Justicia y Sociedad: Derecho constitucional de excepción y estado de alarma; suspensión de desahucios;

Si no visualiza correctamente este e-mail, consulte la versión online 11 de febrero de 2021
JUSTICIA Y SOCIEDAD Derecho constitucional de excepción y Estado de Alarma Angel Calderón Cerezo Magistrado Emérito del Tribunal Supremo La aparición de situaciones críticas suelen poner a prueba la consistencia de cualquier organización, o incluso de todo un sistema, jurídico en este caso. En nuestra historia reciente, desde 1978, se han activado en dos ocasiones las previsiones de excepción constitucional propias del estado de alarma. La primera, diciembre de 2010, para restablecer rápidamente la anormalidad que representó el cierre injustificado del espacio aéreo español. No puede emitirse igual valoración positiva de la segunda y tercera declaración del estado de alarma (Marzo y 0ctubre de 2020), para contener la grave crisis sanitaria ocasionada por el CVID-19. Su puesta en práctica, marzo sobre todo, ha dejado en evidencia las insuficiencias de la norma de cobertura (de 1981), y las deficiencias de su implantación tan poco respetuosa con el régimen de derechos fundamentales, en que la suspensión de la libre circulación de las personas, no es el único exponente. Así mismo con el funcionamiento de los poderes constituidos encargados del control del ejecutivo tan potenciado en estos casos, y también con la distribución de competencias en el Estado Autonómico. Se acaba por reconocer el protagonismo que corresponde a las CCAA, pero en un contexto de precariedad normativa necesaria para manejar lo que, por ahora, constituye un desbarajuste territorial en la gestión de la pandemia, cuya extraordinaria complejidad no debe silenciarse. ACTUALIDAD COVID La vacunación contra el Covid-19 de personas mayores residentes en centros de mayores: ¿Derecho o imposición? El consentimiento informado por representación. Primeras resoluciones judiciales M.ª Eugenia Torres Costas Doctora en Derecho La pandemia actual ha evidenciado la enorme vulnerabilidad de quienes residen en centros gerontológicos donde el porcentaje de mortalidad por Covid-19 ha superado todos los records imaginables. Por ello, se ha priorizado su vacunación contra el coronavirus, pero también ha surgido un problema cuando la persona destinataria de la vacuna no puede prestar consentimiento para ello y quienes deben prestarlo por ella, se han negado a hacerlo contra el criterio médico. En este artículo se analizan las primeras resoluciones judiciales dictadas al respecto a la luz del nuevo paradigma de la discapacidad impuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. TRIBUNA XXII tesis sobre la suspensión del juicio de desahucio en el Real Decreto Ley 37/2020 Ángel Carrasco Perera Faustino Javier Cordón Moreno Catedráticos de Derecho. Consejeros en GA-P. Veintidós propuestas interpretativas sobre la suspensión de desahucios regulados ahora por los artículos 1 y 1 bis de los reales decretos leyes 35/2020 y 11/2021. El acoso judicial-económico. Un supuesto Antonio Cuerda Riezu(1) Catedrático de Derecho Penal y Abogado Se trata de crear el concepto de acoso judicial-económico como categoría para tener en cuenta por las autoridades, sobre todo legislativas, y como primer paso para poner remedios al mismo. Aunque se apuntan algunas ideas en esa dirección, todavía habrá ocasión para ir diseñando algunas más contundentes. Es un trabajo que se enmarca dentro del Proyecto ECOVIO: «Violencia económica, un aspecto inexplorado de la violencia de género», financiado por la Unión Europea. Se ha escrito en... LA LEY MERCANTIL «Intercambio europeo de información sobre administradores sociales inhabilitados», por Josefina Boquera Matarredona LA LEY Mercantil le ofrece uno de los artículos incluidos en su último número publicado, en el que se analiza la situación actual de la comunicación de la inhabilitación de los administradores sociales en el Derecho español y los posibles cambios que deberían realizarse en nuestra legislación dadas las exigencias de la Directiva 2019/1151. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA Protección de datos, infracción continuada y ámbito objetivo de las sentencias de casación (STS de 5 de noviembre del 2020) Blanca Lozano Cutanda Catedrática de Derecho Administrativo La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre del 2020 aborda aspectos importantes del derecho sancionador administrativo y plantea, a su vez, una cuestión jurídica de interés en relación con el recurso de casación. LA SENTENCIA DEL DÍA El Supremo fija doctrina sobre el alcance de las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo Establece el Alto Tribunal que no puede identificarse el ámbito objetivo del recurso contencioso-administrativo con el tipo y alcance de las medidas cautelares, pues éstas pueden y deben ser todas aquellas que impidan que se frustre la finalidad del recurso contencioso administrativo, esto es, no cabe limitar la medida cautelar de suspensión única y exclusivamente al acto impugnado en el proceso. JURISPRUDENCIA El juicio de desahucio no se suspende porque la arrendataria haya interpuesto demanda de determinación de la renta en virtud de la cláusula rebus sic stantibus No cabe considerar enervada la acción ya que la renta que la arrendataria ha abonado es inferior a la fijada en el Decreto-Ley 34/2020, de 20 de octubre, de la Generalitat de Catalunya. La repercusión improcedente del IVA en documento distinto al de la factura no es subsumible en el tipo del artículo 170.2.3º de la Ley del Impuesto Los principios de legalidad y tipicidad imponen una interpretación restrictiva del precepto sancionador, por lo que debe limitarse a una indebida repercusión que se hubiera realizado, - única y exclusivamente-, en una factura, y no en documentos distintos de los reflejados en el tipo infractor. Es válido el registro horario fundado únicamente en la declaración del empleado Para la Audiencia, aunque se trate de un modelo auto- declarativo, no resulta contrario al art. 34.9 ET ni a la jurisprudencia del TJUE porque sí goza de los caracteres de objetividad y fiabilidad. Trabajadores fijos discontinuos que, tras el llamamiento, no se pudieron incorporar por el estado de alarma Este supuesto no se ha de tratar como una falta de llamamiento, sino como una falta de ocupación efectiva tras el mismo. Derecho a que se les incluya en el ERTE o a la efectiva incorporación en la empresa en la fecha señalada en el llamamiento. ACTUALIDAD LEGISLATIVA Galicia ante el reto de su impulso demográfico La finalidad de la Ley 5/2021, de 2 de febrero, es el impulso y la dinamización demográfica de Galicia mediante la coordinación de las políticas en materia de apoyo a las familias, conciliación de la vida familiar y laboral, apoyo a la juventud, retorno y atracción de nueva población, equilibrio territorial y promoción del envejecimiento activo y saludable. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL El TC declara que el sistema de sanciones de la Ley Electoral no vulnera el principio de seguridad jurídica ni la libertad de información El Pleno del TC ha declarado que el sistema de sanciones establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es constitucional porque no infringe el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE y, en consecuencia, la exigencia de responsabilidad al director de un periódico por la realización de una conducta expresamente prohibida en el art. 53 de la LOREG durante la jornada de reflexión no vulnera ni el derecho a la libertad de información del art. 20.1 d) de la CE ni el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE. BIBLIOTECA RECOMENDADA, obras seleccionadas que no pueden faltar en tu estantería La gestión de los Fondos Next Generation (Directora: Concepción Campos Acuña) Contratación, subvenciones, digitalización, planificación estratégica y otros temas centrales en el proceso, como la colaboración público-privada y los PERTE, se analizan detalladamente y con una visión aplicativa por parte de reconocidos expertos. NOTICIAS El Gobierno aprueba la Ley de Protección de Datos en investigaciones penales, que prevé sanciones de hasta 240.000 euros El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley orgánica que regula la protección de los datos personales utilizados en las labores de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. La LO se tramitará por el procedimiento de urgencia. Un grupo de abogados pide amparo al Parlamento Europeo por considerar la 'Ley Celaá' una "violación de derechos" Se suma así a Más Plurales, que también pidió amparo a la Eurocámara por considerar la Ley contraria a la Constitución y a otras normas. El Ejecutivo prepara medidas de solvencia y mantendrá la 'tasa Google' si no hay acuerdo internacional El Gobierno trabaja en la modificación de la Ley Concursal para hacer más "garantista" y "rápidos" los procesos y medidas para garantizar la solvencia de las empresas viables, pero no en medidas para la liquidez al considerar que está ya "razonablemente cubierta". Sanciones a la morosidad en el transporte de mercancías por carretera El Gobierno ha modificado la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres para incorporar un régimen sancionador a la morosidad que se produce en el sector del transporte de mercancías por carretera, fijando en 60 días el plazo máximo de pago, en línea con otros sectores de características similares.

De acuerdo a la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) si usted no desea seguir recibiendo este boletín puede solicitar la baja en este enlace. Si desea realizar algún comentario acerca del mismo, envíenos un e-mail a clienteslaley@wolterskluwer.es

© WOLTERS KLUWER