lunes, 12 de octubre de 2026

Diálogos para el futuro judicial: El LAJ ante la Ley Orgánica 1/2025; derecho de acceso a los datos personales;

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Aranzadi LA LEY

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13 de octubre de 2026

Diario La Ley

Podcast

Noticias Aranzadi LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica

Todos los días podrás escuchar los contenidos que hemos preparado con las noticias más destacadas.

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Rincón de Lectura

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Apuntes de Derecho Mercantil (27ª edición)

Una visión estructurada del marco normativo que regula el tráfico económico privado, facilitando la comprensión de los principales conceptos vinculados a la empresa, el empresario y la actividad empresarial.

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Justicia Next

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Diálogos para el futuro judicial CXXIV. El Letrado de la Administración de Justicia ante la Ley Orgánica 1/2025

Álvaro Perea González

(Letrado de la Administración de Justicia)

José Francisco Escudero Moratalla

(Secretario de Coordinación Provincial de Girona)

Adrián Gómez Linacero

(Letrado de la Administración de Justicia)

Vanesa Prieto López

(Letrada de la Administración de Justicia)

Miguel Bueno Benedí

(Letrado de la Administración de Justicia)

La reforma acometida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, no solo ha alterado la arquitectura orgánica de los tribunales, sino que ha reconfigurado de forma determinante las atribuciones del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ). Como director de los nuevos Servicios Comunes de los Tribunales de Instancia, titular del control de admisión de la demanda mediante la verificación del intento real de MASC (art. 5. T. II) y responsable de la conciliación, el LAJ se convierte en la piedra angular sobre la que pivota el éxito de la reforma. Esta edición de Diálogos examina el alcance, los riesgos y la efectividad de estas nuevas responsabilidades del Letrado de la Administración de Justicia en el proceso civil y en el aspecto organizativo.

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Opinión

Doctrina

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La economía social no es una economía sin beneficios: Algunas reflexiones a propósito de la STS 4471/2025

María del Pino Domínguez Cabrera

Profesora Titular de Derecho Mercantil

La STS 4471/2025, relativa a la reserva de contratos públicos a favor de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, plantea una cuestión que trasciende el ámbito de la contratación pública. La fundamentación de la sentencia atribuye una relevancia particular a elementos como la ausencia de ánimo de lucro, la reinversión de excedentes y la orientación al interés general para justificar el tratamiento diferenciado respecto de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa empresarial. Esta argumentación resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que el ordenamiento jurídico español reconoce como entidades de economía social a organizaciones que desarrollan actividad económica y obtienen beneficios. La obtención de resultados económicos no ha constituido tradicionalmente un criterio de exclusión de la economía social. Antes al contrario, cooperativas, sociedades laborales y otras entidades ponen de manifiesto la compatibilidad entre actividad empresarial y finalidad social. A partir del análisis de la STS 4471/2025, de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, y de la doctrina especializada, este trabajo examina el papel que desempeña la finalidad lucrativa en la delimitación jurídica de la economía social. La tesis defendida es que la ausencia de ánimo de lucro puede justificar determinadas medidas de fomento público, pero no constituye, por sí sola, el criterio que permite identificar a las entidades integradas en este sector. Desde esta perspectiva, la sentencia invita a diferenciar entre los criterios de pertenencia a la economía social y aquellos que justifican el acceso a concretos instrumentos de apoyo público.

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Tribuna

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Protección de datos personales. Forma de ejercicio del derecho de acceso. Comentario a la Sentencia de Pleno de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo 985/2026 de 23 de junio(1)

David Vázquez García

Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Área Civil)

El presente trabajo examina una cuestión relativa al derecho fundamental a la protección de datos personales, en su vertiente del derecho de acceso y, más en concreto, la forma de ejercicio de ese derecho de acceso. La cuestión jurídica subyacente versaba sobre la interpretación del art. 24 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante, RLOPD o RD 1720/2007). En concreto, se trataba de dilucidar si el precepto sigue en vigor(*) y, en segundo lugar, la interpretación que habría que darle a la luz del nuevo sistema de protección de datos personales. El caso presentaba una peculiaridad, y es que el derecho no se ejercitó directamente por la interesada, sino por una mercantil que se publicita en Internet con este fin.

La cuestión que se le planteó a la sala ha sido escasamente desarrollada, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Únicamente existen resoluciones aisladas de la Audiencia Nacional, en sede contencioso-administrativa y criterios interpretativos de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) en varias de sus resoluciones.

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Comentarios de Jurisprudencia

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Sanción a un partido político por percibir ingresos que se dice corresponden a donaciones, vulnerando los límites legales y no a una actividad promocional de venta de productos en los actos de partido con fines de propaganda

Wenceslao Francisco Olea Godoy

Magistrado del Tribunal Supremo

Los ingresos percibidos por el partido político no pueden calificarse como donaciones, sino que obedecen a una actividad de naturaleza promocional, consistente en la distribución de productos (bolígrafos, gorras, pañuelos, entre otros) en actos públicos, destinados a la difusión y publicidad de la formación política entre los asistentes, quienes abonaban una contraprestación por su adquisición, debidamente contabilizada por el partido.

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Se ha escrito en... Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial

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Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial
«Validez y eficacia de lo acordado a través de los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC)», por Elena López Barba

La Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 70 mayo-agosto 2026, firmado por Elena López Barba (profesora titular de Derecho Civil Universidad de Huelva).

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Ciberderecho

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Un juez dicta la primera sentencia condenatoria en Sevilla por el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes de varias jóvenes y simular que estaban desnuda

Condena a tres varones por tres delitos contra la integridad moral a un total de nueve meses de cárcel y la prohibición de acceder a redes sociales durante tres años y nueve meses. El juez aplica la agravante de género y concluye que, con su actitud, los acusados proyectaron “una pretendida supremacía machista que cosifica a las mujeres”.

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La Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos multa a Uber con 825 millones de euros por toma de decisiones automatizada ilegal e información insuficiente sobre la elaboración de perfiles

El caso tuvo su origen en las denuncias presentadas por 171 conductores franceses de Uber a través de la Liga de Derechos Humanos.

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La Autoridad Sueca de Protección de Datos multa a un proveedor de servicios informáticos con 160.000 euros por medidas técnicas y organizativas insuficientes para garantizar la seguridad de la información

Entre los clientes afectados por el ataque se encuentran la mayoría de los municipios de Suecia, varias regiones y agencias gubernamentales, así como un gran número de empresas privadas.

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Ya disponible en LEGALTECA el número 109 de CIBERDERECHO (Octubre 2026)

Ya puedes consultar en Legalteca un nuevo número de Diario LA LEY CIBEREDERECHO, el nº 109, de octubre de 2026, que incluye importantes novedades en materia de INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PROTECCIÓN DE DATOS, DATOS, INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, CIBERSEGURIDAD, PLATAFORMAS DIGITALES, CRIPTOACTIVOS, CUÁNTICA, CIBERDELINCUENCIA, CIBERESTAFAS, y REDES SOCIALES

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La sentencia del día

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Agotada la indemnización legal del despido objetivo, las mensualidades fraccionadas adicionales computan como renta a efectos del subsidio de mayores de 52 años

Desde que se considera agotada esa indemnización mínima, las mensualidades adicionales pasan a computar como ingresos, pueden hacer superar el 75 % del SMI y justificar la suspensión del subsidio y el reintegro de lo cobrado de más.

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Sentencias y resoluciones

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El Banco no puede entregar a los herederos el dinero de la cuenta de la causante si no se ha realizado un reconocimiento de firmas

Para la disposición de los fondos, los herederos han de acreditar ante las entidades el derecho a la adjudicación de bienes concretos, para lo cual deben de aportar documentación acreditativa de la aceptación, partición y adjudicación de la herencia, que es el documento notarial o en documento privado firmado por todos los herederos, llevándose a cabo el reconocimiento de firmas mediante la pertinente Diligencia.

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Derecho de un jefe de informática a cobrar 5.600 euros por horas extra vinculadas a la gestión de un ciberataque

La situación excepcional vivida, la autorización expresa de las horas y su posterior tramitación administrativa permiten inferir la realidad de la jornada extraordinaria y suponen la interrupción del plazo de prescripción para reclamar su pago.

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El hecho de que los demandados causen molestias al rebasar con su vehículo los límites de su plaza de garaje no justifica el éxito de la acción de cesación

La dificultad para estacionar o la necesidad de realizar más maniobras no constituye por sí sola una inmisión ilícita ni una extralimitación en el uso de la cosa común. Lo relevante es que exista una perturbación de entidad suficiente para impedir o limitar sustancialmente el uso de la propiedad ajena.

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Legislación

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Actualización de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y adaptación de la regulación financiera a la normativa europea.

Tiene como objetivo actualizar la normativa reglamentaria en materia de prevención del blanqueo de capitales, para adaptarla a los nuevos riesgos, metodologías y avances tecnológicos surgidos en los últimos años, así como a las nuevas exigencias internacionales que debe cumplir España como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Asimismo, introduce diversas modificaciones puntuales en normas reglamentarias del sector financiero para mejorar su coherencia interna o reducir cargas administrativas innecesarias o redundantes, en particular, ajustes derivados de la normativa europea de resolución bancaria, de las reglas de supervisión consolidada de las empresas de servicios de inversión y de la Directiva de Requisitos de Capital. Por último, se flexibilizan y amplían los medios de pago disponibles para las administraciones públicas y se permite habilitar medios electrónicos de pago como las tarjetas.

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Unión Europea

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No se debe suspender de manera automática el examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por beneficiarios de la protección temporal

En casos excepcionales se puede aplazar temporalmente el examen de algunas de dichas solicitudes de protección internacional, incluso superando el plazo de decisión, siempre que se hayan aplicado medidas para hacer frente a una imposibilidad objetiva de observarlos y para evitar la saturación del sistema de protección internacional del Estado miembro de que se trate.

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El TJUE rechaza aplicar los cupos para estudiantes universitarios no residentes sin tener en cuenta el grado real de vinculación con el Estado

La normativa belga que aplica el cupo en el acceso a los estudios de Medicina a un candidato que ha cursado una parte importante de su escolaridad en ese país, pero reside en otro, se considera injustificada y desproporcionada, porque no tiene en cuenta el vínculo real y efectivo creado con el Estado.

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Legal Management

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Un elefante en la habitación: las mentiras más frecuentes del sector legal español

Carlos Capa

Expresiones como «siempre se ha hecho así», «vamos viendo» o «eso lo lleva ….» siguen resonando en despachos y departamentos jurídicos españoles. Detrás de estas frases hechas se esconden ineficiencias crónicas, resistencia al cambio, presupuestos ficticios, dependencias personales, inmadurez tecnológica y una cultura que normaliza el agotamiento. En un mercado transformado por la Ley Orgánica 1/2025, la IA generativa y la competencia internacional, reconocer este elefante en la habitación es el primer paso hacia una abogacía rentable, ágil y humana.

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Un informe de Abogacía Española señala que el reglamento de la Pasarela al RETA podría aprobarse antes del 29N

El Consejo General de la Abogacía Española ha elaborado un informe jurídico sobre la viabilidad de aprobar el reglamento de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El documento concluye que no existe ningún impedimento jurídico para que el Gobierno apruebe la norma antes de la celebración de las elecciones generales, prevista para el 29 de noviembre de 2026.

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Declaración del CCBE en apoyo del Colegio de Abogados de Ceuta y sus letrados, sobre el papel esencial de los abogados en la protección de los derechos en la frontera exterior de la Unión Europea

El comunicado reafirma el apoyo del CCBE al Colegio de Abogados de Ceuta y a sus letrados, destacando su papel crucial en las fronteras exteriores de la UE para la protección de los derechos fundamentales y la defensa del Estado de derecho.

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Noticias al Día

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El Tribunal Supremo anula el Real Decreto 905/2025 de universidades por falta de justificación para su tramitación urgente

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

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El Ministerio de Vivienda actualiza la 'calculadora del alquiler' tras limitar las subidas de las rentas

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha actualizado su 'calculadora del alquiler', una herramienta informática diseñada para facilitar a los inquilinos el cálculo de la actualización de la renta de sus contratos.

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Detectadas más 40.000 infracciones por contratación irregular de extranjeros, con multas de 425 millones

Las inspecciones laborales destaparon un total de 43.644 prácticas irregulares sobre el empleo de personas extranjeras entre 2023 y 2025, que en total han supuesto multas por encima de los 425 millones de euros, según datos oficiales del Gobierno publicados en una respuesta parlamentaria.

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El TSJPV anula la medida cautelar que permitía excluir la nota de Lengua Vasca y Literatura de la PAU en el cálculo de acceso a la universidad

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estima el recurso interpuesto por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) contra un auto de la plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Instancia de Bilbao y acuerda su revocación y la anulación de la medida cautelar adoptada.

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El Gobierno aprueba la 'ley Ferrovial' para evitar que más empresas salgan de España para cotizar fuera

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha aprobado la reforma legislativa que llevaba preparando desde antes del verano para facilitar las conocidas como 'dual listings' o cotizaciones duales en mercados de dos países diferentes.

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La Comisión Europea da dos meses a España y otros seis países para completar la transposición de la normativa sobre residuos electrónicos

Bruselas amenaza con llevar ante ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a Bulgaria, Chequia, España, Chipre, Luxemburgo, Polonia y Rumanía por no haber haber incorporado aún las modificaciones de la Directiva RAEE a sus ordenamientos jurídicos.

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