Especial Diario La Ley verano: todo penal

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 9 de agosto de 2021
DESCUENTOS DE VERANO EN NUESTRA TIENDA ONLINE Este verano disfruta de grandes descuentos Llegan los grandes descuentos de verano en nuestra tienda online. Disfruta hasta el 29 de agosto de un 25% de descuento en todos nuestros productos. NOTA DE LA REDACCIÓN Edición especial del Diario LA LEY en período vacacional Ya es agosto, momento en que muchos profesionales jurídicos toman unas merecidas vacaciones. Durante estas semanas, el Diario La Ley ha preparado ediciones semanales, temáticas, con lo más destacado que ha ido publicándose en la revista en lo que llevamos de año. Si no tuvo tiempo de leer aquello que le interesaba, ahora es el momento. Les recordamos que durante este mes las Newsletters serán semanales, y no diarias como es habitual. Por otra parte, se suspenden los podcast de noticias diarias, que se retomarán en septiembre. NUEVA LECRIM. Y LEY DE EFICIENCIA PROCESAL Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (año 2020). La ejecución de la libertad condicional Javier Nistal Burón Jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias Entre las innumerables novedades que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020, introduce en nuestro sistema procesal, una de ellas es la relativa a la ejecución de las sentencias y, en concreto, a la ejecución de la libertad condicional, donde aparecen aspectos novedosos, que la actual legislación penal y penitenciaria no contempla, lo que haría necesaria una reforma de éstas legislaciones en los términos que vamos a analizar en este breve artículo. El nuevo anteproyecto de reforma de la LECRIM: previsiones sobre la persona jurídica como encausada y sobre la prueba en compliance Benjamín Prieto Clar Socio de Andersen Esmeralda Iranzo Sánchez Directora en Andersen El Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deja en el aire cuestiones relevantes en relación con la persona jurídica en su condición de investigada. Antes de su aprobación definitiva, deberá observarse la regulación actual del artículo 31 bis del Código Penal, en lo que al órgano de supervisión y control se refiere, y lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española, a los efectos de evitar discrepancias en una reforma tan esperada para abogados, sector empresarial de nuestro país y todos aquellos que se dedican a la función de compliance. La implantación de la segunda instancia penal Juan Pozo Vilches Fiscal Togado En el año 2015 se reformó la LECrim, implantándose, con carácter general, la doble instancia en el proceso penal. El origen de tan importante reforma se puede encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en el Protocolo n.o 7 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1984. No fue un camino fácil y sencillo. En el presente trabajo se analizará el largo recorrido, no exento de polémica, que desembocó en la reforma de 2015 de la LECrim. La ejecución de penas no privativas de libertad, medidas de seguridad y responsabilidad civil en el anteproyecto de LECRIM de 2020 Natividad Plasencia Domínguez Fiscal de Vigilancia Penitenciaria La configuración de la ejecución como proceso autónomo y no como un mero apéndice del proceso principal, constituye sin duda, una de las novedades más destacables del Anteproyecto de LECrim de 2020. A tal fin, se diseña un completo marco normativo en el que se refuerza la oralidad y que tiene por como ejes principales garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales de las penas y la participación de las partes, incluida la víctima. Las siguientes líneas tienen por objeto un análisis sistemático de las normas relativas a la ejecución de las penas no privativas de libertad, medidas de seguridad y responsabilidad civil. Asimismo, y con el fin de ofrecer una visión integral del Libro IX, también se aborda la novedosa regulación sobre el destino de efectos intervenidos y borrado de datos. Ante la nueva conformidad penal en el texto de la Ley de medidas de eficiencia procesal Vicente Magro Servet Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Análisis de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal que se anticipa a la nueva Ley para su inminente entrada en vigor con motivo del texto de la norma de medidas de eficiencia procesal. Todo ello, para la potenciación de la conformidad penal en aras a mejorar la aplicación del principio de oportunidad y, por otro lado, la reducción del volumen de juicios en el orden penal. LEY DE EUTANASIA Consecuencias y consideraciones sobre el presunto carácter orgánico de la Ley de la Eutanasia Manuel Rodríguez Portugués Profesor Titular de Universidad La LO 3/2021, de regulación de la eutanasia, parece justificar su carácter orgánico en la reserva que el artículo 81.1 CE contiene a favor de este tipo de normas para el «desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas». En el presente trabajo se analiza dicha justificación a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre el elemento material de las leyes orgánicas y el derecho fundamental a la vida, y qué consecuencias podrían derivarse para la citada norma en cuestión. La legalización de la eutanasia activa directa en España: la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia Manuel Ortiz Fernández Doctor en Derecho Recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Esta norma supone la legalización de la eutanasia activa directa en España y su inclusión dentro de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Entre otras cuestiones, este extremo nos obliga a repensar la lex artis sanitaria y el estatuto jurídico de los pacientes. Además, la precitada Ley Orgánica presenta ciertas deficiencias que merecen ser analizadas. MALTRATO Y VIOLENCIA DE GÉNERO El maltrato de obra como delito militar Juan Pozo Vilches Fiscal Togado Hasta bien entrado el siglo XX, el maltrato de obra a inferior, si no le causaba un perjuicio grave, se toleraba por la legislación penal militar. En cambio, el maltrato de obra a superior era duramente castigado, ya que se consideraba un ataque intolerable a la disciplina. El Código Penal Militar de 1985 supuso un cambio radical en esta regulación, pues castigó, en igual medida, ambas figuras. En el presente trabajo se estudiará la regulación del maltrato de obra en el vigente Código Penal Militar de 2015, que comprende, no solo el maltrato de obra a superior o a inferior, sino también el maltrato de obra a militar de igual empleo. El Tribunal Supremo señala que el impago de pensiones alimenticias es una forma de «violencia económica» En una sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado Vicente Magro, condena a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia por el delito del art. 227 CP a seis meses de prisión, manteniendo la condena por el delito de alzamiento de bienes por haberse despatrimonializado dolosamente. El derecho de la víctima a tener miedo en el proceso penal y la afectación a su credibilidad Vicente Magro Servet Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Análisis de la difícil posición que ocupa la víctima en el proceso penal de cara a la ausencia de la necesaria «comodidad» con la que tiene que encontrarse para poder cumplir con su misión, que se le convierte en obligación de cara a su función que, como testigo de cargo, debe declarar sobre los hechos y la afectación que el miedo al sistema y a revivir lo ya padecido puede mermarle en su actitud en el proceso Solo cabe un delito de maltrato habitual aunque afecte a varias personas del mismo núcleo familiar El número de personas directamente afectadas por un clima familiar violento puede servir como parámetro para evaluar los indicadores de antijuridicidad de la acción y el alcance de la culpabilidad del responsable, pero no transforma la naturaleza unitaria del delito de maltrato habitual del artículo 173.2 CP en tantos delitos homogéneos como personas afectadas. Necesidad de permanencia en el trato violento para apreciar el delito de maltrato habitual del art. 173.2 CP El delito de maltrato habitual no es equiparable a una mera suma aritmética de los ilícitos en que se hayan podido subsumir los actos de violencia, sino que lo relevante es el valor añadido de lesividad que exige el menoscabo de la seguridad y libertad de la víctima. Lo relevante es que este tipo de actos creen, por su repetición, una atmósfera irrespirable o un clima de sistemático maltrato. Claves para la indemnización por daño moral en la violencia de género sobre la pareja Antonio J. Vela Sánchez Profesor Titular de Derecho Civil Nuestro Derecho de daños parte de que la indemnización procedente debe procurar la reparación integral de la víctima, lo que supondrá que se fijen los daños morales que acompañan a los personales y patrimoniales. En cuanto a la reparación del pretium doloris, es cierto que su compleja indemnización no hace desaparecer el perjuicio ocasionado, pero sirve de solemne desagravio y de autorizada afirmación de la estimaciónl social de los bienes lesionados que, en esta sede de violencia de género sobre la pareja, son, fundamentalmente y respecto de la mujer violentada, la dignidad de la víctima y la paz familiar. PROCESO PENAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Dimensión témporoespacial de la grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos electrónicos José Luis Rodríguez Lainz Magistrado titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba Las SSTS 655 y 718/2020 suponen un importante hito a la hora de interpretar la regulación sobre la utilización en la investigación criminal de dispositivos de grabación de comunicaciones orales. Partiendo de la consideración de esta técnica de investigación como la probablemente más invasiva de entre las desarrolladas por la Ley Orgánica 13/2015, reconocen una decidida implicación del principio de proporcionalidad en sus dimensiones temporal (proscripción de su sometimiento a simples plazos temporales) y espacial (ubicación y alcance de los dispositivos), más allá de su simple mención en la resolución habilitante. La ausencia de tales referentes en la resolución habilitante tendría, siempre en todo caso, un efecto invalidante por afectación a los derechos a la privacidad y, en su caso, a la inviolabilidad domiciliaria. ¿Cómo aportar la prueba digital en el proceso penal? Vicente Magro Servet Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Análisis de la necesidad de resolver la forma de aportar en el proceso penal la prueba digital y de introducir en la reforma de la LECRIM una estructura y regulación específica de esta prueba, que es la que con mayor frecuencia se está aportando hoy en día en las investigaciones judiciales y de cara al juicio oral. DELITOS ECONÓMICOS Régimen de responsabilidad penal de las sociedades profesionales: a vueltas con el Caso Bankia Juan Pedro Cortés Labadía Director de equipo del departamento de Penal de Baker McKenzie Inés Solís Benjumea Asociada del departamento de Penal de Baker McKenzie En el presente artículo se aborda una de las cuestiones que fue objeto de debate a lo largo de las distintas fases del caso Bankia, que es el régimen específico aplicable a las sociedades profesionales —en tanto que personas jurídicas susceptibles de responder penalmente conforme al artículo 31 bis del Código Penal—, con respecto a las sociedades de capital. El castigo del autoblanqueo María Ángeles Villegas García y Miguel Ángel Encinar del Pozo Magistrados. Coordinadores del Gabinete Técnico La jurisprudencia actual de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reconoce de manera constante el castigo del autoblanqueo y, simultáneamente, las dificultades que dicha punición plantea. Estas se han visto reflejadas, entre otros aspectos, en su propia evolución, desde un criterio más favorable a la absolución en estos supuestos a otro más proclive a una opción incriminatoria. También, en los intentos de establecer límites en la punición de esta figura para evitar excesos y, con ello, vulneraciones del principio non bis in idem. Por otro lado, el supuesto concreto en el que el delito antecedente del de blanqueo es un delito fiscal, ha sido objeto de especial atención. DERECHO PENITENCIARIO Implantación de la videoconferencia para las comunicaciones entre abogado y cliente interno en centro penitenciario Articula el marco de colaboración entre la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la Abogacía Española para la implantación progresiva del sistema de comunicación por videoconferencia entre los Colegios de Abogados y los centros penitenciarios de todo el territorio nacional, que habilite la realización de entrevistas por ese medio entre los abogados y sus clientes internos en dichos centros, de manera complementaria y compatible con el régimen existente de carácter presencial. El TS unifica doctrina en materia de licenciamiento y refundición de condenas El licenciamiento acordado en una ejecutoria no debe impedir su inclusión en un proyecto de refundición de condenas para su ejecución unificada con otras responsabilidades, pero que aunque lo procedente es que la anulación del licenciamiento se haga por el sentenciador que lo acordó, puede también hacerse por el juez de vigilancia, a los solos efectos de ejecución unificada, acordando su inclusión en el proyecto de refundición. MALTRATO ANIMAL Planteamiento penal actualizado en materia de amputaciones y mutilaciones de animales domésticos Antonio Vercher Noguera Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo La problemática con los malos tratos a los animales domésticos no se circunscribe solamente al tipo penal existente desde el año 2005. Incorpora también toda una serie de comportamientos humanos violentos en relación con los animales domésticos —mutilaciones y amputaciones— que datan de hace muchos años, y que, aunque estaban perfectamente asumidos por la sociedad, encajan perfectamente en el citado tipo penal, pero con algunas particularidades, que son Las que aquí se examinan. TOQUE DE QUEDA Y CONFINAMIENTO Desobediencia y «toque de queda»: reflexionando sobre la inobservancia de las normas durante el confinamiento Julián García Marcos Magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número Tres de Donostia San Sebastián Una de las cuestiones que se planteó desde el momento inicial de la entrada en vigor del estado de alarma, fue el determinar cuál debía ser la reacción ante los incumplimientos del «confinamiento» impuesto o la respuesta que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían de dar frente a las eventuales inobservancias de la norma. En el presente trabajo se aborda el estudio de la punibilidad y castigo de dichos comportamientos partiendo del análisis de los diferentes pronunciamientos de nuestros tribunales al respecto. IMPRUDENCIA PROFESIONAL Delimitación de la imprudencia grave y menos grave en los delitos imprudentes del profesional sanitario y el necesario nexo causal entre la conducta imprudente y resultado producido Amaya Merchán González Magistrada titular del Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander La delimitación de los delitos imprudentes referidos al profesional sanitario fue reformada por la LO 1/2015, siendo su mayor novedad la destipificación de la comisión de tales delitos por imprudencia leve que queda relegada al ámbito civil. En el presente artículo, se analiza la diferenciación entre las categorías de imprudencia grave y menos grave en la comisión de estos delitos, así como la relación de causalidad necesaria entre la conducta u omisión desplegada y el resultado lesivo producido. FALSEDADES Condenados por elaborar un expediente matrimonial canónico falso para que la pareja de hecho pudiera heredar La Audiencia Provincial de Barcelona condena al ex rector de una parroquia y a la hija de una feligresa por falsedad documental. Se elaboró un expediente matrimonial inauténtico, para que la mujer pudiera heredar los bienes de su pareja sentimental, quien no había otorgado testamento. La sentencia declara además la responsabilidad civil subsidiaria del obispado. ULTRAJE CONTRA LA BANDERA Los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión Las expresiones ofensivas e insultantes, proferidas por el recurrente en la puerta del dique del arsenal militar de Ferrol durante la ceremonia solemne de izado de la bandera nacional, constituyen ultrajes de palabra a la bandera española. JUSTICIA PENAL Y MENORES DE EDAD Justicia Restaurativa: discusión sobre su aplicación en la Justicia Penal de menores Daniel Montesdeoca Rodríguez. Profesor Asociado Doctor de Derecho Penal (Acreditado a Contratado Doctor) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – ULPGC En el presente artículo, el autor realiza un acercamiento por las formas de aplicación de la Justicia Restaurativa en la Justicia de menores, realizando la necesaria comparativa epistemológica de las técnicas restaurativas y sus variantes de aplicación, que se establecen en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. BIBLIOTECA RECOMENDADA, obras seleccionadas que no pueden faltar en tu estantería Ser abogado en el SXXI (Cristina M. Ruiz Pérez) El propósito de esta monografía es el de ayudar a los profesionales del derecho a configurar un perfil competitivo capaz de crear nuevas oportunidades profesionales. Doctrina unificada del Tribunal Supremo sobre delitos contra la seguridad vial (Pablo Lanzarote Martínez) Se analizan todas las resoluciones que hasta la fecha han sido dictadas por la Sala II del Tribunal Supremo para la unificación de doctrina en materia de delitos de tráfico, así como otras cuestiones controvertidas pendientes todavía de unificación. La aplicación práctica del delito fiscal (Eduardo Gutiérrez Gómez, Luis Lafont Nicuesa y Enrique Remón Peñalver) El estudio del delito fiscal emerge con especial trascendencia en los ámbitos tributario, penal e, incluso, procesal, siendo un «tipo penal en blanco», pues ha de acudirse al primero de ellos para delimitar su ámbito y alcance en cada momento. Cuestiones penales y procesales Delitos tecnológicos (Eloy Velasco Núñez) Esta monografía examina los delitos tecnológicos y su jurisprudencia. Además, se aborda la regulación de la investigación tecnológica procesal, así como la responsabilidad penal y el Compliance preventivo en lo referido a los delitos tecnológicos.

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