Especial LA LEY Compliance Penal nº 8, enero-marzo 2022

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Estimado suscriptor: en este boletín presentamos el número 8 de nuestra publicación especializada LA LEY Compliance Penal. A continuación, podrá encontrar también el contenido habitual del Diario La Ley. LA LEY Compliance Penal nº 8, enero-marzo 2022 Sumario Editorial La prognosis objetiva de peligrosidad de las empresas sin Compliance Vicente Magro Servet Magistrado del Tribunal Supremo Estudios Volver a empezar: las personas jurídicas y el Derecho penal(1) Ricardo Robles Planas Catedrático de Derecho penal La presente contribución parte de que es preciso delimitar la naturaleza y la justicia del criterio de imputación de responsabilidad a las personas jurídicas, a fin de poder fundamentar que recaigan consecuencias jurídicas sobre personas que no han cometido infracción alguna. A tal efecto, se descarta que ello deba sustentarse en interpretaciones favorables a una responsabilidad penal personal, de un (meta)sujeto, por una suerte de injusto estructural. Aunque el fenómeno de la representación que configura la relación entre el colectivo y sus empleados parezca avalar la existencia real de la persona jurídica, lo cierto es que esta es una ficción a la que se hace responder con consecuencias jurídicas que no son penas. Sobre esta base, se identifican tres posibles formas alternativas de justificar tal atribución de responsabilidad colectiva: la lógica del beneficio, la lógica del favorecimiento y la lógica de la colaboración. Tras examinar cada una de ellas, se concluye que solamente esta última ofrece una legitimación razonable de la coacción con la que el Estado fomenta incumbencias cuasi-funcionariales de prevención y detección de delitos para la empresa. La eficacia del modelo de organización y gestión en la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas Percy García Cavero Universidad de Piura El presente artículo apunta a determinar cuándo un modelo de organización y gestión es eficaz a efectos de excluir o, en todo caso, atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Dado que parte de la idea de que la eficacia es un concepto normativo, se ocupa de precisar cuál es la perspectiva y los parámetros de valoración que deben ser utilizados para hacer el juicio de eficacia. Este trabajo es realizado teniendo como trasfondo un sistema de autorresponsabilidad de la persona jurídica. Como último punto el artículo se encarga de establecer si la observancia de los requisitos legalmente regulados del modelo de organización y gestión asegura su eficacia o si solamente son elementos mínimos que deben ser completados con una eficacia concreta. Los derechos de la organización y de los investigados en las investigaciones internas. Cuestiones para el debate María de los Ángeles Villegas García Magistrada. Coordinadora del Gabinete Técnico Miguel Ángel Encinar del Pozo Magistrado. Coordinador del Gabinete Técnico La responsabilidad penal de las personas jurídicas plantea cuestiones transcendentales para el Derecho penal y procesal penal. Las investigaciones internas y, particularmente, cómo ejecutarlas para que sus resultados puedan incorporarse al proceso penal, son un buen ejemplo. Debemos respetar los derechos de las personas físicas, pero también los de la persona jurídica, y el equilibrio no siempre será fácil. En este marco, el análisis de cómo operan en los Estados Unidos dos «privilegios legales» como son el attorney's client privilege y la work product doctrine, y su relación con el derecho a no autoincriminarse, puede ser útil para futuras reformas legales, que son absolutamentes necesarias en este campo. Sectores La seguridad de los trabajadores desplazados en el extranjero, Compliance penal y responsabilidad penal de los miembros del Consejo de Administración Vincenzo Mongillo Catedrático de Derecho penal en la Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza Matteo Caputo Catedrático de Derecho penal en la Università Cattolica del Sacro Cuore La globalización ha hecho del envío de trabajadores al extranjero una práctica cada vez más extendida. La realización de actividades profesionales en un país distinto al del origen obliga a la empresa a lidiar con los riesgos vinculados al desplazamiento de su personal laboral. Estos riesgos se acrecientan cuando el lugar de trabajo en cuestión está situado en un contexto de crisis. La ausencia o insuficiencia de una evaluación y gestión del riesgo en estos casos puede acarrear responsabilidad penal para los miembros del Consejo de Administración, así como que se acuse a la empresa, en virtud del Decreto Legislativo italiano n.o 231/2001, por el incumplimiento de las normas de salud y seguridad. La cooperación público-privada para la prevención del blanqueo de capitales. La inclusión activa del sector privado en las tareas de prevención de los delitos financieros Ana Carolina Carlos de Oliveira Investigadora Postdoctoral en la Universidad Pompeu Fabra En los debates políticos actuales se propone el intercambio de informaciones entre el sector público y el privado como forma de apoyo a las investigaciones en curso en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El presente trabajo pretende presentar estos modelos de cooperación público-privada penales de intercambio de informaciones financieras, a nivel nacional e internacional. En la primera parte, el texto repasa las razones por las que sería necesaria una mayor colaboración de los sujetos obligados para mejorar la detección de las operaciones de blanqueo de capitales. A continuación, presenta las experiencias internacionales de cooperación público-privada implementadas hasta el momento y, al mismo tiempo, presenta algunos retos jurídicos que habrá que afrontar en el futuro, en el marco de estas fórmulas de cooperación. Otras áreas de cumplimiento Principales retos del Compliance en la Administración Pública Guillermina Vinyoles Calvet Responsable de Bon Govern Corporatiu d'FGC Anna Sentís Leris Tècnica de Bon Govern Corporatiu d'FGC Durante la última década, las administraciones públicas han convivido con la novedad introducida por la reforma del Código Penal de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, adaptándose a las nuevas obligaciones legislativas cada vez más fiscalizadoras de la actuación administrativa, abriendo al exterior toda su actividad para hacerla transparente y visible a cualquier administrado y generando normativas, manuales y códigos relacionados con la ética y las buenas prácticas en la administración. Con todo, todavía es necesario dar un paso más hacia sistemas más elaborados de Compliance que analicen previamente los delitos susceptibles de cometerse en el seno de una organización pública o de poner en jaque su reputación. Actualidad profesional Buen gobierno corporativo y Compliance Marta Campomanes Camino Secretaría del Consejo de Administración y Directora de Cumplimiento en EMT MADRID Orígenes comunes del «Buen Gobierno Corporativo» y el «Compliance», sus razones de ser, su evolución y cómo la existencia de un eficaz sistema de cumplimiento ha pasado a formar parte de las funciones y responsabilidades de los administradores sociales, de las obligaciones de información de las empresas y de su reputación y valoración en el mercado. ¿Cómo se resolvería un conflicto de intereses entre un Compliance Officer y un Delegado de Protección de Datos? Víctor Jiménez Carbayo Responsable de compliance en ALDI Supermercados Este artículo analiza la cuestión de qué criterio primaría en el caso en el que el Compliance Officer de una determinada organización y el Delegado de Protección de Datos de la misma discrepasen sobre cómo proceder en algún punto determinado. Se parte de un análisis, en base a la legislación actual y a los principales postulados doctrinales relacionados, de las funciones de ambas figuras, delimitando sus campos de actuación y determinando dónde puede existir un verdadero conflicto, cuál sería su naturaleza y qué criterios deberían tenerse en cuenta para su solución. Asimismo, como conclusión, se propone una extrapolación de estos criterios a otros ámbitos en los que pudiera suscitarse una cuestión similar. Compliance: una apuesta segura y oportuna para el sistema educativo Ariadna Torrijos Hernández Abogada. Doctoranda en Responsabilidad Jurídica por la Universidad de León En este artículo se aborda la necesidad de aprovechar el momento, que se presenta propicio, para promover en el sector educativo el establecimiento de Sistemas de Compliance globales de carácter transversal e integrados, capaces de minimizar los riesgos generados por la realización de conductas no ajustadas a la legalidad o poco éticas, que puedan afectar a la viabilidad y correcta continuidad de las escuelas. Lugares, cuya integridad se debe preservar por la gran función que cumplen en nuestra sociedad. La función de Compliance: la transición hacia una transformación Elisabet Escayola i Maranges Head of Compliance En algunas ocasiones detenerse y mirar alrededor de uno mismo es interesante y muy útil. Hacer este ejercicio que parece tan simple está lleno de complejidad y nos puede resultar altamente sorpresivo. En el mundo del Compliance el ejercicio es exactamente el mismo: complejo y atrevido y cuyo resultado nos aporta una visión global y transversal de las organizaciones, de sus sistemas, procedimientos y políticas. La función de Compliance está del todo integrada en la organización de modo que vela, trabaja y se ciñe en la consecución de sus objetivos aplicando sus valores más fundamentales, como el resto de la misma, pero con su particular enfoque, que se basa en la minimización del riesgo en el desarrollo de la actividad que cada entidad decide realizar. (...) Tribunales Doctrina reciente del Tribunal Supremo afectante a cumplimiento normativo en las empresas. Actualización y análisis de sentencias recientes del Tribunal Supremo afectantes a compliance y a responsabilidad penal de personas jurídicas Vicente Magro Servet Magistrado Tribunal Supremo Se efectúa un desarrollo, a modo de actualización jurisprudencial, de las sentencias más relevantes dictadas por la Sala II del Tribunal Supremo sobre cuestiones en las que se ha hecho mención al cumplimiento normativo, exponiendo los aspectos más llamativos que es preciso tener en cuenta, a modo de actualización jurisprudencial. Responsabilidad penal de la persona jurídica: reciente jurisprudencia de la Audiencia Nacional (año 2021) Eloy Velasco Núñez Magistrado de la Audiencia Nacional El presente artículo repasa y analiza con aportaciones críticas la importante y novedosa jurisprudencia de tres recientes Autos de la sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y otro del Juzgado Central de Instrucción n º 6 sobre cuestiones relativas a la responsabilidad penal de la persona jurídica inéditas hasta la actualidad: El derecho a la no autoincriminación de la Persona jurídica; Momento procesal para valorar la aportación de modelos eficaces de Compliance; «Muerte» de la persona jurídica y extinción de su personalidad; Contenido y eficacia de los planes o modelos de compliance en sede judicial; Cuestiones puntuales sobre las periciales (forensic) de compliance. Gráficos y cuadros con las sentencias de condena a empresas agrupadas por delito y su sanción Wolters Kluwer Se puede apreciar en los gráficos que los delitos contra la Hacienda Pública son los que más sentencias acumulan. Pero las multas más cuantiosas han sido por tráfico de drogas, seguidas de delitos contra la Hacienda y blanqueo de capitales. Se acompañan de los cuadros de los que se han extraído los datos, que recopilan las sentencias en las que las empresas han sido condenadas, agrupadas por delito, así como las sanciones impuestas. ____________________________________ DIARIO LA LEY, 10040, 30 de marzo de 2022 DOCTRINA Praxis de la medida de la suspensión de la ejecución de la pena y mecánica de actuación Vicente Magro Servet Magistrado del Tribunal Supremo. Doctor en derecho Análisis del mecanismo que se debe llevar a cabo a la hora de la aplicación de la medida de la suspensión de la ejecución de la pena, referencia jurisprudencial aplicable y de la STC de 7 de marzo de 2022 sobre la revocación de la suspensión TRIBUNA La imprescriptibilidad de las acciones basadas en Usura Iñigo Serrano Blanco Abogado. Socio director de Sello Legal Abogados Sobre la prescripción de las acciones basadas en la Ley de la Usura, son muchos los autores que defienden el desdoblamiento de la acción recogida en el artículo 3 de la Ley de la Usura en una acción declarativa de nulidad (imprescriptible) y otra de reclamación de cantidad (sometida al plazo general de prescripción, actualmente 5 años). La controversia surge del debate sobre si la abusividad de la cláusula de gastos supone "carta blanca" a los consumidores para que reclamen la devolución de las facturas abonadas años atrás -con sus respectivos intereses-, viéndose dañada la seguridad jurídica, habiéndose elevado sendas cuestiones prejudiciales al TJUE. Si bien puedo coincidir con muchos de los argumentos favorables a apreciar la prescripción, encuentro un error extrapolar estas teorías basadas en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación a las acciones basadas en la Ley de la Usura por encontrarse en planos normativos diferentes, gozar de consecuencias diferentes y perseguir aspectos teleológicos diferentes. En el presente artículo voy a ofrecer argumentos que difieren de dicha tesis desde una vertiente práctica. Acceso a la «doctrina callada» del Tribunal Constitucional (y II) Rafael Guerra González Abogado En esta segunda parte del artículo, se comenta el parecer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al hecho de que las providencias de inadmisión de los recursos de amparo carezcan de explicaciones. También se pide que esas providencias se publiquen, junto con los datos de las demandas de las que derivan. Y se propone la automatización del juicio constitucional como remedio definitivo para el problema que suponen las muchas demandas de amparo inadmitidas a trámite cada año. LA SENTENCIA DEL DÍA Una trabajadora tiene derecho al cambio de turno para cuidar de sus padres Los progenitores están a su exclusivo cargo, ya que necesitan ayuda para actividades de la vida diaria y su único hermano tiene una minusvalía del 65%. Si no hay una especial dificultad organizativa, es la empleadora la que ha de ceder. JURISPRUDENCIA El arrendador no puede denegar la prórroga del arrendamiento cuando su necesidad de la vivienda sirve de puente para otra persona, su hija La hija no pasaría a ocupar la vivienda arrendada, sino la de su padre, de mayores dimensiones. La ley no contempla este supuesto como motivo de denegación de la prórroga: o el arrendador necesita la vivienda para sí (lo que no ocurre), o para su descendiente, lo que tampoco se da, pues no se pide la vivienda para la hija, sino para sí mismo, que no la necesita. Abono no declarado de rendimientos de capital mobiliario en especie del artículo 25.1.d) LIRPF entre partes vinculadas, valorado con arreglo a la normativa del IS Admitida la posibilidad de regularizar una utilización privativa de bienes, pertenecientes a la sociedad, por parte de los socios, resuelve el Supremo sobre la fórmula para la valoración de la utilización, que se califica por la Administración como rentas en especie cuando se pagan entre partes vinculadas y no se declaran. Una baja médica en un empleo no implica necesariamente la baja en el mismo trabajo desempeñado como autónomo Por más que ambas actividades sean las mismas, es claro que estar sometido a la dirección de una empresa supone una mayor carga laboral y un horario más amplio que el que el trabajador se fija como autónomo, adaptando su jornada y su rutina a su estado médico. No ha interferido en su curación. Inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Cataluña 11/2020, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los arrendamientos de vivienda Invasión de la competencia exclusiva del Estado que reconoce el art. 149.1.8 de la Constitución en materia civil para regular las bases de las obligaciones contractuales. Las reglas de limitación de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda previstas en el art. 6 de la Ley 11/2020 vulneran el principio de libre determinación del precio. Esta vulneración es predicable de todas aquellas previsiones de la Ley 11/2020 que se refieren a tales limitaciones a las rentas de los contratos. CURSO FORMACIÓN / E-LEARNING Cómo preparar un informe pericial y sus responsabilidades Si quieres elaborar informes periciales efectivos y conocer las pautas para desenvolverte adecuadamente ante los Tribunales de Justicia, este curso es para ti. Aprende a redactar su contenido y estructurar adecuadamente la información, profundizando en la responsabilidad derivada de una actuación inadecuada. ENCUENTRO Encuentro "Las nuevas modalidades de actuaciones urbanísticas en la LISTA... ¿Qué tipo de actuación es aplicable a un suelo o ámbito determinado en suelo urbano? ¿y en el suelo rústico?" Webinar: Jueves, 7 de abril de 2022 | 10:30 a 12:00 h

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