Actualidad COVID-19: suspensión de plazos procesales; salvoconducto en tiempos de confinamiento;

Si no visualiza correctamente este e-mail, consulte la versión online 8 de abril de 2020
ACTUALIDAD COVID-19 Suspensión de plazos procesales: la interrupción del normal funcionamiento del Poder Judicial durante el Estado de Alarma Sandra González de Lara Mingo Magistrada Especialista en lo contencioso-administrativo En este artículo se pretende analizar si durante los estados de alarma, excepción y sitio puede interrumpirse el normal funcionamiento de uno de los poderes constitucionales del Estado, —el Poder Judicial—, mediante la suspensión casi total de su actividad; se cuestiona si a través de la declaración gubernamental de estado de alarma pueden regularse materias reservadas a la Ley Orgánica; se rechaza que durante el estado de alarma pueda limitarse el derecho a la tutela judicial efectiva; se analizan los problemas procesales que se producirán en los órganos judiciales; y, se ofrecen propuestas de futuro. El salvoconducto en tiempos de confinamiento Eduardo Antonio Ortega Noguero Abogado. Doctorando en Derecho en la Universidad de Navarra. La Autoridad competente puede servirse de la tecnología de la que ya dispone y enfocar la aplicación del Derecho a regular los incumplimientos de las medidas de contención que impiden contener la propagación del virus. La humanidad, empezando en lugares muy avanzados tecnológicamente como Israel o Singapur, empieza a confiar en este tipo de soluciones, obligando a la ciudadanía a compartir su ubicación a través de dispositivos móviles o a seguir sus movimientos en según qué casos, solo por citar algunas medidas. Objeción de conciencia de los pacientes en tiempos del Covid-19 y el Estado de Alarma. Limitación de derechos fundamentales Almudena Argüelles Mora Graduada en Derecho La actual crisis sanitaria en la que estamos inmersos supone un paradigma en el entorno legal sobre el que se ha de dar una respuesta eficaz y coherente por nuestros gobernantes. En este sentido, el estado de alarma como respuesta a la paralización del COVID-19 plantea un escenario con limitaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos y abundantes interrogantes en torno al derecho a la objeción de conciencia que quedan sin resolver. Coronavirus, tráfico y movilidad Antonio Martínez Nieto Presidente del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial y Director de la revista Tráfico y Seguridad Vial No estamos ante restricciones del derecho a moverse por «emergencias» de la seguridad del tráfico. Esas limitaciones no necesitan ninguna declaración previa del estado de «alarma» para imponerse. En este momento la suspensión del derecho a la movilidad es la medida más importante para proteger la vulnerabilidad del sistema sanitario. TRIBUNA La impugnación por FOGASA del acto de Conciliación Judicial Jesús Rodríguez Hernández Juez sustituto y ex Abogado Laboralista Se analiza una cuestión que se empieza poco a poco a poner de actualidad como es la impugnación por el Fondo de Garantía Salarial del Decreto que homologa el Acto de Conciliación Judicial entre empresarios y trabajadores. Se trata de procedimientos en los que FOGASA es parte teóricamente, pero no es citado al Acto de Conciliación que suscriben las partes y homologa el Letrado de la Administración de Justicia. Hemos observado cómo el organismo público referido viene impugnando este tipo de acuerdos cuando está implicada una empresa concursada en tanto entiende son adoptados en perjuicio de sus intereses. Intentamos desentrañar hasta qué punto puede asistirle materialmente la razón y el cauce procesal adecuado para ello. TRIBUNA Artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario: instrumento o coartada Ángel Yuste Castillejo Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de II PP En el trabajo se reflexiona sobre la evolución interpretativa que ha sufrido el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario desde su origen, su polémica aplicación a casos de particular notoriedad pública y la difusión mediática —no siempre rigurosa— de su alcance y efectos. Se aporta una visión crítica sobre estas premisas, y si la devaluación de los requisitos de acceso, están consolidando la idea de que el precepto citado es una fórmula «manoseable» para vaciar condenas o endulzar arbitrariamente los rigores que conlleva el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Por último se apunta la necesidad de una nueva regulación, con el rango adecuado, apta para disciplinar convenientemente una fórmula de indudable futuro, que violenta en la actualidad las costuras de su regulación reglamentaria, y se ha mostrado ineficaz para embridar los indudables excesos que jalonan su aplicación práctica. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA Caducidad del procedimiento y reconocimiento de una situación jurídica individualizada Salvador Pérez Alcaraz Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de Cartagena. Abogado El de la caducidad o perención del procedimiento administrativo es un tema sumamente sugerente y plagado de múltiples problemas e incógnitas. La sentencia analizada aborda una cuestión que no estaba aún suficientemente perfilada por el Tribunal Supremo —aunque contiene también consideraciones marginales que representan líneas jurisprudenciales firmemente asentadas—, y en esto radica precisamente su interés. Se trata de determinar la incidencia de la declaración de caducidad del procedimiento sobre una pretensión accesoria, en la que se reclama, como situación jurídica individualizada, la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios ocasionados por la resolución recurrida. LA SENTENCIA DEL DÍA El pasajero que ha percibido una compensación por la cancelación de su vuelo también puede solicitar una compensación por el retraso del vuelo alternativo El transportista no puede eximirse de su obligación de compensación alegando «circunstancias extraordinarias» relacionadas con el fallo de un componente del avión, salvo que se trate de un acontecimiento que no sea inherente al ejercicio normal de su actividad y escape de su control. JURISPRUDENCIA Si la esposa, usuaria de la vivienda propiedad del marido, paga los gastos de comunidad durante un largo periodo de tiempo queda vinculada por tal acto La esposa asumió el pago de las cuotas comunitarias desde la sentencia de divorcio en el año 1997 hasta el año 2015, consciente de que con ello liberaba de su pago al marido y generando en él la confianza de que lo seguiría haciendo. El TSJ Islas Baleares anula el Decreto que regula el catalán para el acceso y movilidad en la sanidad pública La excepción del requisito del conocimiento de la lengua catalana respecto a todo o parte del personal estatutario del IB-SALUT, sea una excepción temporal o permanente, precisa de una decisión del legislador, ya que opera la reserva absoluta de ley en materia de estatuto de funcionarios públicos. Los miembros de un comité de huelga no están exentos de trabajar durante la misma Ahora bien, el nombramiento de alguno de sus componentes para los servicios mínimos habrá de estar totalmente justificado por la empresa. Se vulnera el derecho al honor al mencionar los delitos supuestamente cometidos por el administrador en una anotación del registro de la propiedad El hecho de que en una anotación preventiva de prohibición de disponer consten los delitos por los que se ordena la anotación, es una información innecesaria y desproporcionada respecto al fin propio de la anotación, y puede provocar el efecto de que con motivo de una consulta en el Registro de la Propiedad, quede en entredicho la reputación y la actuación profesional del afectado. ACTUALIDAD LEGISLATIVA Sanidad refuerza la contratación de personal sanitario ante la evolución de la pandemia La Orden SND/319/2020, de 1 de abril, prorroga automáticamente los contratos de los residentes sanitarios, cualquiera que sea su especialidad y el año que estén cursando. Las comunidades autónomas podrán determinar que presten servicios en unidades con especial necesidad, incluso de fuera de su ámbito territorial. También se pone a disposición de aquéllas a los médicos forenses y profesionales del Instituto Nacional de Toxicología, para que presten servicios de refuerzo sanitario. Se autoriza el uso de bioetanol en los geles para la desinfección de manos contra el coronavirus Con la finalidad de poder abastecer el mercado con soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos durante la crisis del COVID-19, la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, autoriza el uso de bioetanol en aquellos productos, siempre que cumpla las especificaciones recogidas en el anexo de la norma. Modificación del modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos La Orden TED/320/2020, de 3 de abril, desarrolla aspectos del derecho a la percepción del bono social por parte de los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19. También modifica el modelo de solicitud incorporando el consentimiento del interesado y de los miembros de su unidad familiar mayores de 14 años para el tratamiento de datos personales y el acceso del Ministerio a la información sobre rentas a partir de los datos introducidos por la comercializadora en la aplicación implementada al efecto. NOTICIAS El Tribunal Supremo considera que la demanda del Sindicato Unificado de Policía contra los ministerios de Trabajo y Sanidad debe presentarse en la Audiencia Nacional Mediante auto dictado en el día de hoy, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo considera que la demanda presentada por el SUP (Sindicato Unificado de Policía) contra los Ministerios de Sanidad y de Trabajo debe presentarse ante la Audiencia Nacional. Un juzgado de Palencia ordena el "internamiento forzoso" de una persona contagiada El Juzgado de Instrucción 1 de Palencia, en funciones de guardia, ha ordenado el internamiento forzoso de un paciente del Hospital Río Carrión contagiado por coronavirus, a cuyo personal médico solicitó el alta voluntaria. Bruselas desbloquea 1.000 millones en forma de garantía para en préstamos a pymes La Comisión Europea ha desbloqueado 1.000 millones de euros para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) incentive a bancos y otras entidades de préstamo a conceder 8.000 millones de euros en créditos a unas 100.000 pymes y empresas de capitalización media europeas. Más de 3,5 millones de trabajadores ya han sido expulsados del mercado laboral por el coronavirus en España Un 77% de ellos tienen asegurada su vuelta a la actividad cuando desaparezca el estado de alarma.

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