Especial Diario La Ley Verano: Todo Civil y Mercantil

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 1 de agosto de 2023
Podcast Diario LA LEY en período vacacional En esta semana, del 1 al 6 de agosto publicaremos una selección de lo mas destacado en materia civil y mercantil. ¡QUE NO TE QUEMEN LOS PRECIOS! Ponte a la sombra de nuestros descuentos de verano Del 24 de julio al 1 de septiembre ahórrate hasta un 25% en tienda LA LEY. Nota de la Redacción Edición especial del Diario LA LEY en período vacacional: esta semana, todo CIVIL y MERCANTIL Ya es agosto, momento en que muchos profesionales jurídicos toman unas merecidas vacaciones. Durante estas semanas, el Diario La Ley ha preparado ediciones semanales, temáticas, con lo más destacado que ha ido publicándose en la revista en lo que llevamos de año. Si no tuvo tiempo de leer aquello que le interesaba, ahora es el momento. Les recordamos que durante este mes las Newsletters serán semanales, y no diarias como es habitual. Por otra parte, se suspenden los podcast de noticias diarias, que se retomarán en septiembre. Persona, Familia y Sucesiones Extinción de la pensión compensatoria concedida a la esposa que, en más de 11 años desde el divorcio, no ha desarrollado actividad alguna para conseguir su autonomía económica a través de un trabajo remunerado No resulta jurídicamente aceptable repercutir en el esposo pagador de la pensión las consecuencias negativas derivadas de la falta de acceso a un empleo por la pasividad de la esposa en su búsqueda y obtención. El TS insiste en que la indemnización por despido tiene carácter ganancial El Tribunal da la razón a la esposa e incluye los 53.000 euros que su ex marido había percibido como indemnización por despido improcedente en el activo ganancial, de cara a la liquidación del régimen económico. Condena al esposo a pagar la compensación económica por la dedicación de la esposa a la familia, pago que se condicionó a la venta de la vivienda familiar Aplicación del art. 1119 CC, a cuyo tenor, se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiere voluntariamente su cumplimiento. Esta previsión legal incluye también las conductas omisivas del obligado, y en este caso, ha quedado probada la ausencia de gestiones de venta de la vivienda por parte del demandado. Derecho de familia. Pérdida y recuperación de la patria potestad José Domingo Monforte Raquel Estellés Delgado DOMINGO MONFORTE Abogados Asociados En el artículo se aborda las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones paterno filiales y cuándo éste es causa de la privación de la patria potestad, las facultades discrecionales del juez para su apreciación, así como el reflejo de las mismas en el interés superior del menor a la luz de los criterios jurisprudenciales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación internacional, que exigen y reclaman que la privación sea beneficiosa para el menor. Dicho beneficio e interés del menor es el que posibilita que no se petrifique y se recupere cuando cese o se remueva la causa que lo provocó. Procesos judiciales cruzados por conflictos entre progenitores y menores cautivos. «El remedio»: nombrarles un «Defensor judicial» Verónica Pérez-Outumuro Souto Ex asesora-técnica de Justicia, Igualdad y Derechos Digitales de la Valedora do Pobo de Galicia En los procedimientos en los que se detecta una contradicción de intereses entre ambos progenitores y las y los menores se ven incursos en ellos, su protección, la de las y los menores, debe de estar reforzada. Habrá de acudir a los mecanismos sustitutivos previstos en la legislación civil para adoptar la decisión adecuada y conveniente al interés superior del menor: nombrarles un Defensor Judicial y los progenitores, al amparo de lo establecido en artículo 162 del Código Civil, por prudencia, debían abstenerse en el ejercicio de la patria potestad. Improcedencia de la desheredación de la hija por la existencia de maltrato de obra por falta de relación con su padre No existe prueba de que el distanciamiento y la falta de relación fueran imputables a la legitimaria y además hayan causado un menoscabo físico o psíquico al testador con entidad como para poder reconducirlos a la causa legal del «maltrato de obra» prevista en el art. 853.2.ª CC. Directrices sobre la rectificación registral de la mención relativa al sexo La persona encargada del Registro informará al/a la compareciente de las consecuencias jurídicas de la rectificación, incluido el régimen de reversión, y de las medidas de asistencia e información a su disposición a lo largo del procedimiento en los ámbitos sanitario, social, laboral, educativo y administrativo. Se utilizará para ello un lenguaje comprensible y adaptado a las necesidades de la persona interesada. Preguntas y respuestas sobre la nueva ley de apoyos a las personas con discapacidad La Fiscalia ha creado un documento para dar respuesta a las numerosas dudas del ciudadano tras la aprobación de la nueva Ley 8/2021, tratando las principales novedades de forma comprensible y accesible. Digitalización de actuaciones notariales y registrales. Tabla comparativa de las modificaciones introducidas por el Título IV de la Ley 11/2023, de 8 de mayo de de trasposición de Directivas de la Unión Europea El régimen de constitución telemática vigente en nuestro ordenamiento jurídico necesita ser modificado en algunos aspectos, para poder cumplir con el mandato del legislador europeo de contemplar un procedimiento íntegramente online, aplicable tanto al momento de constitución, como a las modificaciones societarias posteriores y al registro de sucursales por parte de solicitantes que sean ciudadanos o ciudadanas de la Unión Europea. Derecho a la Vivienda Remedio ante la Ley 12/2023, de 24 de mayo de vivienda: la constancia en el contrato de arrendamiento de la no vulnerabilidad del arrendatario Vicente Magro Servet Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Análisis acerca de la vía de hacer constar en el contrato de arrendamiento de vivienda que el arrendatario y su unidad familiar no son vulnerables a los efectos de eludir lo dispuesto en los arts. 439 6 y 7 LEC (en el caso del gran tenedor) y 441.5, 6 y 7 LEC (cuando se trate de no gran tenedor). Análisis práctico y sistemático de los aspectos relevantes de la nueva Ley de vivienda 12/2023 de 24 de mayo Vicente Magro Servet Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Se analiza la nueva ley de vivienda 12/2023 de 24 de mayo en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes de un contrato de arrendamiento, así como las situaciones en que puede quedar el arrendatario que delimitan y determinan consecuencias a la hora de que el propietario de viviendas deba actuar para recuperar la posesión y cómo debe hacerlo. Se destaca, también, la reforma de la LAU y la procesal civil en cuanto a las modificaciones introducidas respecto al desahucio por falta de pago y cómo afecta a los propietarios de vivienda el nuevo concepto introducido en la Ley de «sinhogarismo». Vivienda. Tabla comparativa de las modificaciones introducidas por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda Establece la creación de una base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda, que estará vinculada a los actuales registros autonómicos de fianzas de las comunidades autónomas, al Registro de la Propiedad y otras fuentes de información de ámbito estatal, autonómico o local, con el objeto de incrementar la información disponible para el seguimiento de las medidas. Asimismo, contempla la constitución de un grupo de trabajo para la mejora de la regulación de los contratos de arrendamiento de uso distinto del de vivienda y, en particular, de los contratos de arrendamiento celebrados por temporada. Procesal Civil Diálogos para el futuro judicial LX. La tasación de costas y los criterios orientativos tras la STS, Sala 3ª, de 19 de diciembre de 2022 Álvaro Perea González Letrado de la Administración de Justicia Eugenio Ribón Seisdedos Abogado. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Sonia Rica de Miguel Letrada de la Administración de Justicia Frederic Munné Catarina Diputado responsable de la Comisión de Honorarios del Colegio de la Abogacía de Barcelona Susana Martínez del Toro Juez Adscrita TSJA Cádiz Alberto Martínez de Santos Letrado de la Administración de Justicia Las sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo dictadas con fechas de 19 y 23 de diciembre de 2022 han abierto un escenario incierto para las tasaciones de costas y los criterios orientativos de los colegios de abogados. La prohibición de baremos de precios coloca la previsión de los costes del litigio en una posición de difícil (o imposible) concreción. ¿Cómo afectará la doctrina del Tribunal Supremo a la Justicia española? Reflexiones sucintas sobre la cosa juzgada en la jurisprudencia del TJUE José Manuel Arias Rodríguez Presidente de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid Análisis del tratamiento de la cosa juzgada en la jurisprudencia de la Justicia europea desde la perspectiva tradicional hasta la sentencia Lucchini y las sentencias más recientes, donde el Tribunal ha ampliado el alcance de las excepciones al carácter irreversible de las sentencias nacionales, apoyándose en el principio de eficacia, aunque existen casos especiales que deben ser cuidadosamente analizados y son los objetivos del presente artículo. Ejecución de obligaciones de hacer no personalísimas Mónica García Vila Doctora en Derecho Procesal en Universidad de Valencia y Jueza adscrita al TSJ de la Comunidad Valenciana El presente trabajo estudia la ejecución de condenas de hacer no personalísimas. Una vez analizada la regulación de las obligaciones de hacer no personalísimas, serán expuestas las opciones que tiene el acreedor-ejecutante, ante el incumplimiento del deudor condenado, bien optar por la realización por un tercero a costa del deudor o bien el resarcimiento de daños y perjuicios. Problemas que va a suscitar la nueva regulación de las costas procesales prevista en la futura ley de medidas de eficiencia procesal M.ª José Achón Bruñén Doctora en Derecho Procesal En el presente artículo se analizan los problemas prácticos que puede suscitar la nueva regulación de las costas procesales prevista en la futura ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia. Cláusulas abusivas y Derechos de los consumidores Derecho a compensación por retraso de un «vuelo con conexión directa» que partía de un Estado de la UE pero fue realizado íntegramente en un tercer país Vuelo con conexión directa procedente de un aeropuerto situado en un Estado miembro y destino final en un tercer país. Retraso del vuelo realizado íntegramente en ese tercer país. El TJUE completa su doctrina sobre el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo Cómo deben interpretarse los criterios señalados en la sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, para la apreciación del carácter abusivo de una cláusula. Retraso superior a 30 días en el pago de una cuota. Vencimiento anticipado por retraso superior a un plazo determinado. El consumidor vulnerable: en especial, la vulnerabilidad de las personas mayores ante la acusada digitalización del mercado financiero Laura Diéguez Aguilera Graduada en Derecho y Becaria de Colaboración del Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de Córdoba El concepto de consumidor vulnerable ha cobrado fuerza en los últimos años. Primero en la Unión Europea. Más tarde en cada uno de los ordenamientos de los Estados que integran este espacio supranacional, entre ellos España. El propósito de este trabajo consiste en realizar una aproximación a esta figura recientemente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico; sobre todo, con vistas a poner de manifiesto su utilidad para hacer frente a una problemática específica de la que se han hecho eco los medios de comunicación en nuestro país en los últimos meses. Me refiero a la dificultad que encuentran las personas mayores a la hora de entablar relaciones con las entidades bancarias y financieras, dada la escasa preparación digital de este colectivo y la opción por la digitalización de la prestación de sus servicios por la que se han decantado dichas entidades. Concursos e insolvencias Calificación culpable del concurso por inexactitudes graves en el inventario aportado con la solicitud de concurso La diferencia entre la estimación del valor de los activos contenida en el inventario (41.983.162,06 euros) y la valoración practicada por la administración concursal (6.020.419,01 euros) es de tal magnitud que distorsiona gravemente la percepción del alcance de la insolvencia y las perspectivas de cobro de los acreedores. Responsabilidad de administradores y pólizas de D&O en el marco de la renovada Ley Concursal Carolina Ventura Nouche Asociada senior de Deloitte Legal Pablo de la Fuente Jiménez Asociado senior de Deloitte Legal El 5 de septiembre de 2022 se aprobó la Ley 16/2022 de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante, el «TRLC»), cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 26 de septiembre de 2022. Son numerosas las novedades que introduce el TRLC, pero en este artículo nos centraremos en la renovada sección de calificación y el papel protagonista de los acreedores que, sin duda, pueden ocupar una posición mucho más beligerante que bajo el régimen anterior, lo que reforzará la conveniencia de que los órganos de administración cuenten con pólizas de seguro con coberturas suficientes para proteger sus intereses. El concurso de la herencia Miriam Magdalena Cámara Doctora en Derecho. Abogada y Administradora Concursal Se ha constatado la existencia del culto a la muerte ya en comunidades humanas primitivas. En esos momentos, es importante que también estemos preparados jurídicamente para gestionar esas circunstancias desde una perspectiva más material con el fin de aminorar todo lo posible el grado de conflictividad familiar que suele darse en estos supuestos. La materia de sucesiones la encontramos regulada en el Código Civil. La Ley concursal también prevé el concurso de la herencia yacente, el artículo 567 del TRLC exige que para declarar el concurso de la herencia sea necesario que no haya sido aceptada pura y simplemente. El artículo realiza un breve estudio sobre este tipo de concurso especial con un análisis tanto jurídico como jurisprudencial. Ars moriendi: la conclusión del concurso sin masa en la sociedad de capital Alfonso Muñoz Paredes En esta nueva entrega de «Cuestiones de Práctica Concursal» del magistrado Alfonso Muñoz Paredes dedicada a los concursos sin masa, el autor realiza, con su habitual maestría en la comparativa literaria, un recorrido por la evolución normativa concursal en materia de insuficiencia o ausencia de masa activa, así como las aportaciones del TS y DGRN. «La Ley 16/2022 nos trae su postrera versión del concurso sin masa, sustituyendo el mandato de extinción, hasta entonces imprescindible, por una muerte en dos tiempos: primero el cierre provisional de la hoja registral y, pasado un año sin que medie reapertura del concurso, el cierre definitivo con cancelación de la inscripción (art. 485 TRLConc)», indica el magistrado. Respondiendo además a una serie de interesantes cuestiones: «Ese cierre provisional, que el tiempo muda en definitivo, ¿altera en algo la doctrina sobre la personalidad jurídica prorrogada? ¿En qué situación queda el órgano de administración? ¿Y los acreedores? El TS realiza una puntualización importante sobre el derecho de los administradores concursales a cobrar la retribución durante el periodo de liquidación El juez del concurso puede reconocer, de forma retroactiva, que durante el periodo de seis meses que siguió a la entrada en vigor de la DT 3ª Ley 25/2015 estaba justificada la retribución de la administración concursal. Los honorarios del abogado instante del concurso tras la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre José Luis García-Cañada González Abogado Socio-Director área legal Adire Sin duda, los honorarios de la administración concursal, del letrado instante del concurso e incluso de los profesionales que han intervenido o intervienen una vez declarado el concurso en distintos procesos judiciales, ha sido una de las cuestiones que ha generado más discrepancias, dando lugar a una diversa jurisprudencia menor, con alguna Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y que afectan de manera directa a los profesionales que intervenimos habitualmente en estos procesos (dejo al margen en el presente artículo los aranceles del Procurador). Un laberinto, un trampantojo… y una trampa. En torno a la reforma de la Segunda Oportunidad con ocasión de la transposición de la Directiva 2019/1023 Carlos Fidalgo Gallardo Profesor Asociado de la Universidad de Sevilla Se encuentra en sede parlamentaria el Proyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, que pretendiendo ser la transposición de la Directiva 2019/1023, de ser aprobado modificará radicalmente el panorama concursal español. En lo que hace al régimen de la segunda oportunidad, introduce cambios de calado en el procedimiento actual, que de ser finalmente aprobados, restringirán y complicarán enormemente la posibilidad de acceso a la exoneración de deudas de las personas físicas insolventes. Nace una nueva obligación para la administración concursal: el boletín estadístico de rendición de cuentas Este formulario es exigible a partir del 11 de abril de 2023, según lo previsto en el RD 188/23. A partir de esa fecha, los administradores concursales deberán cumplimentarlo, firmarlo electrónicamente y presentarlo junto a sus informes de rendición de cuentas. Una vez presentado, es el Letrado de la Administración de Justicia quien debe remitirlo al Registro público concursal (RPC). El formulario está ya disponible en la página web del RPC. Canal de Denuncias Canal de Denuncias. A propósito de la Ley 2/2023, de 20 febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (BOE del 21) Juan Luis Sánchez-Moreno Gómez Abogado Después de casi un año de tramitación parlamentaria y trasponiendo la Directiva (UE) 2019/1937, de 21 de octubre de 2019, del Parlamento Europeo y del Consejo, se publica la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con vocación de impacto transformador en la ciudadanía, sensibilizándola en la lucha contra la corrupción, implicando a las administraciones públicas, creando los Sistemas internos y externos de información (canales de denuncia) y la Autoridad Independiente de Protección al Denunciante, para facilitar el conocimiento de los hechos y promoviendo medidas de protección que garanticen la indemnidad del denunciante. Esperemos que así sea. Las 15 claves del Sistema Interno de Información («Whistleblower») Concepción CAMPOS ACUÑA Doctora en Derecho. Codirectora de Red Localis y Prof. Asociada Derecho Administrativo (URV) La autora analiza el contenido de la norma a través de sus puntos clave: ámbito material y finalidad, ámbito subjetivo, entidades obligadas en el sector público, autoridad independiente de protección el informante o sistema interno de información, entre otros. Publicada la Ley del canal de denuncias La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción fue aprobada el 16 de febrero en el Congreso, con las enmiendas añadidas por el Senado, y ha sido publicada en el BOE del 21 de febrero. Procede de la conocida como Directiva "Whistleblower", que regula los comúnmente llamados "canales de denuncias". La norma incluye una sanción para el propio hecho de carecer de "canal de denuncias" por parte de las entidades obligadas a implantarlo, con sanciones que oscilan entre los 600.001 y el millón de euros. Su entrada en vigor se prevé para el 13 de marzo, a los 20 días de publicarse en el BOE. Las organizaciones obligadas a implantar los canales deberán implementarlos, conforme a la nueva Ley, para el 13 de junio de 2023; si bien se atrasa a 1 de diciembre de 2023 para empresas de menos de 249 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes. Derecho de Sociedades Las modificaciones societarias transfronterizas: de la marginalidad a la centralidad Rafael Arenas García Catedrático de Derecho internacional privado Las modificaciones societarias transfronterizas han pasado en las últimas décadas de ser marginales a ocupar una posición central en la práctica societaria; de tal forma que, en la actualidad, son las modificaciones internacionales las que sirven de modelo para la regulación de las internas. Esto ha sido debido en buena medida a la facilitación de las modificaciones estructurales dentro de la UE de acuerdo con lo exigido por la libertad de establecimiento. El caso Ferrovial es una muestra de ese ejercicio de la libertad de establecimiento dentro de la UE, pero también muestra algunas lagunas de regulación, la resistencia a admitir plenamente las consecuencias de un espacio sin fronteras en materia societaria y la necesidad de profundizar en la armonización del Derecho de sociedades y del Derecho fiscal. La responsabilidad del administrador por deudas sociales se extiende a los intereses y a las costas del juicio verbal previo seguido contra la sociedad No es necesario que la parte haya debido solicitar la tasación y la liquidación antes de la interposición de la demanda de responsabilidad de administradores o del dictado de la sentencia que estima la acción. Responsabilidad fiscal subsidiaria del administrador de hecho negligente: sus obligaciones Rafael Fernández Valverde Magistrado Emérito del Tribunal Supremo Incurre en responsabilidad subsidiaria el administrador que, negligentemente, en relación con las sociedades que hayan cesado en sus actividades no hubieran hecho lo necesario para el pago de las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encontrasen pendientes en el momento del cese. El administrador no cesa, por caducidad de su mandato, ni por la convocatoria de junta general para nombramiento de nuevo administrador u órgano de administración, hasta que es sustituido y tal cese se da a conocer a terceros. Pactos parasociales: estado de la cuestión Juan de la Fuente Socio del departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues Los pactos parasociales suscritos por todos los socios (omnilaterales) son válidos entre los socios firmantes, pero no puede exigirse su cumplimiento frente a la sociedad, salvo que ésta haya suscrito también el acuerdo. Esta es la postura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así lo ha expresado el Alto Tribunal en su Sentencia de 7 de abril de 2022. Con posterioridad a esta decisión se han dictado diferentes sentencias por Audiencias Provinciales que siguen esta doctrina, si bien alguna iría un paso más allá. El nombramiento de suplente del representante persona física del administrador persona jurídica: una figura desconocida pero útil Adrian Bert Aragón Asociado — Dpto. Mercantil. Araoz & Rueda Para paliar de forma preventiva eventuales situaciones de acefalia de una sociedad administrada por una persona jurídica, resulta interesante plantearse la posibilidad de nombrar un suplente de la persona física representante de la persona jurídica administradora. Se trata de una figura desconocida, pero útil, que presenta ciertas peculiaridades, en especial en cuanto a la competencia para su nombramiento y los supuestos en los que es posible éste. Cuestiones a las que, por ahora, ni la Ley ni la DGRN han aportado respuestas. La impugnación de acuerdos sociales por adoptarse con abuso de la mayoría Agustín del Río Galeote Socio de Deloitte Legal Marc Pujolàs Recio Asociado Senior de Deloitte Legal Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo han resuelto sendas impugnaciones de acuerdos sociales por abuso de la mayoría de conformidad con en el artículo 204.1 II de la Ley de Sociedades de Capital. En este artículo analizaremos este tipo de acuerdos y las consideraciones del Alto Tribunal acerca del concepto de «necesidad razonable» previsto en la referida norma. Rincón de Lectura Derecho matrimonial y donación. 2ª ed. (Juan Carlos Martínez Ortega (Coord.)) Se centra de una manera útil y práctica sobre complejas situaciones matrimoniales y familiares que, en muchos casos, se resuelven en Notarías. Incluye jurisprudencia, profundidad fiscal y numerosos formularios de gran utilidad para los profesionales. Los menores ante la separación de sus padres (Alejandro Andrés Martín Molina) Analiza los efectos psicológicos y jurídicos que se producen en los menores en las separaciones de sus padres y del posterior desarrollo de la nueva forma de vida; tanto en la guarda y custodia como en el régimen de visitas y evolución de los menores. El reflejo de la realidad física y jurídica de las fincas a través de los procedimientos registrales (Esther María Salmerón Manzano) Se aborda la temática desde otra perspectiva y trascendente: el estudio pormenorizado, crítico pero práctico de los diferentes procedimientos registrales encaminados a plasmar ese nuevo sistema de reflejo registral de la identificación de las fincas. Manual sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (Óscar Jiménez Moriano) En esta obra se analizará la doctrina y jurisprudencia recientes sobre el riesgo como presupuesto de dicha responsabilidad, las causas de exoneración o la culpa de los menores de 14 años o personas sin capacidad de culpa civil. Videoconferencia y juicios telemáticos (Miguel Bueno Benedí) Análisis de la normativa y la jurisprudencia existente de la videoconferencia en los procesos judiciales para determinar qué es necesario para respetar los derechos y garantías de las partes y contribuya a una justicia de calidad. Derecho de sociedades y sostenibilidad (M.ª de la Concepción Chamorro Domínguez y A. Jorge Viera González) La sostenibilidad se ha convertido en una preocupación central en la agenda política y empresarial. Los marcos legales están evolucionando para abordar estos desafíos y ahora, dentro del ámbito de la UE, le llega el turno al Derecho de sociedades.

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