Hoy en nuestra portada LA LEY Unión Europea nº 121, enero 2024

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 31 de enero de 2024
Pódcast Noticias LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica Todos los días podrás escuchar los contenidos que hemos preparado con las noticias más destacadas. Nota de la Redacción Hoy en nuestra portada LA LEY Unión Europea nº 121, enero 2024 Ya ha terminado el primer mes de este año 2024. Como siempre, dedicamos el Diario LA LEY al Especial de la Unión Europea, del que les ofrecemos una selección de lo más importante publicado en la revista mensual. En este número destacamos el Estudio dedicado a la negociación dentro de los despidos colectivos. Esperamos que disfruten de su lectura. Estudios La comisión negociadora en la consulta-negociación dentro del procedimiento del despido colectivo: un supuesto atípico europeo. Análisis de la línea jurisprudencial del Tribunal Comunitario en materia de consulta-negociación colectiva de "gestión" en la institución del despido colectivo José Luis Monereo Pérez Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada Pompeyo Gabriel Ortega Lozano Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada El procedimiento del despido colectivo se sustenta en una fase de consulta-negociación con los representantes de los trabajadores, guiado por una negociación sostenida por el principio de buena fe y con la finalidad de alcanzar un acuerdo colectivo, versando sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos; por tanto, una obligación general y específicos deberes de información a fin de permitir que los legitimados puedan formular propuestas constructivas durante el transcurso de las consultas y en tiempo hábil, lo que analizamos desde una perspectiva nacional, pero también europea, con especial referencia a la comisión negociadora. La competencia judicial internacional en la propuesta de Reglamento de filiación: de los criterios razonables a los claramente exorbitantes Lucas Andrés Pérez Martín Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Privado El Reglamento europeo que regula la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y ejecución y el certificado europeo de filiación nace con una finalidad loable, dar el paso que no dio el TJUE en los casos Pancharevo y Rzeczhnik y lograr que la filiación reconocida en un Estado miembro de la Unión lo sea en todos ellos a todos los efectos, independientemente de sus diferentes legislaciones de derecho material. Sin embargo, las condiciones en las que la Comisión ha propuesto el Reglamento no le han sido favorables. La dificultad de la materia, la precipitación y la necesidad de aportar un instrumento en esta legislatura, el seguidismo de algunos esquemas de Reglamentos anteriores, y la ambición de lograr determinado resultado por encima de los condicionantes han provocado un texto cuestionable. En el ámbito de la competencia judicial apreciamos foros que son muy razonables con otros claramente exorbitantes. Estos foros exorbitantes provocan que más que intentar lograr que la filiación ya constituida en un Estado sea reconocida en los demás Estados miembros, que los ciudadanos puedan elegir qué Estado regulará la filiación de sus hijos aún sin ningún vínculo cercano a ellos. Regulación El nuevo Reglamento (UE) 2023/2854 de Datos Pedro Alberto de Miguel Asensio Catedrático de Derecho Internacional Privado Esta contribución proporciona un análisis de conjunto del nuevo Reglamento (UE) 2023/2854 de Datos, como instrumento que pretende establecer un marco para facilitar una asignación óptima de los datos en beneficio de la sociedad, garantizando a los usuarios de un producto conectado o servicio relacionado la posibilidad de acceder a los datos generados por su uso y de utilizarlos, incluso compartiéndolos con terceros. Se analiza, el fundamento, contenido y ámbito de aplicación del nuevo instrumento, así como el alcance de las obligaciones de los titulares de datos de ponerlos a disposición de los sus usuarios y de otros destinatarios y las normas frente a cláusulas abusivas aplicables incluso en las relaciones entre empresas. Asimismo, se expone la nueva normativa para facilitar el cambio entre servicios de tratamiento de datos y la interoperabilidad, valorando el significado de los contratos inteligentes como instrumento relevante a esos efectos y el alcance de la regulación de esa figura en el nuevo instrumento. Finalmente, se aborda el marco de aplicación y ejecución del nuevo instrumento, con referencia también a las carencias en lo relativo a su aplicación privada. El Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea y Chile Dorina C. Suciu Gavriloaie Profesora Doctora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Almería (acreditada a Profesora Contrada Doctora) (*) El 13 de diciembre de 2023, durante la presidencia española en el Consejo, la UE y Chile firmaron el Acuerdo Marco Avanzado y el Acuerdo Interino de Comercio con vistas a reforzar la cooperación política y fomentar el comercio y la inversión entre las partes. Tras un análisis breve de la evolución de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Chile y de las oportunidades de crecimiento económico y de seguridad derivadas del acuerdo bilateral, el presente trabajo estudia, por una parte, la arquitectura jurídica dual que se ha utilizado para plasmar los compromisos alcanzados durante el proceso de modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile y, en segundo lugar, los compromisos en materia de comercio y desarrollo sostenible, en materia de comercio e igualdad de género y las disposiciones relativas a las inversiones. A modo de consideraciones finales, se pondrá de relieve la relevancia simbólica del acuerdo entre la UE y Chile en un contexto global de crecientes tensiones geopolíticas, perturbaciones de los flujos comerciales y tendencias proteccionistas. Sentencias Seleccionadas Efectos jurídicos de un acto de delegación, política de visados y recurso por omisión Sílvia Morgades Gil Profesora agregada Serra Hunter de Derecho Internacional Público La sentencia de 5 de septiembre de 2023 en el asunto C-137/21Parlamento Europeo contra Comisión resuelve un recurso por omisión por la no adopción por parte de la Comisión de un acto delegado previsto en el Reglamento (UE) 2018/1806 en aplicación del principio de reciprocidad, tras ser requerida por el Parlamento. En primer lugar, el TJUE examina los elementos de admisibilidad del recurso presentado por el Parlamento y considera que un documento COM de la Comisión no implica una toma de posición para evitar una denegación de justicia del Parlamento. En segundo lugar, la sentencia examina el margen de discrecionalidad de la Comisión en la valoración de la oportunidad de adoptar el acto delegado. La opción interpretativa resulta favorable a las tesis de la Comisión y a la flexibilidad del principio rector de la reciprocidad en la política europea de visados. El Parlamento Europeo conserva en este contexto el poder de revocar la delegación para recuperar la plenitud del poder legislativo, aunque ello supondría una modificación unilateral del Reglamento de base. Resolución de Banco Popular: denegación del derecho de los accionistas y acreedores afectados a una compensación del fondo único de resolución. Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 22 de noviembre de 2023 Alberto J. Tapia Hermida Catedrático de Derecho Mercantil Este estudio comenta las cuatro Sentencias del Tribunal General de la UE de 22 de noviembre de 2023 que desestiman los respectivos recursos de accionistas y acreedores contra la Decisión de la JUR de 17 de marzo de 2020 de Resolución de Banco Popular. Concretamente, en ellas el TGUE decidió que los accionistas y acreedores afectados no tenían derecho a una compensación del Fondo Único de Resolución porque no hubieran recibido mejor trato en caso de liquidación del banco que el que resultó de su resolución El principio de culpabilidad en el derecho de protección de datos personales y la condición de responsable del tratamiento Antoni Rubí Puig Profesor agregado de Derecho Civil En este trabajo se analiza la STJUE (Gran Sala) de 5 de diciembre de 2023, asunto C-683/21, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos c. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijak, relativa a los tratamientos de datos personales efectuados por «Karantinas», la aplicación informática lituana para el rastreo de contagios de COVID-19. Se examinan, por una parte, los pronunciamientos del TJUE para interpretar y delimitar los conceptos de «responsable del tratamiento», «tratamiento de datos personales» y «corresponsabilidad en el tratamiento» establecidos en el RGPD. Por otra parte, se examina la conclusión del TJUE según la cual el principio de culpabilidad limita la potestad de las autoridades de control para imponer multas administrativas por infracciones del RGPD y se analizan críticamente sus consecuencias. Jurisprudencia: Cronología de Decisiones La Comisión no estaba obligada a suspender la exención de la obligación de visado para los nacionales de los Estados Unidos debido a la falta de reciprocidad en la materia El Derecho de la Unión persigue garantizar la plena reciprocidad en materia de visados. Así, en principio, solo los terceros Estados que concedan la exención de la obligación de visado a todos los nacionales de los Estados miembros de la Unión pueden gozar de tal exención para sus propios nacionales. No obstante, cuando un tercer Estado que goza de tal exención decide, en un momento dado, someter a los nacionales de uno o varios Estados miembros a la obligación de visado, la Comisión dispone de un margen de apreciación para decidir si procede suspender dicha exención. Por tanto, la Comisión no está obligada automáticamente a suspender la exención de la obligación de visado para los nacionales del tercer Estado de que se trate. Solo una infracción culpable del Reglamento General de Protección de Datos puede dar lugar a la imposición de una multa administrativa El Tribunal de Justicia precisa las condiciones en que las autoridades de control nacionales pueden imponer a uno o varios responsables del tratamiento de datos una multa administrativa por la infracción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En particular, considera que la imposición de una multa de este tipo presupone una conducta culpable, es decir, que la infracción se haya cometido de forma intencionada o negligente. Además, cuando el destinatario de la multa forme parte de un grupo de sociedades, el cálculo de la multa debe basarse en el volumen de negocios de todo el grupo. Poderes de las autoridades de control para imponer medidas correctivas a una persona jurídica: necesidad de que la infracción sea intencionada o negligente Los arts. 58, ap. 2, letra i), y 83, aps. 1 a 6, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/C), deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual solo puede imponerse una multa administrativa a una persona jurídica en su condición de responsable del tratamiento por una infracción contemplada en los aps. 4 a 6 del referido art. 83 si dicha infracción ha sido imputada previamente a una persona física concreta. El art. 83 del Reglamento 2016/679 debe interpretarse en el sentido de que solo puede imponerse una multa administrativa con arreglo a esa disposición si se demuestra que el responsable del tratamiento, que es a la vez una persona jurídica y una empresa, cometió, de forma intencionada o negligente, una infracción contemplada en los aps. 4 a 6 de dicho artículo. Necesidad de efectuar una evaluación previa de las repercusiones de una intervención en un bosque para garantizar la protección de este contra los incendios en el lugar de que se trate El Derecho de la Unión debe interpretarse en orden a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el sentido de que el concepto de «proyecto», a efectos de esta disposición, incluye las actividades realizadas en una zona forestal, designada como zona especial de conservación, para garantizar el mantenimiento de las instalaciones de infraestructura forestal de protección contra incendios en dicha zona, de conformidad con las exigencias establecidas por la normativa nacional aplicable en materia de protección contra incendios forestales, cuando tales actividades modifiquen la realidad física del lugar de que se trate. No puede considerarse que las actividades realizadas en una zona forestal, designada como zona especial de conservación, con el fin de garantizar el mantenimiento de las instalaciones de infraestructura forestal de protección contra incendios en dicha zona, de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa nacional aplicable en materia de protección contra incendios forestales, por el mero hecho de perseguir tal objetivo, tengan una relación directa con la gestión del lugar de que se trata o sean necesarias para la misma y no pueden, pues, quedar exentas por ese motivo de la evaluación de sus repercusiones sobre dicho lugar, a menos que figuren entre las medidas de conservación del lugar ya adoptadas. Contrato de préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera que contiene cláusulas abusivas relativas al tipo de cambio El Derecho de la Unión se opone a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, a raíz de la anulación de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional, debido a que contenga cláusulas abusivas, el plazo de prescripción de los créditos del profesional derivados de la nulidad del contrato comienza a correr únicamente a partir de la fecha en la que el contrato deviene definitivamente inoponible, mientras que el plazo de prescripción de los créditos del consumidor derivados de la nulidad del mismo contrato comienza a correr a partir de la fecha en la que este haya tenido conocimiento, o razonablemente habría debido tener conocimiento, del carácter abusivo de la cláusula que da lugar a tal nulidad. Guerra en Ucrania: el Tribunal General desestima el recurso de Roman Arkadyevich Abramovich y confirma así las medidas restrictivas adoptadas en su contra Para ser coherente con el Derecho de la Unión, una limitación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales debe cumplir cuatro condiciones. En primer lugar, debe estar «prescrito por la ley», en el sentido de que la institución de la Unión que adopte medidas que puedan restringir los derechos fundamentales de una persona, física o jurídica, debe tener una base jurídica para ello. En segundo lugar, debe respetar el contenido esencial de estos derechos. En tercer lugar, debe perseguir un objetivo de interés general, reconocido como tal por la Unión. En cuarto lugar, debe ser proporcionado. Licitación abierta, transparente y no discriminatoria en un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios de transporte de viajeros en autobús El Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un régimen de compensación que, en el marco de un contrato público de servicios y al término de un procedimiento de licitación abierto, transparente y no discriminatorio, no obliga a las autoridades nacionales competentes a compensar en su totalidad a un proveedor del servicio de transporte de viajeros sometido a obligaciones de servicio público, procediendo a una indexación periódica, por todo incremento de los costes relacionados con la gestión y la explotación de dicho servicio que quedan fuera de su control. Un órgano jurisdiccional no puede negarse a ejecutar una orden de detención europea («ODE») únicamente porque la persona buscada sea una madre con hijos de corta edad a su cargo Un órgano jurisdiccional no puede negarse a ejecutar una orden de detención europea («ODE») únicamente porque la persona buscada sea una madre con hijos de corta edad a su cargo. Sin embargo, el órgano jurisdiccional puede denegar la entrega de esa persona, excepcionalmente, si se cumplen dos condiciones: en primer lugar, debe haber un riesgo real de que se vulnere el derecho fundamental de la madre al respeto de su vida privada y familiar y el interés superior de sus hijos, a causa de deficiencias sistémicas o generalizadas en relación con las condiciones de reclusión de las madres con hijos de corta edad y de guarda de esos menores en el Estado miembro emisor de la ODE, y, en segundo lugar, deben existir razones serias y fundadas para creer que, habida cuenta de su situación personal, las personas de que se trata correrán ese riesgo debido a esas condiciones. El Tribunal de Justicia desestima el recurso de la Comisión contra Dinamarca relativo al período máximo de estacionamiento en las áreas de las autopistas La Comisión no ha aportado, de modo suficiente en Derecho, la prueba de sus afirmaciones, según las cuales la norma de las veinticinco horas limita, en el presente asunto, las posibilidades de estacionamiento existentes hasta el punto de derivar de ello, habida cuenta de la obligación de respetar las disposiciones antes mencionadas sobre los períodos de descanso y de conducción, un obstáculo a la libre prestación de servicios de transporte comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1072/2009. En consecuencia, procede desestimar el recurso de la Comisión. Actualidad UE La Comisión presenta un conjunto de medidas para reforzar los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea (6 diciembre 2023) Para conmemorar el XXX aniversario de la ciudadanía de la UE, la Comisión ha presentado el 6 de diciembre de 2023 un conjunto de medidas para reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE al derecho a la libertad de circulación, la participación efectiva en los procesos democráticos y la protección consular cuando se viaja fuera de la UE. Los negociadores del Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional acerca de la Reforma del Estatuto del Tribunal de Justicia (7 diciembre 2023) La Presidencia del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo llegaron el 7 de diciembre de 2023 a un acuerdo provisional sobre una reforma del Estatuto del Tribunal de Justicia, que mejorará el funcionamiento del Tribunal de Justicia de la UE en un contexto de aumento constante del número de asuntos interpuestos que tiene ante sí y en la complejidad y el carácter delicado de las cuestiones planteadas. Con ello, la UE ha dado un paso importante hacia una administración de justicia más eficaz por parte de los tribunales de la UE. El uso de la inteligencia artificial en la UE estará regulado por la Ley de Inteligencia Artificial, la primera ley integral sobre IA del mundo (8 diciembre 2023) Los Estados y el Parlamento Europeo llegaron el 8 de diciembre de 2023, y después de tres días de intensas y duras negociaciones, a un acuerdo, un texto final que todavía deberá ser ratificado antes de entrar en vigor, previsiblemente a finales de 2026, aunque algunas disposiciones entrarán en vigor con anterioridad. Este texto define las obligaciones y normas por las que deberá regirse una tecnología que está aquí para quedarse y que está transformando completamente la vida diaria, pero que conlleva tantas posibilidades como riesgos, muchos de ellos ni siquiera aún imaginables. La COP28 concluye con un llamamiento a "alejarse" de los combustibles fósiles; la ONU afirma que la eliminación es inevitable (13 diciembre 2023) Los países reunidos en Dubai aprobaron el 13 de diciembre de 2023 una hoja de ruta para la «transición hacia el abandono de los combustibles fósiles», algo inédito en una conferencia de la ONU sobre el clima, pero el acuerdo se quedó corto en lo que respecta a la exigida retirada progresiva del petróleo, el carbón y el gas. Acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento en torno a la creación de una nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC) (13 diciembre 2023) El Consejo y el Parlamento han alcanzado el 13 de diciembre de 2023 un acuerdo provisional en torno a la creación de una nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC), elemento central del paquete de medidas contra el blanqueo de capitales, cuyo objetivo es proteger a los ciudadanos y el sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Consejo y el Parlamento llegan a un acuerdo sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (14 diciembre 2023) El Consejo y el Parlamento Europeo llegaron el 14 de diciembre de 2023 a un acuerdo provisional sobre la Directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD), cuyo objetivo es mejorar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la UE y a nivel mundial. La directiva de diligencia debida establecerá obligaciones para las grandes empresas respecto de los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos y el medio ambiente, con respecto a sus propias operaciones, las de sus filiales y las realizadas por sus socios comerciales. Proyecto de regulación en la Unión Europea sobre responsabilidad por productos defectuosos era digital adaptada a la era digital y a la economía circular (14 diciembre 2023) El Consejo y el Parlamento Europeo llegaron el 14 de diciembre de 2023 a un acuerdo político sobre una nueva normativa de la UE sobre responsabilidad por productos defectuosos. Dicha normativa actualizará el actual reglamento de responsabilidad civil, que data de hace décadas, para tener mejor en cuenta que hoy en día muchos productos tienen características digitales y que la economía se está volviendo cada vez más circular. Propuesta de un Reglamento para salvaguardar la libertad de prensa, el pluralismo de los medios y la independencia editorial en la Unión Europea (15 diciembre 2023) El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron el 15 de diciembre de 2023 un acuerdo provisional sobre un Reglamento para salvaguardar la libertad de prensa, el pluralismo de los medios y la independencia editorial en el UE. La Ley europea sobre libertad de prensa (EMFA) establecerá un marco común para los servicios de medios en el mercado interior de la UE e introducirá medidas destinadas a proteger a periodistas y proveedores de medios de la interferencia política, al mismo tiempo que les facilita operar a través de las fronteras internas de la UE. Las nuevas normas garantizarán el derecho de los ciudadanos a acceder a información libre y plural y definirán la responsabilidad de los Estados miembros de proporcionar las condiciones y el marco adecuados para protegerla. Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de reforma del sistema migratorio europeo (20 diciembre 2023) Firmado en Bruselas, el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo fue resultado de tres años de intensas negociaciones y previsiblemente entrará en vigor en 2024. Los representantes de los Estados miembros en el Consejo (Coreper) confirmaron el 20 de diciembre de 2023 el acuerdo provisional entre la presidencia española del Consejo y el Parlamento Europeo acerca de una Directiva sobre el permiso único, que supone una actualización de la reglamentación de la migración legal al mercado laboral de la UE. Ciberderecho El Consejo de la UE resume el texto final del Reglamento de inteligencia artificial En un documento hecho público el pasado 26 de enero, la presidencia belga de turno del Consejo ha publicado, junto con el texto de la propuesta de la Ley sobre la IA, actualizado según el acuerdo político provisional alcanzado, un resumen de los últimos acuerdos alcanzados, que presentamos a continuación. Escrivá propone impulsar tres grandes consensos esta legislatura: uso de la IA, desarrollo de las capacidades tecnológicas del país y transformación de la Administración Pública El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública cree que estos tres consensos "contribuirán a elevar la confianza de la ciudadanía en el sector público y en nuestras capacidades como país para afrontar los retos del futuro"

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