Hoy en nuestra portada LA LEY Mediación y Arbitraje nº 26

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 23 de abril de 2026
Podcast Noticias Aranzadi LA LEY te ofrece sus podcast, actualizados a diario, para que puedas estar puntualmente informado de la actualidad jurídica Todos los días podrás escuchar los contenidos que hemos preparado con las noticias más destacadas. LA LEY Mediación y Arbitraje nº 26 Sumario Diario LA LEY te ofrece en su portada el último número publicado de LA LEY Mediación y Arbitraje, nº 26, enero-marzo 2026, revista de actualidad jurídica dedicada al análisis, la promoción y la divulgación de los desarrollos normativos, jurisprudenciales y de la práctica de los métodos alternativos de solución de controversias, en especial de la mediación y del arbitraje, en sus distintas dimensiones: nacional, internacional y transnacional. Tribuna La responsabilidad arbitral internacional del Estado por actuaciones irregulares de sus jueces y tribunales Bernardo M. Cremades Socio fundador de la firma B. Cremades y Asociados El texto examina la responsabilidad internacional del Estado derivada de actuaciones irregulares de jueces y tribunales, así como los mecanismos para hacerla efectiva. Partiendo de los estándares internacionales de protección judicial, se analiza la insuficiencia de los remedios internos en determinados supuestos y la relevancia de la protección diplomática como vía clásica, caracterizada por el control estatal del litigio. Frente a ello, el arbitraje de inversiones introduce una transformación significativa al permitir la acción directa de los particulares contra el Estado, ampliando la legitimación activa y configurando una renuncia a la inmunidad jurisdiccional. El estudio aborda igualmente la noción de hecho internacionalmente ilícito, la denegación de justicia como estándar evolutivo, así como las figuras de expropiación indirecta y expropiación judicial. Finalmente, se examinan las formas de reparación, destacando el papel del arbitraje como instrumento de garantía de las obligaciones internacionales del Estado. La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje impulsa una estrategia integral de reforma institucional y promoción del arbitraje en España Francisco Ruiz Risueño Secretario de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje La presente tribuna examina la estrategia impulsada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje para reforzar su posición institucional y promover la expansión del arbitraje en España en el marco de las recientes transformaciones del sistema de justicia. A partir de un diagnóstico detallado sobre las limitaciones del arbitraje interno, se articulan diversas líneas de actuación que comprenden la reorganización institucional, la mejora de la calidad técnica, el perfeccionamiento de los mecanismos de designación, la simplificación procedimental y el incremento de la accesibilidad. Asimismo, se incorporan iniciativas en materia formativa, mediación, comunicación, implantación territorial y especialización sectorial orientadas a consolidar la confianza de los operadores jurídicos y económicos. Amores… pero no siempre buenas razones Josep Maria Julià Delegaltessen Cuando el apoyo judicial al arbitraje se fundamenta en un entendimiento incorrecto de las obligaciones legales o de la naturaleza del apoyo prestado, existe el riesgo de que una resolución aparentemente inofensiva cree el precedente para eventuales situaciones de abuso o indefensión. A estos efectos, este art examina sendas resoluciones judiciales sobre la obligación de motivación del laudo en el execuátur de laudos extranjeros y sobre los actos propios en la anulación de laudos por invalidez del convenio arbitral. La justicia restaurativa: un nuevo paradigma humanizador en nuestro sistema penal Anna Vall Rius Universidad de Barcelona La Justicia Restaurativa (JR) aporta un enfoque innovador en la respuesta ante el delito e implica a sus protagonistas en el proceso decisorio, que está más enfocado en alcanzar un objetivo sanador y reparatorio que punitivo. En los últimos años España ha aprobado distintas normas que reconocen el valor y los efectos de la JR, como el art. 15 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del delito (trasposición de la Directiva 2012/29/UE) o el art. 84-1 del Código Penal. A este reconocimiento debe sumarse la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que añade una disposición adicional novena a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula, de forma concisa, los principios básicos y algunos de los efectos procesales de la aplicación de la Justicia Restaurativa en el ordenamiento penal. Esta adopción de la JR y de sus principios rectores en nuestro marco penal supone un impulso para avanzar hacia un Derecho penal más humanista, más cercano a las auténticas necesidades de la víctima, que adquiere una mayor relevancia y más responsabilizador y motivador de reflexión y cambios en el victimario. Ofendido y ofensor dejan de ser personajes colaterales para convertirse en protagonistas y ser reconocidos como figuras centrales del paradigma restaurativo. México ante la revisión del T-MEC: arbitraje internacional, soberanía regulatoria y cumplimiento normativo Alejandro Mier Hernández Socio fundador en A-Lex & Mier Abogados (Ciudad de México) El texto analiza la revisión del T-MEC de 2026 desde una perspectiva jurídico-económica, centrada en el papel del arbitraje internacional y su impacto en el equilibrio entre protección de la inversión extranjera y soberanía estatal. Se examina la evolución del tratado hacia un sistema de controversias permanente, así como las tensiones derivadas de los mecanismos inversor-Estado. Asimismo, se estudia la posición del Gobierno mexicano, orientada a mantener el arbitraje introduciendo límites frente a prácticas especulativas. Finalmente, se aborda un caso reciente que ilustra la función defensiva del arbitraje para el Estado. Estudios y Regulación Aspectos procesales del derecho colaborativo Vicente Pérez Daudí(1) Catedrático de Derecho Procesal Este trabajo analiza la incorporación del derecho colaborativo en el sistema procesal español tras la aprobación LOEP (LOEP). Se examinan sus principios esenciales, la cláusula de retirada como elemento diferenciador y las implicaciones éticas y procesales que genera. Asimismo, se estudia la falta de desarrollo normativo del procedimiento colaborativo, su relación con otros medios adecuados de solución de conflictos (MASC) y los efectos sobre la suspensión de plazos, medidas cautelares, ejecución y costas. El art. concluye con propuestas de lege ferenda orientadas a garantizar la eficacia del derecho colaborativo mediante la regulación del estatuto del abogado colaborativo, la extensión de la renuncia a tribunales y la articulación de mecanismos procesales y deontológicos que aseguren su correcta implementación. Negociación y resultado en la reestructuración de empresas en crisis tras la incorporación de la Directiva UE 2019/1023 Enrique Sanjuán y Muñoz Magistrado especialista mercantil CGPJ El presente trabajo se articula a partir del régimen jurídico de la insolvencia resultante de la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, y modificado por la Ley 16/2020, en lo relativo a la negociación de los planes de reestructuración. El objetivo fundamental del trabajo es poner de manifiesto que la voluntad del legislador europeo, tal como se desprende de la Directiva (UE) 2019/1023, fue la de promover de manera decidida la negociación como instrumento central para la reestructuración temprana de empresas viables, configurando dicha negociación como un proceso esencialmente impulsado por la iniciativa del deudor. Desde esta premisa, el estudio evidencia que la transposición al ordenamiento interno no habría alcanzado plenamente los objetivos perseguidos por la norma europea, en la medida en que ha generado un desplazamiento del clásico problema del hold-out (la resistencia estratégica de determinados acreedores) hacia un régimen de hold-up o de mantenimiento forzoso de posiciones, que acaba produciendo efectos disfuncionales tanto para el deudor como para el conjunto de los acreedores. Este resultado se aparta del propósito originario de la Directiva, orientado precisamente a neutralizar comportamientos oportunistas y a favorecer soluciones negociadas equilibradas. Finalmente, el trabajo sistematiza la negociación de los planes de reestructuración a partir de un conjunto de principios estructurales que deben concurrir para garantizar su eficacia y eficiencia, y que permiten evaluar la corrección del proceso negociador y de su resultado. Tales principios, extraídos del marco normativo europeo y de su recepción en el derecho interno, constituyen el parámetro esencial para valorar si la reestructuración cumple adecuadamente la función preventiva y de viabilidad empresarial que le es propia. Justicia digital 2028: un nuevo paradigma para la resolución de litigios de consumo Raquel Bonachera Villegas Profesora titular de Derecho Procesal En este artículo, la autora realiza un estudio y análisis de la Directiva (UE) 2025/2647, de 16 de diciembre de 2025, que modifica la Directiva 2013/11/UE. Partiendo de la regulación existente sobre las entidades acreditadas para la resolución alternativa de litigios (RAL) en materia de consumo, la nueva directiva amplía tanto el ámbito material como territorial de actuación de estas entidades, reforzando la eficiencia, accesibilidad y alcance de los procedimientos de resolución alternativa, e incorporando de manera significativa la digitalización y automatización en dichos procedimientos. Práctica en mediación y arbitraje Mediación, prácticas restaurativas y discapacidad. Un proyecto en Navarra a la luz de la Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias M.ª Victoria Sánchez Pos Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Navarra Miriam Alli Pedagoga y Educadora Social Mª Jesús Álvarez Doctora en Psicología Sagrario Anaut Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad Pública de Navarra Ana Lizarraga Álvarez Psicóloga Adriana Rodrigo Ruiz Trabajadora Social. Profesora Asociada de Trabajo Social. Universidad Pública de Navarra Elena Sarasa Villaverde Abogada y Mediadora Este trabajo tiene como objetivo exponer las principales las líneas de actuación y los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto «Prevención de Conflictos y Prácticas Restaurativas en Personas con Discapacidad en Navarra», impulsado por la Cooperativa de Iniciativa Social A Tu Lado. Zurekin y financiado por el Gobierno de Navarra en el marco de la Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias. La inteligencia artificial como herramienta de apoyo en los medios adecuados de solución de controversias (MASC): límites, utilidad y vicios del consentimiento. La auditoría de los sistemas IA Jorge Pipaón Pulido Abogado del Estado El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea constituye la primera iniciativa normativa integral destinada a regular el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de inteligencia artificial desde un enfoque basado en el riesgo. Su objetivo es garantizar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales, estableciendo diferentes niveles de exigencia según el impacto potencial de los sistemas. La norma adopta un enfoque horizontal, con alcance extraterritorial, que afecta tanto a operadores europeos como a aquellos que actúan en el mercado de la Unión. Asimismo, introduce obligaciones de transparencia, supervisión humana y trazabilidad, especialmente en los sistemas de alto riesgo. No obstante, plantea importantes desafíos, como la delimitación de responsabilidades, la adaptación del Derecho internacional privado y la gestión de tecnologías cada vez más complejas y autónomas. En definitiva, el Reglamento aspira a consolidar un modelo europeo de gobernanza tecnológica basado en la confianza y la protección de valores fundamentales. MASC y sustracción internacional de menores: la exclusión del requisito de procedibilidad en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia Mª Carmen Chéliz Inglés(*) Profesora Titular (acred.) de Derecho Internacional Privado La Ley Orgánica 1/2025 excluye expresamente a los supuestos de sustracción internacional de menores del requisito de acudir previamente a un mecanismo adecuado de solución de controversias (MASC). Esta opción legislativa, orientada a preservar la celeridad del mecanismo de restitución, contrasta con el enfoque del Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter), que promueve activamente la mediación y otros métodos consensuales dentro del propio procedimiento judicial. A partir de esta aparente tensión normativa, el trabajo examina el alcance real de la exclusión, su interacción con los instrumentos internacionales aplicables y el papel que los MASC desempeñan en la gestión de los conflictos de sustracción internacional de menores. Mediación organizacional: estrategia clave para la resolución de conflictos corporativos Mónica Corella Mediadora, Ética aplicada Las organizaciones en la actualidad, afrontan retos caracterizados por una notable diversidad y un elevado grado de complejidad, derivados, entre otras causas, de la interacción constante entre múltiples actores, tanto internos como externos, que poseen intereses, valores y objetivos heterogéneos. Entre estos desafíos, la gestión de los conflictos en el ámbito interno organizacional en cualquier nivel de la estructura, adquiere una relevancia particular, especialmente si se considera el impacto negativo que puede generar una inadecuada gestión de los mismos. Dicho impacto no solo afecta al bienestar de las personas que forman parte de la organización, sino también al funcionamiento de la misma y desempeño, pudiendo incluso comprometer, en determinados casos su sostenibilidad y reputación. En este contexto, el presente artículo aborda la mediación organizacional, entendida en un sentido amplio como una institución mediadora, y la presenta como una estrategia fundamental para la gestión eficaz de los conflictos corporativos, atendiendo a las particularidades que ofrece el marco de intervención de la mediación. No obstante, su alcance va más allá de la resolución de disputas, ya que también contribuye a la implantación de una cultura organizacional orientada al bienestar, colabora con los procesos de cambio, promueve el aprendizaje colectivo y a la mejora de la gobernanza. De este modo, la mediación organizacional se configura como una herramienta clave para la construcción y consolidación de organizaciones más humanas, participativas, democráticas, eficaces y resilientes. La potestad cautelar del árbitro: reivindicación de la autonomía del arbitraje Francisco Ramos Romeu Profesor Titular de Derecho Procesal El presente trabajo examina la potestad cautelar del árbitro desde una perspectiva favorable a la autonomía del arbitraje y a la primacía de la voluntad de las partes en su configuración. Tras reconstruir la evolución normativa española y revisar críticamente la doctrina dominante, el autor sostiene que el art. 23 de la Ley de Arbitraje no impone la traslación automática de los presupuestos del art. 728 LEC al ámbito arbitral. Por el contrario, defiende una concepción flexible y funcional de la tutela cautelar arbitral, abierta a soluciones diversas según el convenio arbitral, los reglamentos institucionales y las necesidades concretas del litigio Modulando el deber de motivación del laudo, por acuerdo de las partes Belén Alandete Sánchez Abogada Senior del Área de Procesal y Arbitraje de Broseta Abogados El trabajo analiza la posibilidad de que las partes modulen, por acuerdo, el deber de motivación del laudo arbitral en el Derecho español. A partir de la evolución reciente de la jurisprudencia constitucional, especialmente de las sentencias que restringen el control judicial sobre la suficiencia de la motivación, el estudio sostiene que la motivación del laudo tiene naturaleza legal y no constitucional, lo que abre un margen relevante a la autonomía de la voluntad. Sobre esa base, se examina la regulación española, su contraste con el Derecho comparado, los reglamentos arbitrales internacionales y la Ley Modelo CNUDMI, para mostrar que la exigencia de motivación presenta una configuración muy diversa. El artículo defiende que, aunque la Ley de Arbitraje española no permite renunciar por completo a la motivación del laudo, sí deja espacio para que las partes precisen su alcance, intensidad o contenido. Finalmente, se valoran los momentos idóneos para pactar esa modulación, los posibles parámetros de configuración y sus riesgos y ventajas en una eventual acción de anulación Sentencias comentadas La cláusula arbitral en las condiciones generales electrónicas: validez del click-wrap y reconocimiento del laudo extranjero en España Luis Sánchez Pérez Abogado en Medina Cuadros Abogados, S.L. El Auto no. 12 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 9 de marzo de 2026, otorga el execuátur a un laudo arbitral dictado en Ámsterdam. La resolución examina la validez del convenio arbitral pactado en condiciones generales electrónicas mediante click-wrap entre empresarios, la aplicación analógica de la doctrina del TJ fijada en el asunto El Majdoub (C-322/14), y la distribución de la carga de la prueba bajo el Convenio de Nueva York. Se analizan los motivos de oposición al execuátur —ausencia del convenio arbitral y vulneración del orden público— y se concluye que el ordenamiento español favorece el reconocimiento de laudos extranjeros en coherencia con el principio de favor recognitionis. El inicio del litigio en materia matrimonial: MASC y litispendencia a la luz de la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Marta Casado Abarquero Profesora Contratada Doctora Universidad de Deusto y Socia San Jose Abogados El presente trabajo analiza la litispendencia transfronteriza en materia matrimonial. En particular, examina las disfunciones que se genera en ordenamientos jurídicos como el español que imponen la obligación de acudir previamente a mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), al provocar desventajas estructurales frente a otros sistemas que permiten la interposición directa de la demanda. A partir de la reciente jurisprudencia del TJUE, se aborda la interpretación funcional del concepto «documento equivalente al escrito de demanda», que desplaza el foco desde la formalidad procesal hacia el inicio material del litigio. Intra-EU Investment Disputes: The Swiss Supreme Court Unmoved by the Achmea–Komstroy–PL Holdings Trilogy Xavier Favre-Bulle Dr. iur.; Partner, Lenz & Staehelin Clara Samson Associate, Lenz & Staehelin En una sentencia histórica de 3 de abril de 2024 dictada en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía en el asunto EDF Energies Nouvelles SA contra el Reino de España, el Tribunal Supremo suizo dictó la primera resolución de un tribunal supremo no perteneciente a la UE en la que se rechazaba la objeción intracomunitaria formulada por el TJUE en los asuntos Achmea, Komstroy y PL Holdings. Apartándose de la jurisprudencia de la UE, el Tribunal confirmó la competencia de un tribunal del TCE con sede en Suiza sobre un litigio entre una empresa francesa y España, afirmando la validez del artículo 26 del TCE. Desde entonces, la decisión ha tenido eco en otros tribunales fuera de la UE, lo que pone de relieve la creciente división entre los tribunales de la UE y los de fuera de la UE en el tratamiento de la objeción intra-UE. De los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria Roger Canals Vaquer Socio responsable del Departamento de litigación y arbitraje de Arco Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P. Andreu Fernández Naranjo Socio del Departamento de procedimiento y litigación tributaria de Arco Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P. La sentencia del TJUE en el asunto Santander Renta Variable examina la compatibilidad de determinadas exigencias probatorias con la libre circulación de capitales. El fallo distingue entre controles fiscales legítimos y cargas administrativas desproporcionadas, admitiendo certificaciones ex ante y rechazando exigencias excesivas ex post. A partir de este pronunciamiento, el análisis incorpora una reflexión sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria. Se destaca el modelo portugués de arbitraje tributario como referencia para España, donde la elevada litigiosidad y la rigidez procedimental aconsejan explorar vías como el arbitraje o la conciliación judicial para mejorar la eficiencia del sistema. Mecanismo complementario del CIADI, inmunidad soberana y doble reconocimiento Enrique Linares Rodríguez Palatinus Legal El Auto del TSJ de Madrid aborda el reconocimiento en España de un laudo dictado bajo el Mecanismo Complementario del CIADI, lo que implica la aplicación del Convenio de Nueva York en lugar del sistema autónomo del Convenio de Washington. La resolución examina la incidencia de la inmunidad soberana y la singularidad de un doble reconocimiento dentro del mismo procedimiento. Asimismo, confirma el carácter homologador del execuátur y anticipa las dificultades vinculadas a la ejecución frente a Estados extranjeros. Diario LA LEY, nº 10929, de 23 de abril de 2026 Opinión Tribuna La figura del proyecto habitacional local como medida excepcional introducida por las Cortes Valencianas para tratar de reducir la crisis de acceso a la vivienda María Blasco Jordán Abogada Uría Menéndez Héctor Nogués Galdón Abogado Uría Menéndez El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de la España contemporánea. Ante este escenario, el legislador valenciano aprobó el Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre, que, entre otras medidas, crea la figura del Proyecto Habitacional Local (PHL), un instrumento de carácter excepcional destinado a promover vivienda protegida de nueva construcción sobre suelos municipales vacantes. Dichos suelos pueden ser dotacionales de equipamiento no ejecutados o de patrimonio municipal de naturaleza meramente patrimonial. Su rasgo más singular es la alteración automática de la calificación jurídica de las parcelas afectadas —que pasan a considerarse bienes patrimoniales desde la aprobación del proyecto—. En particular, se habilita a la Generalitat para aprobar directamente el PHL con declaración de interés general y exención de licencia municipal, lo que le permite ejecutar actuaciones residenciales en suelo municipal sin requerir el beneplácito del ayuntamiento. Además de esta posible tensión con la autonomía local, el instrumento plantea ciertas zonas de incertidumbre, tales como la ausencia de plazos específicos o la falta de regulación expresa sobre evaluación ambiental. Tribuna Eutanasia: del derecho reconocido al derecho bloqueado. El caso de Noelia Jorge Gómez-Escolar Arias Juez en prácticas El trabajo analiza las disfunciones en la efectividad del derecho a la prestación de ayuda para morir, reconocido por la Ley Orgánica 3/2021. A partir del caso de Noelia, se examina cómo la interposición de recursos y la adopción de medidas cautelares pueden bloquear su ejecución. Se sostiene que el problema no reside en reconocer legitimación para recurrir, sino en la ausencia de una regulación procesal específica. Se propone un procedimiento especial y preferente que garantice el control judicial sin comprometer la efectividad del derecho. Tribuna Universalización jurisprudencial, violencia de género y no repetición: Análisis del Caso Márcia Barbosa de Souza vs. Brasil Nilson Dias de Assis Neto Magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Paraíba (TJPB) (Brasil) El presente estudio examina la aplicabilidad del principio de universalización desarrollado por Neil MacCormick en su teoría integradora al análisis de la sentencia internacional que se analiza, con el objetivo de determinar si la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple con los criterios de universalización necesarios para constituir una garantía efectiva de no repetición de violaciones de derechos humanos en casos de violencia de género. Ciberderecho Cyber Quantum Law Lab Criptografía postcuántica y protección de datos personales David Regairaz(1) Abogado especializado en Derecho Digital, con foco en protección de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, privacidad y compliance La irrupción de la computación cuántica sitúa a los Responsables del Tratamiento ante un riesgo sin precedentes para la confidencialidad de los datos personales. Los estándares postcuánticos del NIST junto a la selección de HQC como quinto algoritmo de respaldo, proveen la base técnica para la migración. Sin embargo, esa base carece de traducción directa en obligaciones jurídicas concretas bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El presente artículo analiza la brecha existente entre el avance criptográfico y el marco regulatorio, tomando como referencia contemporánea la Digital Omnibus propuesta por la Comisión Europea en 2025 y la Joint Opinion 2/2026 del EDPB y el EDPS. A partir de ese diagnóstico, propone un modelo de actuación proactiva articulado en torno a los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), orientado a que las organizaciones lleguen resilientes al denominado Q-Day. La sentencia del día Inaplicación del subtipo agravado de multirreincidencia en hurto por no contener la sentencia datos suficientes para excluir la cancelación de los antecedentes penales El cuestionamiento de la procedencia de la agravación específica del artículo 235.1.7 del Código Penal no surge de si existe un número suficiente de condenas anteriores por delitos menos graves de hurto, sino de si los antecedentes por estas condenas estaban o no cancelados y resultaban o no operativos para determinar la agravación. Sentencias y resoluciones El TS declara abusivas las hipotecas multidivisa comercializadas por Barclays Bank Falta de transparencia. No consta que la entidad bancaria proporcionase la información precontractual necesaria para que los prestatarios conocieran adecuadamente la naturaleza y riesgos del producto. Esa falta de transparencia provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, en perjuicio del consumidor. Debe consultarse a la Comisión Europea y no denegar sin más información solicitada sobre las vacunas del Coronavirus El Tribunal Supremo considera que no se aplica el Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, a los documentos que estén en poder de la Administración española y tengan su origen en una institución comunitaria, pero ha de consultarse a la institución de que se trate, en este caso a la Comisión, para no poner en peligro los objetivos de dicho Reglamento. Atender a menores con necesidades especiales en el comedor escolar corresponde a los técnicos de integración social, aunque el servicio esté externalizado Las tareas que realiza este colectivo en el comedor, respecto de menores con necesidades educativas especiales, no se reducen a “dar de comer”, sino que consisten en acompañar y guiar a esos alumnos para que adquieran hábitos de vida saludables y normas de conducta en el comedor. Congreso Nacional de Urbanismo y Vivienda Éxito del Congreso Nacional de Urbanismo y Vivienda “soluciones para el mayor problema de España” El Congreso abordó la problemática de la implantación de nuevas viviendas desde perspectivas jurídicas, económicas y sociales, a través de diversas ponencias y comunicaciones. El evento contó con destacados expertos y concluyó con un homenaje al catedrático Jesús González Salinas.

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