La futura Lecrim a examen: el proceso penal de los derechos; derecho de arrendamiento y COVID-19

Si no visualizas correctamente este e-mail, consulta la versión online 11 de marzo de 2021
LA FUTURA LECRIM A EXAMEN El proceso penal de los derechos Ignacio Rodríguez Fernández Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid El pasado 24 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende instaurar un nuevo modelo de proceso y sentar las bases de un sistema de justicia criminal adaptado a las necesidades y características de la sociedad española del siglo XXI. No obstante, si hay un elemento que preside la regulación propuesta es la voluntad de configurar un tipo de proceso que haga realmente efectivo, en el ámbito de la justicia penal, el diseño constitucional de los derechos fundamentales. A través de un breve recorrido histórico, el presente trabajo pretende explicar el valor del texto normativo presentado en la evolución de los modelos constitucionales y el papel que juegan los derechos fundamentales en el desarrollo de un modelo legal de proceso que combine adecuadamente la resolución imparcial de los conflictos y la realización eficaz de las políticas públicas en la lucha contra la delincuencia. PLAN DE CHOQUE DE LA JUSTICIA Diálogos para el futuro judicial XXI. Derecho de arrendamiento y COVID-19 Álvaro Perea González (Letrado de la Administración de Justicia) Rocío Ortega Atienza (Magistrada) Alejandro Fuentes-Lojo Rius (Abogado) Prudencio C. Moreno Trapiella (Letrado de la Administración de Justicia) Ester Mocholí Ferrándiz (Profesora titular de Derecho Civil. Universidad Nebrija. Abogada) Francisco Pertíñez Vílchez (Profesor titular de Derecho Civil. Universidad de Granada. Abogado) Si existe un derecho exponente del funcionamiento de la economía y la sociedad, ese es, sin lugar a dudas, el de arrendamiento. Bajo la órbita del «alquiler» discurren las relaciones de mercado y se proporciona vivienda a un amplio margen de la población. Por ello mismo, la salud del sector arrendaticio siempre es reveladora de la salud general del Derecho y de la arquitectura social a la que sirve. La crisis económica causada por el coronavirus ha dado lugar a una intensa actividad normativa sobre el derecho de arrendamiento, sin embargo, la realidad diaria evidencia constantemente los graves problemas que asolan a este elemento esencial en nuestro marco de convivencia. Los interrogantes que sobrevuelan sobre el mercado arrendaticio exigen respuestas. Diálogo y consenso se alzan en vacunas frente a la incertidumbre que padece el alquiler. TRIBUNA ¿Pueden los robots administrar justicia? Fernando Pinto Palacios Magistrado Juez de Adscripción Territorial adscrito al TSJ de Castilla-La Mancha La utilización de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia plantea numerosos interrogantes. En el caso State v. Loomis, la Corte Suprema del Estado de Wisconsin examinó si se podía basar una decisión judicial sobre la pena aplicable a un condenado en el informe emitido por un programa informático desarrollado por una empresa privada y cuyo algoritmo era secreto para la defensa. Tras analizar este caso, el artículo reflexiona sobre el creciente fenómeno de la robotización y los desafíos que plantea cuando se aplican estos avances tecnológicos en la función jurisdiccional. Teoría de la prueba ilícita a partir del Caso Falciani Adrián Gómez Conesa Estudiante del Máster en Sistema de Justicia Penal en la Universidad de Lleida La teoría de la prueba ilícita ha sido tradicionalmente construida por la jurisprudencia en nuestro país, y con base en esta, el legislador ha establecido como regla general que no surtirán efectos en el proceso penal las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, la STC 97/2019, de 16 de julio, ha supuesto uno de los mayores hitos en esta teoría, ya que ha considerado que la prueba obtenida mediante la violación de un derecho fundamental por un particular independiente al Estado y a la investigación penal, sí podrá ser objeto de valoración por el Juez o Tribunal para fundar una posible condena. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA Extranjería: la extinción de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea por el Jefe de la Oficina de Extranjeros no es vicio de nulidad de pleno derecho Benjamín Górriz Gómez Juez sustituto Conforme a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2020 (Sec. 5ª, rec. casación 7733/2018, ponente D.ªÁngeles Huet de Sande), el órgano competente para declarar la extinción de las tarjetas de residencia de familiares de ciudadanos de la Unión Europea, por desaparición de las condiciones que justificaron su concesión, es el Delegado del Gobierno, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, y el Subdelegado del Gobierno, en las provincias, pero si fuera acordada por los Jefes de las Oficinas de Extranjeros, su confirmación en alzada por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, convalida el vicio de anulabilidad. Se ha escrito en... PRÁCTICA DE TRIBUNALES La realización por persona o entidad especializada (artículo 641 LEC): problemas técnicos y soluciones prácticas(1) Álvaro Perea González Letrado de la Administración de Justicia La ejecución civil, pasadas décadas, sigue tropezando en las mismas piedras. La vía de apremio y su paradigmática subasta continúan evidenciando la necesidad de mejorar y flexibilizar un proceso judicial que, todavía a día de hoy, no satisface correctamente los intereses en juego. La Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 pretendió instaurar alternativas eficaces al mecanismo de subasta; la realización por persona o entidad especializada, prevista en el artículo 641 de la ley, era una de ellas. ¿Qué problemas técnicos presenta para que, tantos años después, su utilización siga siendo marginal? ¿Es el turno de las opciones extrajudiciales de realización? ¿Qué soluciones prácticas pueden aportarse? LA SENTENCIA DEL DÍA Cobertura por el seguro de las pérdidas económicas derivadas de la paralización de un negocio de restauración por el Covid-19 La aseguradora opone que aunque la póliza cubre el riesgo de paralización de la actividad negocial, no contempla expresamente la paralización por una pandemia. Pero la exclusión de este riesgo supondría una limitación de los derechos del asegurado cuya validez está condicionada al cumplimiento de los requisitos del art. 3 LCS. JURISPRUDENCIA Protección del acreedor pignoraticio en caso de venta directa de una unidad productiva de la concursada Aunque el reconocimiento del privilegio especial se hubiera realizado con posterioridad a la adquisición de la unidad productiva, resulta oponible al adquirente en cuanto que su adquisición no podía realizarse sin subsistencia de las garantías si no se cumplía la exigencia del consentimiento de los acreedores pignoraticios en los términos previstos en los arts. 154.4 y 149 de la Ley Concursal 2003. El derecho a la liquidación definitiva del ICIO en obras inconclusas nace cuando se renuncia de forma expresa a la licencia El derecho de un interesado a la liquidación definitiva del ICIO, en supuestos en que ha decidido no terminar la obra, nace cuando se renuncia expresamente a la licencia de obras que fue presupuesto jurídico del impuesto. El TS actualiza la fundamentación de la doctrina sobre los interinos de larga duración El Supremo resuelve atendiendo a reciente doctrina del TJUE que examina las circunstancias concurrentes en cada caso, a fin de comprobar si ha existido una práctica abusiva por parte del empleador público. El TJUE declara lícito que los trabajadores desplazados reciban igual salario que los empleados del Estado de acogida Con la Directiva 2018/957, se han reforzado y aumentado los derechos de este tipo de trabajadores con el fin de garantizar condiciones de competencia empresarial más equitativas. ACTUALIDAD LEGISLATIVA El Impuesto sobre Sociedades se blinda contra la desimposición y la doble deducción internacional Se modifican las leyes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes para evitar dobles deducciones. NULIDAD DE ACTUACIONES Y COVID-19 Anulado un juicio porque el abogado tuvo que aislarse ante el posible positivo por Covid de su esposa antes del confinamiento La Audiencia Provincial de Valencia declara la nulidad de las actuaciones, y obliga a las partes a celebrar de nuevo el juicio. El letrado no pudo acudir pues su esposa fue ingresada en el hospital por posible positivo de COVID-19. Aunque el juicio se celebró antes de la declaración del estado de alarma, ya se estaban tomando medidas de prevención de contagios. DERECHO PENITENCIARIO Aplicación del régimen ordinario penitenciario a pesar de la alta peligrosidad de los hechos por los que fue condenado El Juzgado considera que son hechos del pasado inmodificables que no pueden convertirse en un obstáculo insalvable para el retorno al régimen general de cumplimiento de las penas y debe atenderse a datos dinámicos relativos a su evolución personal y penitenciaria, pues le quedan unos meses para alcanzar la mitad de la condena y los informes del centro revelan una evolución positiva del interno. BIBLIOTECA RECOMENDADA, obras seleccionadas que no pueden faltar en tu estantería Notarios escritores en la Edad de Plata (José-Antonio Linage Conde) Un ensayo en torno a la producción novelística de reputados miembros del colectivo notarial. NOTICIAS Hacienda reforma el Impuesto sobre Sociedades y el de la Renta de No Residentes para atajar la elusión fiscal Traspone la directiva sobre 'asimetrías híbridas' para evitar que se produzcan dobles deducciones de un mismo gasto. El Tribunal Supremo condena a dos años de prisión a una enfermera del Servicio Aragonés de Salud por acceder al historial clínico de una antigua amiga El alto tribunal estima parcialmente el recurso de la acusada contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que confirmó la de la Audiencia de Zaragoza, que impuso una pena de 3 años y 3 meses a la acusada al considerar que el delito cometido fue continuado. El reglamento europeo de finanzas sostenibles entra en vigor El miércoles, 10 de marzo, entró en vigor el reglamento europeo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, cuyo objetivo es reforzar la protección de los inversores finales y mejorar la información que se les ofrece. Ábalos dice que la Ley frenará las subidas abusivas de alquiler fomentando un parque público de vivienda El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado que la futura Ley de Vivienda pretende atender la situación de acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y frenar, "por supuesto", las subidas "abusivas del alquiler fomentando un parque público de vivienda y prohibiendo la venta de estas viviendas de carácter social".

De acuerdo con la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico), si no deseas seguir recibiendo este boletín puedes solicitar la baja en este enlace. Si desea realizar algún comentario acerca del mismo, envíenos un e-mail a clienteslaley@wolterskluwer.es

© WOLTERS KLUWER