Especial Diario La Ley Verano: Todo Penal

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 7 de agosto de 2023
Podcast Diario LA LEY en período vacacional En esta semana, del 7 al 13 de agosto publicaremos una selección de lo mas destacado en materia penal. ¡QUE NO TE QUEMEN LOS PRECIOS! Ponte a la sombra de nuestros descuentos de verano Del 24 de julio al 1 de septiembre ahórrate hasta un 25% en tienda LA LEY. Nota de la Redacción Edición especial del Diario LA LEY en período vacacional: esta semana, todo PENAL Ya es agosto, momento en que muchos profesionales jurídicos toman unas merecidas vacaciones. Durante estas semanas, el Diario La Ley ha preparado ediciones semanales, temáticas, con lo más destacado que ha ido publicándose en la revista en lo que llevamos de año. Si no tuvo tiempo de leer aquello que le interesaba, ahora es el momento. Les recordamos que durante este mes las Newsletters serán semanales, y no diarias como es habitual. Por otra parte, se suspenden los podcast de noticias diarias, que se retomarán en septiembre. Delitos contra la Libertad Sexual y la Intimidad La ¿definitiva? regulación de los delitos contra la libertad sexual Amaya Merchán González Magistrada titular del Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, supuso una significativa modificación de los hasta entonces denominados delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ahora delitos contra la libertad sexual, que motivó la revisión de las sentencias condenatorias hasta su entrada en vigor dictadas, dando lugar, en la mayoría de las ocasiones, a una reducción de las penas impuestas, en algunos casos con la consiguiente puesta en libertad de los condenados por su íntegro cumplimiento, y que motivó la promulgación de la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril. Análisis del cambio de penalidad de los delitos de agresión sexual en la Ley Orgánica 10/2022 Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños Doctor en Derecho. Letrado adscrito al Servicio Común de Ejecución de la Audiencia Nacional Se analizan las razones del cambio de penalidad y los principios inspiradores que han configurado el tratamiento penológico de los delitos de agresión sexual en la Ley 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. A esto objeto se hace un examen particularizado respecto de cada una de las figuras agravadas del delito de agresión sexual, fijando el verdadero alcance de la retroactividad de cada una de aquellas. Se aboga por la posibilidad de reconsiderar los criterios concursales mantenidos hasta la fecha, así como por un entendimiento de la violencia y la intimidación adecuado a la realidad de los tiempos. Finalmente se examina el tratamiento de los vicios de consentimiento y en particular del engaño en la nueva ordenación de esta materia. Pautas de actuación de la Fiscalía en materia de revisión de sentencias condenatorias firmes y sobre el nuevo delito de malversación El fiscal general del Estado dicta unas pautas interpretativas con el fin de unificar criterios que garanticen el principio de unidad de actuación de los Fiscales ante la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022 que, a su vez, modifica el delito de malversación. Caso Arandina: El TS rebaja la pena de prisión por aplicación de la Ley del "solo sí es sí" Si bien se eleva la pena al eliminarse la atenuante analógica de cercanía de edad y la proximidad en el grado de desarrollo o madurez con la víctima, se rebaja en un año menos de lo que correspondería por la aplicación de la reforma. Inexistencia de concurso medial entre los delitos de agresión sexual y detención ilegal El aprovechamiento sobrevenido para cometer delitos sobre la persona encerrada no permite que estos absorban la antijuricidad de la lesión del bien jurídico de la libertad ambulatoria ni, tampoco, que se module el reproche mediante fórmulas concursales mediales. En el caso, la detención se convirtió en un objetivo autónomo y diferente a los otros delitos cometidos. La lesión del bien jurídico de la libertad ambulatoria es tan alta que justifica su reproche autónomo y la ruptura de toda fórmula de concurso con los otros delitos. Delitos contra la intimidad. Sexting secundario. Tratamiento y problemática Área de Derecho Penal de DOMINGO MONFORTE Abogados Asociados Se aborda el tipo penal regulado en el art. 197.7 CP denominado como sexting secundario en supuestos de envío de imágenes o grabaciones íntimas por menores de edad y sus difíciles fronteras con los delitos de pornografía infantil. Okupación y Delitos contra la Propiedad ¿Puede ser delito de estafa el fenómeno de la «inquiokupación» Vicente Magro Servet Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Se analiza si las actuaciones que se están llevando en la actualidad en muchos casos de personas que formalizan un contrato de arrendamiento abonando la fianza obligatoria y la primera mensualidad dejando, a continuación, de pagar sus rentas, puede considerarse un delito de estafa si se acredita o infiere de los hechos la existencia del dolo inicial y coetáneo al momento del contrato de que eso es lo que pretendía el arrendatario llevar a cabo desde un principio, es decir, pagar el primer mes y no los siguientes para obligar al arrendador a tener que acudir a un procedimiento judicial para conseguir la expulsión del inmueble La eficacia de las medidas cautelares ante la ocupación de bienes inmuebles Vicente Magro Servet Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Se analiza la necesidad de la aprobación del artículo 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento criminal en la próxima aprobación de la Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia para reforzar la protección de la recuperación inmediata de la posesión de los bienes inmuebles que han sido objeto de ocupación. La novedosa legitimación por substitución de la Administración para desahuciar a okupas Alejandro Fuentes-Lojo Rius Socio de Fuentes Lojo Abogados. Profesor de la UOC Se analiza la novedosa legitimación por substitución de la Administración para desahuciar al ocupante ilegal de viviendas regulada en la Ley catalana 1/2023 y la idoneidad de las distintas acciones judiciales reguladas en la LEC para conseguir el recobro posesorio en estos casos. Delitos y uso de la Tecnología; comunicaciones electrónicas; datos personales Comercio electrónico. Posibles derivas penales Ana Isabel Flores García Doctorada en Derecho El ámbito jurídico de Internet se encuentra, cada vez más, con una serie de conflictos en todos los ámbitos. Situaciones a las que de forma retrasada se va poniendo remiendos. Quizás sea el ámbito penal el que más problemas está desarrollando, puesto que se parte de una necesidad de proteger la intimidad del usuario, por un lado, y la seguridad pública y nacional, por otro lado. Estamos, por tanto, ante un nuevo núcleo de tensión entre la seguridad jurídica y la libertad. La instalación de una cámara en el dormitorio de su expareja activándola con el clave wifi de la víctima constituye un delito de descubrimiento y revelación de secretos La condena aplica el subtipo agravado que no se deriva de la captación de las imágenes mediante el dispositivo de grabación oculto en el aparato de aire acondicionado y dirigido a la cama, sino de la utilización inconsentida de la clave del router. Son datos personales de la víctima los compuestos por la clave del wifi porque es un número de identificación personal susceptible de protección. La recogida forzosa de datos genéticos y biométricos en caso de investigación de delitos solo puede permitirse cuando sea estrictamente necesario El tratamiento de datos sensibles debe estar delimitado por las salvaguardas adecuadas y previsto por el Derecho de la Unión o nacional. Cuando la persona investigada se niegue a colaborar voluntariamente en la recogida de sus datos biométricos y genéticos a efectos de su registro, el órgano jurisdiccional penal puede autorizar una medida de recogida forzosa, siempre que se garantice el control jurisdiccional sobre ello. Principio de proporcionalidad y conservación indiscriminada de datos de comunicaciones electrónicas tras la STJUE del Caso G.D. y Comissioner an Garda Síochána (1) José Luis Rodríguez Lainz Magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba La STJUE (Gran Sala) de 5 de abril de 2022 (caso G.D. y COMISSIONER AN GARDA SÍOCHÁNA) ha supuesto una indiscutible evolución, a la vez que confirmación, en una línea jurisprudencial del TJUE que, con su precedente inmediato de la STJUE (Gran Sala) de 6 de octubre de 2020 (caso LA QUADRAUTE DU NET y otros), marcó la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo como ámbito propio de respeto del principio de proporcionalidad de injerencias tecnológicas que afectaban en el ámbito de la investigación criminal, en su máximo grado de inmisión, a contenidos y datos de tráfico de comunicaciones electrónicas y datos de localización protegidos por el art. 15.1 de la Directiva 2002/58/CE. La nueva sentencia evoluciona sobre este posicionamiento, que ya se veía abierto al reconocimiento de otros bienes jurídicos protegidos capaces de superar tal juicio de proporcionalidad, como sucediera en concreto en cuanto respectaba a la persecución de la pornografía infantil; reconociendo nuevos espacios íntimamente ligados a determinados derechos fundamentales garantidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (integridad personal; prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes; libertad y seguridad, y privacidad). Sin embargo, como importante novedad, someterá al juicio de proporcionalidad, tal y como sugiere art. 588 bis a.5 de la LECRIM, a un segundo juicio de ponderación; basado en la valoración de la afectación concreta de derechos fundamentales derivado del acto de injerencia, independientemente de la posible consideración de la infracción criminal investigada como integrada en la lista de bienes jurídicos protegidos sí asumidos por la jurisprudencia del TJUE. Cosa distinta será poder defender que concretos supuestos contenidos en las listas de delitos que sostienen preceptos tales como los arts. 579.1 y 588 ter a de la LECRIM puedan integrarse en aquélla. Podcast LA LEY Canal Pódcast LA LEY Pódcast LA LEY I Sentencias destacadas: «Las cosas del punto limpio ¿Tienen dueño?» Iniciamos en el canal Pódcast LA LEY una serie de episodios en el que os contaremos sentencias y resoluciones destacadas por la actualidad de su temática, la originalidad de la materia o la novedad de su pronunciamiento. En esta ocasión resolvemos dudas sobre los objetos abandonados en el un punto limpio. Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente Los delitos de maltrato animal tras su reforma por las leyes de bienestar y maltrato animal Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños Doctor en Derecho. Letrado de la Administración de Justicia adscrito al Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional La reciente reforma de los delitos de maltrato animal presenta un objetivo muy ambicioso haciendo extensiva la protección penal a todos los animales que tengan la condición de vertebrados. El hecho es que, pese a la voluntad del legislador de hacerse extensiva esta protección a todo tipo de animales, la remisión a una normativa sectorial cuyo contenido y alcance no queda perfectamente definido crea un ámbito de incertidumbre que hace difícil entender el verdadero contenido y alcance de la norma. En el presente artículo se analiza la nueva regulación del delito de maltrato animal como tipo penal en blanco y la remisión que este hace a las distintas ordenaciones sectoriales en la materia. Condenadas dos mujeres por abandono grave y hacinamiento de 52 perros en un pequeño local El juez califica de "calvario" lo que tuvieron que soportar los animales durante su encierro, a oscuras, hacinados y en horrendas condiciones. Las condenadas también tendran que indemnizar al ayuntamiento por los gastos de curas y tratamientos y cuidados veterinarios de casi 15.000 euros. Penitenciario El tratamiento penitenciario tras la LO 10/2022 Puerto Solar Calvo Jurista de II.PP. Pedro Lacal Cuenca Psicólogo de II.PP. Las reformas penales que se vienen sucediendo desde 2003 hasta la actualidad responden a un endurecimiento generalizado tanto de la normativa penal, como de las dinámicas de cumplimiento a nivel penitenciario. Su filosofía de base, ligada al populismo punitivo, es difícilmente reconciliable con las premisas humanistas que configuraron no sólo nuestro vigente derecho penitenciario, sino la propia ciencia del derecho penal. El presente trabajo se centra en la LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual y la redacción que da al art. 36 del CP, su impacto en el tratamiento penitenciario y las consecuencias no siempre beneficiosas que se derivan de las normas de máximos. Los permisos ordinarios de los penados se deben resolver en un máximo de tres meses El Supremo unifica doctrina y determina que las solicitudes de los internos ingresados en centros penitenciarios pidiendo permisos ordinarios deberán ser estudiadas en un plazo máximo de tres meses, salvo aquellas peticiones que tengan carácter extraordinario, en cuyo caso el centro penitenciario justificará el plazo de resolución de forma individualizada. Delitos y empresas Análisis comparativo, en materia de Compliance penal, con motivo de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal y otras leyes Valvanera Campos Sáenz de Santa María Abogada del departamento de Legal Compliance en KPMG Abogados Análisis de las principales novedades introducidas por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que reforman el Código Penal, y su correlativa afección al catálogo de delitos por los que pueden ser responsables las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español. La responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración: una cuestión poco tratada en la jurisprudencia y sin una solución uniforme Pablo Lightowler-Stahlberg Juanes Oliva-Ayala Abogados La responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración se trata de una cuestión de suma trascendencia en el ámbito del derecho penal económico; sin embargo, la jurisprudencia únicamente ha tenido ocasión de abordar dicha responsabilidad en contadas ocasiones, no existiendo una solución clara y uniforme a los problemas que plantea. En el presente trabajo se exponen los factores que influyen decisivamente en la responsabilidad penal de los consejeros y se analizan una serie de sentencias de gran interés para el tema objeto de estudio dictadas a lo largo de los últimos años. La nueva Ley del informante: cuando las buenas intenciones se pueden convertir en un problema Guillermo García-Panasco Morales Fiscal. Doctor en Derecho Los loables objetivos que, sin duda, la nueva Ley 2/2023 pretende promover pueden encontrarse con no pocas dificultades prácticas, sobre todo cuando se confronta con el régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La difusa situación en la que queda el Compliance Officer, el riesgo de infracción del proscrito principio non bis in ídem, o la clamorosa insuficiencia de la regulación sobre la propia investigación de las denuncias son solo algunos de los aspectos que se abordan en esta primera aproximación sobre la nueva norma, en la que se ofrecen propuestas de solución que permitan superar las cuestiones más problemáticas para la vida diaria de las empresas. Otros Delitos Análisis del delito de odio María Dolores Pardeza Nieto Juez adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Navarra La repercusión mediática y el amplio debate sobre la calificación penal del delito de odio, nos recuerdan que es de vital importancia seguir ofreciendo a las instituciones y a la sociedad en general herramientas de reflexión, análisis, diagnóstico y conocimiento que fortalezcan la respuesta penal ante los delitos de odio, debiendo reservarse para los ataques más graves, dado su carácter de última ratio, priorizando como no puede ser de otra forma, la educación, la tolerancia y el respeto al prójimo; lo que inexorablemete nos conducirían a una sociedad libre de delitos de odio. Delito de omisión de socorro: absolución si la víctima fallece inmediatamente después del atropello Tampoco cabe la tentativa inidónea cuando el fallecimiento es instantáneo como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas, por lo que ya que no se encontraba en situación de desamparo y en peligro manifiesto y grave. No se puede castigar la omisión de una acción esperada cuando, de haberse realizado, en nada habría afectado a la indemnidad del bien jurídico protegido: la vida e integridad física. El delito de usurpación de estado civil Manuel Varela Rivadulla Fiscal Sustituto Área Santiago de Compostela 2022-23 En el delito de usurpación del estado civil, regulado en el art. 401 del Código penal, se sanciona con la pena de prisión de seis meses a tres años a "el que usurpare el estado civil de otro". En este trabajo, el autor concluye, por un lado, que se trata de un delito de simple actividad que no exige un resultado dañoso y que comporta la arrogación de todas las cualidades de otra persona, verificando una auténtica suplantación de personalidad; y por otro, que el bien jurídico protegido es el estado civil que constituye una condición de la persona individual que determina su capacidad y las relaciones que la integran. El supuesto delito de «ocultación» de un cadáver José Luis Manzanares Samaniego Consejero Permanente de Estado El autor de este trabajo es un conocido penalista, como se desprende de sus títulos académicos, su larga vida profesional, sus libros y sus númerosos artículos, muchos de ellos publicados por esta misma editorial. En esta ocasión se ocupa del novedoso tipo penal del ahora párrafo segundo del apartado 1 del Codigo Penal, obra de L.O. 14/2022 de 22 de diciembre, repasando para ello nuestros códigos penales desde 1848 hasta la actualidad, sin olvidar el Derecho comparado. Se trata de una primicia, dado el escaso tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la reforma. Aborto y gestación por sustitución Antonio J. Vela Sánchez Profesor Titular de Derecho Civil Sinceramente, analizando razonadamente los argumentos esgrimidos en la nueva Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, a favor de la posibilidad de abortar, no entiendo que una mujer o progenitor gestante pueda decidir voluntariamente interrumpir su embarazo —impidiéndose «de forma justificada» el nacimiento de un nuevo ser—, y, en cambio, no se le permita participar, también libremente, en un convenio de gestación por sustitución —del que va a surgir una nueva vida—, a favor de personas a las que quiere ayudar a ser padres o madres, eso sí, un convenio gestacional que sería esencialmente altruista y rodeado de todas las garantías legales que se consideraran necesarias para su protección. La prescripción de la pena de multa Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños Letrado de la Administración de Justicia adscrito al Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional Se aborda el tratamiento jurisprudencial de la prescripción de la pena de multa tras el cambio de planteamiento habido en esta materia en los últimos años. La distinción que el legislador ha esbozado entre los supuestos de interrupción y suspensión de la prescripción de la pena permite una construcción más avanzada acorde a las más modernas tendencias legislativas. Junto a estos supuestos se aborda la dejación de actuaciones ejecutivas como presupuesto de la prescripción de la pena de multa. Rincón de Lectura La determinación y el cálculo de la pena en el Código Penal (3.ª Edición) (Redacción LA LEY) El propósito de este título es el de facilitar la rápida determinación de las penas previstas en el Código Penal para cada delito. Se incluye, además, un amplio inventario de cuadros y tablas que resultan extremadamente útiles para tal fin. Teorías criminológicas (2.ª edición) (José Cid Moliné y Elena Larrauri Pijoan) El libro presentará el estado actual de las teorías criminológicas, actualizado las teorías y mostrando su confirmación empírica y pondrá el acento en las implicaciones de esta teoría para prevenir las distintas formas de delincuencia. La imputación de la responsabilidad penal en los delitos económicos y patrimoniales (Redacción LA LEY) Análisis de la configuración de todos los delitos que forman parte del Código Penal y que tienen un componente económico y/o patrimonial, incluyendo los delitos societarios, los de corrupción en los negocios o los que atentan contra el libre mercado.

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