Nueva ley de la eutanasia; Competencia de la jurisdicción española cuando tiene lugar «acta iure gestionis»

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 17 de enero de 2022
TRIBUNA ¿Podría un tercero oponerse a una solicitud de eutanasia activa o decisión vital que pudiera comportar la muerte de un familiar o allegado? José Luis Rodríguez Lainz Magistrado Juzgado Instrucción 4 de Córdoba La nueva ley de la eutanasia aparenta limitar las posibilidades de participación y eventual oposición en un procedimiento de solicitud de ayuda para morir tan solo a la persona del solicitante; posibilidad que incluso de facto se cerraría a éste cuando la solicitud tuviera por base una cláusula de testamento vital. Este planteamiento sería perfectamente extrapolable a aquellas decisiones de naturaleza vital de un paciente que pudieran comprometer su propia vida. Sin embargo, es evidente que, bajo el amparo del derecho a la vida familiar garantido en el art. 8.1 del CEDH, pueden arbitrarse vías de implicación de familiares y allegados que, aduciendo como legitimatio ad causam un interés legítimo basado en el alegato de la salvaguardia de derechos fundamentales propios del solicitante, permitirán a aquéllos cuestionar la aparente intangibilidad de tales decisiones. Competencia de la jurisdicción española cuando tiene lugar «acta iure gestionis» María Luisa Gil Meana Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid El art. 10.1 de la Ley Orgánica 16/2015 de 27 de octubre, establece como regla general que un Estado extranjero no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en los procesos relativos a los contratos de trabajo cuando el trabajo haya sido ejecutado o haya de ejecutarse total o parcialmente en España. El presente artículo analiza las excepciones a esta regla contempladas en su apartado 2, en concreto las referidas a los supuestos de procesos que tenga por objeto el despido del trabajador. A vueltas con el art. 96 CC tras la reforma de la Ley 8/2021: cuestiones pendientes de regulación acerca de la atribución de la vivienda familiar Almudena Gallardo Rodríguez Profesora asociada de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca El art. 96 CC ha sufrido una serie de modificaciones tras la promulgación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En este artículo se ofrece un estudio detallado sobre diversas materias que no se contemplan, tras la reforma, en el actual art. 96 CC en relación con la atribución del uso de la vivienda familiar, tales como: la custodia compartida, el ajuar familiar, las causas de extinción, los gastos, etc. Para ello se hará referencia a la presente regulación nacional así como a las regulaciones autonómicas, realizando propuestas concretas de lege ferenda al respecto. LA SENTENCIA DEL DÍA No cabe la compensación de días de vacaciones fijados en convenio con días de asuntos propios Ni son conceptos homogéneos ni estamos ante condiciones económicas, por lo que la cláusula de compensación y absorción del convenio no es aplicable DESHAUCIOS Y CRISIS SANITARIA Una interpretación finalista de las medidas legales de suspensión de desahucios y de ejecución de hogares vulnerables con motivo de la crisis sanitaria Análisis de Alejandro Fuentes-Lojo del primer precedente en los tribunales que realiza una interpretación innovadora y finalista de las polémicas medidas legales de suspensión de desahucios y ejecuciones de hogares vulnerables con motivo de la crisis sanitaria previstas en los arts. 1 y 1bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. JURISPRUDENCIA No puede anularse la compra de una unidad productiva de la concursada porque la compradora haya debido asumir obligaciones laborales distintas de las pactadas La condena a la compradora a pagar la indemnización por despido y los salarios de tramitación de varios trabajadores de la concursada, no incluidos en la subrogación pactada respecto de las obligaciones laborales de la concursada, no justifica la anulación de la compraventa por vicio del consentimiento. El plazo para la solicitud del subsidio de jubilación de jueces y fiscales no puede ser menor que el establecido para el resto de funcionarios públicos El Supremo declara ilegal el art. 103.3 del Reglamento del Mutualismo Judicial por infringir lo ordenado por el art. 12.3 del Texto Refundido de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia en lo atinente al plazo de presentación de la solicitud de subsidio de jubilación y consiguientemente de prescripción del derecho a obtener dicha prestación. Examen de la pretensión del abogado de la concursada relativa a la reclamación de sus honorarios, aunque haya seguido un cauce procesal incorrecto Aplicación del principio de economía procesal. Al margen de la irregularidad procesal, tanto la impugnación de la lista de acreedores como la discrepancia sobre la calificación y cuantía del crédito se sustancian por el procedimiento incidental. El Supremo condena por falta muy grave a una ETT y a la empresa usuaria por tráfico ilícito de trabajadores Se trata de una falta muy grave, no solo porque la cesión ilegal afectó a un gran número de trabajadores, a quienes se privó de su derecho a la estabilidad en el empleo, sino por su prolongación en el tiempo. CONGRESO XI Congreso Internacional de Contratación Pública Esta nueva edición del CICP vuelve a ser presencial y se celebrará en el Paraninfo del Campus Universitario de Cuenca. ACTUALIDAD LEGISLATIVA El Gobierno fija en 2,94 euros el precio máximo de los test de antígenos La Resolución de 13 de enero de 2022 publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos que establece el importe máximo de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico. La medida es aplicable desde el 15 de enero de 2022. PROYECTOS NORMATIVOS Reforma concursal Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia (BOCG 14 enero 2021) Juzgados de lo Mercantil Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil (BOCG 14 enero 2021). ARRENDAMIENTOS URBANOS El alquiler de habitaciones es equiparable al arrendamiento de vivienda para necesidades de residencia autorizado en los estatutos comunitarios La finalidad de tal negocio jurídico viene constituida, bajo el presupuesto de la compartición del uso de la vivienda con terceros, por la satisfacción de la necesidad personal, primaria, ordinaria y permanente de vivienda -de lugar para morar o vivir- por parte del arrendatario. NOTICIAS El TS confirma la pena de 10 años prisión a un exdirigente de los GRAPO por exigir el 'impuesto revolucionario' a 126 empresarios en 1998 Las cartas estaban firmadas por el Comando Central de la organización y llevaban su anagrama, según los hechos probados. Cámara de Comercio de España y Consejo General de Economistas se alían para mejorar la competitividad Abordarán el ámbito del análisis, el debate y la comunicación sobre factores para la actividad y competitividad económico-empresarial. Ministerio de Justicia se abre a modificar la norma que gravaría las indemnizaciones a víctimas de accidentes de tráfico Fuentes del departamento dirigido por la ministra Pilar Llop indican que desde el Ministerio y el Gobierno ya estudian las observaciones realizadas al respecto, recuerdan que siempre se apoya a las víctimas, y advierten de que actualmente ese anteproyecto está en la fase prelegislativa. El Gobierno propone nuevas cuotas de autónomos progresivas que oscilarán entre los 184 y los 1.267 euros El Ministerio de Seguridad Social ha presentado una nueva propuesta para el sistema de cotización de autónomos que plantea un sistema flexible de 13 tramos que van desde menos de 600 euros al mes hasta más de 4.050, y posibilidad de cambiar hasta seis veces al año.

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