Cuestiones de déficit concursal: el despertar del ánima o la manipulación de la materia

Si no visualiza correctamente este e-mail, consulte la versión online 25 de junio de 2020
CUESTIONES DE PRÁCTICA CONCURSAL Déficit concursal: el despertar del ánima o la manipulación de la materia Alfonso Muñoz Paredes Magistrado Se analiza la que hoy conocemos como "condena a la cobertura del déficit" desde la aprobación de la Ley Concursal de 2003, pasando por sus reformas e interpretaciones, hasta llegar al TRLC. Asimismo, se plantean las opciones de posible aplicación e intepretación de la regulación que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, a la luz además de las recientes sentencias del TR sobre esta cuestión, el pasado 29 de mayo de 2020. PLAN DE CHOQUE DE LA JUSTICIA Crédito y deuda privada post-COVID-19: la respuesta judicial a la crisis del impago Álvaro Perea González Letrado de la Administración de Justicia La reclamación del crédito privado impagado es un asunto típico en cualquier jurisdicción civil; sin embargo, el incremento de la morosidad derivado de la pandemia ocasionará una destacada litigiosidad para la tutela judicial crediticia que amenaza con poner en riesgo el diseño actual en sus distintos vértices. Asegurar que los contenciosos se resuelvan sin demora es fundamental para evitar el colapso de los órganos, pero, sobre todo, para salvar el tejido productivo de la asfixia económica. Covid-19: los contratos también se contagian. ¿Hay fórmulas para mitigar el colapso judicial? Miguel Pasquau Liaño Magistrado y Profesor de Derecho Civil El descomunal impacto de la crisis sanitaria sobre la vida normal de los contratos, y por tanto sobre los nódulos a través de los que fluye la actividad económica en términos de eficiencia de intercambios, va a agravar enormemente el ya inevitable colapso judicial, con la consiguiente demora en la reparación de los daños sobre las cadenas contractuales, el crédito y la economía. No basta con confiar el asunto a la justicia de las soluciones que se obtengan en los tribunales, de la mano de la confusa doctrina de la cláusula rebus sic stantibus: llegarán tarde, y entre titubeos. La urgencia debida al alud de demandas que comenzará estas semanas hace oportuna esta propuesta que CovidWarriors Legal ha hecho llegar al Ministerio de Justicia para que, por Real Decreto-Ley, se abra un escenario de negociación previa obligatoria, incentivando la buena fe con mecanismos que evitarían convertirla en un trámite añadido, y mostrando un abanico de remedios ajustado a la diferente naturaleza de las disfunciones contractuales, no siempre bien distinguidas. El derecho de familia en el plan de choque para la Administracion de Justicia tras el Estado de Alarma: medidas 2.13 y 2.25 Cristina Velasco Jiménez Jueza sustituta y exmagistrada suplente Análisis pormenorizado de las medidas que sobre Derecho de familia incluye la última versión del Plan de Choque para la Administración de Justicia del Consejo General del Poder Judicial. ACTUALIDAD COVID-19 La intervención del derecho penal en la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante el período de pandemia por Covid-19: ¿Un supuesto de interrupción de cursos causales salvadores? Sergio de la Herrán Ruiz-Mateos Doctorando en Derecho penal El autor analiza la eventual repercusión penal de las informaciones que han aparecido sobre la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid después de que los medios de comunicación revelaran un protocolo emitido por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria que excluía la derivación hospitalaria de ancianos con infección respiratoria compatible con Covid-19. Los principios que deben regir la lucha contra el Covid-19 en el Estado democrático de Derecho Enrique Arnaldo Alcubilla Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos La feroz pandemia del siglo XXI ha dado lugar a respuestas diferentes de los Estados para hacer frente a sus efectos, ante la insuficiencia de los medios ordinarios de gestión de la crisis. Los gobiernos han asumido poderes extraordinarios, justificados ante la excepcionalidad de la situación, y se han puesto en crisis principios estructurales del Estado Constitucional como el regular funcionamiento de las instituciones o la intensa afectación de derechos fundamentales. Desde una concepción principal del Derecho, se exponen los principios que deben orientar la acción de los Estados en modo conforme con el aseguramiento de la primacía del Derecho y de los valores democráticos. TRIBUNA Altas médicas indebidas e intervención judicial revisoria Por Aquilino Yáñez de Andrés Abogado El autor analiza el supuesto de que un paciente sea dado de alta y éste no la acepte, en cuyo caso la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del Juez para que confirme o revoque la decisión. Si el director del centro médico incumpliese la norma imperativa y no pusiese en conocimiento del juez el conflicto, como la Ley le ordena, además de incidir en responsabilidad, existirá base para sostener más adelante que el alta ha sido ilegal y, por tanto, nula de pleno derecho y carente de efectos. TRIBUNA El «grand jury» norteamericano Pablo Aguirre Allende Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Irún El autor esboza el funcionamiento del grand jury, institución que controla la plausibilidad del ejercicio de la acción penal en las causas penales seguidas en los EEUU por los delitos más graves centrándose en su regulación a nivel federal. Todo ello apuntando a algunos de los aspectos que más diferencian las investigaciones sometidas a dicho órgano de las seguidas en otros ordenamientos occidentales. LA SENTENCIA DEL DÍA El administrador social no responde de la indemnización a un trabajador que sufrió un accidente antes de la aparición de la causa de disolución de la sociedad El administrador solo responde de las deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución. La deuda social surge con el siniestro y no con la sentencia que lo reconoce y condena al pago de una indemnización. JURISPRUDENCIA La condición de víctima de violencia de género puede probarse, a efectos de autorizar su residencia, mediante informe de los servicios sociales Esa condición puede acreditarse no sólo con la orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal, sino también con el informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Interpretación flexible del art. 132 ROEx, en relación con el art. 7 de la Ley autonómica 4/2018, para una Sociedad Libre de Violencia de Género. Préstamos de empresa: aplicación de la cláusula "rebus sic stantibus" cuando la coyuntura económica no es buena Por más que las empresas hayan pactado otorgar préstamos sin intereses a sus empleados, cuando se tienen pérdidas cuantiosas, la cláusula permite suspender el acuerdo. BIBLIOTECA RECOMENDADA, obras seleccionadas que no pueden faltar en tu estantería Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales (José Miguel Lissén Arbeloa (Coord.)) En esta monografía se comentan de manera individualizada cada uno de los preceptos de la nueva ley y sus antecedentes (tanto en el Derecho de la Unión Europea como en el nacional). Del mismo modo, se analizan los paralelismos y las diferencias del sistema sustantivo y procesal de secretos empresariales en relación con las distintas modalidades de propiedad industrial. Se incluye un catálogo ejemplificativo de medidas a adoptar por los titulares y los licenciatarios de secretos empresariales para obtener una adecuada protección. NOTICIAS El Tribunal Supremo confirma la multa de 7.500 euros a una empresa de bromas telefónicas por infracción de la ley de Protección Datos La sentencia destaca que en este caso la grabación de la voz es un dato de carácter personal sujeto a la normativa de protección del tratamiento automatizado de los mismos. Publicadas en el BOE las pautas para los comercios, empleados y mercadillos en la 'nueva normalidad' El Gobierno plantea que las empresas en ERTEs sólo puedan contratar por "razones objetivas y justificadas" Propone extender a los ERTEs por causas objetivas la prohibición de acogerse al ERTE si la empresa está domiciliada en un paraíso fiscal USO cree que el teletrabajo debe ser voluntario y con condiciones definidas por escrito Considera que debe evaluarse como laboral un riesgo que en el trabajo presencial es ajeno como es la violencia de género

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