Demoliciones previstas en el delito urbanístico con base en la jurisprudencia del TEDH

Si no visualiza correctamente este e-mail, consulte la versión online 7 de julio de 2020
PLAN DE CHOQUE DE LA JUSTICIA Diálogos para el futuro judicial: "La modernización de nuestra Justicia Penal" ¿Qué cambios exige nuestro proceso penal para dar una respuesta eficaz al previsible colapso judicial sin merma de derechos? ¿Qué posibilidades y qué limitaciones tendrá una futura Justicia digital? ¿Hacia dónde debe dirigirse nuestro Derecho penal para responder a la realidad del siglo XXI? Estas y otras cuestiones serán objeto de debate por cuatro destacados especialistas en la tercera sesión de la serie de wébinars "Plan de choque de la Justicia. Diálogos para el futuro judicial" que en esta ocasión lleva el título "La modernización de nuestra Justicia Penal". DOSSIER Algunas reflexiones en torno a las demoliciones previstas en el delito urbanístico con base en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Antonio Vercher Noguera Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo Tal como se tendrá ocasión de observar, el sistema legal español en materia de urbanismo y ordenación del territorio, dentro del Derecho administrativo, no es especialmente proclive a llevar a cabo demoliciones, aunque tampoco es necesario profundizar en extremo para percatarse de esa realidad. La vía abierta por el Código Penal en vigor para los delitos relativos a esa materia permite, igualmente, llevar a cabo demoliciones, si bien lastradas por idéntica negativa tendencia. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sito en Estrasburgo, en tema de demoliciones no sólo nos demuestra que esa medida es perfectamente válida, desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que resulta, además, incluso conveniente. TRIBUNA Investigación y prueba de la piratería digital Joaquín Delgado Martín Magistrado Audiencia Provincial de Madrid El proceso penal por delitos contra la propiedad intelectual encuentra múltiples especificidades en los supuestos en que la infracción tiene lugar mediante servicios prestados por la sociedad de la información, esto es, la investigación y prueba de las diferentes modalidades de lo que se ha venido denominando “piratería digital”. En este trabajo se analizarán las principales fuentes de prueba de la piratería que tiene lugar en la sociedad de la información, los medios de investigación que pueden utilizarse y lo que ha de ser objeto de prueba. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA El crimen de Pioz: ¿una puerta abierta a las neurociencias en el proceso penal? Daniel González Uriel Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 2 de La Seu d?Urgell Pablo González Uriel Médico especialista en Neurofisiología Clínica en el Complexo Hospitalario Universitario de Lugo En este trabajo se atiende a la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo núm. 814/2020 en la que se ha confirmado la utilidad de las neurociencias y de sus pruebas diagnósticas dentro del proceso penal. Se toman en consideración las tesis doctrinales favorables y contrarias al empleo de las neurociencias en este ámbito y se concluye con una mirada expectante y favorable a su uso, siempre y cuando se respeten la categoría dogmática de la culpabilidad y las garantías y derechos procesales fundamentales. LA SENTENCIA DEL DÍA El TS confirma la nulidad de la norma que exime de traducir al castellano los documentos que surtan efectos en CCAA del mismo ámbito lingüístico que el valenciano Desborda la competencia exclusiva del Estado en la materia al introducir un concepto jurídico, como el de “mismo ámbito lingüístico”, que resulta ajeno a la norma estatal aplicable, constituida por el art. 15.3 LPAC. JURISPRUDENCIA La falta de depósito de las cuentas anuales no determina por sí sola la obligación de los administradores de responder por las deudas sociales El incumplimiento de la obligación legal de depositar las cuentas no constituye una de las causas legales de disolución de la sociedad, ni con base en dicha conducta omisiva puede presumirse la paralización de la sociedad o la imposibilidad de cumplimiento del fin social. La deducción del IVA soportado en la adquisición de vehículos exige justificar su afectación a la actividad empresarial El Tribunal Superior de Justicia confirma lo improcedente de la deducción del 100% de la cuota de IVA soportada correspondiente, en este caso, a las cuotas de renting de cinco  vehículos de alta gama al no quedar acreditado el requisito del que parte el art 95 de la Ley 37/1992, de afectación directa a la actividad empresarial del reclamante. CURSO DE VERANO La independencia judicial a debate en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid El curso “Garantías para la independencia de la Justicia” tendrá lugar los días 27 y 28 de julio en el campus de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. ESTADÍSTICA REGISTRAL Las compraventas inscritas en mayo descendieron el 59%, nuevo récord en un solo mes, según datos del Colegio de Registradores En el mismo periodo, las hipotecas constituidas bajaron el 25,8%, menos de la mitad que las compraventas. BIBLIOTECA RECOMENDADA, obras seleccionadas que no pueden faltar en tu estantería Aspectos prácticos del Texto Refundido de la Ley Concursal (Alfonso Muñoz Paredes) La presente monografía pretende desgranar las claves del texto refundido mediante una radiografía completa —a cargo de Alfonso Muñoz Paredes— que trata de poner luz sobre el nuevo marco regulatorio concursal. NOTICIAS El TSJCV establece que los vigilantes de una cadena de hipermercados pueden tomar la temperatura a los trabajadores para prevenir contagios por Covid-19 La Sala de lo Social entiende que esa función no excede del ámbito competencial de estos profesionales. La sentencia desestima la demanda de conflicto colectivo interpuesta por una federación sindical. El pacto por el empleo recoge 14 medidas, entre ellas la recontratación de temporales despedidos en la crisis El Gobierno y los agentes sociales intensificarán de inmediato el diálogo social para buscar acuerdos sobre estas medidas. El Gobierno aprueba 40.000 millones de líneas ICO y un fondo de 10.000 millones para salvar empresas Aumenta a 100 millones la dotación del Fondo de internacionalización de empresas y flexibiliza los avales de Cesce de 2.000 millones. La Audiencia de Balears dicta dos sentencias referentes a la cláusula IRPH tras el fallo del Tribunal de Justicia Europeo de 3 de marzo de 2020 En ambos casos, los recurrentes pedían la anulación de dicha cláusula.

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