martes, 3 de mayo de 2016

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LA LEY Wolters Kluwer

BOLETÍN N.º 8754 4 de mayo de 2016

TRIBUNA

Estatuto procesal de la persona jurídica investigada

Fernando OSUNA MARTÍNEZ-BONÉ.

Becario en Miguel Bajo & Alfonso Trallero Abogados

A través del presente artículo se pretende realizar una visión detallada de la responsabilidad procesal penal que, desde 2010, afecta a las personas jurídicas, así como de las posibles controversias que se pueden suscitar como consecuencia de la misma. Para ello, trataremos de hacer especial hincapié en las sucesivas reformas legislativas, Circulares y pronunciamientos judiciales que han ido operando en España desde la extinción del societas delinquere non potest hasta la fecha.

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DOCTRINA

Algunas consideraciones acerca del Proyecto de Reglamento penitenciario militar de 2015

Felipe RENART GARCÍA.

Profesor Titular de Derecho Penal. Universidad de Alicante

La decidida voluntad del Ministerio del Defensa de que la legislación castrense cuente en breve con un nuevo Reglamento Penitenciario Militar se materializa con la elaboración de un Proyecto de Real Decreto en una coyuntura política marcada por la incertidumbre y en un momento de frenética actividad legislativa que culmina con la aprobación de las Leyes Orgánicas 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal y 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar. Estas circunstancias determinan que, junto a los innegables aciertos que el texto del Proyecto presenta, se constate la existencia de aspectos que requieren ser acomodados a la legislación penal y penitenciaria actualmente vigente.

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LA SENTENCIA DEL DÍA

El TS confirma la atribución de la custodia de los hijos a la madre enferma de Parkinson

Enfermedad en estado leve y controlada que no hace desmerecer a la madre en su potencialidad como educadora de sus hijos. Inexistencia de diálogo entre los cónyuges que impide el régimen de custodia compartida.

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JURISPRUDENCIA

No es lícita la obtención de pruebas mediante la colocación de cámaras de grabación sin informar ni al trabajador ni al comité de empresa

Al ignorar la trabajadora despedida el hecho de que se le grabase mientras cometía conductas infractoras conlleva la nulidad de este medio de prueba, como también la de la declaración del testigo cuyo testimonio se apoyó íntegramente en la revisión que efectuó de las grabaciones de las cámaras.

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Hacer públicos por la empresa los datos personales de los trabajadores accidentados vulnera su derecho a la intimidad

Aunque la publicación del accidente laboral sí que está justificada para evitar futuros accidentes similares, no existe motivo alguno para identificar nominativamente al trabajador accidentado.

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La Audiencia Nacional confirma la sanción tributaria impuesta al Fútbol Club Barcelona por deducirse el IVA en una operación fraudulenta

La relación instrumentada entre el FCB e IMG tan sólo sirve para dar cobertura a los pagos realizados por el Club a IMG, pero en nombre y por cuenta de un jugador, por lo que devolver las cuotas de IVA soportadas, como se pretende, produciría el efecto de que una operación gravada con este impuesto -la prestación de servicios profesionales de representación de un jugador por IMG-, quedase sin tributar IVA, con la consiguiente pérdida para la Hacienda Pública.

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La AN condena al Estado a indemnizar a un ciclista por los perjuicios irrogados por la sanción por dopaje que se le impuso y que después fue anulada en sede judicial

Concurren todos los requisitos exigidos para apreciar la responsabilidad patrimonial del Comité Español de Disciplina Deportiva del Consejo Superior de Deportes. Ha de reputarse antijurídica la resolución por la que se sancionó al corredor por dar positivo en un control antidopaje con la pérdida del título de ganador de la Vuelta Ciclista a España 2005 y la suspensión de 2 años de la licencia federativa, y no ofrece duda que la sanción de suspensión le produjo un daño efectivo, evaluable económicamente, y que existe relación de causalidad entre la sanción y la lesión patrimonial sufrida por el corredor.

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NOTICIAS

La Audiencia de Barcelona absuelve a la cúpula de Spanair al declarar fortuito el concurso

Revoca la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que en 2014 declarabó el concurso culpable

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Orden judicial para bloquear el nuevo dominio de exvagos y goear

Se ordena a los motores de búsqueda Google y Yahoo que supriman de sus resultados las ubicaciones de las páginas, en procedimiento de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en internet.

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Casi todos los Juzgados de lo Mercantil, de Primera Instancia y de lo Social soportan unas cargas de trabajo “inasumibles”

La inmensa mayoría de los Juzgados de lo Mercantil, de Primera Instancia y de lo Social supera en más del 150 por ciento el indicador medio de carga de trabajo de los tribunales españoles. En muchos de estos juzgados cada juez tiene que despachar más de 1.300 asuntos al año.

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Un juez anula una cláusula suelo y obliga a la entidad bancaria a devolver 6.000 euros a un cliente

El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha declarado la nulidad de una cláusula suelo y ha acordado que la entidad bancaria devuelva a un cliente más de 6.000 euros --más intereses y costas-- por las cantidades indebidamente cobradas desde el año 2013 en virtud de la cláusula que ahora se anula.

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El TC admite a trámite varios recursos de inconstitucionalidad contra leyes catalanas y vascas

Carlos Fernández Hernández

El TC ha dictado cuatro providencias por las que admite a trámite sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de la Nación contra tres normas aprobadas recientemente por la Generalidad de Cataluña y otra más del País Vasco.

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LO ÚLTIMO EN EL TRIBUNAL SUPREMO

La policía no puede observar con prismáticos el interior de una vivienda sin autorización judicial

Carlos Fernández Hernández

El TS establece que el hecho de que se dejen abiertas las persianas o las cortinas, no supone una autorización para que se observe el interior del inmueble.

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Los no funcionarios pueden prevaricar o malversar por inducción, según el Supremo

La Sala II reduce de 5 años y medio de prisión a 2 años y 9 meses la condena impuesta al exsenador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) Dimas Martín Martín por los pagos con fondos públicos que se hicieron al exviceconsejero canario de Justicia Francisco José Rodríguez Batllori a cambios de unos supuestos servicios de asesoramiento que en realidad nunca se prestaron.

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AMPARO A UNA DIPUTADA POR SANCIÓN DESPROPORCIONADA

El TC ampara a una diputada que fue expulsada de la Asamblea por llamar “corrupto” al presidente de la Comunidad de Madrid

La sentencia considera que la sanción a la diputada, suspendida también de sus funciones durante un mes, fue "desproporcionada".

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