viernes, 19 de junio de 2026

Especial LA LEY Derecho Digital e Innovación, nº 28

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19 de junio de 2026

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Noticias Aranzadi LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica

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#MujeresPorDerecho

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«Mujeres por Derecho» impulsa una revolución ética por la igualdad en la era de la inteligencia artificial

Bajo la Presidencia de honor por S.M. la Reina Letizia, Fundación Aranzadi LA LEY reunió a referentes del ámbito jurídico, empresarial e institucional para debatir sobre igualdad, liderazgo femenino e inteligencia artificial.

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Especial LA LEY Derecho Digital e Innovación, nº 28

Sumario de la Revista

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LA LEY Derecho Digital e Innovación nº 28

El Diario LA LEY les ofrece hoy el Especial Derecho Digital e Innovación, una Revista on line, dedicada al análisis, el estudio y la reflexión sobre los temas más actuales de la relación entre el Derecho y la tecnología, con un carácter transversal, global y especializado. El presente número está dedicado, principalmente, al quinto aniversario de la Carta de Derechos Digitales de España.

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Editorial

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Quinto aniversario de la Carta de Derechos digitales de España

La Carta de Derechos Digitales se enmarcó hace cinco años en la planificación estratégica de España en materia de transformación digital, lo que supuso un nuevo modo de concebir el tratamiento jurídico de la transformación digital y plasmó el compromiso gubernamental de que, en la construcción de una política pública dirigida a operar una transformación profunda del país, se fijaban los derechos digitales como clave de bóveda del conjunto del Plan. En su quinto aniversario, dedicamos este número a abordar las principales cuestiones jurídicas de actualidad que se plantean.

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Carta de Derechos Digitales

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El impacto de la Carta de Derechos Digitales en el sistema jurídico español

José Luis Piñar Mañas

Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad San Pablo CEU

Patricia Clemente Moreno

Investigadora en formación del Programa de Derecho y Economía de la Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO, Universidad San Pablo CEU)

La Carta de Derechos Digitales española constituye uno de los instrumentos más relevantes de ordenación y orientación de criterios para el entorno digital en España, pese a carecer de eficacia normativa directa. Su función no consiste en crear ex novo un catálogo cerrado de nuevos derechos, sino en proyectar los existentes sobre escenarios tecnológicos hasta entonces nunca vistos, es decir, en ampliar su alcance. Este trabajo analiza el impacto de la Carta en el sistema jurídico español, con especial atención a su valor como instrumento de interpretación, sistematización, orientación y articulación de políticas públicas. Tal y como se vislumbra a lo largo del texto, la Carta ha sido y es una herramienta clave para ordenar debates sobre protección de datos, igualdad algorítmica, acceso a internet, educación digital, derechos de los menores en el entorno digital, administración electrónica, transparencia algorítmica, ámbito laboral, salud digital y garantías frente a tecnologías emergentes. No obstante, su eficacia real depende de su recepción por el legislador, la jurisprudencia y las autoridades independientes competentes, así como de su integración coherente con el Derecho de la Unión Europea y con el marco iberoamericano de derechos digitales.

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La digitalización como reto civilizatorio: los derechos digitales

Laura Baamonde Gómez

Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid(2)

La digitalización presenta un desafío civilizatorio con un gran potencial transformador que requiere ser abordado desde el Derecho Público. Ello es así porque los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente en la vida offline deben ser plenamente aplicables en internet. Es decir, aquello que no es admisible fuera de la red, tampoco debe aceptarse dentro de ella. Sin embargo, los entornos digitales se caracterizan por particularidades que requieren una especificación de tales derechos, lo que explica el surgimiento de los llamados «derechos digitales». Ahora bien, su debida articulación jurídica requiere de una aproximación, siquiera breve, al impacto institucional (la división de poderes) y sustancial (la protección de derechos) de la digitalización. Todo ello dentro del condicionante que supone la intersección entre democracia y mercado, espacio en el que se enmarca la regulación de la cuestión digital.

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La sostenibilidad en la Carta de Derechos Digitales. Derecho a un desarrollo tecnológico y un entorno digital sostenible

Isabel Hernández San Juan(2)

Profesora doctora de Derecho Administrativo (acred. Titular)

La afirmación de la gran complejidad del ordenamiento jurídico en la actualidad adquiere más sentido si se reflexiona acerca de las nuevas realidades con las que la sociedad convive. Los reguladores europeo, nacional y autonómico contemplan los centros de procesamiento de datos como un espacio necesitado de atención normativa de esa novedosa realidad en distintos planos. La inteligencia artificial y el auge de las criptomonedas hacen que la demanda de computación de datos se esté disparando, lo que está provocando un rápido aumento del número de megacentros de datos, ante el incremento del uso de recursos escasos como el agua o la energía. Sin embargo, existen otros aspectos necesitados de protección ambiental y de sostenibilidad que la Carta de Derechos Digitales menciona: la reparabilidad, la retrocompatibilidad de dispositivos y sistemas, y evitar las políticas de sustitución integral y de obsolescencia programada. Además, el mandato general y transversal de promoción que también hace la Carta a los poderes públicos sobre la eficiencia energética, la minimización del consumo de energía y la utilización de energías renovables y limpias. Si la Carta de Derechos Digitales fue concebida como una hoja de ruta para la acción de los poderes públicos, pretendiendo servir de guía para futuros desarrollos regulatorios de los derechos digitales de la ciudadanía, se intentará reflexionar hasta qué punto cumple con esta función orientadora del ordenamiento de protección ambiental y sostenibilidad.

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Los derechos digitales de los ciudadanos en el marco de los servicios digitales personalizados

Juanita Pedraza Córdoba

Profesora Titular de Derecho Administrativo

Adaptar las prestaciones suministradas por las administraciones públicas a las necesidades, intereses y características de los ciudadanos, es la idea que subyace tras el concepto de personalización de servicios digitales. En este trabajo se analiza el alcance de la noción, desde la perspectiva del Derecho Administrativo, su carácter jurídico, así como el conjunto de condiciones jurídico-técnicas para su implantación.

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El uso de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial por la Administración Tributaria estatal. Enfoque desde la Carta de Derechos Digitales

Julia María Díaz Calvarro(2)

Profesora Ayudante Doctora de Derecho Financiero

En este trabajo se pretende hacer un recorrido sobre los principales riesgos que entraña el uso de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías por la AEAT, desarrollando un análisis que parte del contenido de la Carta de los Derechos digitales, documento no vinculante pero que da claves para eliminar las disfunciones que provocan el uso de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías y, sobre todo, para que no se vulneren y se protejan los derechos y garantías de los obligados tributarios.

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La tercerización de la gestión de datos en el ámbito de la defensa

Agustín Miguel Lago Montúfar

Profesor de Derecho Administrativo Universidad Carlos III de Madrid

El propósito de este texto es analizar las principales tensiones que surgen con la tercerización de la gestión de datos en el ámbito de la defensa. Se examina la tensión entre la eficiencia económica de la externalización y la necesidad de mantener la autonomía estratégica frente a proveedores oligopólicos. Finalmente, se analizarán modelos de gestión híbridos que aseguren el control soberano sobre los activos algorítmicos y logísticos del Estado, así como el índice de soberanía recientemente propuesto por la Comisión Europea.

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La Carta de Derechos Digitales: dimensión programática y prospectiva ante los desafíos de las redes sociales y la inteligencia artificial

María Sáez de Propios

Dra. en Derecho y Economía. Grupo de Investigación DEKIS. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Católica de Ávila (UCAV)

El presente trabajo analiza el alcance de la Carta de Derechos Digitales en España, con especial atención a su proyección sobre las redes sociales y la inteligencia artificial. A partir de su carácter programático y de su dimensión prospectiva, se examina su capacidad para orientar la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el honor, la intimidad, la identidad digital y la igualdad en entornos algorítmicamente mediados. El artículo sostiene que la Carta constituye un hito relevante en la sistematización de los derechos digitales, aunque su eficacia depende de su desarrollo normativo, institucional y jurisprudencial. En particular, se destaca su utilidad como marco de referencia para la autorregulación de plataformas, la transparencia algorítmica, la responsabilidad digital y la garantía de los derechos fundamentales frente a los riesgos derivados de la moderación automatizada, los sesgos algorítmicos y la configuración de la identidad digital.

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Estudios

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El dilema del Ómnibus Digital. Algunas consideraciones éticas y jurídicas sobre el aplazamiento de ciertas disposiciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial

Fernando H. Llano Alonso

Catedrático de Filosofía del Derecho

El 19 de noviembre de 2025, la Comisión Europea presentó el paquete Ómnibus Digital, una amplia iniciativa legislativa que incluye modificaciones específicas al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Reglamento UE 2024/1689). La propuesta central consiste en el aplazamiento de las obligaciones de cumplimiento aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo —cuya entrada en vigor estaba prevista originalmente para el 2 de agosto de 2026— hasta al menos el 2 de diciembre de 2027, y en ciertos casos hasta el 2 de agosto de 2028. Oficialmente justificado por razones de simplificación normativa, la falta de estándares técnicos armonizados y la necesidad de apoyar la competitividad de las empresas europeas, el Ómnibus Digital plantea profundas preocupaciones éticas y jurídicas que este artículo examina desde la perspectiva de la filosofía del derecho y la teoría jurídica.

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La DAO (Decentralized Autonomous Organization) como instrumento de gobernanza en una asociación según el Derecho español

María del Sagrario Navarro Lérida

Profesora Titular de Derecho Mercantil

Ignacio Baixauli Quiles

Fundador de GEDITOK.eu / Autor del libro #RevoluciónDAO

Victor Girón Casas

Fundador y CEO de Excedentia & Blockchain Developer & Fundador y Presidente de la Asociación de Blockchain de Castilla-La Mancha

Dino Leandro Etcheverry Marsall

CEO de Fidestamp. Advisor & Inversor en Innovación. Mentor Madrid Emprende

El trabajo analiza cómo el fenómeno de la DAO (Organización Autónoma Descentralizada) puede utilizarse como instrumento en las asociaciones de Derecho español. Partiendo de un caso de uso concreto —la Asociación de Blockchain de Castilla la Mancha— se describen y estudian los retos jurídicos y de diseño tecnológico que plantea canalizar la toma de decisiones y el funcionamiento democrático y meritocrático de una asociación a través de un modelo descentralizado y basado en blockchain. Con una visión integral y pragmática, el trabajo se basa en una fundamentación doctrinal de la forma jurídica asociativa y de cómo los elementos de la DAO se «ajustan» a los requerimientos del tipo, para desde ahí exponer y explicar el proceso técnico y de diseño de esa gobernanza basada en código. El trabajo pretende arrojar luz a la posibilidad, dentro de nuestro ordenamiento, de integrar en el funcionamiento asociativo el potencial de las DAOs.

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Drones autónomos e inteligencia artificial: guerra algorítmica y límites para el Derecho Internacional Humanitario

Giuseppe Gangi-Guillén

Comandante retirado y director del Máster Universitario en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Operacional en la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid (España)

La incorporación de drones dotados de inteligencia artificial en conflictos armados plantea un desafío para el Derecho Internacional Humanitario (DIH). A mi entender, la clave no reside en reemplazar el marco vigente, sino en reinterpretar sus principios frente a la guerra algorítmica. El examen de casos recientes revela tensiones respecto de la distinción, la proporcionalidad, la precaución y, de modo decisivo, la humanidad. Este trabajo sostiene que solo mediante revisiones jurídicas estrictas, límites operacionales claros y la consolidación de un control humano significativo podrá preservarse la humanidad y la protección efectiva de la población civil.

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Los emojis en el Derecho: entre el lenguaje informal y la prueba jurídica

Cristina Caja Moya(1)

Jueza, docente e investigadora

Elio Quiroga Rodríguez(2)

Cineasta, docente e investigador

Este trabajo analiza la relevancia jurídica de los emojis como manifestaciones del lenguaje digital con posible incidencia en distintos ámbitos del Derecho. En particular, se examina su papel en la formación del consentimiento contractual, su valor probatorio en los procesos judiciales, su eventual proyección en el Derecho de familia y los problemas que plantean en materia de propiedad intelectual. A partir del marco normativo español, de la doctrina reciente y de la jurisprudencia comparada, el estudio sostiene que los emojis no poseen un significado jurídico fijo ni universal, sino que su interpretación exige una metodología casuística, contextual y prudente, atenta al contenido del mensaje, a la relación entre las partes, a las conductas posteriores y a los factores culturales y generacionales que puedan incidir en su comprensión. Se concluye que, más que reclamar una regulación autónoma de los emojis, resulta necesario perfeccionar los criterios jurídicos de interpretación aplicables a la comunicación digital.

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Notas e Informes

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IA y su impacto ambiental: regulación en el Derecho comparado

Moisés Barrio Andrés

Letrado del Consejo de Estado. Asesor de diversos Estados y de la Unión Europea en materia de regulación digital

Este trabajo analiza, desde la perspectiva del Derecho comparado, cómo las jurisdicciones principales están comenzando a integrar el impacto ambiental de la IA en sus marcos regulatorios, con tres modelos claramente diferenciados: (i) la Unión Europea, que avanza hacia obligaciones de transparencia energética y medioambiental vinculantes, combinando normas generales de sostenibilidad (EED, CSRD, CSDDD) con el Reglamento de IA de 2024 y el futuro CADA, pero con un diseño aún fragmentario, centrado en la divulgación a autoridades y con escasa publicidad de datos a nivel de modelo; (ii) Estados Unidos, donde la regulación medioambiental de la IA queda esencialmente absorbida por la legislación ambiental general y por iniciativas estatales y compromisos voluntarios, mientras la segunda Administración Trump impulsa una agenda de desregulación intersectorial, reducción de la supervisión de agencias y prohibición de normas estatales más estrictas; y (iii) China, que articula un modelo de planificación estatal de la infraestructura de IA con fuertes exigencias de eficiencia energética y despliegue de energía baja en carbono (planes quinquenales, estándares sectoriales, reubicación de centros de datos), pero sin obligaciones de transparencia pública específicas sobre consumo energético o huella ambiental de la IA.

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Protección del empleo frente a la Inteligencia Artificial. Análisis del marco europeo

Raquel Martín Andrés

Letrada de la Administración de Justicia en las Plazas 3 y 4 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de León

La incorporación acelerada de sistemas de inteligencia artificial (IA) y automatización avanzada está modificando profundamente el mercado de trabajo. Informes de la OCDE y de la OIT muestran que la IA no generará una destrucción masiva de empleo en términos agregados, pero sí una profunda transformación de las tareas y perfiles profesionales. En este artículo se analiza la incidencia de la automatización en el empleo, el marco de protección europeo derivado del Reglamento (UE) 2024/1689 (RAI), la reciente Resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2025, así como la próxima Ley Europea de Empleo de Calidad. Se concluye destacando la necesidad de políticas de anticipación, regulación específica de la gestión algorítmica y refuerzo del diálogo social para garantizar una transición justa.

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Regulatory simplification and digital resilience in the European Union: The Digital Omnibus Proposal and its implications for hybrid threats and foreign interference

Carlos Galán Cordero

Doctor of Law. Master's Degree in International Relations and Communication

En noviembre de 2025, la Comisión Europea presentó el denominado «Omnibus Digital», una propuesta legislativa destinada a simplificar y racionalizar el marco regulador digital de la Unión Europea. Si bien la propuesta está concebida principalmente para agilizar las obligaciones de cumplimiento y consolidar la arquitectura de gobernanza de datos de la UE, algunas de sus disposiciones pueden tener implicaciones indirectas para la resiliencia de la Unión frente a las amenazas híbridas, la injerencia extranjera y la manipulación de la información. Este artículo analiza la propuesta del «Omnibus Digital» en el contexto de la evolución general de la regulación digital de la UE, examinando su posible contribución a la resiliencia digital a través de tres dimensiones principales: el refuerzo de la soberanía de los datos y las salvaguardias contra el acceso extraterritorial a datos estratégicos, la consolidación de las estructuras de gobernanza de datos de la UE y la introducción de un mecanismo unificado de notificación de incidentes de ciberseguridad. El análisis demuestra que el Omnibus Digital no es un instrumento de seguridad en sí mismo; más bien, su relevancia para las amenazas híbridas radica en el refuerzo de las condiciones estructurales de la soberanía digital y la coherencia normativa dentro del ecosistema digital de la UE.

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Estudios de Jurisprudencia

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La Carta de Derechos Digitales como estándar de transparencia algorítmica: el caso Bosco

Manuel Cirre Navarro(1)

Universidad Carlos III de Madrid

La Fundación Ciudadana Civio, tras una larga batalla procesal, consiguió acceso al código fuente de la aplicación Bosco. El acceso le había sido negado al amparo del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. El Tribunal Supremo resolvió la tensión del acceso reconocido en el artículo 105.b de la Constitución española y los límites legales del artículo 14 de la Ley 19/2013 mediante una operación hermenéutica constitucional de primer orden, en línea con la lógica de la transparencia algorítmica consagrada en la Carta de Derechos Digitales.

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Diario LA LEY, 10967 de 19 de junio de 2026

Opinión

Doctrina

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Beneficios penitenciarios y terrorismo: ¿reinserción o impunidad?

Emilio Sáez Malceñido

Fiscal en la Fiscalía Provincial de Madrid

El artículo que sigue tiene su origen en una charla-coloquio, organizada con idéntico título en El Ateneo de Madrid el día 23 de abril de 2026 por la Asociación Justicia y Opinión, a la que en las personas de Antonio del Moral y Mariano J. Herrador agradezco la invitación para explicar, más que exponer técnicamente, ciertos institutos regulados en nuestro ordenamiento penitenciario, caracterizados por las considerables dosis de semilibertad que procuran a los usuarios de nuestro sistema, al punto de que como se verá en ocasiones se hace difícil deslindarlos del tercer grado penitenciario.

Este trabajo es fruto de las notas que tomé para aquella ocasión, convenientemente enriquecidas para este otro formato, con el propósito de acercar la letra de ciertas normas penales y penitenciarias al público en general, intentando hacer asequibles unas figuras jurídicas cuestionadas en particular por la reciente aplicación a algunos condenados por delitos relativos al terrorismo.

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Tribuna

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Doctrina jurisprudencial sobre la calificación concursal

Nuria Osuna Cimiano

Magistrada sección 1 Audiencia Provincial de Jaén, especialista en asuntos mercantiles

La calificación concursal constituye uno de los ámbitos de mayor densidad técnica y trascendencia práctica dentro del Derecho concursal español. Esta publicación aborda el estado actual de la jurisprudencia en materia de calificación concursal, identificando avances, lagunas y líneas de debate aún abiertas, que requerirían un pronunciamiento por parte de la Sala primera del Tribunal Supremo.

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Tribuna

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La imposible sustitución de las facultades decisorias administrativas por resolución judicial conforme a los límites constitucionales al control de la potestad sancionadora

Diego Fierro Rodríguez

Letrado de la Administración de Justicia

Este trabajo realiza un análisis exhaustivo de los fundamentos constitucionales que impiden a la jurisdicción contencioso-administrativa suplir las facultades decisorias inherentes a la Administración, con especial foco en la potestad sancionadora. Tomando como punto de partida la Sentencia del Tribunal Constitucional 187/2025, y el conjunto de doctrina que la precede y contextualiza, se examina el delicado equilibrio entre el control judicial intenso y la prohibición de que el juez se erija en órgano sancionador de segunda instancia. El trabajo desgrana los presupuestos normativos en el ámbito de la extranjería, la evolución de la interpretación de la Directiva de retorno y su impacto en la aplicación interna, para culminar en la elaboración del principio que veda la fundamentación exnovo de la sanción por parte del órgano judicial. Se concluye que esta delimitación, lejos de debilitar el control, refuerza las garantías del procedimiento administrativo y la seguridad jurídica, constituyendo una piedra angular del Estado de Derecho.

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Se ha escrito en… Práctica de Tribunales

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Práctica de Tribunales
«La caución en las medidas cautelares: naturaleza jurídica y criterios de cuantificación», por Alberto Martínez de Santos

La revista Práctica de Tribunales te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 180, mayo-junio 2026, firmado por Alberto Martínez de Santos, letrado de la Administración de Justicia.

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Ciberderecho

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La AEPD endurece su postura ante la desatención deliberada de sus notificaciones

Es común que, ante una posible multa de la Agencia Española de Protección de Datos, los denunciados ignoren las notificaciones como táctica para eludir responsabilidades. Pero se ha emitido una resolución ejemplarizante para esos casos, donde se sanciona con 3.000 euros a un grupo de residencias de ancianos por obstaculizar el proceso de esta manera repetidamente.

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La sentencia del día

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Nulidad por abusiva de la cláusula penal que permite al vendedor retener el 50% de las cantidades entregadas por el comprador en caso de resolución por incumplimiento

No han quedado acreditados los daños y perjuicios sufridos por el vendedor derivados del incumplimiento del comprador ni, por tanto, la existencia de proporción entre la indemnización y el quebranto real sufrido, que excluiría el carácter abusivo de la cláusula.

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Sentencias y resoluciones

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Rechazo de la indemnización solicitada por dilaciones indebidas en un proceso de modificación de medidas paternofiliales

Los daños físicos, psicológicos y morales que sufren la solicitante y por su hija no se pueden imputar al retraso en la aprobación del nuevo convenio regulador, que efectivamente obedece a un mal funcionamiento de la Administración de Justicia, sino que traen causa de la atribución inicial de la custodia al padre y de situaciones traumáticas anteriores a la presentación de la demanda para modificar las medidas.

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La reforma de la LO 1/2025 obliga a justificar una verdadera “razón institucional” para acceder a la casación unificadora

La Abogacía debe ir más allá de la mera denuncia de contradicción y justificar, con argumentos de alcance general, que el asunto plantea incertidumbres interpretativas relevantes que requieren la intervención del Tribunal Supremo.

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Absuelta la jefe de RRHH del Hospital Gómez Ulla por contratar a un familiar y a una profesora de su hijo

La Sala de lo Militar no considera probado que cometiera un delito de extralimitación en el ejercicio del mando y otro contra el patrimonio en el ámbito militar.

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