Diálogos para el futuro judicial XV: medidas de salud pública y control jurisdiccional

Si no visualiza correctamente este e-mail, consulte la versión online 14 de diciembre de 2020
PLAN DE CHOQUE DE LA JUSTICIA Diálogos para el futuro judicial XV. Medidas de salud pública y control jurisdiccional Álvaro Perea González (Letrado de la Administración de Justicia) Paloma Santiago Antuña (Magistrada especialista de contencioso-administrativo) Alfonso Codes Calatrava (Abogado. Abogado del Estado en excedencia) J. Miguel Formoso Sobrado (Letrado de la Administración de Justicia. Ex-Subdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Xunta de Galicia) Diego Gómez Fernández (Abogado) La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está dando lugar a una actuación urgente e incisiva de los poderes públicos en la esfera de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. La colisión de derechos tales como la libre circulación o la integridad física obliga a una ponderación difícil en la que es preciso valorar qué medidas restrictivas pueden acordarse, bajo qué cobertura jurídica y durante cuánto tiempo. Sin embargo, el inadaptado ordenamiento de emergencia previo al coronavirus impide una reacción eficaz en la intervención administrativa frente a la pandemia; aspecto puesto de relieve por quienes en último término han de controlar la legalidad de las decisiones sanitarias: nuestros Juzgados y Tribunales. La convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: ¿Fin de la única pero sucesiva citación? Raúl Díaz Sáez Letrado de la Administración del Justicia del Juzgado de lo Social 1 de Figueres. José Francisco Escudero Moratalla Secretario Coordinador Provincial de Girona. El Ministerio de Justicia en el proyecto de la denominada “Ley de eficiencia procesal” pretende la modificación de la tradicional única pero sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y juicio mediante la separación temporal de éstos de modo que coexista una agenda doble, es decir, una primera en la que se programen los actos de conciliación ante el LAJ y una segunda en la que se detallen los actos de juicio ante el Magistrado. Una primera finalidad de dicha dualidad temporal residiría, en fortalecer y potenciar la función conciliadora del LAJ. Una segunda finalidad de la medida sería adecuar la agenda de señalamientos ante el Magistrado, a efectos de la celebración de los actos de juicio fijados, sea más previsible y certera, facilitando una programación de la agenda diaria que evitara disfunciones entre las horas señaladas y la duración de los juicios. No parece que cambiar una práctica consolidada y que está dando buenos resultados sea el mejor modo de, coyunturalmente, mejorar el sistema. ACTUALIDAD COVID-19 El efecto Covid-19 en los contratos de seguro OLIVIA DELAGRANGE Partner JAVIER MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS Senior Associate La llegada del Covid-19 ha producido una gran incertidumbre en todos los órdenes. En el marco de los contratos de seguro ha sido causa de situaciones novedosas que parecen alterar las coordenadas dentro de las cuales se pactaron en su momento las diferentes coberturas de los riesgos. Bajo la acción de la pandemia ¿Qué eventos son asegurables? ¿Y qué consecuencias? ¿Qué responsabilidades aseguradas se pueden ver más afectadas? ¿Qué coberturas están más expuestas a la pandemia? No existen reglas predeterminadas que permitan dar respuesta a la infinidad de preguntas que se plantean, ni recetas para resolver las situaciones específicas y tan imprevisibles que se van dando bajo cada póliza suscrita, por lo que habrá de estarse a lo pactado en cada clausulado y al análisis fáctico de cada caso concreto. En éste marco, un breve recordatorio de algunas pautas generales de interpretación de los clausulados puede resultar orientativa para afrontar los posibles conflictos de cobertura de la manera más adecuada posible. TRIBUNA Registros domiciliarios en el orden contencioso-administrativo Alfredo Martínez Guerrero Letrado de la Administración de Justicia Breve análisis de la STS 1231/20, Sala de lo Contencioso, a propósito de la entrada (y consiguiente registro) domiciliaria hecha/os por la propia Administración —Tributaria— para la ejecución forzosa de los actos de la misma. Se hace necesario que el Legislador tome cartas en el asunto y establezca un marco legal adecuado en esta materia, haciendo suyas las directrices marcadas en la jurisprudencia para garantizar los derechos de los ciudadanos. La participación —posible y deseable— de los Letrados de la Administración de Justicia en los mismos, debe responder a los parámetros de la jurisdicción penal. TRIBUNA Transformación humana a través de la justicia restaurativa: Cuándo aparece el sentimiento de empatía del infractor hacia la víctima Mar Madrid Socia de AMEE. Máster en Mediación y Gestión de conflictos por la Universidad Complutense de Madrid Asunción Mondéjar Socia de AMEE. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca Este artículo tiene como propósito constatar el valor añadido que aporta la Justicia Restaurativa a nuestra sociedad. Presentamos uno de los pilares sobre los que se sustenta la Justicia Restaurativa: la responsabilización de los hechos por parte del autor y la mirada empática hacia su víctima. Somos testigos de que una transformación esencial tiene lugar en el ser humano que ha cometido un delito y que transita por el proceso de Justicia Restaurativa propuesto por AMEE (Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha). La «Ley Celaá» y la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad: de su segregación a su integración, de la discriminación a la igualdad Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla Catedrático de Derecho Civil En este trabajo su autor aclara el malentendido de atribuir a la llamada Ley Celaá la desaparición de los Centros educativos especializados en personas con discapacidad, cuando solo se pretende su integración en los Colegios educativos comunes, pero con apoyo de profesores especializados, en igualdad con las demás personas, y todo ello en obligado cumplimiento de lo que hace más de diez años viene exigiendo la Convención de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York en diciembre de 2006. LA SENTENCIA DEL DÍA Prescripción de la responsabilidad contable derivada de una conducta presuntamente delictiva Mientras no recaiga una resolución penal firme, no cabe aplicar en la jurisdicción contable, y respecto de los mismos hechos, de manera total o parcial la prescripción de la responsabilidad contable prevista con carácter general en la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. JURISPRUDENCIA Negligencia del Banco que permitió que un cliente que había recibido una transferencia por error cancelara sus préstamos con el dinero recibido La actuación de la entidad bancaria no fue la exigible en un caso en el que era conocedora del error sufrido por el ordenante de la transferencia. Una actuación mínimamente diligente hubiera exigido paralizar la cancelación de los préstamos. Los funcionarios del cuerpo docente estatal integrados en una administración autonómica, se rigen por la normativa de ésta Es de plena aplicación la legislación de función pública de la comunidad autónoma, pues no se está ante una situación de ejecución de transferencias autonómicas. El hecho de ser funcionaria de un cuerpo docente de ámbito estatal que reingresa al servicio de la administración autonómica no implica que pueda aplicarse una normativa estatal relativa, en el caso, al percibo de un complemento de puesto de trabajo. La caza en períodos de veda constituye un delito contra la fauna porque pone en peligro el bien jurídico de la biodiversidad La Sala explica que la fijación de períodos de veda no responde a una distribución puramente convencional del tiempo de caza, sino que responde a razones de orden biológico para facilitar la reproducción de la especie. La veda está conectada con la conservación de las especies y el aprovechamiento sostenible de la caza, preservando los ecosistemas de los que forman parte los animales. No cabe un despido objetivo cuando se vienen realizando horas extras o se contratan suplentes por ETT Por más que concurran circunstancias económicas negativas acreditadas, no es razonable despedir a un empleado cuando acude a una empresa externa para suplir las bajas de otros compañeros. ACTUALIDAD LEGISLATIVA Modificación del Plan Estatal de Vivienda y agilización de ayudas El Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, que regula las ayudas a los arrendatarios de vivienda habitual establecidas con motivo de la pandemia. Entre otros aspectos suprime la exigencia de un acuerdo previo a la financiación entre ministerio, comunidad autónoma y ayuntamiento; permite las ayudas a los jóvenes no solo en municipios de menos de 5.000 habitantes sino también en núcleos con menos de esa población y extiende el plazo de concesión de ayudas hasta el 31 de diciembre de 2022 con carácter general. Medidas de fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual El Real Decreto 1090/2020, de 9 de diciembre, dispone que todas las salas de exhibición cinematográfica deberán cumplir con sus obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos con la concurrencia de las entidades denominadas «Buzones» y elimina la obligación de conservación de las entradas físicas. Además establece nuevos criterios para la identificación de determinadas obras audiovisuales como “difíciles” y un aumento del porcentaje sobre el coste reconocido de las obras audiovisuales que servirá de límite máximo de ayuda pública a percibir. NOTICIAS Presentación del proyecto LibEx Tendrá lugar el 16 de diciembre a través del canal de YouTube de la Universidad Carlos III de Madrid. El TC inadmite el recurso de Vox contra la prórroga hasta mayo del Estado de alarma La Sección Primera de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso de amparo interpuesto por la diputada de Vox, Macarena Olona Choclán, contra el acuerdo de autorización de prórroga por seis meses del estado de alarma por pandemia de covid declarada por el Real Decreto el pasado 25 de octubre, que permite extender esta situación hasta el 9 de mayo del próximo año. La CNMC participa en la consulta pública de la Comisión Europea sobre la política de competencia y los objetivos de sostenibilidad medioambiental La CNMC ha incorporado los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) como uno de los ejes prioritarios de su actuación. La política de competencia contribuye a los ODS al estimular estrategias empresariales sostenibles. La CNMC considera que la competencia puede jugar un papel todavía más activo a favor de la sostenibilidad dentro del marco jurídico actual. Los objetivos de sostenibilidad no deben socavar la competencia efectiva ni crear distorsiones en el mercado interior. El Gobierno amplía a 2022 las ayudas del Plan Estatal de Vivienda y las extiende a pequeños municipios Casi la mitad de las empresas está facturando menos que en el tercer trimestre, según el Banco de España El 45,9% prevé un recorte adicional de sus ventas entre enero y marzo y la mayoría no se atreve a decir cuándo recuperará el nivel pre-pandemia

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