miércoles, 22 de julio de 2020

¿Delito de ocupación o allanamiento de morada? ¿Medidas civiles o medidas cautelares penales de expulsión?

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LA LEY Wolters Kluwer

23 de julio de 2020

Diario La Ley

DOSSIER

Boletín Informativo sobre Adjudicación Hipotecaria, núm. 6, julio 2020

Grupo de trabajo conjunto de la Administración de Justicia y Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana

Selección y comentario de las principales novedades tanto a nivel jurisprudencial como de la doctrina de la DGRN, ahora Dirección General de Seguridad jurídica y Fe Pública (DGSJFP) en esta materia especializada, que afecta directamente a la ejecución hipotecaria.

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DOCTRINA

¿Delito de ocupación (art. 245.2 CP) o allanamiento de morada (art. 202 CP)? ¿Medidas civiles o medidas cautelares penales de expulsión?

Vicente Magro Servet

Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

Se analiza en el presente artículo si ante un caso de ocupación de inmuebles por «Okupas», que sea de segunda residencia, o que se ocupen transitoriamente, si se puede acudir a la vía de la denuncia por delito de allanamiento de morada por la vía del art. 202 CP y, con ello, instar medida cautelar de expulsión al juez de instrucción en 72 horas, o es obligatorio acudir a la vía civil de la Ley 5/2018, o a la penal por delito leve del art. 245.2 CP sin medida cautelar alguna

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TRIBUNA

Acreedores cuyas cargas figuran en el registro con posterioridad: derechos que ostentan para defender sus intereses y para cobrar sus créditos

M.ª José Achón Bruñén

Doctora en Derecho Procesal

Con la actual crisis económica, originada por la pandemia del coronavirus, el endeudamiento de profesionales y particulares puede ocasionar que un mismo inmueble se encuentre grabado con diversos embargos o hipotecas.

Los acreedores cuyas cargas constan en el Registro con posterioridad pudieran pensar que sus expectativas de cobro son mínimas; no obstante, deben conocer que el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia les otorgan diversos derechos para defender sus intereses y para cobrar en todo o en parte su crédito.

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LA SENTENCIA DEL DÍA

La posesión de la tarjeta de residencia permanente exime del deber de obtener visado para entrar en el territorio de los Estados miembros

El TJUE interpreta además que es indiferente que la tarjeta haya sido expedida por un Estado miembro que no forma parte del espacio Schengen, y que su obtención constituye prueba suficiente de que su titular reúne la condición de familiar de un ciudadano de la Unión, de forma que el interesado tiene derecho, sin necesidad de ninguna comprobación o certificación adicional, a entrar en el territorio de otro Estado miembro.

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JURISPRUDENCIA

¿Quién corre con los gastos de la búsqueda del cuerpo de un delito investigado en un vertedero?

Aunque haya sido condenado el acusado en sentencia firme al pago de las costas causadas en el proceso penal, su abono corresponde a la Administración. Más que gastos de la instrucción de la causa, constituyen gastos necesarios para el funcionamiento, puesta en marcha y consecución de los objetivos que deben predicarse de toda Administración de Justicia.

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Es accidente laboral la baja por ansiedad tras acusación de abuso sexual por una compañera de trabajo

El trastorno psíquico está directamente relacionado con la situación vivida y con la difusión de los hechos entre los trabajadores del centro.

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CRITERIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

Fiscalidad de los servicios que prestan los denominados influencers "creadores de contenido digital" a las marcas comerciales

El marketing a empresas a través de redes sociales está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo general del 21%; constituyendo una generación de rendimientos de actividad económica profesional, por la que habrá obligación de retener al tipo del 15%.

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BIBLIOTECA RECOMENDADA, obras seleccionadas que no pueden faltar en tu estantería

Manual de actuaciones en Sala. Técnicas prácticas en violencia de género (Fernando Pinto Palacios y Purificación Pujol Capilla)

Ofrece una visión práctica sobre la violencia de género con el objetivo de servir de apoyo a los operadores jurídicos que intervienen en esta clase de procedimientos. Todos los capítulos están divididos en una serie de apartados comunes (esquema, contenido, legislación y jurisprudencia).

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NOTICIAS

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Maria Eugènia Gay, es la nueva presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana

Mª Eugènia Gay lidera esta nueva etapa en un momento crucial para la profesión en que, ante la crisis sanitaria, se hace más necesario que nunca garantizar la transversalidad de la institución, la digitalización de la Justicia y la potenciación de la mediación y el arbitraje como fórmulas alternativas la resolución de conflictos. La decana del ICAB quiere potenciar el uso del catalán en la Justicia e implantar el expediente electrónico en todas las actuaciones practicadas por los abogados del turno de oficio, un servicio esencial que ha cobrado especial relevancia durante el estado de alarma garantizando a todos el acceso los tribunales, especialmente a los colectivos más vulnerables.

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El TC avala que las comunidades limiten la autonomía de las diputaciones en Servicios Sociales bajo tres condiciones

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciado por unanimidad que una ley autonómica pueda imponer a sus diputaciones provinciales que aborden ciertas actuaciones en materia de servicios sociales cumpliendo determinadas condiciones.

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Aprobado el Real Decreto de Becas con un incremento del 22 por ciento del presupuesto, hasta 1.900 millones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021. El texto, presentado hace unas semanas en el Observatorio de Becas y Ayudas al Estudio por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades, recoge un incremento del 22% en el presupuesto hasta alcanzar los 1.900 millones de euros.

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La jueza Poveda dice que el plazo para reclamar gastos hipotecarios debe empezar tras anularse la cláusula

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