miércoles, 15 de enero de 2025

Garantía de confidencialidad en el derecho de defensa; examen policial de dispositivos telefónicos móviles

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15 de enero de 2025

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Observatorio del Derecho de Defensa de la Fundación Fernando Pombo

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Garantía de confidencialidad en el derecho de defensa

Albino Escribano Molina

Abogado. Decano del Colegio de la Abogacía de Albacete

La confidencialidad de las comunicaciones entre profesionales de la abogacía, cualquiera que sea la forma en que se produzcan o soporte que las contenga, es una materia de trascendental importancia en el ejercicio de la labor de concordia que las normas reguladoras de la profesión nos atribuye, y ello siempre con la finalidad de evitar que el conflicto o divergencia entre partes acabe en los tribunales. Sin embargo, aparte de esas normas, carecían de soporte legal que las protegiese frente a la deslealtad que supone desvelarlas en un procedimiento posterior. La Ley Orgánica de Derecho de Defensa introduce disposiciones decisivas en la materia, que son objeto de examen en el artículo, viniendo a establecer garantías de esa obligación de confidencialidad al disponer que no se podrán admitir las comunicaciones en el procedimiento ni tendrán valor probatorio.

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Nueva Ley de Eficiencia de la Justicia

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Las principales novedades de la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. ¿Hacia una justicia ágil, eficiente y moderna?

Belén López Donaire

Directora de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

En el Boletín oficial del Estado n.o 3, del día 3 de enero de 2025 se ha publicado la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia. En el presente artículo se señalan las principales novedades que todo jurista debe conocer, especialmente en la nueva organización de los órganos jurisdiccionales.

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Opinión

Doctrina

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El art. 588 sexies c.4 de la LECrim frente a la nueva jurisprudencia del TEDH y TJUE sobre el examen policial de dispositivos telefónicos móviles

José Luis Rodríguez Lainz

Magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba

La STJUE (Gran Sala), de 4 de octubre de 2024, con motivo de abordar, como hiciera anteriormente la jurisprudencia del TEDH, el supuesto de un registro de dispositivo telefónico incautado a sospechoso sin recabar una previa autorización judicial, representa una decidida penetración de la Directiva (UE) 2016/680 en los fundamentos mismos de la investigación criminal. Como consecuencia de esta capacidad de influencia, los principios derivados del conocido como principio de minimización de los datos han de entremezclarse con la acepción clásica de los principios de proporcionalidad y necesidad de la medida investigadora afectante a derechos fundamentales; a la vez de convertir ese acceso policial no precedido de un control judicial o por autoridad administrativa independiente en una situación excepcional en un contexto de actuación urgente.

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Tribuna

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Requisitos legales y jurisprudenciales para garantizar la protección de datos y el derecho a la intimidad en el uso de la geolocalización en ámbitos laborales

Francisco Javier Esteban Guinea

Profesor Doctor en Derecho Constitucional en la Universidad Camilo José Cela

El empleo de nuevas tecnologías para el control las empresas, y concretamente el empleo de la geolocalización de trabajadores nos coloca ante la necesidad de realizar un balance de derechos entre el derecho a la intimidad de los trabajadores y el derecho a la organización de factores de producción por parte de los empresarios.

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Comentarios de Jurisprudencia

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Caso asesinato de recién nacido

Manuel-Jesús Dolz Lago

Fiscal del Tribunal Supremo

Propuesta de indulto parcial ante la pena de prisión permanente revisable al estimar que inicialmente se pretendió un aborto materializándose el resultado en un asesinato.

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Ciberderecho

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Google Workspace: ¿por qué en algunos colegios no lo van a implantar?

Ilier Navarro

El Gobierno rechazó implantar esta herramienta en colegios de Ceuta y Melilla tras un informe desfavorable de la AEPD, pero seis comunidades mantienen sus acuerdos.

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La sentencia del día

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El TS anula el desahucio por impago de una inquilina que devolvió el recibo de una mensualidad que incluía una partida desproporcionada por consumo de agua

No hubo un impago con entidad resolutoria del contrato. Siendo el importe girado por agua manifiestamente desproporcionado, ya que suponía una cifra superior en más de 20 veces el consumo habitual, la buena fe contractual exigía de la arrendadora un comportamiento dirigido a obtener de la empresa suministradora (con la que estaba vinculada exclusivamente) una explicación de esa facturación tan elevada para, una vez obtenida, facilitársela a la arrendataria, y no limitarse a imponerle sin paliativos el pago del recibo, sin prestarle la colaboración requerida para determinar los motivos de tan excepcional cuantía.

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Sentencias y resoluciones

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Clienta de un centro comercial atropellada por una moto eléctrica de juguete cuando salía de una de las tiendas

Responsabilidad de la empresa arrendadora de la moto como beneficiaria de la actividad económica, junto con la conducta igualmente negligente de la madre del menor que conducía la moto por culpa in vigilando, y del propio centro comercial, que permitió la circulación de este tipo de vehículos en un local cerrado en el que deambulan centenares de personas.

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¿La acción de ejecución de los créditos contra la masa está sometida a plazo de prescripción y, caso afirmativo, cuál sería tal plazo?

No existe ninguna razón que pueda justificar tener que someter la acción de ejecución a un plazo limitado para su ejercicio. De admitir que esa acción está afectada por un plazo de prescripción, sería el plazo general para las acciones de carácter personal.

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Calificación arbitraria como simulación absoluta de los negocios lícitos de una sociedad patrimonial sin acudir a la institución de conflicto en la aplicación de la norma

Las diferentes instituciones antielusivas -calificación, simulación y conflicto en la aplicación de la norma- no han sido creadas por el legislador de manera gratuita ni puestas a disposición de la Administración Pública de manera libre o discrecional, sino solo en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en cada una de ellas.

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La normativa tributaria no impide realizar pagos parciales de deudas tributarias autoliquidadas en periodo voluntario mediante transferencia bancaria

No siendo posible una práctica administrativa como la examinada que suponga privar de facto de tal posibilidad, reconocida legalmente, de pago por transferencia, con independencia de si la misma ha sido determinada en una autoliquidación o en una liquidación administrativa.

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Doctrina Administrativa

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Conformidad a derecho del acuerdo de ejecución derivado de fraude declarado con regularización en IRPF de la plusvalía generada por la inicial aportación no dineraria a la sociedad unipersonal

Se trata de un reparto de beneficios generados por la sociedad operativa de base, antes de que se realizase la aportación no dineraria de las acciones de su socio único, por la persona física a la holding, y era procedente la regularización, como ganancia patrimonial de la persona física, de ese importe al ser en realidad beneficios o resultados obtenidos,(o en disposición de obtener, al estar pendientes de ser repartidos por su filial, durante el tiempo que pertenecía a la persona física por lo que hubieran tributado, en el IRPF de ésta, si fuera ella quien los hubiera percibido directamente como dividendos.

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Legal Management

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El TJUE avala la prohibición de la participación de inversores puramente económicos en las sociedades de abogados

Tal medida constituye una restricción a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento que está justificada por el objetivo de garantizar que el abogado ejerza su profesión de manera independiente y cumpliendo sus obligaciones profesionales y deontológicas.

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Noticias al Día

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El magistrado del TS Ángel Hurtado cita como investigados al fiscal general del Estado y a la fiscal provincial de Madrid al considerar apuntalados los indicios delictivos contra ambos

Extiende la condición de investigado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe

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La CNMC propone cambios en el sector de las autoescuelas para reducir costes y mejorar la formación

La conducción acompañada por un tutor no profesional, ya presente en otros países, podría mejorar el aprendizaje. Simplificar los requisitos para autoescuelas y profesores ampliaría la oferta disponible. Fomentar la transparencia en exámenes y tasas de aprobados beneficiaría a los futuros conductores.

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La Audiencia de Badajoz rechaza la necesidad de autorización judicial en la venta de un inmueble propiedad de una persona con curatela asistencial

La Sala Civil de la Audiencia Provincial de Badajoz recuerda que la nueva legislación reconoce y protege la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y que hay que favorecer la autonomía de la persona que necesita apoyo.

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Las Juntas Arbitrales de Consumo dieron la razón a los usuarios en más del 70 % de las reclamaciones de electricidad y gas

Los consumidores que no resuelven su reclamación ante la compañía de electricidad o gas —el éxito es del 37 % y del 41 %, respectivamente—, como segunda opción pueden acudir a una Junta Arbitral de Consumo, donde las tasas se duplican —74 % en electricidad y 78% en gas—, según recuerda la CNMC.

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La sala segunda del Tribunal Constitucional desestima por unanimidad el recurso de amparo de una política contra la publicación de un relato en la sección de cuentos de un periódico

Un periódico publicó un relato, sin referencias personales, temporales ni de ubicación concretas, en el que se narraba un encuentro de carácter sexual entre dos personajes con un trasfondo atinente a actos de corrupción política.

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Gobierno quitará las ventajas fiscales solo a socimis de vivienda que no promuevan el alquiler asequible

El Gobierno retirará las ventajas fiscales a las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) dedicadas a vivienda que no promuevan el alquiler asequible para incrementar el parque público de inmuebles a precios baratos y reconducir el modelo de ventajas fiscales al que tributa este tipo de compañía.

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