Especial Diario La Ley Verano: Todo Administrativo y Fiscal

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 19 de agosto de 2024
Podcast Diario LA LEY en período vacacional (IV) En esta semana, del 19 al 25 de agosto publicaremos una selección de lo mas destacado en materia Administrativa y Fiscal. Nota de la Redacción Edición especial del Diario LA LEY en período vacacional: esta semana, todo ADMINISTRATIVO Y FISCAL Ya es agosto, momento en que muchos profesionales jurídicos toman unas merecidas vacaciones. Durante estas semanas, el Diario La Ley ha preparado ediciones semanales, temáticas, con lo más destacado que ha ido publicándose en la revista en lo que llevamos de año. Si no tuvo tiempo de leer aquello que le interesaba, ahora es el momento. Les recordamos que durante este mes las Newsletters serán semanales, y no diarias como es habitual. Por otra parte, se suspenden los podcast de noticias diarias, que se retomarán en septiembre. Inteligencia artificial Algunos claroscuros en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial Moisés Barrio Andrés Letrado del Consejo de Estado. Profesor de Derecho digital El RIA es una norma muy enrevesada y con evidentes problemas de calidad normativa. Aunque muchas de las críticas están justificadas, no deben olvidarse los numerosos beneficios que la legislación recién aprobada pretende aportar para la integración europea. La seguridad de cara al futuro consiste en una legislación que sea eficaz y se adapte a pesar de los cambios jurídicos, sociales y técnicos que se produzcan con el tiempo. Caso Bosco, a la tercera tampoco va la vencida. Mal camino en el acceso los algoritmos públicos Lorenzo Cotino Hueso(1) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Valgrai Se aborda la transparencia y el acceso a algoritmos públicos en España con motivo de la tercera ocasión en la que se deniega a la Fundación Civio el acceso al código fuente en el caso Bosco. La sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de abril es analizada y criticada por su mejorable calidad. La seguridad informática —travestida de propiedad intelectual— se impone a la transparencia y no se argumenta suficientemente la conexión de la transparencia con las garantías de los administrados. Es por ello que aboga por una regulación de la materia y la necesidad de registros públicos de algoritmos y medidas concretas. De la digitalización a la inteligencia artificial: actividad administrativa, logaritmos y derechos Olaya Godoy(*) Profª Ayudante Dr. de Derecho constitucional Se analiza la revolución digital que es irreversible e incontestable y, aunque no está exenta de riesgos, debe considerarse como una herramienta útil para fortalecer el Estado de Derecho. En esta línea, la aplicación de sistemas de IA en el ámbito de la Administración Pública ha de interpretarse en clave positiva, por las innumerables ventajas que reporta a la calidad de los servicios públicos en términos de eficacia y eficiencia. El reto que plantean no debe afrontarse desde la exclusión de su uso, sino desde la implementación de mayores y mejores mecanismos de seguridad para garantizar una protección efectiva de derechos fundamentales. Extranjería y Asilo La UE establece normas uniformes para los criterios relativos a la concesión de protección internacional en materia de asilo La UE con el llamado Reglamento de Reconocimiento establece normas reglamentarias que garanticen una armonización y mayor convergencia en las decisiones en materia de asilo y protección internacional para ofrecer un mayor grado de seguridad jurídica y transparencia. Su principal objetivo es asegurar que los Estados miembros apliquen criterios comunes para la identificación de personas auténticamente necesitadas de protección internacional y, asegurar que los beneficiarios de tal protección disponen de un conjunto común de derechos en todos los Estados miembros, así mismo debería contribuir a reducir los desplazamientos secundarios dentro Unión Europea. La UE establece un sistema más equitativo de reparto de responsabilidades entre los Estados miembros ante las crisis migratorias La Unión Europea, mediante el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración, ha reaccionado ante la carga que las crisis migratorias suponen para los Estados miembros situados en primera línea y ha establecido un nuevo mecanismo de solidaridad. Se determina qué Estado miembro es responsable del examen de las solicitudes de protección internacional, lo que contribuirá a crear un sistema más equitativo de reparto de responsabilidades. Asimismo se incluyen medidas para evitar abusos por los solicitantes de asilo y desplazamientos secundarios. Serán los Estados miembros los que deben poner en marcha medidas nacionales para asegurarse de que son capaces de gestionar un sistema efectivo de asilo y migración que respete el Derecho de la UE. ¿Agravantes, atenuantes y eximentes en la determinación de la sanción por estancia irregular del extranjero en el pais?: ¿crimigración? José M.ª Pey González Letrado del Iltre. Colegio de la Abogacía de Bizkaia y del Servicio de Inmigración del Ayuntamiento de Barakaldo Análisis de las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo respecto a la infracción grave recogida en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social y la sanción que le corresponde, sin olvidar los doce pronunciamientos del 2023 del Tribunal Constitucional sobre el particular. La motivación e introducción de hechos nuevos en la resolución sancionadora: procedimientos de expulsión Guillermo Ramírez Fernández Teniente Auditor del Cuerpo Jurídico Militar No deja de ser frecuente que, en la resolución y revisión de procedimientos de expulsión del territorio nacional incoados contra ciudadanos extranjeros irregulares, se planteen problemáticas en torno a la incorporación ex novo de hechos que pudieran agravar y justificar la decisión más onerosa posible. Para salvaguardar los derechos constitucionales de que son titulares los extranjeros, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han sentado sólidos —y, en algún caso, discordantes— criterios alrededor de esta cuestión. Funcionarios y Empleados Públicos Aprobado el Protocolo frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado (RD 247/2024, de 8 de marzo; BOE 28 de marzo) El objetivo general del protocolo, de aplicación a todo el personal de la Administración General del Estado, es el de evitar las posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en dicha administración y en los organismos vinculados o dependientes de la misma, y afrontarlas de manera efectiva en caso de que éstas lleguen a producirse. El teletrabajo en la Administración General del Estado: proceso (inacabado) de consolidación normativa y aplicación práctica Eugenio Arribas López Doctor en Derecho. Diplomado Superior en Criminología Se expone en este artículo, de una parte, el proceso de consolidación normativa, todavía inacabado, del teletrabajo en la Administración General del Estado, que, más allá de experiencias anteriores casi anecdóticas, ha tomado carta de naturaleza a partir de la pandemia del COVID-19; de otra, se examina el Plan de Trabajo a Distancia, a través del teletrabajo, de un sector administrativo, para, finalmente, exponer las ventajas de esa modalidad de prestación del servicio en alternancia con la presencial. Interinos: la conversión en contratos indefinidos puede constituir una medida adecuada para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad si no implica interpretación del derecho nacional contrario a la ley Sentencia en dos asuntos prejudiciales españoles sobre interinos. Los litigios nacionales oponen a tres trabajadoras con la Dirección General de la Función Pública, adscrita al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya (asunto C 331/22) y al Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya (asunto C 332/22), en relación con la calificación de la relación de trabajo que vincula a las interesadas con la administración pública correspondiente. Procedimiento Administrativo Deber del instructor de comunicar a los interesados las pruebas admitidas en un procedimiento sancionador Fija el Alto Tribunal doctrina indicando que al afectado por un procedimiento sancionador se le debe comunicar con antelación suficiente el comienzo de la realización de las pruebas admitidas, debiendo comprender dicha comunicación la indicación del lugar, fecha y hora en que se practicará, así como la información de que puede nombrar técnicos que le asistan. La revisión de oficio de los actos nulos: límites en la STS de 29 de noviembre de 2023 Alberto Palomar Olmeda Profesor Titular (Acred) de Derecho Administrativo Se plantea en el presente recurso y en el comentario de la STS la configuración de la facultad de Administración en orden a la revisión de oficio de sus actos cuando los mismos puedan estar incurso en un supuesto de nulidad de pleno derecho como en el presente era el de la discriminación y la afección del derecho a la igualdad entre los empleados públicos. La consideración más importante, en orden a la naturaleza de la facultad, es la configuración de la revisión de oficio de una obligación inherente a la consideración de que existe una infracción en los términos que se ha apuntado y la consiguiente indicación de que la existencia de un acto consentido —en este caso de sentido negativo— no enerva sino que justifica la utilización de aquella facultad. La limitación de la potestad de embargo de las Entidades Locales: la STS de 22 de enero de 2024 Alberto Palomar Olmeda Profesor Titular (Acre) de Derecho Administrativo. Magistrado de lo contencioso-administrativo (EV). Abogado. Socio de Broseta El comentario de la STS que se realiza en el presente trabajo tiene por objeto zanjar algunos pronunciamientos previos y señalar los límites de la ejecutoriedad de los actos administrativos en el marco de las obligaciones locales cuando dicha ejecutoriedad tiene como consecuencia la traba de bienes que se encuentran fuera del territorio que se corresponde con la Entidad Local correspondiente. La doctrina final consiste en indicar que los límites territoriales operan como delimitadores del ámbito natural de actuación y que las actuaciones de esta índole que se realizan fuera de aquel lo deben ser en el marco de las relaciones interadministrativas. El silencio administrativo. La patología de una Administración ineficaz Elena Navarro Rodríguez Abogada, especializada en Derecho Fiscal El presente estudio analiza los supuestos de inactividad de la Administración en general que aunque debiera resolver en plazo por imperativo legal no siempre es así, de ahí a que se haya convertido en una práctica habitual el incumplimiento generalizado de la obligación de resolver y notificar dentro del plazo máximo establecido, lo que supone una gran inseguridad jurídica y la quiebra de los intereses económicos de los ciudadanos que lo que buscan con el inicio de procedimientos con la Administración, son resoluciones ágiles y motivadas en los plazos establecidos. El derecho al procedimiento administrativo debido y el respeto al principio de imparcialidad en el nombramiento de expertos Jorge Murillo Ballell Abogado En el seno del procedimiento centralizado de evaluación de la autorización de comercialización del medicamento «Hopveus», instando frente a la Agencia Europea del Medicamento («EMA»(*)) por la compañía farmacéutica D&A Pharma, el Comité de Medicamentos de Uso Humano («CHMP(**) o el Comité») de la EMA resolvió desfavorablemente por medio de Informe inicial. Ante el posterior procedimiento de reexamen del Informe inicial instado por D&A Pharma, donde esta última había solicitado la convocatoria del Grupo Científico Consultivo («GCC») de psiquiatría para que participara en el asesoramiento científico-técnico al CHMP, el Comité optó por no atender dicha petición y nombró en su lugar —para tal función consultiva— a un grupo de expertos ad hoc, donde dos de los expertos (Expertos A y B) habían declarado intereses contrapuestos que podían llegar a cuestionar su imparcialidad, aflorando un potencial conflicto de intereses. Procedimiento Económico-Administrativo El «derecho al error» en el ámbito tributario y su posible alcance en el delito fiscal Sofía Parada Cano-Lasso Asociada Oliva-Ayala Abogados Se analiza, a raiz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de noviembre de 2023, el «derecho al error» y su incorporación al ordenamiento tributario español, cuyo debate está ayudando a provocar un cambio de percepción y está obligando a revisar la relación entre la administración y el contribuyente. El derecho a la tutela judicial efectiva del contribuyente Alexandra Zulaika Grau Abogada El Tribunal Supremo modifica su doctrina y establece que cuando no se ha obtenido un incremento en el valor de la propiedad, la plusvalía municipal se debe devolver. Incluso en actos firmes, pues al no existir una limitación de efectos en la declaración de inconstitucionalidad precedente, las liquidaciones ya firmes son nulas de pleno derecho y producen además, una lesión efectiva del principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad. La solicitud por Hacienda de un dictamen pericial inicia el procedimiento de comprobación de valores El TEAC otorga a la solicitud de los informes de valoración de las fincas, efectuada por la Administración Tributaria, carácter iniciador del procedimiento de comprobación limitada en cuyo seno se efectúa la actuación de comprobación de valores, y atendida la fecha de tales informes, declara, en el caso examinado,  la caducidad del procedimiento de gestión tributaria desarrollado para la regularización del tributo, y que todas las actuaciones producidas en el curso del mismo pierden su virtualidad interruptiva del plazo prescrito. La DGT insiste en que solo son embargables los créditos devengados cuyo período de pago no haya vencido El crédito queda afecto a la deuda hasta el vencimiento, momento en el que el obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro la cantidad correspondiente. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas El TEAC posibilita la deducción por vivienda habitual para quienes pese a adquirir el inmueble antes del 2013 no consignaron de forma justificada la deducción antes del citado ejercicio El Órgano económico-administrativo se inclina por una interpretación que resulte más favorable de cara al reconocimiento de la deducción y delimita los supuestos en que puede ser aplicada tomando como base la reciente doctrina del Tribunal Supremo que posibilita que los contribuyentes puedan aplicar la deducción en 2013 y siguientes ejercicios  en función de las circunstancias concretas de cada caso atendiendo al porqué de la incorrección de haber omitido las rentas de que se trate, siendo suya, la carga de acreditar en qué consistió la incorrección cometida y que fueron razonables y aceptables las razones que le llevaron a la misma. La víctima de una estafa bancaria (phishing) puede declarar lo sustraído como pérdida patrimonial en IRPF El importe objeto del engaño o estafa sufrido es una pérdida patrimonial, que responde al concepto que de estas variaciones recoge el apartado 1 del artículo 33 LIRPF, debiendo el declarante justificar a través de los medios de prueba admitidos en Derecho su existencia. Deben presentar complementarias quienes perciban atrasos por el complemento de maternidad por brecha de género Al percibirse los atrasos en un periodo posterior al de su exigibilidad, deberán imputarse en cada ejercicio económico, por lo que el contribuyente deberá presentar las correspondientes autoliquidaciones complementarias. Cálculo de la ganancia patrimonial a efectos de IRPF que pueda generarse en la transmisión de un inmueble arrendado durante años A efectos del cálculo de la ganancia patrimonial que pueda generarse en la transmisión del inmueble, en la determinación del valor de adquisición el consultante deberá minorar el importe de las amortizaciones fiscalmente deducibles (durante el periodo de arrendamiento), con independencia de que las haya practicado o no. Y dado que el coste de adquisición satisfecho ha sido siempre superior al valor catastral, será sobre dicho coste sobre el que se aplicará el mencionado porcentaje. El abandono forzoso de la vivienda familiar de un divorciado no le impide aplicar la exención por reinversión cuando una vez recuperada procede a su venta Suscribe la Dirección General de Tributos la reciente doctrina del Tribunal Supremo que permite en situaciones de separación, divorcio o nulidad del matrimonio que hubieren determinado el cese de la ocupación efectiva como vivienda habitual para el cónyuge que ha de abandonar el domicilio habitual por tales causas, entender cumplido el requisito de ocupación efectiva de la vivienda habitual en el momento de la transmisión o en cualquier día de los dos años anteriores a la misma, (apdo. 3 del art. 41 bis del RLIRPF) cuando tal situación concurra en el otro cónyuge que permaneció en la misma. El empleador no puede repercutir a los trabajadores las cantidades que le reclama Hacienda por retenciones no practicadas El incumplimiento de la obligación de practicar retención o la retención por importe inferior al debido no eximen al empleador de efectuar el ingreso en el Tesoro; por su parte, el empleado deducirá de la cuota la cantidad que debió ser retenida. Sociedades, Sucesiones, IBI, Hidrocarburos Es posible deducir en el Impuesto sobre Sociedades las retribuciones de los administradores pese a su no previsión como gasto en los estatutos sociales La falta de la previsión estatutaria no puede comportar, sin más, la negación de una realidad jurídica y material. Las previsiones en las normas mercantiles, no comportan una presunción iuris et de iure que trasciende al ámbito fiscal, cuando se acredita, como es el caso, que sí existe onerosidad, porque los salarios percibidos por los miembros del Consejo de administración, responden a los servicios prestados a la entidad para obtención de ingresos, desaparece el carácter de gratuidad de las mismos, y  pueden considerarse gastos susceptibles de deducción. Un litigio civil sobre la herencia es causa de suspensión del procedimiento recaudatorio por falta de pago del Impuesto de Sucesiones Conforme al apartado 4 del artículo 69 RISD pareciera que a priori, no es posible suspender el procedimiento de recaudación cuando el procedimiento civil de testamentaría se inicia con posterioridad a la presentación de la autoliquidación, pero el Supremo interpreta que es tan marcada la casuística que puede darse en cuanto a los efectos que debe atribuirse al litigio de testamentaría con relación a la liquidación y recaudación del impuesto de sucesiones, que no cabe cerrar automáticamente la vía a la posibilidad de la suspensión. La aplicación de la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica definida por el RDL 4/2023, incluye al País Vasco Real Decreto ley indicado adopta medidas de apoyo a los titulares de explotaciones agrarias cuya situación en 2023 se haya visto agravada por el contexto climatológico de sequía y elevadas temperaturas, a las que se ha sumado la grave situación generada por la guerra de Ucrania. El TJUE expulsa al tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos del marco comunitario Ninguna de las excepciones previstas por la Directiva 2003/96 autoriza expresamente al Reino de España a aplicar, para un mismo producto y un mismo uso, tipos del impuesto especial diferenciados según las comunidades autónomas en las que se consuman dichos productos; como tampoco obtuvo España, a diferencia de Francia o Italia, niveles reducidos de imposición o exenciones en determinadas de sus regiones designadas. Medio Ambiente Aragón crea dos nuevos impuestos medioambientales para reparar los déficits ambientales causados por las instalaciones eólicas y fotovoltaicas Los Impuestos Medioambientales tienen como finalidad gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta, como riqueza real o potencial susceptible de imposición, en la incidencia que tienen en el medio ambiente determinadas conductas, actividades e instalaciones, que se realizan o desarrollan mediante la explotación selectiva de los recursos naturales y que provocan una incidencia en el medio natural, territorial y paisajístico. El Tribunal de Estrasburgo crea un nuevo derecho fundamental a la protección efectiva frente al cambio climático que abre la vía de recurso ante el Tribunal Constitucional Blanca Lozano Cutanda Catedrática de Derecho Administrativo Una reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 9 de abril del 2024 ha alumbrado un nuevo derecho fundamental de las personas a gozar de una protección efectiva por parte de las autoridades frente a los efectos adversos del cambio climático. Decálogo europeo del consumo sostenible y de la batalla contra el greenwashing Alberto J. Tapia Hermida Catedrático de Derecho Mercantil. UCM Este artículo expone, en forma de decálogo, los principios de la reforma de la normativa europea sobre la sostenibilidad transparente y la batalla contra el blanqueo ecológico mediante la Directiva (UE) 2024/825 sobre la base del estudio de «La sostenibilidad transparente y la batalla europea contra el blanqueo ecológico. Breve comentario de la Directiva 2024/825» que se publicará, D.m., en el número de mayo de LA LEY Unión Europea Rincón de Lectura El nuevo orden contencioso-administrativo: jurisdicción y procedimiento (Redacción LA LEY) La obra aborda los diversos procedimientos en la jurisdicción contencioso-administrativa, incluyendo el proceso ordinario, abreviado y especiales, actualizados conforme a la reforma de eficiencia procesal (RD-L 6/2023). Con esquemas y formularios La tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido (Isaac Merino Jara) Una visión rigurosa y actual del Impuesto sobre el Valor Añadido, escrita por expertos en la materia, con los últimos cambios acaecidos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea y del Tribunal Supremo más actual. 77 aspectos esenciales del proceso contencioso-administrativo Se analizan los aspectos procesales más candentes que deciden los litigios, según criterio y aportación de los jueces de lo contencioso. Guía completa y actualizada de los factores esenciales del proceso.

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