplio colectivo de personas y por su naturaleza inicialmente dolosa o mejor consciente, tras la información que a toda la sociedad se ha dado en cumplimiento de lo previsto en su artículo 19.

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Problemática del régimen sancionador derivado del Real Decreto 463/2020: fundamentación jurídica y legalidad

Miguel Ángel Bragado Lorenzo

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 2 de Cádiz

Este trabajo está dirigido a profundizar en el estudio de los problemas, en el ámbito jurídico, que plantea el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tras una breve introducción, y reseñando los antecedentes, en el primer apartado se analiza el régimen sancionador derivado de la aplicación de las medidas establecidas en el artículo 7.1 de dicho Real Decreto, se hace referencia a la firma del mismo, su constitucionalidad, los problemas de legalidad, tipicidad, detenciones por desobediencia, decaimiento de las sanciones al finalizar el estado de alarma, no suspensión de la tramitación de los procedimientos sancionadores, competencia sancionadora, graduación de las sanciones y régimen de recursos.

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Hacia la era de la «nueva anormalidad» jurídica instaurada por la vía del uso de los Reales Decretos y las Órdenes Ministeriales

Sandra González de Lara Mingo

Magistrada Especialista en lo contencioso-administrativo

El propósito de este artículo es analizar si el instrumento jurídico utilizado al decretase el estado de alarma era el correcto para proceder al «confinamiento» de casi 47 millones de personas, en su mayoría sanas, y, así llevar a cabo la mayor restricción de derechos fundamentales que hemos padecido en nuestra Democracia. También pretendo cuestionar la era de la «nueva normalidad» que se está instaurando en España desde la declaración del estado de alarma por la vía del uso de los Decretos y Órdenes Ministeriales. La expresión «nueva normalidad» se ha popularizado, es utilizada de manera acrítica por la sociedad, como si las palabras no fueran peligrosas. Si entendemos por normalidad aquello que sigue la Norma o la regla creo que estamos entrando en un estado de «anormalidad» en el que el principio de jerarquía normativa consagrado en el artículo 9.3 de la CE ha muerto víctima de la pandemia.

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TRIBUNA

Reflexiones sobre la comparecencia de prisión regulada en el artículo 505 LEcrim a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional

Juan Luis Ortega Calderón

Fiscal Sección Territorial Ocaña Fiscalía Provincial de Toledo

Las recientes SSTC 91/18 de 17 de septiembre (Rec 4432/2015), 29/19 de 28 de febrero (Rec 5678/2017), 30/19 de 28 de febrero (Rec 6198/2017), 83/19 de 17 de junio (Rec 365/2018) y 5/20 de 15 de enero (Rec 3707/2018), ofrecen un profundo análisis de la prisión provisional como medida cautelar que más intensamente afecta al derecho a la libertad consagrado en el artículo 17.1 CE. De tales pronunciamientos resultan elementos decisivos para el correcto entendimiento de la comparecencia prevenida en el artículo 505 LEcrim, desde su jurisdiccionalidad inexcusable, con delimitación de las competencias del Juez o Tribunal ejercitables de oficio o a instancia de parte, hasta la determinación de su estructura rogatoria presidida por el principio acusatorio, garantizándose en todo caso, mediante una forma eminentemente contradictoria, el derecho de defensa. De esta forma, la comparecencia que nos ocupa adquiere unos perfiles y una trascendencia cuyo conocimiento es esencial para evitar fórmulas rituarias de privación de libertad ajenas a las exigencias constitucionales y que, como tales, provocan la vulneración de tal derecho fundamental.

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TRIBUNA

La defensa del responsable civil subsidiario en el proceso penal

Patricia Leandro Vieira da Costa

Abogada en Uría Menéndez

Terceros que no han cometido delito alguno podrán verse sometidos a un proceso penal, como posibles responsables del daño civil causado por un delito. Este es el caso del responsable civil subsidiario, que goza de legitimación para defenderse en el proceso penal. ¿Existe algún límite a su capacidad defensiva? ¿Tiene la facultad procesal para negar la existencia del hecho delictivo, aunque el criminalmente responsable renuncie a defenderse? El presente trabajo aborda las distintas posturas jurisprudenciales existentes en esta materia y propone una solución ajustada al derecho de defensa del responsable civil subsidiario, en coherencia con la doctrina del Tribunal Constitucional, la cual debe prevalecer.

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COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

La expulsión de extranjeros residentes de larga duración requiere un plus de motivación

Rafael Fernández Valverde.

Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

Expediente de expulsión de extranjeros. Residentes de larga duración. Necesidad de un alto nivel de motivación por parte de la Administración, sin que resulte posible identificar o asimilar, de forma directa o automática, la condena penal impuesta, con la concurrencia de una causa de expulsión.

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LA SENTENCIA DEL DÍA

¿Puede aplicarse la cláusula rebus sic stantibus a los contratos de corta duración?

El cambio de circunstancias que determina la aplicación de esta cláusula es más probable que se dé en un contrato de larga duración que en uno de corta duración.

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JURISPRUDENCIA

No puede pedirse la resolución del arrendamiento solo respecto de la vivienda cuando también eran objeto del arriendo las plazas de garaje anejas

Cuando en un documento las partes contratan por una misma renta una pluralidad de cosas debe resolverse como un todo y no solo respecto a uno de los objetos.

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El Supremo respalda el uso de determinados biocidas por el Ejército en labores de desinfección para combatir el coronavirus

Deniega la suspensión cautelarísima de la Orden que lo autoriza, que no aprueba ni introduce nuevos biocidas, ni extiende las indicaciones para su uso y aplicación más allá de las que ya están vigentes desde 2010, limitándose a habilitar temporalmente a determinadas unidades militares a utilizarlos.

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ACTUALIDAD LEGISLATIVA

El Gobierno balear limita la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico

El Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, pretende incrementar la protección del suelo rústico de las islas, contener el desarrollo urbanístico del suelo no adaptado a las limitaciones establecidas en los instrumentos de ordenación e introducir medidas de integración paisajística y ambiental y de ahorro de agua.

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BIBLIOTECA RECOMENDADA, obras seleccionadas que no pueden faltar en tu estantería

COVID-19: 190 Cuestiones fiscales (Juan Calvo Vérgez)

La presente monografía analiza, siguiendo el esquema clásico de pregunta-respuesta, el alcance a nivel comunitario, estatal y autonómico de las principales medidas de carácter fiscal adoptadas a raíz de la declaración del estado de alarma.

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NOTICIAS

El Tribunal Supremo descarta que pueda solicitarse la devolución de la plusvalía municipal abonada por liquidación firme bajo el amparo de la nulidad de pleno derecho

El Tribunal Constitucional había declarado que los preceptos reguladores del impuesto eran inconstitucionales en los casos donde se constatara una ausencia de incremento de valor del terreno en la transmisión.

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Gobierno aprueba que los contagios y fallecimientos por COVID-19 en sanitarios serán accidente de trabajo

CC.OO. afirmó que "es indudable que los contagios masivos se han producido en el trabajo por la escasez de equipos de protección individual y por la utilización, en muchos casos, de equipos que se han demostrado defectuosos". El sindicato dejó claro que si no había una respuesta "inmediata" por parte del Gobierno "comenzaría a interponer las correspondientes demandas para que se reconozca este cambio de contingencia en la vía judicial".

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Las sociedades de garantía prevén inyectar más de 4.300 millones a pymes y autónomos afectados por el Covid

Las 18 sociedades de garantía recíproca (SGR) que hay en España prevén inyectar hasta diciembre de este año más de 4.300 millones de euros a pymes y autónomos de todo el país afectados por el impacto económico del Covid-19 hasta diciembre, según las estimaciones de la confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-Cesgar).

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La DGT lanza una campaña para promover el uso de la bicicleta en ciudad

Son muchas las ciudades a nivel mundial que ya han tomado medidas para impulsar el uso de la bici y de los desplazamientos a pie.

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