miércoles, 30 de marzo de 2022

Especial Diario La Ley Unión Europea nº 101, marzo 2022

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LA LEY Wolters Kluwer

31 de marzo de 2022

Diario La Ley

NOTA DE LA REDACCIÓN

Hoy en nuestra portada el Especial Diario La Ley Unión Europea nº 101, marzo 2022

Concluye marzo, y como siempre el Diario La Ley cede su espacio a las últimas novedades doctrinales, jurisprudenciales y de actualidad en la Unión Europea, que pueden consultar también en la revista digital Smarteca. De entre sus contenidos destacamos las medidas y acciones adoptadas por la UE frente a la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania.

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ÚLTIMA HORA

Última hora: Medidas y acciones adoptadas por la Unión Europea frente a la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania

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TRIBUNA

Condicionantes de la aplicación de la Circular de la CNMV sobre publicidad de criptoactivos a las actividades transfronterizas

Pedro Alberto de Miguel Asensio

Catedrático de Derecho internacional privado

Esta contribución analiza el ámbito de aplicación territorial de la nueva normativa relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión, valorando la aplicación en esta materia del criterio de las actividades dirigidas. Se examinan también las implicaciones que resultan del criterio del mercado interior respecto de su aplicación a determinados sujetos establecidos en otros Estados miembros de la UE. Asimismo, se valora la adecuación, desde la perspectiva internacional, de las medidas frente a la publicidad ilícita que contempla la legislación española en este sector.

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ESTUDIOS

Discriminación indirecta y reconocimiento de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar: un punto de partida para la consecución de una plena igualdad

José Luis Monereo Pérez

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Belén del Mar López Insua

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Las trabajadoras al servicio del hogar familiar resultan muy afectadas por la precariedad, el fraude y la economía sumergida que, cada vez más, golpea a las frágiles estructuras del mercado laboral español. En torno a este colectivo, ya se han planteado muchos interrogantes desde la misma noción de trabajo decente y la protección a efectos de Seguridad Social. Ciertamente, el legislador no puede mostrarse impasible e indiferente a la realidad que sufre este colectivo, principalmente representado por mujeres que, en su mayoría, son inmigrantes en situación irregular. Es por ello que, subsista aquí, un triple elemento de desprotección que coloca —a este colectivo— ante una situación de vulnerabilidad «múltiple». Las características propias de este sector dificultan la plena consecución de una igualdad efectiva, en comparación a otros sectores en idénticas o similares condiciones. Es por ello que la normativa española excluya constitutivamente atendiendo al mandato ex art. 41 de la Constitución Española, a las empleadas de hogar, del derecho a la prestación por desempleo. Tras años de pugna y discusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido, en su sentencia de 24 de febrero del TJUE (asunto C-389/20), la existencia de una discriminación indirecta por razón de género en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social. Declarando así que la normativa española resulta contraria al Derecho de la Unión Europea.

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REGULACION

La "codificación" de la normativa de protección del consumidor en la Unión Europea

Alberto J. Tapia Hermida

Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Complutense de Madrid

Este estudio analiza dos documentos con forma de Comunicaciones de la Comisión Europea cuyo contenido permite referirse a la «codificación» europea de la normativa de protección del consumidor. Se trata, en primer lugar, de las Directrices de sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores (DDC) y, en segundo lugar, de la Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores (CPCD).

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Digitalización de la cooperación judicial internacional en materia civil o mercantil en la Unión Europea

María Jesús Elvira Benayas

Profesora contratada doctora

En diciembre de 2021 se ha presentado la propuesta de Reglamento relativo a la digitalización de la cooperación judicial y el acceso a la justicia internacional en materia civil, mercantil y penal y modificación de ciertos actos en el ámbito de la cooperación judicial. Es el resultado de un proceso previo y global, acelerado por la crisis del Covid-19, en el que se han ido introduciendo el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo del proceso y en materia de cooperación judicial. Otras actuaciones sobre aspectos técnicos tendrán una incidencia importante en su eficacia.

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SENTENCIAS SELECCIONADAS

Investigación disciplinaria abierta contra un abogado en Polonia. El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados como "órgano jurisdiccional nacional" y las posibilidades de aplicación de la Directiva de servicios y del art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Raquel Blázquez Martín

Magistrada

La sentencia de 13 de enero de 2022 (Sala Tercera, C-55/20, Minister Sprawiedliwości) ocupa un pequeño y modesto espacio en la saga de resoluciones que se inició en 2019 y que están relacionadas directa o indirectamente con la independencia judicial en Polonia. No obstante, contiene aportaciones muy interesantes sobre dos aspectos relevantes del célebre diálogo entre tribunales inherente al mecanismo de remisión prejudicial: el concepto de «órgano jurisdiccional nacional» y los límites de aplicabilidad del art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales. En la sentencia, el TJUE concluye que el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de Varsovia es un órgano jurisdiccional en el sentido del art. 267 TFUE y que la Directiva de servicios se aplica a los procedimientos disciplinarios que pueden conllevar la expulsión de un abogado de su colegio profesional, aunque no concurra en ellos ningún elemento trasfronterizo. Pero, en el caso concreto, constata que el litigio en el que se plantea la cuestión —en el que aún no tiene intervención el abogado afectado— no podría dar lugar a la imposición de una sanción disciplinaria, por lo que, en ese contexto, no es aplicable ni el art. 10.6º la Directiva de servicios ni el art. 47 de la Carta.

Más allá de su contenido concreto, el estudio de esta sentencia es una buena ocasión para actualizar la información sobre los criterios Dorsch/Vaassen-Göbels, que delimitan la noción de órgano judicial, en el sentido del art. 267 TFUE, y también para reflexionar acerca de la aplicación del Derecho de la Unión y del contenido y límites del derecho a la tutela judicial efectiva.

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La conversión en indefinido no fijo del personal interino por vacante en el sector público por fraude y uso abusivo tras la dilación injustificada a la hora de proveer la plaza

José Luis Monereo Pérez

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada

Sara Guindo Morales

Profesora Ayudante Doctora

El propósito de este trabajo de investigación es analizar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 3 de junio de 2021 (asunto C-726/19), que resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que tiene por objeto la interpretación de la cláusula 5 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999. Lo anterior, en un caso entre el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y JN, en relación con la extinción del contrato de trabajo de duración determinada celebrado entre el IMIDRA y ésta, con objeto de proveer una plaza vacante. Modifica doctrina del Tribunal Supremo.

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Competencia judicial internacional en materia de crisis matrimoniales: cónyuge que comparte su vida en más de un Estado miembro y concepto de residencia habitual

Javier Maseda Rodríguez

Profesor Titular de Derecho internacional privado

Este trabajo tiene por objeto analizar brevemente la STJUE de 25 de noviembre de 2021, IB v. FA, respecto de un caso de disolución de un matrimonio entre un cónyuge francés y su esposa irlandesa, con la intención de determinar si el art. 3.1.a del Reglamento 2201/2003, regulador de la competencia judicial internacional en materia de crisis matrimoniales, debe interpretarse en el sentido de que un cónyuge que comparte su vida entre dos Estados miembros puede tener su residencia habitual en esos dos Estados miembros, de modo que los Tribunales de ambos Estados podrían ser competentes para pronunciarse sobre la demanda de disolución del matrimonio.

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Ley aplicable a los plazos para la reclamación de créditos en procedimientos secundarios de insolvencia transfronterizos

Anna María Ruiz Martín

Lecturer in Law-Research Fellow (Genova Business School-Campus Madrid)

El asunto Alpine Bau (C-25/20) se resolvió en noviembre de 2021 por el Tribunal de Justicia, y está centrado en un problema concreto de ley aplicable del Derecho internacional privado europeo de insolvencia. En particular, sobre la interpretación del art. 32 ap. 2º del Reglamento 1346/2000. Este problema se suscita porque el artículo citado no establece los plazos imperativos en procedimientos secundarios, para la interposición de reclamaciones de créditos que fueron presentados en el procedimiento principal.

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JURISPRUDENCIA

Procedimiento de recurso, interpuesto por una autoridad pública ante un Tribunal Disciplinario de un Colegio de Abogados por una investigación disciplinaria abierta contra un abogado (TJ, Sala Tercera, S 13 Ene. 2022)

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no tiene por efecto hacer que el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea resulte aplicable a un procedimiento de recurso, interpuesto por una autoridad pública ante un Tribunal Disciplinario de un Colegio de Abogados, en el que se solicita la anulación de una resolución mediante la cual un Instructor del Procedimiento Disciplinario ha archivado una investigación llevada a cabo contra un abogado tras haber declarado la inexistencia de una infracción disciplinaria imputable a este último y, en caso de anulación de dicha resolución, la remisión del expediente a ese mismo Instructor del Procedimiento Disciplinario

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Medidas que tienen por objeto prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada en el sector público (TJ, Sala Segunda, S 3 Jun. 2021)

La cláusula 5, ap. 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional, que, por un lado, permite, a la espera de la finalización de los procesos selectivos iniciados para cubrir definitivamente las plazas vacantes de trabajadores en el sector público, la renovación de contratos de duración determinada, sin indicar un plazo preciso de finalización de dichos procesos, y, por otro lado, prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a «trabajadores indefinidos no fijos» como la concesión de una indemnización a esos mismos trabajadores. En efecto, esta normativa nacional, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no parece incluir ninguna medida destinada a prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. Asimismo, dicha cláusula debe interpretarse en el sentido de que consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada.

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El Tribunal de Justicia precisa el sentido y el alcance del concepto de "residencia habitual" de un cónyuge para determinar la competencia judicial en una demanda de divorcio (TJ, Sala Tercera, S 25 Nov. 2021)

El Tribunal de Justicia precisa el concepto de «residencia habitual» de un cónyuge y declara que, aunque este comparta su vida entre dos Estados miembros, solo puede tener una residencia habitual, en el sentido del art. 3, ap. 1, letra a), del Reglamento Bruselas II bis.

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Plazo imperativo para la presentación de créditos en un procedimiento secundario de insolvencia en curso en un Estado miembro por el síndico del procedimiento principal en curso en otro Estado miembro (TJ, Sala Tercera, S 25 Nov. 2021)

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que la presentación en un procedimiento de insolvencia secundario de créditos ya presentados en el procedimiento principal de insolvencia, por el síndico de este último procedimiento, está sujeta a las disposiciones relativas a los plazos de presentación de créditos y a las consecuencias de la presentación extemporánea establecidas por la ley del Estado de apertura de dicho procedimiento secundario.

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Renuncia a la nacionalidad de un Estado miembro para obtener la nacionalidad de otro Estado miembro conforme a la seguridad dada por este último de que se naturalizaría al interesado (TJ, Gran Sala, S 18 Ene. 2022)

En su sentencia, dictada en Gran Sala, el Tribunal de Justicia interpreta el art. 20 TFUE en el marco de su jurisprudencia relativa a las obligaciones de los Estados miembros en materia de adquisición y pérdida de la nacionalidad a la luz del Derecho de la Unión. La decisión de dejar sin efecto una garantía de naturalización debe respetar el principio de proporcionalidad cuando impida recuperar la ciudadanía de la Unión. No obstante, corresponde en principio al Estado miembro al que el interesado pide la retirada de la nacionalidad con el fin de poder obtener la nacionalidad de otro Estado miembro cerciorarse de que la decisión que adopte a raíz de dicha petición solo sea aplicable cuando se haya adquirido efectivamente la nueva nacionalidad.

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Pérdida del estatuto de nacional de tercer país residente de larga duración por ausencia del territorio de la Unión Europea por unos cuantos días (TJ, Sala Tercera. 20 Ene. 2021)

El nacional de un país tercero no pierde su estatuto de residente de larga duración si su presencia en el territorio de la Unión se limita, dentro de un período de 12 meses consecutivos, a tan solo unos cuantos días. Una vez adquirido este estatuto, no es necesario que el interesado tenga su residencia habitual o su centro de intereses en el territorio de la Unión.

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Mecanismo de condicionalidad que supedita el acceso a financiación procedente del presupuesto de la Unión al respeto, por parte de los Estados miembros, de los principios del Estado de Derecho (TJ, Gran Sala, 16 Feb. 2022)

Medidas para la protección del presupuesto de la Unión: el Pleno del Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por Hungría y Polonia contra el mecanismo de condicionalidad que supedita el acceso a financiación procedente del presupuesto de la Unión al respeto, por parte de los Estados miembros, de los principios del Estado de Derecho. Este mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con el procedimiento previsto en el art. 7 TUE y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica.

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Prohibición de comercialización de los productos del tabaco que no respetan los niveles máximos de emisión (TJ, Gran Sala, S 22 Feb. 2022)

Cigarrillos con filtro: el método establecido por la ISO para determinar los niveles máximos de emisión de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, al que remite el Derecho de la Unión, es válido y oponible a los fabricantes de cigarrillos. Sin embargo, al no haberse publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, dicho método no es oponible a los particulares en general, como las asociaciones de protección de la salud de los consumidores

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Denegación de una solicitud de marca figurativa de la Unión Andorra (STG, Sala Novena, S 23 Feb. 2022)

El Tribunal General confirma que el signo figurativo ANDORRA no puede ser objeto de registro como marca de la Unión para varios productos y servicios. Dicha marca tiene carácter descriptivo y el público pertinente puede percibirla como una indicación de la procedencia de los productos y servicios en cuestión

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Protección contra el desempleo de los empleados de hogar (TJ, Sala Tercera, S 24 Feb. 2021)

La normativa española que excluye de las prestaciones por desempleo a los empleados de hogar, que son casi exclusivamente mujeres, es contraria al Derecho de la Unión. Esta exclusión constituye una discriminación indirecta por razón de sexo en el acceso a las prestaciones de seguridad social.

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Obligación de los vendedores de productos del tabaco de comprobar la edad del comprador en el momento de la venta de dichos productos (TJ, Sala Primera, S 24 Feb. 2022)

Lucha contra el consumo de tabaco entre los jóvenes: los Estados miembros pueden imponer a los operadores económicos que infrinjan la prohibición de venta a menores de edad sanciones administrativas como la suspensión de su licencia de ejercicio durante quince días. El interés de proteger la salud humana prevalece sobre el derecho del empresario a vender productos del tabaco.

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ACTUALIDAD UE

Ante la presidencia de España de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 se crea el Comité Organizador de la Presidencia Española de la Unión Europea (12 enero 2022)

El BOE de 12 de enero de 2022 publica el Real Decreto 41/2022, de 12 de enero, por el que se crea el Comité Organizador de la Presidencia Española de la Unión Europea que ejercerá sus funciones en relación con el programa de actividades, sin perjuicio de su ejecución a través de los actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella; así como con la memoria correspondiente, y la coordinación de las actuaciones para su puesta en práctica.

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La Comisión se propone preparar las universidades de la UE para el futuro mediante una cooperación transnacional más profunda (18 enero 2022)

El 18 de enero de 2022 la Comisión Europea ha adoptado dos nuevas iniciativas. La primera, una estrategia europea para las universidades y la segunda una propuesta de Recomendación del Consejo sobre la construcción de puentes para una cooperación europea eficaz en la educación superior, apoyarán a las universidades en este empeño.

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Prioridades de la UE en los foros de derechos humanos de las Naciones Unidas en 2022 (24 enero 2022)

El Consejo ha aprobado el 24 de enero de 2022 unas Conclusiones sobre las prioridades de la UE en los foros de derechos humanos de las Naciones Unidas en 2022 que reafirman el compromiso de la UE de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho de manera constante y coherente en todos los ámbitos de su acción exterior y de apoyar el sistema de derechos humanos de la ONU como piedra angular de su acción exterior . La UE abordará los riesgos emergentes recientemente para los derechos humanos, incluidas las amenazas híbridas , los avances tecnológicos , el cambio climático y las consecuencias persistentes de la pandemia de Covid-19.

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Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre prioridades para 2022-2024: Asociación estratégica ONU-UE sobre operaciones de paz y gestión de crisis (24 enero 2022)

El 18 de septiembre de 2018, el Consejo refrendó las prioridades de la asociación estratégica entre las Naciones Unidas y la UE para las operaciones de paz y la gestión de crisis para el periodo 2019-2021. Con tal motivo el Consejo reconoció que la ya consolidada cooperación entre las Naciones Unidas y la UE en el mantenimiento de la paz y la gestión de crisis civiles, policiales y militares es beneficiosa para ambas partes.

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La Comisión presenta una declaración sobre los derechos y principios digitales para todos en la UE (26 enero 2022)

El 26 de enero de 2022 la Comisión propuso al Parlamento Europeo y al Consejo suscribir una declaración de derechos y principios que guiarán la transformación digital en la UE. El proyecto de declaración sobre los derechos y principios digitales tiene como objetivo brindar a todos un punto de referencia claro sobre el tipo de transformación digital que Europa promueve y defiende. También proporcionará una guía para los responsables políticos y las empresas cuando se trate de nuevas tecnologías.

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La Comisión abre una investigación sobre las prácticas de concesión de licencias y distribución de la casa de moda Pierre Cardin y su licenciatario Ahlers (31 enero 2022)

El 31 de enero de 2022 la Comisión Europea ha iniciado una investigación antimonopolio formal para evaluar si Pierre Cardin y su licenciatario, Ahlers Group, pueden haber infringido las normas de competencia de la UE al restringir las ventas transfronterizas y en línea de productos con licencia de Pierre Cardin, así como las ventas de dichos productos a personas específicas. grupos de clientes.

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El Consejo adopta un enfoque general sobre un mecanismo de evaluación mejorado (3 marzo 2021)

El Consejo ha adoptado el 3 de marzo de 2022 una orientación general sobre un Reglamento del Consejo por el que se reforma el mecanismo de evaluación y seguimiento de Schengen. El reglamento tiene como objetivo ayudar a que el espacio Schengen sea más adaptable a los desafíos actuales y futuros.

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La Comisión de la Unión Europea propone una Directiva para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (8 marzo 2022)

Con ocasión del Día Internacional de La Mujer 2022 la Comisión Europea ha propuesto normas a escala Europea para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. La Directiva propuesta penalizará la violación basada en la falta de consentimiento, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia, que incluye: compartir imágenes íntimas sin consentimiento; acoso cibernético; acoso cibernético; y ciberincitación a la violencia o al odio. Las nuevas reglas también fortalecen el acceso de las víctimas a la justicia y alientan a los Estados miembros a implementar un mecanismo de ventanilla única, lo que significa que todos los servicios de apoyo y protección estarían ubicados en el mismo lugar. Las víctimas deben poder reclamar una indemnización en el curso de un proceso penal. La propuesta también pide protección y apoyo adecuados y especializados, por ejemplo, a través de líneas telefónicas de ayuda gratuitas y centros de crisis por violación. También proporciona apoyo específico para grupos con necesidades específicas o en riesgo, incluidas las mujeres que huyen de conflictos armados.

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