martes, 28 de febrero de 2017

Especial Diario LA LEY Unión Europea nº 45, febrero 2017

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LA LEY Wolters Kluwer

28 de febrero de 2017

Diario La Ley

NOTA DE LA REDACCIÓN

Especial Diario LA LEY Unión Europea nº 45, febrero 2017

Ya ha terminado el segundo mes del año, y en este especial de la Unión Europea del mes de febrero hay contenidos que no pueden perderse. Desde acertados análisis de la sentencia de TJUE sobre la nulidad de la cláusula suelo, hasta la actualidad de la Unión Europea sobre comunicaciones electrónicas y protección de datos.

TRIBUNA

Un nuevo pronunciamiento sobre la interpretación de la Directiva de cláusulas abusivas. A propósito de la STJUE de 26 de enero de 2017 (Banco Primus)

Ricardo PAZOS CASTRO.

Doctor en Derecho

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza numerosas cuestiones relativas a la Directiva de cláusulas abusivas y su posible oposición a diversas normas de Derecho español. Las cuestiones prejudiciales se refieren a los plazos preclusivos, a las normas sobre cosa juzgada, a las consecuencias de la falta de transparencia de una cláusula relativa al objeto principal del contrato, y a la definición general de abusividad y su aplicación específica a determinadas cláusulas.

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SENTENCIAS SELECCIONADAS

La retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo según el TJUE: luces y sombras. STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15: Gutiérrez Naranjo y otros

Ricardo PAZOS CASTRO.

Doctor en Derecho. Universidad de Santiago de Compostela

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, apartándose de la opinión del Abogado General, ha establecido que se opone a la Directiva sobre cláusulas abusivas una jurisprudencia nacional que limita temporalmente los efectos restitutorios derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula. Todas las cantidades pagadas como consecuencia de la aplicación de esa cláusula deben ser reembolsadas, no sólo aquellas abonadas después de dictarse la sentencia que declaró dicho carácter abusivo.

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Cláusulas suelo: la retroactividad de las declaraciones judiciales de nulidad, por abusivas, de dichas cláusulas al momento de la contratación de los préstamos. (STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15: Gutiérrez Naranjo y otros)

Alberto Javier TAPIA HERMIDA.

Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Complutense de Madrid

La Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 estableció la retroactividad plena de la declaración de nulidad, por abusivas, de las cláusulas suelo insertas en los contratos bancarios de préstamo y crédito con garantía hipotecaria concertados con consumidores celebrados con falta de transparencia material. Esta interpretación contradice la del Tribunal Supremo español que, en sus Sentencias de 2013 y 2015 y en base al principio de seguridad jurídica, aplicó una retroactividad temporalmente limitada. La primacía de la Sentencia del TJUE obliga a las entidades de crédito a restituir a los consumidores afectados las cantidades indebidamente pagadas por estos, sobre la base de tales cláusulas, desde el momento de celebración del contrato cuando la cláusula suelo haya sido incorporada con falta de transparencia material. La eficacia práctica general de la Sentencia del TJUE vendrá encauzada mediante el sistema de reclamación previa extrajudicial instaurado por el Real Decreto-ley 1/2017.

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La discriminación por razón de la edad en el acceso a los cuerpos de policía. (STJUE de 15 de noviembre de 2016, asunto C-258/15: Salaberría Sorondo)

Carmen AGOUÉS MENDIZABAL.

Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad del País Vasco, UPV/EHU)

En la sentencia de 15 de noviembre de 2016 el TJUE declara que el límite de edad de 35 años para el acceso a la Escala Básica de la Policía de la Comunidad Autónoma vasca (Ertzaintza) puede estar justificado en atención a los criterios estructurales o de carrera del propio Cuerpo de policía. El objetivo de mantener el carácter operativo y el buen funcionamiento del servicio de policía exige que la posesión de las capacidades físicas específicas no deba entenderse de manera estática sino teniendo en cuenta los años de servicio que prestará el agente después de ser seleccionado.

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Exigencias de contenido de la petición de cuestión prejudicial y normas procesales nacionales: preservando el diálogo judicial. (STJUE de 5 de julio de 2016, Asunto C-614/14, Ognyanov)

Pilar CONCELLÓN FERNÁNDEZ.

Investigadora Predoctoral Contratada

El Tribunal de Justicia vuelve a recordar que para asegurar la eficacia del procedimiento prejudicial, es imprescindible que los Jueces y Tribunales nacionales definan al menos el contexto fáctico y el régimen normativo en que se inscriben las cuestiones que le plantean. En consecuencia, una norma nacional que obliga a la formación de un órgano jurisdiccional a inhibirse por el hecho de haber expresado en su petición de decisión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia un punto de vista provisional, en la medida en que expuso los antecedentes de hecho y de derecho del asunto controvertido en el litigio principal, deberá ser inaplicada. El TJ señala también que las exigencias de contenido de la decisión de remisión prejudicial no vulneran el derecho de acceso a un tribunal imparcial ni el derecho a la presunción de inocencia.

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JURISPRUDENCIA

Los Jueces y Tribunales nacionales que soliciten una cuestión prejudicial deben precisar al menos contexto fáctico y el régimen normativo de dicha cuestión

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no exige ni prohíbe que el órgano jurisdiccional remitente, tras dictarse la sentencia con carácter prejudicial, dé nueva audiencia a las partes o adopte nuevas diligencias de prueba que puedan llevar a modificar las apreciaciones fácticas y jurídicas que hizo en la petición de decisión prejudicial, siempre que ese órgano jurisdiccional dé plena eficacia a la interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho Derecho se opone a que un órgano jurisdiccional remitente aplique una norma nacional considerada contraria a ese Derecho.

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Obligación de incluir en la orden de detención europea información relativa a la existencia de una orden de detención

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «orden de detención» que figura en la art. 8, apartado 1, letra c), de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros designa una orden de detención nacional distinta de la orden de detención europea. Cuando una orden de detención europea, que se basa en la existencia de una «orden de detención» a efectos de dicha disposición, no menciona la existencia de una orden de detención nacional, la autoridad judicial de ejecución no podrá darle curso si, habida cuenta de la información facilitada, así como de todos los demás datos de que disponga, dicha autoridad comprueba que la orden de detención europea no es válida por haber sido emitida sin que se hubiera dictado efectivamente una orden nacional distinta de la orden de detención europea.

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Orden de detención europea: asignación de residencia acompañada de la obligación de llevar una pulsera de vigilancia electrónica

El Estado miembro que ha emitido una orden de detención europea tiene la obligación de examinar, a los efectos de deducir el período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución, si las medidas adoptadas con respecto a la persona interesada en este último Estado tienen un efecto privativo de libertad No tiene tal efecto, en principio, una asignación de residencia de nueve horas diarias acompañada de una vigilancia mediante pulsera electrónica.

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Orden de detención nacional emitida por un servicio de policía y ratificada por un fiscal a efectos del ejercicio de una acción penal

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que constituye una «resolución judicial», a efectos de dicha disposición, una ratificación, como la controvertida en el asunto principal, por el Ministerio Fiscal, de una orden de detención nacional emitida anteriormente, con el fin de ejercitar una acción penal, por un servicio de policía.

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Puede denegarse una solicitud de asilo cuando el solicitante haya participado en las actividades de una red terrorista

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ACTUALIDAD UE

La Comisión demanda a España ante el Tribunal Justicia por no recuperar ayudas incompatibles de los operadores de televisión digital terrestre y no suspender sus pagos

La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE el 10 de enero de 2017 por no recuperar ayudas estatales incompatibles dedicadas a subvencionar la digitalización de su red de televisión y no suspender todos los pagos en curso para su explotación y mantenimiento.

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La Comisión propone estrictas normas de privacidad para todas las comunicaciones electrónicas y actualiza las normas sobre protección de datos para las instituciones de la UE

La Comisión ha propuesto el 10 de enero de 2017 una nueva normativa para lograr una mayor privacidad en las comunicaciones electrónicas, abriendo al mismo tiempo nuevas oportunidades comerciales. La legislación europea sobre protección de datos adoptada en 2016 había establecido normas estrictas en beneficio de los ciudadanos y las empresas de la UE. Siguiendo esta tónica, las medidas propuestas pretenden facilitar el intercambio internacional de datos en la economía digital mundial y promover unas normas estrictas de protección de datos en todo el mundo.

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Un juez de Pamplona plantea una cuestión prejudicial al TJUE sobre la expulsión de un extranjero condenado judicialmente

El Juzgado de lo Contencioso administrativo de Pamplona ha suscitado una cuestión prejudicial ante el TJUE respecto de la expulsión de un ciudadano extranjero, residente de larga duración, del territorio español al haber sido condenado a pena privativa de libertad superior a un año. Dicho Juzgado suscita la conformidad o disconformidad a Derecho de la decisión administrativa de expulsión y la posibilidad de una valoración personalizada del residente de larga duración antes de acordar su expulsión, que no se respeta al acordarse automáticamente la expulsión en los casos de condena a más de un año de prisión.

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El Abogado General Szpunar considera que el Reino Unido y Gibraltar son un solo Estado miembro a efectos de la libre prestación de servicios

Para el Abogado General la aplicación del Derecho de la Unión a Gibraltar no crea derechos o derechos complementarios entre el Reino Unido y Gibraltar que se añadan a los que dimanan del Derecho constitucional del Reino Unido y el Derecho constitucional de Gibraltar. En consecuencia, no hay ninguna posibilidad más: a efectos de la libre prestación de servicios, Gibraltar y el Reino Unido son un solo Estado miembro.

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Vuelta a Schengen: La Comisión propone que el Consejo permita a los Estados miembros mantener controles temporales durante otros tres meses

La Comisión Europea ha adoptado el 25 de enero de 2017 una Propuesta de Decisión de ejecución del Consejo que recogerá una recomendación para la prolongación de los controles en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales temporal poniendo el funcionamiento general de la zona Schengen en riesgo. Su objetivo es permitir a los Estados miembros mantener los controles temporales que se aplican actualmente en determinadas fronteras interiores de Schengen en Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia y Noruega durante un nuevo período de tres meses.

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Reforma del Reglamento Bruselas II bis

El 26 de febrero de 2017 se ha publicado el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores. La ponente del mismo ha sido Christian Bäumler.

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NOTICIAS

Hacienda modificará la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional

La modificación del impuesto afectará a la financiación local, dado que se trata de un impuesto municipal, en un momento en el que el Gobierno prepara una reforma de dicha financiación, para lo que ha creado un grupo de expertos.

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Los estibadores ratifican la huelga a partir del 6 de marzo tras la aprobación de la reforma

Expresan su "absoluto y enérgico" rechazo al Real Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros. Consideran que se trata de "la única medida de presión" que les queda a los trabajadores del ramo.

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Los ópticos piden un plan para regularizar el IVA sobre montura de gafas y limitan a 12 millones el impacto

Tras el cambio de criterio de la DGT en el IVA de las monturas de gafas, las dos vías para poder regularizar pasan por la realización de autoliquidaciones complementarias, con recargos de extemporaneaidad de hasta el 20%, o por error de derecho, de forma que se recojan los dos ejercicios en una declaración, argumentando dudas interpretativas, opción que podría acarrear sanciones de hasta un 50% e intereses de demora.

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'Maratón' de juicios en la AN contra internautas por enaltecer el terrorismo en Twitter, Facebook y Youtube

La Audiencia Nacional celebrará a lo largo de la próxima semana, entre el lunes y el jueves, un 'maratón' de juicios por enaltecimiento del terrorismo que sienta en el banquillo a otros tantos internautas que ensalzaron y justificaron en Twitter y en Youtube las acciones terroristas de ETA y GRAPO. La Fiscalía pide para los siete acusados penas que oscilan entre uno y dos años y medio de prisión.

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La Audiencia de Valencia suspende la pena de prisión al exsecretario de Canet hasta que el Gobierno responda a su petición de indulto

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado la suspensión la ejecución de la pena de prisión impuesta al exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, hasta que el Gobierno resuelva la petición de indulto planteada por el condenado.

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