martes, 19 de marzo de 2024

Medidas de Eficiencia Procesal Civil; ejes esenciales de la reforma de la Justicia penal;

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LA LEY

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19 de marzo de 2024

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Acuerdo de colaboración

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Aranzadi LA LEY y la Asociación Española de Asesores Fiscales renuevan su alianza

Vicente Sanchez, CEO de Aranzadi LA LEY y Bernardo Bande García–Romeu, presidente de AEDAF, renuevan la alianza durante el XVII Encuentro AEDAF, Jornada Nacional de Estudio 2024.

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Opinión

Justicia Next

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Diálogos para el futuro judicial LXXVII. Medidas de Eficiencia Procesal (civiles) del Servicio Público de Justicia. 2ª Parte

Álvaro Perea González

(Letrado de la Administración de Justicia)

Nicolás Noms Heredia

(Abogado. Asociado Senior en Deloitte Legal. Profesor asociado en Universitat de Barcelona)

Marta Gisbert Pomata

(Profesora Propia Ordinaria de Derecho procesal. Universidad Pontificia Comillas.)

José Antonio Julián Ortín

(Procurador)

Óscar Daniel Ludeña Martínez

(Letrado de la Administración de Justicia)

El artículo 103 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (convalidado por Resolución de 10 de enero de 2024) introduce una modificación sustancial de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en cuestiones tan relevantes como los ajustes para personas con discapacidad, la cuestión prejudicial europea o las costas en apelación. ¿Qué valoración merecen las medidas?

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Tribuna

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Nueve ejes esenciales de la reforma de la Justicia penal y una clave asistencial (casi existencial: El Facilitador judicial) no suman 10

Sonia Calaza López

Catedrática de Derecho procesal

Este trabajo ofrece una (primera) analítica de los diez ejes (esenciales) de la reforma de la Justicia penal —operados por los recientes Reales Decreto Ley 5/2023 (casación) y 6/2023 (ofrecimiento de acciones, remisión electrónica de resoluciones judiciales a Registros oficiales, actos procesales mediante presencia telemática, denuncia, requisitoria, Tablón edictal judicial único, juicio oral y restantes actuaciones orales, así como recurso de revisión)— con reclamación —ahora que está a punto de aprobarse una LO (precisamente) de Defensa— de la meticulosa regulación de una clave asistencial (casi existencial) imprescindible para las personas con discapacidad: el facilitador judicial, en el convencimiento del imposible ejercicio (sin indefensión) de sus derechos de acción y defensa (así como de todas las proyecciones de esta axiomática ecuación), sin el coetáneo cumplimiento de la —¿garantía?, ¿proyección?, ¿derecho?— de «comprender y ser comprendido» en el marco de un procedimiento justo.

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Tribuna

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El nuevo sistema estatal de referencia de precio del alquiler de vivienda ¿y ahora que?

Elga Molina Roig

Doctora en Derecho civil

En cuanto se publique el sistema de referencia de precios del alquiler de vivienda entraran en vigor los limites de precios aplicables a las zonas declaradas de mercado tensionado en Cataluña. Este sistema aplicable a los nuevos contratos de alquiler de vivienda habitual se limita de acuerdo a las rentas de los contratos anteriores en algunos casos, y a este índice estatal en otros. El índice propuesto por el gobierno debería mejorarse, fundamentalmente objetivando el sistema, además de acompañarse de otro tipo de medidas esenciales para que la normativa sea realmente efectiva.

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Tribuna

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Sentido del silencio administrativo en las solicitudes de residencia permanente de familiares de ciudadanos comunitarios

Guillermo Ramírez Fernández

Teniente Auditor del Cuerpo Jurídico Militar

Con el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, se posibilitó a los ciudadanos extranjeros con familiares comunitarios solicitar su regularización en España de forma temporal o permanente. El plazo para su concesión se dispuso en tres meses, sin contemplarse nada acerca del silencio administrativo y su sentido. El Tribunal Supremo ha sentado recientemente jurisprudencia al respecto, no obstante lo cual sus planteamientos pueden estar chocando frontalmente con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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La sentencia del día

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Rechazan la prueba documental presentada por la empresa por estar en formato papel

Con el nuevo RDL 6/2023, a partir del 9 de enero de 2024 se obliga a los intervinientes en un proceso judicial a aportar todo tipo de documentos en formato electrónico. En esta sentencia también se declara que un trabajador no está obligado a utilizar su móvil personal para verificar su identidad en aplicaciones laborales.

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Sentencias y resoluciones

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No puede negarse legitimidad a la información cuya veracidad resulta confirmada en una sentencia posterior, aunque pudiera dudarse de la diligencia con que fue obtenida por el informador

Programa de televisión sobre los estragos causados por la cirugía estética en el que interviene una paciente que expone su caso y menciona el nombre del cirujano. Existencia de una sentencia que condena al cirujano a indemnizar a esa persona por los daños causados por la infracción de las reglas de la lex artis.

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Un ayuntamiento no puede exigir directamente el pago de reparaciones en un espacio público utilizado por una empresa con su consentimiento, pero sin contrato

Cedido el uso por la vía de hecho no cabe ejercer la potestad administrativa de autotutela, debiendo reclamarse los daños por la vía judicial de la responsabilidad extracontractual.

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Absolución por conducción temeraria en concurso ideal con nueve delitos de homicidio en grado de tentativa, al aplicar la eximente completa de alteración psíquica

El TSJ considera que la prueba médica, unida a la información familiar y las declaraciones de los testigos que retuvieron al acusado tras detenerse el vehículo, revela que su conducta estuvo determinada por su alteración psíquica, y por ello, lo declara exento de responsabilidad penal imponiendo la medida de internamiento para tratamiento médico en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica padecida.

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Un vendedor de la ONCE tendrá que devolver toda la recaudación por trabajar sin la diligencia debida

Se fue a comprar y a realizar otras tareas con la suculenta recaudación de 7.620 € en el bolso y no supo si le habían hurtado o lo había perdido.

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Doctrina Administrativa

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Posibilidad de subsanar la información relativa al precio de las entradas en la licitación del contrato cuyo objeto es la organización de un Festival

El TACPA señala que la falta de aportación de los precios de las entradas del festival es una información que no era objeto de valoración según el PCAP, y considera que se trata de una exigencia de carácter formal que no puede suponer una barrera de acceso a la licitación, sin que aportar a posteriori un desglose suponga modificar los términos de la oferta presentada.

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El Pleno del TACRC se pronuncia sobre la figura de SAREB como poder adjudicador

SAREB, entidad participada mayoritariamente por el FROB, sigue persiguiendo tras las últimas reformas legislativas, un interés general, carece de carácter mercantil y está ligado a los poderes del Estado, por lo que reúne las condiciones exigidas para actuar como poder adjudicador.

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El TACPA recuerda que la solvencia en un contrato dividido en lotes no se refiere a la totalidad del contrato

Cuando se trata de un contrato cuyas prestaciones se dividen en lotes, requisitos mínimos de solvencia y la documentación requerida para acreditar los mismos deben «estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo», lo que implica que a cada lote adjudicado se exija unas condiciones de solvencia vinculadas a la concreta prestación que constituye su objeto.

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Hoy es Noticia

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Bruselas eximirá de sanciones y controles ambientales de la PAC a los pequeños agricultores

La Comisión Europea quiere eximir de controles y sanciones relacionados con los requisitos medioambientales que se deben cumplir para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, para aliviar aún más la carga administrativa del campo.

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El Tribunal Supremo avala de nuevo que el RIJ cumple con el derecho al honor

Establece que la discrepancia en la cuantía de la deuda comunicada al fichero respecto a la cantidad finalmente fijada en sentencia no vulnera el derecho al honor del demandante fundamentando esta conclusión en la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo que destaca que lo crucial no es tanto la corrección exacta de la cantidad de la deuda, sino evitar tratar al individuo como moroso injustificadamente.

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Un juez de Alicante anula la condena impuesta a un capitán del Ejército por un consejo de guerra franquista en 1940

Es la primera resolución de estas características que se dicta en la Comunidad Valenciana en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El magistrado estima la solicitud cursada por un hijo del militar represaliado en un expediente de jurisdicción voluntaria

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Rincón de Lectura

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TODO Renta (Francisco M. Mellado Benavente)

TODO Renta contempla los cambios que afectan a la declaración del IRPF del ejercicio 2023 y las mejores opciones ante las distintas alternativas de tributación.

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