Legitimación del DPO para inteponer recursos contra reluciones de la autoridad de control; recargo de prestaciones;

Si no visualiza correctamente este e-mail, consulte la versión online 12 de marzo de 2020
DOCTRINA ¿Ostenta legitimación el Delegado de Protección de Datos para interponer directamente recurso de reposición frente a resoluciones de la autoridad de control en procedimientos de tutela de derechos? Alonso Ramón-Díaz Funcionario de carrera. Letrado. Doctorando en derecho administrativo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla El presente comentario tiene por objeto determinar la conceptualización normativa de la figura del DPD en caso de reclamación ante la autoridad de control y, en base a la misma y a la normativa administrativa, analizar si el DPD ostenta legitimación para la formulación de recurso de reposición ante resoluciones de la autoridad de control por reclamación de los interesados y si su intervención pudiere, además, evidenciar una quiebra a la garantía de su independencia generadora de conflicto de intereses. TRIBUNA El recargo de prestaciones. Dudas y condicionantes del resultado de enjuiciamientos previos administrativos y penales José Domingo Monforte Abogado. Domingo Monforte Abogados Asociados Se aborda en línea de principios jurisprudenciales la regla esencial de libre y autónoma valoración de la prueba en el enjuiciamiento social del recargo de prestaciones. Éste no se ve afectado por el principio constitucional «non bis in ídem», ni por el efecto material de la cosa juzgada, teniendo como único condicionante el que la sentencia absolutoria declare la inexistencia del hecho o la ausencia de intervención. Sin embargo, y pese a la incuestionable independencia absoluta en la valoración de la prueba entre la jurisdicción penal y laboral, en la medida que operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio, enjuiciando la misma conducta, la realidad forense impone una suerte de principio que llamo de «comodidad probatoria», que hace que se traslade, con demasiada frecuencia, el resultado procesal absolutorio penal a la desestimación del recargo prestacional. TARJETAS REVOLVING Efectos de la sentencia del TS de 4 de marzo de 2020 sobre la tarjeta revolving Jesus M.ª Sánchez Garcia Abogado La sentencia del TS de 22 marzo de 2020 qu resuelve un recurso de casación sobre una tarjeta revolving, lejos de fijar una doctrina clara que evite la litigiosidad que generó la sentencia de 25 de noviembre de 2015, resolviendo la cuestión mediante los controles de incorporación y transparencia, propios de la contratación seriada, sobre los que podía entrar incluso de oficio, ha resuelto el recurso aplicando la Ley de Usura a un mercado financiero, cuando la norma está prevista para supuestos individuales, dejando de aplicar, además, el elemento subjetivo, que es el elemento esencial de la Ley de Usura, siendo diversos los efectos que la sentencia de 4 de marzo de 2020 producirá, con el riesgo “notablemente alto” de haber provocado una llamada a la litigación masiva, que no tardaremos mucho en comprobar si los peores augurios se cumplen. LA SENTENCIA DEL DÍA Se puede registrar como marca el signo «Fack Ju Göhte», similar a la expresión inglesa «fuck you» Para que una marca sea contraria a las buenas costumbres ha de ser percibida por el público como contraria a los valores y normas morales fundamentales de la sociedad. JURISPRUDENCIA Si la hija publica en Internet que su padre la maltrata psicológicamente la responsabilidad es de la madre titular de la custodia Vulneración del derecho al honor del padre. El hecho de que la menor no sea imputable penalmente no significa que no se pueda atribuir a su progenitora custodia la responsabilidad por un hecho que podría ser calificado como delito. La concurrencia de culpas deriva en una menor indemnización en accidente de tráfico El Tribunal de Justicia autonómico reconoce una concurrencia de culpas, insistiendo que, si bien en su mayor parte se debió al propio conductor, también, aunque en menor grado de responsabilidad, es innegable la falta de diligencia de la administración en la conservación de la carretera, por lo que, tras dejar constancia de lo desorbitada que se revela la cuantía en que cifra su pretensión indemnizatoria el recurrente, estima parcialmente el recurso y le reconoce una indemnización máxima de 3.600 euros. Utilizar el permiso por hospitalización de familiar para atender el negocio del enfermo no es lícito El trabajador puede ser despedido por ello. Porque por más que se trate de atender a un negocio que aporta ingresos a la familia, es antijurídico pedir permiso para atender al familiar ingresado y no hacerlo. Inconstitucionalidad del art. 454 bis 1, párrafo primero, LEC por impedir recurrir ante el juez algunas decisiones del letrado de la Administración de Justicia Pueden existir supuestos en que la decisión del letrado de la Administración de Justicia excluida del control judicial concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso que atañen a la función jurisdiccional reservada a jueces y magistrados. COVID-19 Estado de alarma como medida de «contención social» ante el COVID-19 Manuel Baelo Álvarez Universidad Internacional de la Rioja Adolfo Díaz-Bautista Cremades Universidad de Murcia A diferencia de los estados de sitio y de excepción, que responden a causas políticas, el estado de alarma se debe a situaciones producidas por causas naturales, abuso de derechos o incumplimiento de deberes en todo el territorio nacional o en parte del mismo. Declarada la epidemia de COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero de 2020 como emergencia de salud pública de importancia supranacional y ante su evolución epidemiológica en paises como China, Italia, Irán o Corea del Sur, junto con su extensión diaria en el territorio nacional, no es descabellado ni un ejercicio de distopía jurídica, la previsible adopción urgente por el Gobierno de España del estado de alarma en todo el territorio nacional o en parte del mismo como medida necesaria de profilaxis para contrarrestar y contener la extensión del virus. Las cuarentenas y contagios por coronavirus se asimilan al accidente laboral El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, adopta por un lado medidas económicas, de manera destacada la suspensión del lanzamiento de personas en situación de especial vulnerabilidad en los procesos de ejecución hipotecaria y, por otro, medidas en el ámbito de la salud para frenar la expansión del coronavirus, como la equiparación de los periodos de aislamiento o contagio al accidente de trabajo, a efectos de la prestación por incapacidad temporal. EN EL ÚLTIMO CONSEJO DE MINISTROS Prorrogada la suspensión de desahucios hipotecarios en colectivos vulnerables y ampliación de su alcance El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico que refuerza la protección a colectivos vulnerables que se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario. Medidas excepcionales para limitar la propagación y contagio por el COVID-19 El Consejo de Ministros ha acordado establecer medidas excepciones para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los aeropuertos españoles. MAGISTRADOS POR LA MEDIACIÓN Rosalía Fernández Alaya es la nueva presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) El Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) inicia un nuevo mandato con presidencia española. Por primera vez la sección española es mayoritaria en el órgano de gobierno europeo: además de Rosalía Fernández Alaya como presidenta se integran en el nuevo Consejo de Administración dos magistradas españolas, Lourdes Arastey para asuntos europeos y Carme Guil como tesorera adjunta. BIBLIOTECA RECOMENDADA, obras seleccionadas que no pueden faltar en tu estantería El fiscal investigador: ¿un verdadero riesgo para las garantías?. Guillermo García-Panasco Morales ¿Puede ser más eficaz y garantista la investigación penal de un fiscal que la de un juez de instrucción? Esta es la pregunta a la que trata de responder esta obra. En ella se hace un estudio riguroso sobre la realidad del proceso penal en nuestro país, se analizan datos estadísticos y se ofrecen opiniones doctrinales plurales que conducen a un panorama sombrío: la cronificación de la ineficiencia de un modelo basado en unas estructuras que ya no pueden ofrecer una adecuada respuesta a la criminalidad del siglo XXI. NOTICIAS La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a favor de restringir la actividad judicial La Sala sugiere que la restricción de la actividad judicial se limite a aquellos servicios y asuntos que, por la naturaleza de los derechos en juego, resulten preferentes La cifra de españoles que teletrabajan alcanza el 7,9% de los ocupados, más de 1,5 millones de personas Por regiones, la proporción de teletrabajadores ha crecido en 12 comunidades autónomas. Las mayores subidas se han registrado en Baleares y Cataluña, con subidas del 9,1% y del 9,3%, respectivamente. Técnicos de Hacienda piden a la Agencia Tributaria investigar al Rey emérito por presunto fraude fiscal y blanqueo Gestha asegura que existen sospechas suficientes y que la AEAT debe demostrar que no hay "escudos fiscales". El Gobierno amplía las entidades que pueden transformarse a bancos Sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electrónico podrán transfomarse a bancos. Sánchez pide a UE flexibilidad fiscal para aprobar ayudas y liquidez para las pymes por el coronavirus Se hará "lo que haga falta, dónde haga falta, cuándo haga falta", avisa sin concretar nuevas medidas.

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