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Podcast
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Noticias Aranzadi LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica
Todos los días podrás escuchar los contenidos que hemos preparado con las noticias más destacadas.
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Encuentro Digital
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WebinarAranzadi LA LEY te invita al encuentro «IA más allá de las grandes firmas: experiencias y aplicaciones reales para tu despacho»
Socios de distintos despachos analizarán los usos reales de la IA y sus beneficios para la práctica jurídica.
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«Think Tank Legal» Aranzadi LA LEY
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Quinto «Think Tank Legal» Aranzadi LA LEYLa ventaja competitiva en el sector jurídico está en saber dónde y cómo usar la IA
Los abogados ya integran esta tecnología en sus flujos de trabajo. El reto ahora es medir su impacto, evitar dependencias y mantener el control profesional
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Derecho de Sufragio y Límites de la Proporcionalidad
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La tutela cautelar ante la urgencia electoral: integridad del censo, derecho de sufragio y límites de la proporcionalidadDra. Carolina del Carmen Castillo Martínez Catedrática de Derecho Civil en la Universitat de València (UVEG)
El Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, de 12 de octubre de 2026, resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado contra la resolución cautelar de 10 de septiembre de 2026, dictada en relación con determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la adquisición de la nacionalidad española al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. La resolución adquiere particular relevancia tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, circunstancia que obliga a reconsiderar la incidencia temporal y material de las medidas adoptadas. El presente trabajo examina la fundamentación jurídica del criterio mayoritario, prestando especial atención a la instrumentalidad de las medidas cautelares, la apariencia de buen derecho, el peligro derivado de la demora procesal, la ponderación de los intereses en conflicto y la modificación sobrevenida de las circunstancias. Asimismo, analiza los argumentos del voto particular discrepante, centrado en la protección del derecho de sufragio de los ciudadanos afectados y en los límites que derivan del objeto del proceso contencioso-administrativo. Se sostiene que la posición mayoritaria presenta una fundamentación jurídicamente defendible, especialmente por su delimitación entre el juicio cautelar y el pronunciamiento de fondo, así como por su concepción de la tutela cautelar como instrumento de preservación de la efectividad de la sentencia. Pero lo cierto es que las posiciones difundidas desde el dictado de la resolución han polarizado la atención en la alternativa adhesión o rechazo al mismo, politizando el alcance de sus consecuencias y descuidando la esencial circunstancia procesal de su naturaleza cautelar.
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Opinión
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Tribuna |
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El delito de expolio y daños en yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Su posterior receptación. Análisis de la normativa especial que integra la norma penal en blancoRamón Martín Martín Letrado de la Administración de Justicia
El art. 323 del Código Penal castiga los daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental y en yacimientos arqueológicos, así como, desde la reforma de 2015, los actos de expolio en estos últimos. Se trata de una norma penal en blanco cuyo contenido sólo puede determinarse acudiendo a una normativa especial particularmente dispersa: la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sus normas de desarrollo y la legislación autonómica. En el trabajo se analizan los elementos del delito de daños y expolio, con especial atención a los fósiles y a los yacimientos paleontológicos, la receptación del art. 298.1 CP de las piezas expoliadas y las respuestas jurisprudenciales sobre la idoneidad del expolio como delito antecedente y la normativa autonómica e internacional que condiciona el alcance de ambos tipos.
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Tribuna |
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Los embargos judiciales de cuentas bancarias y el concepto de ahorroYolanda Galiana Vidal Letrada de la Administración de Justicia
Desde el pasado año se ha producido un cambio de sentido en la interpretación del concepto de ahorro en los embargos de cuentas bancarias, cuyo objetivo es garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los deudores con dificultades económicas. En este trabajo se analiza dicho cambio, proponiendo una solución que concilie la necesidad de asegurar la subsistencia personal y familiar de los ejecutados y el derecho de los ejecutantes a obtener la satisfacción de sus créditos.
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Tribuna |
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La validez de las citaciones telefónicas en el proceso civil: a propósito de la STS 434/2026, de 19 de marzoEvelin Águera Abogada
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) 434/2026, de 19 de marzo, examina la validez de las citaciones verbales telefónicas en el proceso civil a la luz de los arts. 152 y 166 LEC. Partiendo de la doctrina constitucional que considera estructuralmente inidóneo el teléfono como medio de comunicación procesal, el Tribunal admite como correlato de esa regla general dos excepciones, la convalidación prevista en el art. 166.2 LEC cuando el destinatario se da por enterado y no denuncia la nulidad en su primera comparecencia y una excepción casuística basada en un conjunto de indicios que permiten valorar si, en el caso concreto, la llamada telefónica ha cumplido la función de garantía propia de todo acto de comunicación. El estudio se centra en el alcance de esta doctrina, su conexión con el régimen general de nulidad y subsanación de los actos de comunicación (art. 166 LEC) y sus implicaciones prácticas para la actuación de los letrados de la Administración de Justicia.
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Ciberderecho
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IA, nube y sector público. Claves de actualidad en Europa y EspañaPablo García Mexía, PhD. Letrado de las Cortes Generales
La soberanía tecnológica se ha convertido en una idea central de la actual Europa digital, especialmente en nube e inteligencia artificial, ámbitos donde los proveedores europeos acumulan notable retraso frente a los llamados hiperescalares norteamericanos. El artículo encuadra en este contexto el Reglamento de datos, el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto-ley 14/2019 y, sobre todo, la futura CADA (Cloud and AI Development Act), con sus cuatro niveles de garantía y sus exigencias de contratación pública en favor de proveedores y pymes europeas. Examina, además, aspectos clave de la gobernanza de la inteligencia artificial en el sector público, incluida la transparencia del código fuente tras el caso Bosco, la supervisión humana y los retos de la inteligencia artificial agéntica, proponiendo límites y modos de control adecuados para esta última a los poderes públicos europeos y españoles.
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I Foro Regional de Ciberseguridad de ISMS BalearesBaleares sitúa la ciberseguridad más allá de la tecnología: anticipación, talento y colaboración público-privada
• ISMS Forum consolida su primer Foro Regional en Baleares como espacio de referencia para la colaboración en ciberseguridad, con el apoyo institucional del Govern de les Illes Balears.
• El nuevo Board de ISMS Baleares integra a responsables de seguridad de compañías y organizaciones de referencia del territorio como Iberostar, Meliá, Barceló, RIU, Banca March, Ávoris, HBX Group o World2Meet.
• ISMS Forum presentó iniciativas prácticas sobre inteligencia artificial y abordó la transformación del papel del CISO ante la regulación, la falta de talento y los nuevos riesgos digitales.
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La Comisión Europea ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea la referencia a la primera norma armonizada que respalda la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial
La norma EN 18286:2026 - Inteligencia artificial - Sistema de gestión de la calidad para fines reglamentarios de la Ley de IA de la UE , desarrollada por CEN y CENELEC, proporciona una vía legal clara para que los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo cumplan con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos en el artículo 17 de la Ley de IA.
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La sentencia del día
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El TS discrepa del criterio de la DGRN respecto al valor fijado como tipo de la subasta en las ejecuciones hipotecarias
Si las partes optan solo por la ejecución judicial, el art. 682.2.1º LEC permite que el valor que fijen como tipo de la subasta sea inferior al valor en que se hubiera tasado la finca, siempre que no sea inferior al 75% de este valor de tasación; mientras que si optan también por la venta extrajudicial, el valor fijado como tipo de la subasta no puede ser inferior al valor de tasación de la finca, y por la propia previsión del art. 129.2.a) LH esta exigencia se extiende a la ejecución judicial, ya que expresamente se prevé que el tipo fijado para la subasta extrajudicial no puede ser distinto al fijado para la subasta judicial.
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Sentencias y resoluciones
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Cumplimiento del MASC mediante la notificación del intento de negociación en el domicilio de la demandada, que esta no retiró de la oficina de correos
El intento de solución extrajudicial del conflicto fue enviado correctamente y no fue retirado por voluntad de la destinataria. Ello lo convierte en eficaz y suficiente para entender cumplido el requisito de procedibilidad.
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El mínimo por discapacidad puede aplicarse en Renta aun cuando no se haya acudido a la revisión del grado
Despliega todos los efectos el certificado de minusvalía pese a que éste se haya emitido 18 años antes y no se haya acudido a la revisión, pues esta no es preceptiva y se sujeta solo a una previsible mejora del interesado.
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El TEAC zanja la cuestión y determina cómo se aplica la exención cuando se transmite la vivienda habitual privativa y se compra otra con el cónyuge
Si adquieren la nueva vivienda habitual en régimen de gananciales, el transmitente de la vivienda privativa, sólo podrá disfrutar de la exención por la parte que adquiere, esto es el 50%.
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Legislación
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Navarra amplía el catálogo de modelos tributarios con pago mediante domiciliación bancariaRedacción
Navarra. La Orden Foral 74/2026, de 2 de octubre, actualiza y amplía los modelos tributarios cuyo pago puede domiciliarse, incorporando los modelos 150, 442, 573, 980, 981 y J-10, así como los aplazamientos o fraccionamientos. En los modelos S-90, 220 y 442 se exige que el período impositivo coincida con el año natural.
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Legal Management
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¿Es hora de endeudarse? Claves para que tu despacho acceda a financiación, pero con cabezaIlier Navarro
Ojo: no es lo mismo financiar crecimiento de tu bufete que financiar gastos urgentes o de supervivencia.
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Abierta audiencia pública para la actualización de los baremos del Turno de Oficio en territorio Ministerio
La Abogacía Española analizará el proyecto y formulará las observaciones pertinentes en defensa de los profesionales del Turno de Oficio, sin perjuicio de seguir reivindicando otras mejoras sustanciales para los profesionales de la abogacía del Turno.
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En el último Consejo de Ministros
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Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes |
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Mejora de la acción protectora de la Seguridad Social, equiparación de indemnizaciones a víctimas del terrorismo y otras normas sociales
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley (ya publicado en el BOE) que contempla un conjunto de medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y otras normas sociales, así como la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo para la extensión de derechos.
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Vivienda y Agenda Urbana |
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Subvenciones a las Comunidades Autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado
El objetivo es incrementar la oferta de vivienda asequible y reducir los precios del alquiler.
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Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes |
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Actualización de los valores límite de exposición al amianto, el plomo, y los diisocianatos para proteger la salud de los trabajadores
El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales aplicable a la exposición de las personas trabajadoras a agentes cancerígenos, mutágenos, reprotóxicos y agentes químicos peligrosos a través de dos reales decretos.
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Noticias al Día
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El Tribunal Constitucional declara que el inicio del plazo para recurrir un acuerdo de un órgano administrativo comienza a computar, concurriendo determinadas circunstancias, a partir de la publicación del acuerdo de rectificación de errores
El Tribunal Constitucional estima el amparo y anula la decisión judicial razonando que la presentación del recurso en el plazo concedido en el acuerdo de corrección de errores supone que se ha presentado dentro de plazo.
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El Gobierno aprueba el Estatuto Universitario: Salud mental, uso de la IA, derecho de huelga y conciliación laboral
El texto reconoce expresamente el derecho al paro académico, total o parcial, y prevé que las universidades regulen cómo ejercerlo. Entre los deberes que deberán cumplir los alumnos, destaca el no hacer un uso inapropiado de la Inteligencia Artificial.
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Reconocen como enfermedad profesional el covid persistente de una celadora de Bilbao al contagiarse en un hospital
La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao ha reconocido el derecho a una celadora de Bilbao con covid persistente a que sus bajas temporales fueran causadas por contingencias profesionales, al contagiarse en un centro hospitalario.
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La Audiencia de Cáceres exime a una pareja de pagar la comisión a una inmobiliaria por falta de contrato previo y deber de información en la compraventa de un piso
Según la resolución, los compradores carecen de obligaciones con la agencia porque no contrataron sus servicios de búsqueda, sino que simplemente se interesaron por una vivienda que ya gestionaba la inmobiliaria.
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Bruselas moviliza 74 millones para financiar 27 proyectos medioambientales en España
Entre las iniciativas seleccionadas figuran la conservación de especies amenazadas, la prevención de incendios y la mejora del reciclaje.
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Los órganos judiciales registran en el segundo trimestre un total de 21.433 demandas de disolución matrimonial, apenas un 0,4 % más respecto al 2025
Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana fueron los territorios que registraron un mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes; Castilla y León, País Vasco y Madrid, los que menos.
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