Especial Diario La Ley Unión Europea nº 56, febrero 2018

Si no visualiza correctamente este e-mail, consulte la versión online 28 de febrero de 2018
NOTA DE LA REDACCIÓN Especial Diario La Ley Unión Europea nº 56, febrero 2018 Hoy finaliza el mes de febrero, y como viene siendo habitual, el Diario LA LEY cede su espacio al Especial de la Unión Europea. El núm. 56 del mes de febrero viene cargado de temas interesantes. Entre ellos destacamos la doctrina relativa a las acciones de competencia desleal y procedimiento de insolvencia transfronterizo, y la tribuna que comenta las conclusiones del Abogado General en el Asunto Coman, sobre matrimonio entre personas del mismo sexo para toda la UE. Además, y como siempre, una selección de jurisprudencia y actualidad en la Unión Europea. Esperamos disfruten de sus contenidos. TRIBUNA ¿Matrimonio entre personas del mismo sexo para toda la UE?. A propósito de las conclusiones del Abogado General en el Asunto Coman Santiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Santiago de Compostela La presente tribuna hace un comentario de urgencia a las Conclusiones del Abogado General en el caso C-673/16 (Relu Adrian Coman y Otros contra Inspectoratul General pentru Imigrări y Otros). Según el Abogado General Wathelet, el término «cónyuge» incluye a los cónyuges del mismo sexo en relación con el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Las Conclusiones ha sido ampliamente difundidas a través de las redes sociales y de los medios de comunicación tradicionales y muy bien recibidas por los colectivos LGTB, que la consideran un importante paso adelante hacia el reconocimiento del matrimonio homosexual en toda la Unión Europea. El comentario reconoce la importancia del caso, pero plantea algunas reservas sobre su real trascendencia, en el caso de que el TJ termine finalmente asumiendo la postura del Abogado General. En este sentido, se plantean diversos escenarios posibles y no todos tan optimistas como parece ser el tono mayoritario de lo expresado en los medios. El Sáhara occidental, de nuevo, en Luxemburgo: las implicaciones de una unión de Derecho, también internacional Javier A. GONZÁLEZ VEGA Catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de Oviedo. Presidente del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental Las recientes Conclusiones del AG F. Whatelet en el asunto C-266/16 The Queen y Western Sahara Campaign /Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs y Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs hechas públicas el 10 de enero abordan el problema de la validez del Acuerdo y Protocolo de Pesca UE-Marruecos de 2006 y 2013 respectivamente en razón de su aplicación al Sáhara Occidental. En ellas, tras pronunciarse a favor de la idoneidad de la cuestión prejudicial como cauce para controlar la legalidad de los acuerdos y mostrándose favorable a la invocabilidad de las normas internacionales en juego por parte de los particulares demandantes en el litigio a quo, el AG concluye proponiendo la invalidez de aquéllos por conculcar el principio de libre determinación y la soberanía permanente sobre los recursos naturales del pueblo saharaui, en abierta contradicción con las exigencias de respeto del Derecho internacional establecidas por el art. 3.5 TUE. Demandas frente a redes sociales por daños en materia de datos personales: precisiones sobre competencia judicial Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid La caracterización como consumidores de los usuarios de las redes sociales ha venido resultando determinante para facilitar el acceso de tales usuarios a los tribunales de su domicilio en las demandas frente a prestadores de dichos servicios situados en el extranjero. La nueva sentencia Schrems realiza presiones adicionales acerca de la caracterización de los contratos de consumo en el marco de las redes sociales. El nuevo Reglamento General de Protección de Datos está llamado a representar una significativa novedad cuando comience su aplicación en mayo de 2018, como consecuencia de la inclusión de reglas adicionales de competencia. DOCTRINA Acciones de competencia desleal y procedimiento de insolvencia transfronterizo Ángel ESPINIELLA MENÉNDEZ Profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Oviedo Ante una demanda por competencia desleal, los demandados impugnan la competencia alegando que su actuación deriva de la cesión de actividad acordada en un procedimiento de insolvencia, y que, por ello, los tribunales del Estado del concurso son exclusivamente competentes para conocer. El Tribunal de Justicia de la UE niega con acierto el carácter concursal de la acción porque no se fundamenta en la legislación de insolvencia ni guarda un vínculo estrecho y directo con el procedimiento concursal. La nueva regulación de las cuentas de pago en la Unión Europea. La Directiva 2014/92/UE y su trasposición al Ordenamiento español mediante el Real Decreto-Ley 19/2017 Alberto J. TAPIA HERMIDA Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Complutense de Madrid Este estudio analiza la trasposición de la Directiva 2014/92/UE sobre cuentas de pago al ordenamiento español mediante el Real Decreto-ley 19/2017 dentro del contexto regulatorio de la aplicación, desde el 13 de enero de 2018, de la Directiva (UE) 2015/2366, sobre servicios de pago. En particular, este estudio se refiere a los tres aspectos esenciales de la nueva normativa que son: la regulación de las cuentas de pago básicas; del traslado de cuentas de pago y de la comparabilidad de comisiones de cuentas de pago, con una referencia especial al documento informativo de las comisiones y al estado de comisiones. SENTENCIAS SELECCIONADAS Doble nacionalidad y derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión (Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2017, asunto C-165/16: Lounes) Pilar JIMÉNEZ BLANCO Profesora Titular, acreditada Catedrática, de Derecho internacional privado. Universidad de Oviedo La Sentencia Lounes plantea el problema del derecho de residencia derivado de los miembros de la familia de una ciudadana de la Unión que adquirió la nacionalidad del Estado de acogida (Reino Unido). Dado que la residencia en el Reino Unido fue el resultado del ejercicio de la libre circulación, la lógica de la integración del art. 21.1 TFUE debe garantizar un derecho de residencia para los miembros de la familia en unas condiciones que no deben ser más estrictas que las establecidas en la Directiva 2004/38/CE. En consecuencia, el mantenimiento de la doble nacionalidad en estas circunstancias permitirá la elección del régimen más favorable. JURISPRUDENCIA Concepto de «consumidor» de un usuario de una cuenta privada de Facebook para la determinación de la competencia judicial en contratos celebrados por los consumidores El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales. No se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados. Exención aplicable a los nacionales de la Unión Europea afiliados a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro. Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la legislación de un Estado miembro, como la que es objeto del litigio principal, conforme a la cual un nacional de ese Estado miembro que resida en un tercer Estado distinto de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) o la Confederación Suiza, en el que esté afiliado a un régimen de seguridad social, está sujeto, en dicho Estado miembro, a gravámenes sobre los rendimientos del capital en concepto de cotización al régimen de seguridad social establecido por éste, mientras que un nacional de la Unión afiliado a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro está exento de tales gravámenes en virtud del principio de unicidad de la legislación aplicable en materia de seguridad social con arreglo al artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Acción interpuesta por una sociedad que tiene su domicilio en otro Estado miembro, contra el cesionario de una rama de actividad de la sociedad sujeta al procedimiento de insolvencia. El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no está incluida en la competencia del órgano jurisdiccional que abrió el procedimiento de insolvencia una acción de indemnización por competencia desleal mediante la que se reprocha al cesionario de una rama de actividad adquirida en el marco de un procedimiento de insolvencia haberse presentado de forma engañosa como el distribuidor exclusivo de artículos fabricados por el deudor. Un solicitante de asilo no puede ser sometido a un examen psicológico para determinar su orientación sexual El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la autoridad responsable de examinar las solicitudes de protección internacional o los órganos jurisdiccionales competentes para conocer, en su caso, de un recurso contra una decisión de esta autoridad, ordenen un dictamen pericial para la valoración de los hechos y las circunstancias relativos a la orientación sexual alegada por el solicitante, siempre que los métodos empleados en tal dictamen respeten los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dicha autoridad y los órganos jurisdiccionales no fundamenten su decisión exclusivamente en las conclusiones del dictamen pericial y que no queden vinculados por esas conclusiones al valorar las declaraciones del solicitante sobre su orientación sexual. Tampoco se opone el Derecho de la Unión a que, para valorar la credibilidad de la orientación sexual alegada por un solicitante de protección internacional, se realice y se utilice un examen psicológico, como el controvertido en el litigio principal, que tiene por objeto proporcionar una imagen de la orientación sexual de dicho solicitante, basándose en tests de personalidad proyectivos. Comprobación de la edad mínima para ser considerado responsable penalmente para poder enjuiciar o condenar en concreto a un menor. El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución únicamente debe denegar la entrega de aquellos menores objeto de una orden de detención europea que, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución, no tengan la edad necesaria para ser considerados responsables penalmente de los hechos en que se base la orden emitida contra ellos. Para decidir la entrega de un menor que es objeto de una orden de detención europea, la autoridad judicial de ejecución sólo deberá comprobar si la persona de que se trata ha alcanzado la edad mínima para ser considerada responsable penalmente, en el Estado miembro de ejecución, de los hechos en que se basa tal orden, sin tener que tomar en consideración si concurren eventuales requisitos adicionales relativos a una evaluación personalizada a los que el Derecho de ese Estado miembro supedite en concreto el enjuiciamiento o la condena de un menor por tales hechos. ACTUALIDAD UE Validez a la luz del artículo 3 TUE y del Derecho internacional de los Reglamentos en los que se reparten entre los Estados miembros las posibilidades de pesca Según el Abogado General Wathelet, el Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes Al celebrar dicho Acuerdo, la Unión incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal resultante de la vulneración de dicho derecho, además de no instaurar las garantías necesarias para garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio. Estrategia europea sobre los residuos plásticos. La primera estrategia europea sobre los plásticos, aprobada el 16 de enero de 2018, es parte de la transición hacia una economía más circular. Protegerá el medio ambiente de la contaminación de los plásticos al tiempo que incentiva el crecimiento y la innovación, convirtiendo así un obstáculo en un programa positivo para el futuro de Europa. Las empresas tienen un gran interés en que se transforme el modo en que se diseñan, producen, usan y reciclan los productos en la UE, y, liderando esta transición, crearemos nuevas oportunidades de inversión y empleo. En virtud de los nuevos planes, todos los envases de plástico del mercado de la UE serán reciclables para 2030, el consumo de plásticos de un solo uso se reducirá y se restringirá el uso intencional de microplásticos. Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre financiación de los partidos políticos a escala europea El 13 de septiembre de 2017, la Comisión presentó una propuesta de modificación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 por el que se establecieron se establecen nuevas disposiciones relativas, entre otras, al estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. Dicha propuesta ha sido dictaminado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. BEI facilita 100 millones de euros a Acciona para impulsar su estrategia de innovación y digitalización. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) contribuirá a facilitar que la multinacional española Acciona pueda desarrollar sus actividades de innovación y digitalización a través de un préstamo de 100 millones de euros. El acuerdo, firmado el 19 de enero de 2018 hoy en Madrid por el Vicepresidente del BEI, y el Director General Económico Financiero de Acciona, con el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el principal pilar del Plan de Inversiones para Europa de la Comisión Europea, conocido como el «Plan Juncker». Política espacial: el sitio de respaldo del Centro de monitoreo de seguridad Galileo se traslada a España. La Comisión adoptó el 24 de enero de 2018 la decisión de transferir el emplazamiento de reserva del Galileo Security Monitoring Centre del Reino Unido a España. El Centro de Vigilancia de la Seguridad de Galileo (GSMC) es una infraestructura técnica que desempeña un papel clave para garantizar la seguridad del programa de navegación por satélite Galileo de la UE, incluido su Servicio Público Regulado (PRS). El GSMC tiene su ubicación principal y operativa en Francia y su sitio de respaldo en el Reino Unido (Swanwick). Como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la UE, el sitio de reserva de la GSMC debía ser reubicado del Reino Unido a uno de los 27 Estados miembros de la UE. Brexit: la Comisión Europea recibe el mandato de iniciar negociaciones con el Reino Unido sobre acuerdos transitorios. El Consejo de Asuntos Generales ha permitido el 29 de febrero de 2018 que comiencen las negociaciones sobre posibles acuerdos transitorios tras la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea. Estas directrices de negociación, que complementan las directrices de negociación de mayo de 2017 y se basaron en la Recomendación de la Comisión de 20 de diciembre de 2017, establecen detalles adicionales sobre posibles acuerdos transitorios. Se ha escrito en…LA LEY Mercantil «El deber de lealtad del administrador y su contenido», por Elena Asenjo Rodríguez «LA LEY mercantil», revista mensual especializada en Derecho de los negocios y de la empresa, te ofrece uno de los artículos incluidos en su último número publicado, nº 44 de febrero de 2017.

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