Gestión colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual; retroceso de la virtualidad en la denuncia penal

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 5 de junio de 2026
Podcast Noticias Aranzadi LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica Todos los días podrás escuchar los contenidos que hemos preparado con las noticias más destacadas. IA jurídica ¿Cómo está dando la IA el salto de responder preguntas sueltas a gestionar asuntos jurídicos de principio a fin? Este cambio de enfoque supone una transformación profunda del trabajo en despachos y asesorías jurídicas. En lugar de utilizar la IA como un buscador sofisticado, los profesionales pueden apoyarse en ella como en una infraestructura de trabajo: el sistema recibe la descripción del asunto, analiza la documentación relevante y propone un plan de trabajo jurídico dividido en tareas concretas. Propiedad Intelectual Gestión colectiva obligatoria «eficiente» de Derechos de Propiedad Intelectual Fernando Carbajo Cascón Catedrático de Derecho Mercantil Las tendencias liberalizadoras del sector de la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual culminaron con el reconocimiento de la figura de los operadores de gestión independientes (OGIs) por el legislador de la UE en el año 2014, introduciendo así libre competencia para hacer realidad la libre prestación de servicios en el sector dentro del mercado interior. Sin embargo, la introducción de competencia se enfrenta a poderosas consideraciones de eficiencia económica que aconsejan mantener la gestión colectiva en manos de una sola o, en su caso, un número reducido de entidades de gestión colectiva; sobre todo en esquemas 0 modelos de gestión colectiva obligatoria de derechos de simple remuneración o de algunos derechos exclusivos, establecidos bien por el legislador de la Unión o bien por legisladores nacionales de los Estados miembros. La Secc. 32ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha planteado recientemente una cuestión prejudicial ante el TJUE donde pregunta si es compatible con el ordenamiento de la UE excluir a los OGIs de la gestión colectiva obligatoria del derecho de remuneración equitativa y única de artistas intérpretes o ejecutantes y productores fonográficos por los actos de comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales. Con este artículo pretendo justificar que existen poderosas razones de orden económico y jurídico para mantener la reserva de la gestión colectiva obligatoria en manos de una sola o un número muy reducido de entidades de gestión, en beneficio no solo de los titulares de derechos sino también de los propios usuarios y, a la postre, del interés general en el adecuado funcionamiento de los mercados donde se llevan a cabo usos secundarios masivos de derechos de autor y derechos afines, equilibrando el acceso igualitario a los contenidos protegidos con un adecuado retorno económico para titulares de derechos que mantenga los incentivos a la creación y la inversión en el ámbito de la cultura. Opinión Tribuna El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como cuestión previa en el juicio penal Jorge Martínez Moreno Magistrado-Juez de la Plaza Judicial n.o 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Palencia Revisando jurisprudencia clave, el artículo analiza cómo debe alegarse en la audiencia preliminar la infracción del artículo 324 LECrim, que fija un plazo de 12 meses (prorrogables) para la instrucción y limita la validez de diligencias acordadas fuera de plazo. Tribuna Los actos de comunicación en el proceso civil o sobre cómo el papel aún sigue planeando sobre la Administración de Justicia Pablo Cremades López de Teruel Procurador de los Tribunales de Valencia El expediente judicial electrónico y la abolición del papel son los signos que identifican la modernización de la Administración de Justicia. Sin embargo, esta transformación digital se proyecta sobre una arquitectura y unos cimientos normativos concebidos históricamente para el soporte físico. No existe una legislación procesal digitalmente nativa, sino una adaptación tecnológica de categorías forjadas en la cultura del papel; una migración ejecutando un «software» del siglo XXI sobre una infraestructura del siglo XX. La tensión emerge con especial intensidad en los actos de comunicación y, especialmente, en la figura del requerimiento. Sobre esa frontera normativa y práctica reflexiona este trabajo. Tribuna El retroceso de la virtualidad en la denuncia penal: Análisis del nuevo art. 266 LECrim. tras la LO 1/2026 María José Rus Trigo Opositora a Judicatura y Fiscalía y estudiante del Máster de Abogacía y Procura El presente artículo analiza la paradoja sistémica que atraviesa la Administración de Justicia en España, inmersa en un ambicioso proceso de transformación digital bajo el Plan Estratégico «Justicia 2030». Mientras que la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia, eleva la presencia telemática a regla preferente para agilizar el servicio público, la reciente reforma del artículo 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), consolidada por la LO 1/2026, impone una restricción taxativa al uso de canales virtuales en el acto de la denuncia penal. El estudio desgrana el nuevo catálogo de exclusiones, que prohíbe la interposición de denuncias telemáticas en supuestos de especial gravedad o sensibilidad: hechos cometidos con violencia o intimidación, delitos de naturaleza sexual, casos con autor conocido, presencia de testigos, delitos flagrantes o denunciantes menores de edad. La ratio legis de este «retroceso presencialista» se fundamenta en la necesidad de garantizar la integridad de la notitia criminis, permitiendo una valoración sensorial inmediata de la veracidad del relato y el estado emocional de la víctima, así como prevenir el fraude procesal y la victimización secundaria. Asimismo, el análisis aborda la antinomia jurídica existente entre el rigorismo del art. 266 LECrim y el mandato de la Directiva (UE) 2024/1385, que obliga a los Estados miembros a facilitar canales de denuncia en línea seguros para víctimas de violencia doméstica y de género. Se examinan también los riesgos de la brecha digital como barrera de acceso a la jurisdicción y las consecuencias procesales de la infracción del canal legal, proponiendo la aplicación del estándar de «cuidado debido» y la subsanabilidad frente a la nulidad radical, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. El artículo concluye que el éxito de la digitalización penal depende de un equilibrio irrenunciable entre la eficiencia algorítmica y la humanidad de la inmediación física en la tutela de los derechos fundamentales. Ciberderecho La Comisión propone un paquete de medidas de soberanía tecnológica para reforzar la autonomía y la resiliencia digital de Europa La Comisión Europea ha presentado el Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica, un conjunto de medidas para reforzar la capacidad de Europa en semiconductores, inteligencia artificial (IA), computación en la nube y código abierto. Sancionada una empresa por no comunicar a los afectados una brecha de seguridad derivada del acceso no autorizado a bases de datos sanitarias Se filtraron los datos de pacientes de clínicas odontológicas a los que se había prescrito una ortodoncia invisible, que permitían su identificación y localización, generando un riesgo alto para sus derechos y libertades. Se ha escrito en… Práctica Urbanística Práctica Urbanística «Una aproximación a la relación jurídica de la ordenación del territorio y el urbanismo con el fenómeno de las viviendas de uso turístico», por Sergio Fernández Monedero La revista Práctica Urbanística te ofrece, en abierto, este artículo incluido en su último número publicado, nº 200, mayo-junio 2026, firmado por Sergio Fernández Monedero, consejero, área de Derecho Urbanístico de Cuatrecasas. La sentencia del día Responsabilidad de la clínica de fertilidad por el nacimiento de un niño, mediante técnicas de reproducción asistida, con una enfermedad genética rara Falta de información del riesgo de transmisión de enfermedades genéticas o hereditarias e incumplimiento de la obligación de realizar las pruebas necesarias para detectar en los donantes de los embriones si eran portadores de la enfermedad. Sentencias y resoluciones Concurrencia de culpas al 50% en un accidente en el que la conductora del ciclomotor no llevaba puesto el casco Se limita a dos casos: los supuestos de grave desproporción del porcentaje de responsabilidad atribuido a cada una de las conductas culposas concurrentes, y los casos de defectuosa apreciación del nexo causal entre las conductas enjuiciadas y el desenlace en que consistió el resultado final. Declaran improcedente el despido de un repartidor por una sola falta de uniformidad y EPI obligatorio El tribunal entiende que el incumplimiento de la uniformidad y de las instrucciones de prevención de riesgos solo constituye una falta grave, sin que exista reiteración ni perjuicio notorio que permitan elevarla a falta muy grave y fundamentar el despido disciplinario. Sanción a Instituciones Penitenciarias por exigir a un funcionario la aportación del diagnóstico médico y el tratamiento referido a ausencias laborales justificadas El Centro penitenciario queda sujeto al cumplimiento de los principios reguladores del tratamiento de datos de carácter personal y entre ellos al principio de minimización de datos desde el momento en que se solicita su aportación, aunque los mismos no lleguen a ser facilitados y recogidos por el responsable. Doctrina Administrativa Las liquidaciones incluidas en el acuerdo de responsabilidad tributaria no se transmiten a los herederos El TEAC cierra la puerta a que los herederos y legatarios de los administradores sociales declarados responsables, reciban mortis causa las liquidaciones incluidas en el acuerdo de derivación de responsabilidad. Legislación Actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales correspondientes a 2026 y medidas de flexibilidad financiera local La adopción de medidas de actualización de las entregas a cuenta tiene por finalidad adecuar las previsiones de ingresos previas a la cesión a las administraciones territoriales a la previsión de ingresos tributarios del Estado para 2026 y adicionalmene se posibilita el destino de su superávit presupuestario de 2025 para financiar inversiones financieramente sostenibles, contemplando una habilitación plurianual para la ejecución de inversiones en materia de vivienda. Recoge una modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, para adaptar esta regulación a los últimos pronunciamientos judiciales recaídos sobre los supuestos en que se viene denegando la autorización de provisión por el sistema de libre designación. Unión Europea Un Estado miembro puede investigar un fraude relacionado con un matrimonio de conveniencia y constatar su existencia incluso después de que la persona en cuestión haya adquirido su nacionalidad El Tribunal de Justicia considera que las normas de la Directiva relativas a la lucha contra el fraude y los abusos de derecho también se aplican a situaciones pasadas. Estas normas permiten a los Estados miembros adoptar medidas relativas a derechos anteriormente conferidos, incluso si la persona ya no es beneficiaria de la Directiva cuando tiene lugar la intervención de las autoridades. La madre de un menor ciudadano de la Unión puede gozar de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro en el que reside con su hijo y del que este es nacional, aun cuando ya tenga derecho de residencia en otro Estado miembro El Tribunal de Justicia declara que debería concederse a la madre un derecho de residencia derivado en los Países Bajos, ya que la denegación de ese derecho menoscabaría la unidad familiar y privaría al menor de la posibilidad de que ha gozado, desde su nacimiento, de mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre. Abogada General Capeta: Debe desestimarse el recurso interpuesto por la Asamblea Nacional francesa contra la legislación de la Unión en materia de asilo y migración por violación del principio de subsidiariedad La Abogada General Ćapeta concluye que los motivos aducidos para actuar a escala de la Unión en este caso parecen sólidos, y que la Asamblea Nacional no ha presentado ningún argumento que invalide esta conclusión. Legal Management Pon la lupa en los gastos hormiga para detener el goteo de recursos de tu bufete Ilier Navarro Con una sencilla auditoría interna y medidas muy prácticas podrás ahorrar más en tu despacho. Noticias al Día La Sala Primera del TC ampara a una magistrada que había sido sancionada por el CGPJ por dificultades en su desempeño profesional derivadas de una discapacidad psíquica el Tribunal constata que el CGPJ tenía conocimiento de que la magistrada demandante de amparo padecía un cuadro ansioso-depresivo de largo recorrido que interfería en el debido desempeño de la función jurisdiccional, optando por la vía disciplinaria contra la recurrente a la que achacaba no haber advertido la reactivación de su cuadro clínico y no haber dado cuenta de ello al CGPJ, sin valorar, por otro lado, la posible adopción de ajustes razonables ante tal circunstancia. La Mutualidad de los Procuradores aprueba las cuentas de 2025 con una solvencia del 194% y reparte más de 24,3 millones, mientras roza los 550 millones en activos La entidad inicia una nueva etapa centrada en la transparencia, la participación activa de los mutualistas y la generación de valor. El Consejo Directivo refuerza su compromiso con la rendición de cuentas a través de las Asambleas Territoriales como espacios de control. El modelo evoluciona hacia una Mutualidad más abierta, sólida y participativa. UPTA propone "la reforma más ambiciosa" del Estatuto del Trabajo Autónomo de los últimos 20 años La propuesta de UPTA es el resultado de un proceso de participación y escucha activa desarrollado durante los últimos meses, en el que han participado más de 150 asociaciones sectoriales e intersectoriales de todo el territorio nacional. CCOO alerta de "colapso funcional" en 41 provincias por los retrasos en la justicia laboral CCOO ha alertado este miércoles de una situación de "colapso funcional" en 41 provincias por los retrasos en la jurisdicción social, constatando que la espera media para un juicio llega a ser de hasta 450 días para los casos de reclamación de salarios y reconocimiento de derechos, según un informe elaborado por el Gabinete Jurídico Confederal del sindicato. La CNMC requiere a cinco influencers por no identificar correctamente la publicidad en sus vídeos • En uno de los casos, se advierte de la aplicación de la normativa sobre declaraciones de salud en productos alimenticios. • Las actuaciones afectan a publicaciones en Instagram y TikTok en las que la indicación comercial no aparecía dentro del propio vídeo. • La CNMC recuerda que términos como “publicidad” o “publi” deben figurar de forma visible en el contenido audiovisual y señala que es exigible a los influencers las obligaciones contenidas en la regulación publicitaria relacionada con la salud. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 38% interanual en el primer trimestre El número total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales es el más elevado para un primer trimestre desde 2022. Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas el año pasado, con un total de 1.226, seguida de Cataluña (906) y Comunidad Valenciana (657). En el lado opuesto, con menos ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, se situaron La Rioja (24) y Navarra y Cantabria, ambas con 29.

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