martes, 30 de abril de 2019

Especial Diario La Ley Unión Europea nº 69, abril 2019

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LA LEY Wolters Kluwer

30 de abril de 2019

Diario La Ley

NOTA DE LA REDACCIÓN

Hoy en nuestra portada lo más destacado del Especial Diario La Ley Unión Europea nº 69, abril 2019

Hoy 30 de abril, la web del Diario La Ley le ofrece una selección del Diario Especial de la Unión Europea, publicado en la revista digital Smarteca. En este número destacamos la doctrina relativa a la homegenización de las condiciones laborales entre los Estados miembros y la Tribuna sobre la Directiva ECN+ desde la perspectiva de protección del consumidor europeo.

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TRIBUNA

Configuración de un marco europeo para el control de las inversiones extranjeras directas

Ana Fernández Pérez

Profesora titular de Derecho internacional privado

La UE es el destino más atractivo para la inversión extranjera directa en el mundo. Sin embargo, en casos excepcionales, dicha inversión puede representar un riesgo para la seguridad o el orden público en los Estados miembros o en toda la Unión. Este podría ser el caso de los inversores extranjeros que desean controlar las empresas europeas cuyas actividades afectan a tecnologías críticas, infraestructura, insumos o información sensible. En algunos casos, el riesgo puede verse exacerbado por el hecho de que los inversores son propiedad o están controlados por el Estado de un tercer país. La inversión extranjera directa en la UE realizada por empresas de terceros países se ha vuelto más común, adoptando la forma de fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas o nuevos negocios. Ciertas inversiones pueden tener un impacto económico significativo debido a su tamaño mayor que el promedio y su enfoque en los sectores de alta tecnología. Como una respuesta a la creciente demanda de inversión extranjera directa, la UE ha adoptado el Reglamento (UE) 2019/452 que permite una mejor cooperación entre la Comisión y los gobiernos europeos para garantizar seguridad y orden público El objetivo es garantizar que la inversión extranjera no suponga una amenaza para la infraestructura crítica ni permita el acceso a informaciones sensibles a tecnologías clave, al tiempo que mantiene a la UE abierta a la inversión.

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La Directiva ECN+ desde la perspectiva de protección del consumidor europeo

Cayetana Santaolalla Montoya

Profesora Doctora de Derecho Internacional privado

Este trabajo incide en los aspectos más relevantes de la Directiva ECN+. Expone los arts. 101 y 102 TFUE como leyes de policía, presenta el mercado interior y la protección de los consumidores europeos como objetivos en la aplicación del Derecho de la competencia. Destaca las garantías que, muy especialmente, se otorgan a las autoridades administrativas de defensa de la competencia en el ejercicio de la aplicación pública del Derecho de la competencia. Contrasta todos los argumentos doctrinales con jurisprudencia del TJUE, que se muestra como precedente de la labor que realiza el legislador ¿Serán suficientes estas medidas para que las resoluciones de las autoridades administrativas de defensa de la competencia sean cumplidas y respetadas? ¿Qué papel ocupa el consumidor europeo?

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DOCTRINA

Por una homogenización de las condiciones laborales entre los Estados miembros de la Unión Europea: libre circulación de trabajadores nacionales y discriminación por razón de nacionalidad

José Luis Monereo Pérez

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Sara Guindo Morales

Contratada Predoctoral FPU del MECD

El principio de libertad de circulación otorga al trabajador el derecho a desplazarse libremente a otro Estado miembro para trabajar o residir en el mismo a efectos laborales. Libertad de circulación de trabajadores que se encuentra consagrado en el art. 45 TFUE, también desarrollado en el art. 7 del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. Se pone en cuestión la interpretación y armonización de este principio fundamental en plena vinculación con la discriminación entre trabajadores y la igualdad de las condiciones laborales requeridas: concretamente analizamos si, en el caso concreto, la normativa sobre el derecho a vacaciones anuales retribuidas de los trabajadores de la empresa que han prestado servicios anteriormente en otras empresas en el territorio de Estados miembros puede vulnerar la normativa europea por discriminación por razón de nacionalidad, lo anterior a propósito de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 13 de marzo de 2019, asunto C-437/17.

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SENTENCIAS SELECCIONADAS

Ámbito de aplicación del Reglamento 1215/2012 y deuda soberana. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 2018, As. C-308/17, Hellenische Republik y Leo Kahn

Rafael Arenas García

Catedrático de Derecho internacional privado

El Tribunal de Luxemburgo se pronuncia sobre la aplicación del Reglamento 1215/2012 a la reclamación, formulada por un inversor particular contra la República Helénica, para obtener los pagos derivados de los títulos de deuda griega adquiridos en su día y afectados por la reestructuración de dicha deuda como consecuencia de la crisis financiera que afectó a Grecia.

La sentencia tiene su origen en una cuestión prejudicial en la que se interrogaba sobre la proyección del foro del art. 7.1 del Reglamento sobre la reclamación del cumplimiento de las condiciones de los términos de emisión de la deuda pública griega. Los gobiernos griego e italiano y la República Helénica, sin embargo, alegan que el Reglamento no resulta aplicable al caso. Finalmente, el Tribunal mantiene que un litigio de este tipo no puede ser considerado materia civil y mercantil, por lo que excluye la aplicación al caso del mencionado Reglamento.

La decisión permite constatar las dificultades que pueden derivarse de admitir que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie directamente sobre cuestiones que no han sido planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales legitimados para ello según el art. 267 del TFUE, así como de la conveniencia de que en determinados supuestos el Tribunal aporte principios de interpretación que deban completarse por los órganos jurisdiccionales nacionales al tomar en consideración también los Derechos nacionales que han de aplicarse y las circunstancias del caso concreto.

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La expresión de la obra y su carácter original como requisitos de su protección por el derecho de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2018, asunto C-310/17: Levola Hengelo

Santiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho internacional privado

El presente trabajo analiza los dos últimos casos resueltos por el Tribunal Supremo español en relación con el reenvío. Ambos ratifican su tradicional doctrina legal. Uno rechazando el reenvío a la ley española al valorar como un factor relevante el hecho de que el causante había hecho una declaración señalando que su domicilio se encontraba en Inglaterra. El otro rechazando expresamente que la admisión del reenvío pudiera estar condicionada por la voluntad del causante, tal cual defienden algunos autores españoles.

El autor analiza ambas sentencias, dedicando especial atención a tres aspectos. En primer lugar, el hecho de que en la pasada práctica española no se haya tenido en cuenta el concepto de domicile inglés (en ocasiones, de common law). En segundo lugar, y en contra de la posición del Tribunal Supremo, el autor defiende que la flexibilidad de la propia doctrina jurisprudencial permitiría tener en consideración la voluntad del causante para, precisamente, rechazar el reenvío. Y, en tercer lugar, la necesidad de tomar conciencia de que España es un Estado plurilegislativo en el que el reenvío a la ley española lo es a una de las leyes españolas y ello puede plantear nuevas dudas sobre la propia aceptación del reenvío.

Finalmente, el trabajo estudia cómo se tratarían estos problemas en aplicación del Reglamento 650/2012, de sucesiones.

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Litispendencia, reconocimiento y orden público. Comentario breve a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 2019, Asunto C-386/17: Liberato

Raúl Lafuente Sánchez

Profesor titular acreditado de Derecho internacional privado

A la luz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 31 de enero de 2019, en el asunto Agostinho da Silva Martins v. Dekra Claims Services Portugal SA, el presente trabajo tiene por objeto el estudio y análisis del concepto de "leyes de policía" en el sentido del art. 16 del Reglamento Roma II que autoriza la aplicación de las disposiciones de la ley del foro en aquellas situaciones en que tengan carácter imperativo, cualquiera que sea la ley aplicable a la obligación extracontractual. En particular, se examina si la lex fori, que contempla plazos de prescripción más favorables que la lex causae para la víctima que pretende iniciar una acción de reparación de los perjuicios resultantes de un accidente de tráfico transfronterizo, podría ser considerada como una "ley de policía" a estos efectos.

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La aplicación de la lex fori a las obligaciones alimenticias y el artículo 4.3 del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2018, asunto C-214/17: Alexander Mölk c. Valentine Mölk

Antonio Merchán Murillo

Profesor de Derecho Internacional Privado

La Sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2019, viene a establecer una nueva delimitación entre el Reglamento de Insolvencia y el Reglamento Bruselas I bis. La delimitación se basa en que el ámbito al que corresponde una demanda no es el contexto procesal en el que esta se inscribe, sino el fundamento jurídico de la propia demanda, que es lo que va a permitir clarificar si la fuente del derecho o de la obligación que sirve de base a la demanda son las normas generales del Derecho civil y mercantil o normas especiales.

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JURISPRUDENCIA

Disparidad entre los regímenes y las legislaciones de los Estados miembros respecto al cómputo parcial de los períodos de trabajo anteriores prestados en otras empresas

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, para determinar si un trabajador con un total de veinticinco años de actividad profesional tiene derecho a un incremento de sus vacaciones anuales retribuidas de cinco a seis semanas, prevé que los años de trabajo prestados en el marco de una o varias relaciones laborales anteriores a la que mantiene con su empresa actual solo se computan hasta un máximo de cinco, aunque su número real sea superior.

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Ámbito de las leyes de policía en la determinación del Derecho aplicable a las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil del automóvil

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que una disposición nacional que establece que el plazo de prescripción de la acción de reparación de los perjuicios resultantes de un siniestro es de tres años, no puede considerarse constitutiva de una ley de policía, en el sentido de dicho artículo, a menos que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto compruebe que dicha disposición, a la luz de un análisis detallado de sus términos, de su estructura general, de sus objetivos y del contexto en que se haya adoptado, reviste tal importancia en el ordenamiento jurídico nacional que justifica apartarse de la ley aplicable, designada.

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Consecuencias de la pérdida ipso iure de la nacionalidad de un Estado miembro y de la ciudadanía de la Unión

El Derecho de la Unión no se opone a la pérdida de la nacionalidad de un Estado miembro y, por consiguiente, de la ciudadanía de la Unión, en caso de interrupción duradera del vínculo efectivo entre la persona de que se trate y dicho Estado miembro. No obstante, el principio de proporcionalidad exige que se lleve a cabo un examen individual sobre las consecuencias de dicha pérdida para las personas afectadas desde el punto de vista del Derecho de la Unión.

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Traslado del solicitante de asilo al Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional

Un solicitante de asilo puede ser trasladado al Estado miembro en principio responsable de la tramitación de su solicitud o que le ha concedido ya protección subsidiaria salvo que las condiciones de vida que previsiblemente encuentran los beneficiarios de protección internacional lo expongan en ese Estado miembro a una situación de privación material extrema, contraria a la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes.

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Las normas de contratación pública no se aplican a los servicios de transporte de pacientes prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro en situaciones de emergencia

La exclusión de las normas de contratación pública establecida en favor de los servicios de prevención de riesgos solo puede beneficiar a determinados servicios de emergencia prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro y que no debe ir más allá de lo estrictamente necesario.

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ACTUALIDAD UE

Código de Conducta para altos cargos del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo (BCE) hizo el 5 de diciembre de 2018 un Código de Conducta que entró en vigor el 1 de enero de 2019 (DO C 89 de 8 de marzo de 2019) único aplicable a todos los miembros de los órganos rectores y a los altos cargos del BCE. Este código es la iniciativa más reciente del BCE para reforzar y mejorar sus políticas de buen gobierno e integridad

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La Comisión adopta nuevas medidas para garantizar que los profesionales puedan beneficiarse plenamente del mercado único

La Comisión ha adoptado el 7 de marzo de 2019 nuevas medidas en el marco de los procedimientos de infracción contra veintiséis Estados miembros para garantizar la plena aplicación de las normas de la Unión relativas al reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

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Las solicitudes de asilo en EU + se mantienen en general estables a pesar del aumento en enero

A pesar de un número superior al promedio de solicitudes mensuales y de un número de casos en espera de decisiones de primera instancia registradas en el primer mes de 2019, las cifras siguen en línea con las tendencias y fluctuaciones recientes más bajas.

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Hacia una reglamentación de la UE sobre plásticos de un solo uso para reducir la basura marina

El Parlamento Europeo respaldó el 27 de marzo de 2019 las ambiciosas medidas de economía circular propuestas por la Comisión para eliminar la basura marina proveniente de los 10 productos plásticos de un solo uso que se encuentran con mayor frecuencia en las playas europeas, así como los aparejos de pesca abandonados y los plásticos oxo-degradables.

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La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo para proteger mejor las indicaciones geográficas

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión alcanzaron el 14 de marzo de 2019 un acuerdo político sobre las normas que establecen cómo funcionará la UE como miembro del Acta de Ginebra, que es un tratado multilateral para la protección de las indicaciones geográficas gestionadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

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Nueva herramienta en línea para los procedimientos de clemencia y transacción en casos de cártel y los procedimientos de cooperación no relacionados con cárteles

La Comisión Europea ha puesto en marcha el 19 de marzo de 2019 erl programa «eLeniency», una nueva herramienta en línea destinada a facilitar que las empresas y sus representantes legales presenten declaraciones y documentos como parte de los procedimientos de clemencia y transacción en casos de cártel, así como en los casos de cooperación no relacionados con cárteles.

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Hacia una estructura de supervisión europea más sólida y más integrada, también en materia de lucha contra el blanqueo de capitales

El Parlamento Europeo y los Estados miembros alcanzaron el 21 de marzo de 2019 un acuerdo político sobre los elementos esenciales de la reforma de la supervisión europea en el ámbito de los mercados financieros de la UE, incluidos los dispositivos de lucha contra el blanqueo de capitales. Se trata de un paso importante para lograr el objetivo de la Unión de los Mercados de Capitales de garantizar una mayor solidez, seguridad e integración de los mercados financieros en beneficio de los consumidores, los inversores y las empresas europeos.

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