Especial Derecho Digital e Innovación nº 6

Si no visualiza correctamente este e-mail, consulte la versión online 23 de octubre de 2020
Estimado suscriptor: en este boletín presentamos el número 6 de la Revista de DERECHO DIGITAL E INNOVACIÓN. A continuación, podrá encontrar también el contenido habitual del Diario La Ley. ESPECIAL DERECHO DIGITAL E INNOVACIÓN Nº 6 En este número... La oportunidad de un ordenamiento jurídico supranacional ante la globalización: la innovación tecnológica como aliado; Tecnología contra una pandemia: la segunda oleada; El impacto del COVID-19 en la ciberseguridad y las infraestructuras críticas; Hacia un verdadero Registro Mercantil Electrónico; El sandbox español, un reto, una oportunidad y una realidad. A propósito del Proyecto de Ley de Transformación Digital del Sector Financiero; Cookies: consentimiento, su revocación y Reglamento E-Privacy; El Plan «España Digital 2025»: la inminente Transformación Digital… Editorial Los retos de la innovación tecnológica y las respuestas del Derecho José Luis Piñar Mañas Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad CEU San Pablo de Madrid El número 6 de la Revista de Derecho Digital e Innovación se ocupará de los temas que hoy están sobre la mesa en relación con el derecho digital y la innovación. En esta segunda oleada de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, la transformación digital sigue ocupando un papel indiscutiblemente central, en particular en lo que se refiere a la evolución e implantación de la inteligencia artificial. Es necesario definir un marco jurídico adecuado que permita hacer frente a los retos que plantea abogando por una regulación que permita resolver jurídicamente los problemas que se han generado y que sin duda van a generarse, cada vez con más intensidad, en el futuro. Estudios La oportunidad de un ordenamiento jurídico supranacional ante la globalización: la innovación tecnológica como aliado Pablo García-Valdecasas Rodríguez de Rivera Doctorando en Derecho Administrativo El complejo e imparable proceso de globalización en el cual la sociedad está inmersa, y que implica y abarca múltiples ámbitos y factores tales como el mercado, la economía, la relación entre los ciudadanos y entre éstos y la Administración pública, el comercio electrónico y las relaciones con las entidades financieras, la comunicación y el suministro e intercambio de información, y un largo etcétera, ha supuesto un reto enorme para los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados, que observan perplejos la dificultad que conlleva tratar de regular, legislar o, al menos, garantizar jurídicamente, una actividad cada vez más global que ya no entiende de fronteras, espacios físicos o idiomas, y que el legislador no puede limitarse a observar. Asimismo, la innovación tecnológica y la modernización están jugando un papel preponderante en este proceso, e instrumentos como el acceso a Internet, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, la digitalización, la mejora y modernización de los medios de transporte y, en general, el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la informática, han acelerado todavía más el proceso, siendo el medio a través del cual la globalización ha dejado de ser algo meramente anecdótico. Ante este escenario, la necesidad de abordar fórmulas innovadoras en el Derecho que den la respuesta deseada a este fenómeno se hace cada vez más palpable, y surgen planteamientos diversos que abogan, o bien por el desarrollo de un Derecho global o de disciplinas jurídicas globales como un posible Derecho Administrativo global, o bien por el establecimiento de instrumentos que, al menos, permitan interconectar ordenamientos jurídicos distintos. Ésta última fórmula ha sido la empleada mayoritariamente, y es la que ha generado la existencia de organismos internacionales, convenios y acuerdos internacionales reguladores de determinadas materias, instrumentos de participación multinivel y un sinfín de fórmulas que, en algunos supuestos, han complicado más la tarea. Tal vez la respuesta la tengamos en la propia tecnología, motor del proceso de expansión y aceleración de la globalización, la cual podría ser utilizada por los propios Estados, y por la propia Administración pública para, operando como un usuario o actor más de la misma, interactuar con el administrado y estar presente en los canales y soportes que actualmente se usan, evitando la separación público-privada que en estas décadas se está produciendo de manera más intensa. Un cambio de paradigma y de visión puede ser la respuesta a un reto que ya ha sido abordado en el ámbito privado, el cual precisamente demanda una respuesta pública que esté a la altura de los recientes acontecimientos. Tecnología contra una pandemia: la segunda oleada F. Javier Sempere Letrado del Consejo General del Poder Judicial Para luchar contra la desgraciada situación que estamos atravesando motivada por el virus denominado COVID-19, que ha generado una pandemia a nivel mundial, y tantas muertes ha ocasionado, se han utilizado diversas herramientas tecnológicas, como apps, chatbots o cámaras termográficas. Todas ellas forman parte de lo que podríamos denominar la «primera oleada» tecnológica para luchar contra esta situación. A medida que la situación evoluciona, surgen otro tipo de herramientas, también de carácter tecnológico o incluso utilizar las ya existentes para otros fines. Lo hemos bautizado como «la segunda oleada» contra el COVID-19. El impacto del COVID-19 en la ciberseguridad y las infraestructuras críticas Margarita Estébanez García Abogada - Knowledge Management (Legal & Tax) En el presente trabajo abordo el profundo impacto que la irrupción del COVID-19 ha supuesto en el ámbito de la ciberseguridad y las infraestructuras críticas, basándome en la investigación y recopilación de diferentes noticias, estudios e informes publicados durante los meses de marzo a julio de 2020. Concretamente, expongo los sectores estratégicos que se han visto más afectados, los factores clave que deben tenerse en cuenta en el desarrollo inmediato de la ciberseguridad, en vista del nuevo —y acelerado— contexto que la pandemia ha provocado, y finalizo con un decálogo de buenas prácticas que Gobiernos, empresas y ciudadanos deberíamos asumir para proteger nuestra información y así evitar las perjudiciales consecuencias que un ciberataque produciría en nuestros servicios esenciales. Hacia un verdadero Registro Mercantil Electrónico Javier Misas Tomás Registrador Mercantil La Directiva (UE) 2019/1151 presenta una serie de interrogantes y retos para conseguir una verdadera constitución online de sociedades y un Registro Mercantil completamente electrónico. En este artículo se hace un análisis de su transposición abordando los problemas que plantea la seguridad jurídica preventiva, la necesidad de escritura en la constitución de las futuras sociedades estandarizadas online y el papel de los notarios y registradores en este proceso. El sandbox español, un reto, una oportunidad y una realidad Jaime Bofill Socio de CMS España Macarena Sanz Asociada de CMS España Adriana de Zunzunegui Asociada de CMS España Un sandbox es un banco de pruebas tutelado por la Administración, en el que cualquier entidad financiera puede testear sus proyectos más innovadores, siempre que los mismos tengan una impronta tecnológica. Estos proyectos deben conllevar un avance en la digitalización de la economía, así como una mejora de las condiciones del mercado o de las condiciones de contratación de los consumidores. Su implementación en un ordenamiento jurídico implica una apuesta decidida por la innovación y la tecnología en el ámbito financiero por lo que su puesta en marcha en España es un gran paso adelante para la industria. Cookies: consentimiento, su revocación y Reglamento E-Privacy Luis Rodríguez Duarte Abogado especializado en Derecho Administrativo La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de octubre de 2019 (asunto «Planet49») supuso un hito en la regulación de las cookies al fallar que eran plenamente aplicables al respecto las disposiciones sobre consentimiento contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos. Su influencia doctrinal, plasmada en las Directrices 05/2020 sobre el consentimiento online del Comité Europeo de Protección de Datos, supuso que la Agencia Española de Protección de Datos se viese obligada a actualizar sus criterios sobre el scrolling, en particular por las dificultades para la retirada o revocación del consentimiento previamente otorgado por el usuario para la instalación de cookies. A fines comparativos, se ofrece un avance del futurible tratamiento de las cookies por la propuesta de Reglamento comunitario sobre privacidad electrónica. Notas e Informes El Plan «España Digital 2025»(1): la inminente Transformación Digital Marta Palma Oliva Abogada de Protección de datos y nuevas tecnologías - Agrupa Consultores «España Digital 2025» es el nuevo, y no poco ambicioso, Plan de Transformación Digital presentado por el Gobierno que pretende guiar el esfuerzo de la inversión pública y privada en este ámbito —movilizando en torno a 70.000 millones € para 2020-2022—, y marcar la Agenda Digital de los próximos años. Comentarios de jurisprudencia Los problemas enfrentados por empresarios del sector turístico en la economía de plataformas José Antonio Castillo Parrilla Investigador Posdoctoral en la Cátedra Derecho y Genoma Humano - UPV/EHU La cara menos agradable para los empresarios que ofrecen sus bienes y servicios a través de la economía de plataformas es la desprotección en que muchos se encuentran derivada de la opacidad de los algoritmos que utilizan las plataformas para la prelación de ofertas y también las escasas posibilidades de defensa frente a cierto tipo de comentarios en las redes sociales o en las propias plataformas acerca de su empresa, que a su vez influyen en la prelación de ofertas que hacen los algoritmos de las plataformas. Esta desprotección aumenta cuanto mayor es el éxito de las plataformas en el mercado digital. No existe, por el momento, apenas jurisprudencia sobre las posibilidades de defensa de estas empresas frente a comentarios perjudiciales para su imagen en redes. Tan sólo dos Sentencias, que son objeto de este comentario, han afrontado por el momento el problema. Lo hacen desde dos ópticas diferentes. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.o 7 de Barcelona trata la posible infracción de ciertos preceptos de la Ley de Competencia Desleal por parte de TripAdvisor al no borrar un comentario lesivo de la imagen de una empresa hotelera. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Mérida de 4 de diciembre de 2019, la posible lesión del derecho al honor por parte del usuario que emite un comentario ofensivo y lesivo de la imagen de un restaurante. Adiós a los servicios de zero rating en la Unión Europea en favor de la neutralidad de la red José Torregrosa Vázquez Profesor de Derecho Administrativo El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que las ofertas comerciales denominadas de «tarifa cero», aquellas en las que el uso de datos de ciertas aplicaciones o servicios no computan a efectos de consumo de datos, su acceso es ilimitado y su velocidad no se disminuye, son contrarias al principio general de neutralidad de la red, principio que exige igualdad trato en todo el tráfico de Internet. En la primera vez que interpreta el Reglamento 2015/2120 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta establece los límites comerciales que pueden ofrecer los proveedores de servicios de acceso a internet a los usuarios finales. En concreto, El Tribunal prohíbe que se puedan favorecer a unas determinados servicios o aplicaciones privilegiadas, aplicándoles una «tarifa cero» en detrimento de otras a las que se les ralentizará la velocidad una vez agotado el paquete de datos contratado. Reseñas de Libros El algoritmo ético, La ciencia del diseño de algoritmos socialmente responsables, Michael Kearns y Aaron Roth, Wolters Kluwer, 2020 Reseña de “El algoritmo ético”, una obra de M. Kearns y A. Roth, de verdadera referencia para todo jurista interesado en profundizar sin miedo en los problemas tecnológicos que plantea la introducción de la ética en los sistemas algorítmicos inteligentes, primer paso para su comprensión y posterior regulación. Algorithms & Law, Martin Ebers y Susana Navas (edits), Cambridge University Press, 2020 Reseña de “Algorithms & Law”, obra colectiva dirigida por Martin Ebers y Susana Navas, en la que se han reunido las colaboraciones de un grupo de académicos alemanes y españoles con el objetivo de estudiar las consecuencias prácticas y jurídicas que los algoritmos, en particular los denominados “inteligentes”, plantean a los individuos, la sociedad y los sistemas políticos y económicos, examinando las diversas opciones de política legislativa para su futura regulación. ____________________________________ DIARIO LA LEY, 9722, de 23 de octubre de 2020 DOCTRINA Colisiones competenciales en el ámbito penitenciario (II): la métrica territorial en las medidas de seguridad no represivas de libertad Emilio Sáez Malceñido Fiscal La ejecución penal es posiblemente de las áreas menos conocidas de nuestro ordenamiento, pues si la investigación de los delitos tiene interés periodístico y despierta la curiosidad de cualquier ciudadano, la celebración de juicios anima a profesionales ajenos al derecho a realizar estudios sobre la psique del testigo o la oratoria convincente ante el Tribunal del Jurado, y sobre el régimen de los recursos y la debida articulación de motivos mucho pueden decir quienes están entregados a la docencia universitaria, sin embargo una vez pronunciada la condena firme no hay razón para permanecer en el lugar y todo el mundo se dispersa, al ver que la justicia funciona y que frente al infractor el Estado responde con un castigo. Sin embargo, en el devenir del cumplimiento de las sentencias son muchos los incidentes que se suscitan, y múltiples las hipótesis en las que se cruzan las competencias de diversos órganos judiciales al punto de yuxtaponerse, y el presente trabajo, el segundo dentro de un proyecto más amplio(1), propone profundizar en una de ellas, muy concreta, que se origina cuando se ha impuesto una medida de seguridad que no priva de libertad y el sometido a la misma se desplaza a vivir a otra provincia, pues está la incertidumbre de si los órganos judiciales, al quedar el reo fuera de su jurisdicción territorial, son desposeídos de sus funciones o las conservan, surgiendo asimismo dudas acerca de la repercusión que ello puede tener en el control administrativo de ciertas obligaciones y prohibiciones inherentes a las medidas, sobre todo cuando confluyen varias idénticas pero que responden a la aplicación de figuras jurídicas diferentes. (1) Colisiones competenciales en el ámbito penitenciario (I): el tratamiento médico externo como medida de seguridad. Editorial Sepin, artículo monográfico de Abril de 2020, Ref. DOCT/104838. TRIBUNA La inscripción del contrato de opción de arrendamiento: una solución renovable Carmen Gutiérrez-Alviz Velasco Senior Legal Counsel de Ibox Energy El contrato de opción de arrendamiento de fincas para el desarrollo de proyectos de generación de energía renovable en España aparece como una herramienta legal apropiada para afianzar el compromiso de terrenos perseguido por los promotores, teniendo en cuenta el contexto normativo actual y las previsiones de crecimiento del sector. Se reflexiona sobre la posibilidad de que dichos contratos puedan adquirir publicidad registral, asumiendo que es una materia pendiente de ser analizada por la jurisprudencia y por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. TRIBUNA Insolvencia punible. El principio de racionalidad económica como elemento determinante de la dinámica comisiva y parámetro de medida de la conducta José Domingo Monforte Abogado Constituyendo un factor nuclear del tipo penal envolvente y abierto de un delito de peligro, de riesgo y tendencial, como lo es el de la insolvencia punible, resultando nuclear el elemento tendencial del ánimo defraudatorio, junto con las dinámicas comisivas, concentra estas reflexiones el principio de racionalidad económica que los Tribunales han venido valorando como elemento revelador de dicha intencionalidad y del carácter fraudulento de la insolvencia. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA Extinción voluntaria del contrato por parte del trabajador ante el pago irregular del salario por parte del empresario Pilar Palomino Saurina Profesora contratada doctora de la Universidad de Extremadura La sentencia del TS de 18 de junio de 2020 determina si es ajustada a derecho la extinción voluntaria del contrato por parte del trabajador cuando el empresario le abona parte de las retribuciones sin declarar ante los organismos competentes de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública. LA SENTENCIA DEL DÍA Impugnación de la paternidad no matrimonial fijada por sentencia penal firme: aplicación de la disp. transit. 6.ª de la Ley 11/1981 Plazo de ejercicio. La acción del demandante se interpuso transcurrido el plazo de caducidad de la acción reconocida por la disp. transit. 6.ª de la Ley 11/1981. JURISPRUDENCIA No se puede privar a las personas incapacitadas del derecho de sufragio La legislación reconoce con carácter universal el derecho de sufragio, con independencia del grado de deficiencia de la persona que lo ejerza, y lo hace con carácter retroactivo absoluto. Expulsión de ciudadano comunitario, con mujer e hija españolas, condenado por tráfico de drogas El expulsado constituye una amenaza real, actual y grave para el orden público y la paz social. El tipo delictivo por el que ha sido condenado revela un desarraigo y un plus de peligrosidad que han de primar sobre los vínculos familiares invocados. Expulsión de un extranjero y prohibición de entrada en España durante 10 años por la compra de una menor por 50 euros La escasa edad de la niña, la convivencia marital con ella, la falta de intención de escolarizarla, y la dedicación de la niña al cuidado de otros menores y a las tareas del hogar, demuestran que verdaderamente la intención no era traerse una esposa, sino una esclava sexual, a disposición del hijo, y una esclava doméstica a disposición del matrimonio. Un juez eleva considerablemente la indemnización por despido improcedente durante el estado de alarma Condena a la empresa a indemnizar con 60.000 euros a un empleado que emigró desde Argentina y fue despedido a los 7 meses en plena pandemia sin derecho a prestación por desempleo, porque la indemnización legal que le correspondía no es disuasoria ni supone ningún esfuerzo financiero a la patronal.

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