Jurisprudencia constitucional del concepto «perspectiva de género»; la autoridad en los centros penitenciarios;

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 16 de mayo de 2024
Podcast Noticias LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica Noticias LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica. Debates laleydigital DEBATES laleydigital La odisea de recuperar los ingresos realizados en pago de tributos declarados inconstitucionales (STC 11/2024) Encuentro online, exclusivo para clientes de laleydigital y Diario LA LEY, que tendrá lugar el próximo 22 de mayo y en el que se abordarán las cuestiones prácticas derivadas de la STC 11/2024, de 18 de enero. Opinión Doctrina Comulgar con ruedas de molino : la perspectiva de género no es ideología según el Tribunal Constitucional Ignacio Álvarez Rodríguez(1) Profesor de Derecho Constitucional, UCM Se analiza la más reciente jurisprudencia constitucional del concepto «perspectiva de género». A tal fin expondremos con el debido detalle lo acaecido en el caso resuelto por la STC 34/2023, para hacer lo propio posteriormente con el asunto decidido por la STC 44/2023. La perspectiva de género cobra cierta importancia en el razonamiento de recientes sentencias constitucionales. Tales resoluciones manejan generosamente un concepto que nada tiene de claro ni de cierto. Un concepto que proviene de una ideología tan marcada como el feminismo resulta, tamizado por el parecer de la mayoría del TC, una metodología y no una ideología; una metodología más que «enseña igualdad» pero no adoctrina; en definitiva, una forma de exigir respeto a los principios valores constitucionales que posibilitan nuestra convivencia, nada que ver con inculcar a niños y mayores un credo que se está convirtiendo en religión. Tribuna De la conciliación a la corresponsabilidad: el ineludible cambio de paradigma Laura Cristina Morell Aldana Magistrada JAT del TSJ de la Comunidad Valenciana La evolución en España desde las medidas feminizadas, a las medidas de conciliación hasta finalmente alcanzar las nuevas medidas de corresponsabilidad, se encuentra ligada de forma insoslayable al marco normativo europeo. La Directiva 2019/1158 es una excelente muestra de la medidas de corresponsabilidad, medidas que apuestan decididamente por la superación de los roles de género en materia de cuidado. Cabe preguntarse si la trasposición de la Directiva 2019/1158 al ordenamiento jurídico español ha sido efectiva; pero podemos formularnos una pregunta más profunda, que es sí la sociedad española será capaz de asumir la corresponsabilidad solo por un impulso legislativo o vamos a necesitar medidas coadyuvantes, mucho más costosas económicamente. Tribuna La autoridad en los centros penitenciarios Serafín S Fernández Pérez Jurista de IIPP Se analiza el reconocimiento formal, a través de la Ley orgánica general penitenciaria, de la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones y que tiene como efecto más importante declarar una realidad preexistente. Es decir, la aprobación de esta modificación no constituye nada nuevo, sino que reconoce una realidad previa, de hecho, las propuestas no otorgan a los cuerpos de funcionarios de prisiones ninguna atribución y/o potestad nueva. Esta condición de agente de la autoridad, una vez reconocida formalmente, si tiene como efecto aumentar el grado de responsabilidad del funcionario que lo emite, en cuanto a la veracidad de los hechos recogidos en el informe, denuncia o acta pública que emita. Tribuna Percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas: doctrina jurisprudencial relativa a la Ley 57/1968, de 27 de julio Augusto Hernández Manzanares Juez sustituto adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Este artículo trata de analizar cuestiones básicas relativas a la ya derogada Ley 57/1968, de 27 de julio sobre los anticipos en la construcción de viviendas responsabilidad del avalista y enriquecimiento injusto. Dicha Ley vino a establecer un régimen especial de protección de los compradores de viviendas en régimen de cooperativa, en relación con las cantidades anticipadas como parte del precio. La entidad avalista tiene que hacer frente a la devolución de lo anticipado. Así las cosas, el presente trabajo selecciona y analiza algunas de las cuestiones más sugestivas que trata la jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando se enfrenta a casos en los que es menester aplicar la Ley 57/1968. La sentencia del día El TJUE acepta que la prescripción de la acción de reclamación de gastos hipotecarios comience el día que adquirió firmeza la sentencia que declaró el carácter abusivo de la cláusula de gastos En cambio, se opone a que el plazo se compute desde la fecha en la que el Tribunal Supremo, en otros asuntos, dictó una serie de sentencias en las que declaró abusivas ciertas cláusulas tipo que se corresponden con la cláusula de gastos en cuestión, o desde la fecha de determinadas sentencias del TJUE que confirmaron que, en principio, los plazos de prescripción para las acciones de restitución son conformes con el Derecho de la Unión, siempre que respeten los principios de equivalencia y de efectividad. Sentencias y resoluciones Análisis por el TS de un peculiar caso de compensación de deudas realizada por la concursada, cuya rescisión rechaza Aunque formalmente se pide la rescisión de una compensación, no ha existido propiamente una compensación merced a la cual la concursada hubiera dispuesto de un derecho de contenido patrimonial frente a la demandada (su administradora), razón por la que no resulta de aplicación el art. 71.3.1º LC 2003. Sanción de 850.000 euros a EDP Energía por vulneración de la normativa de protección de datos Por falta de implantación de un procedimiento para acreditar la representación de quien efectúa una contratación en nombre de un tercero y por vulneración del principio de transparencia sobre la información que debe facilitarse cuando los datos se recaban del propio interesado. Violación de la integridad física del empleado al que no se le evaluó tras un largo periodo de baja médica Se anula la sanción impuesta por el jefe que le achacaba que no realizase cierto tipo de tareas excusándose en su estado de salud. La concesión del BEPI al deudor hipotecario no justifica la cancelación registral de la hipoteca El Texto Refundido de la Ley Concursal no contiene referencia alguna a los efectos del BEPI respecto del hipotecante no deudor o el tercer poseedor de la finca hipotecada. Una extensión del beneficio al hipotecante no deudor sería ajena a la finalidad de la norma. Tanto antes como después de la reforma concursal, el acreedor mantiene, pese al reconocimiento del BEPI, su facultad de dirigirse contra los garantes, sean personales o reales. Tampoco la normativa hipotecaria permitiría cancelar la inscripción del derecho real de hipoteca con base en la instancia privada presentada. Fiscalía General Del Estado Circular 1/2024 sobre algunas cuestiones relacionadas con la utilización fraudulenta de instrumentos de pago distintos del efectivo La FGE debate sobre el criterio a seguir en la interpretación de las distintas modalidades de estafa del articulo 249 CP tras la última reforma operada en 2022, de transposición de directivas europeas. Doctrina Administrativa La DGT insiste en que solo son embargables los créditos devengados cuyo período de pago no haya vencido El crédito queda afecto a la deuda hasta el vencimiento, momento en el que el obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro la cantidad correspondiente. Deducibilidad en IRPF por la adquisición de un vehículo eléctrico y la instalación del punto de recarga en ejercicios impositivos distintos La norma exige que la primera matriculación del vehículo eléctrico se haga a nombre del adquirente, por lo que, no se podrá aplicar la deducción en los supuestos en los que primero se matricule a nombre del concesionario. Hoy es Noticia TSJPV declara nulo el despido de un trabajador tras dos años de baja y obliga a la empresa a cambiarle de puesto La sentencia obliga a la empresa a readmitir al operario y a indemnizarle con 12.000 euros en aplicación del fallo del TJUE. El Gobierno eleva en 1.000 euros las ayudas del 'Kit Digital' para autónomos y microempresas Se incluye a las medianas empresas, que podrán pedir bonos de entre 25.000 y 29.000 euros, y permite la adquisición de ordenadores Los Registros de la Propiedad y Mercantiles impulsan una nueva sede electrónica, con servicios al ciudadano Entre los nuevos servicios registrales destaca el 'Cómo va lo mío', que permitirá consultas en torno a la situación de procedimientos. Rincón de Lectura TODO Contratación Laboral ¡Ya disponible la nueva edición 2024! Elige el contrato de trabajo que más se ajuste a las necesidades de tu empresa. Obra coordinada por Eduardo Ortega Figueiral, de la que también es autor junto con: Esther Vicente García, Jorge Barbat Soler y Raül Sala Cuberta, abogados de ORTEGA-CONDOMINES.

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